nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS AHORROCOOP DIEGO PORTALES LTDA

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 55, 56, 57 y 58: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de C.C.A.F. Caja de Compensación Los Andes, Cooperativa de Ahorro y Crédito CAPUAL (Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda.) y en contra de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, Ahorrocoop Ltda., por los descuentos efectuados en su remuneración, que en enero de 2026 ascendieron en conjunto a $843.401, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el cargo de técnica aeronáutica, y que en enero de 2026 se efectuaron descuentos en su liquidación de remuneraciones por $126.961 bajo el concepto “Caja Los Andes-Créditos 15”; $418.728 por “Cooperativas ANFDGAC”; $292.357 por “Cooperativa 15 CAPUAL”; y $5.355 por “Acciones Coopeuch/Otros”, alcanzando un total de $843.401, por lo que percibió un saldo líquido de $1.960.443. Señala que su remuneración líquida ascendía a $2.803.844 y que los descuentos representan aproximadamente un 30,080% de aquella, superando el límite del 25% que estima aplicable. Sostiene que dicha actuación contraviene el artículo 58 del Código del Trabajo, el artículo 22 de la Ley N° 18.833, la Ley General de Cooperativas y las Circulares N° 2.052 y N° 2.824 de la Superintendencia de Seguridad Social, afectando su derecho de propiedad sobre las remuneraciones y la igualdad ante la ley.

Solicita que se declare ilegal y arbitraria la aplicación de los descuentos, se ordene su cese y la restitución de lo descontado y de las sumas que se retengan durante la tramitación del recurso, con costas; en subsidio, pide la restitución del saldo o diferencia que exceda del máximo permitido para tales descuentos.

Segundo: Que Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informa que el 27 de septiembre de 2022 otorgó a la recurrente el crédito social N° 020CON203398429 por $3.968.836, pactado en 51 cuotas mensuales de $126.961, de las cuales las primeras 38 fueron pagadas regularmente, encontrándose la correspondiente a enero de 2026 en proceso de cobranza y las restantes con vencimientos hasta enero de 2027, por lo que sostiene que se trata de una obligación vigente y exigible.

Expone que, conforme a los artículos 19 N° 3, 21 y 22 de la Ley N° 18.833, las Cajas de Compensación se encuentran facultadas para administrar prestaciones de crédito social, debiendo las sumas adeudadas por este concepto ser deducidas de la remuneración por el empleador, retenidas y remesadas a la Caja acreedora. Añade que el descuento por planilla constituye un mecanismo legal de pago y no una gestión de cobranza extrajudicial, y que la prescripción de las acciones derivadas del crédito debe ser alegada y declarada judicialmente, por lo que, mientras ello no ocurra, deben continuar efectuándose los descuentos. Sostiene, además, que la existencia de un procedimiento ejecutivo no resulta incompatible con el pago mediante descuento de remuneraciones, debiendo todo pago ser imputado a la respectiva deuda.

Afirma que no existe afectación del derecho de propiedad de la recurrente, pues la deducción tiene fundamento legal y corresponde a un crédito vigente, cuya exigibilidad no puede ser discutida mediante esta acción cautelar. Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que estima aplicable a sus alegaciones y solicita el rechazo del recurso interpuesto en su contra.

Tercero: Que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda. (CAPUAL), informa que nombre reservado es socia de la Cooperativa desde el 17 de agosto de 2022 y mantiene dos operaciones crediticias vigentes, correspondientes a los créditos de consumo N° 1077197, otorgado el 30 de mayo de 2025 por $1.037.308, y N° 1079241, otorgado el 27 de junio del mismo año por $9.458.319, ambos pagaderos mediante cuotas mensuales, encontrándose vigentes, líquidos y exigibles.

Señala que la recurrente suscribió los respectivos contratos, pagarés y autorizaciones de descuento por planilla, facultando expresamente a CAPUAL para solicitar a su empleador el descuento de hasta un 25% de su remuneración, conforme a los artículos 54, 54 bis y 55 de la Ley General de Cooperativas y al artículo 58 del Código del Trabajo. Sostiene que las autorizaciones fueron otorgadas en actos separados y que corresponde al empleador determinar que la totalidad de las deducciones practicadas no exceda los límites legales.

Añade que el recurso de protección exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado, presupuestos que estima no concurren en la especie, toda vez que los descuentos tienen fundamento en obligaciones contractuales vigentes y en autorizaciones expresamente otorgadas por la recurrente. Solicita, por ello, el rechazo del recurso, con costas.

Cuarto: Que, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, Ahorrocoop Ltda., informa y opone, en primer término, excepción de falta de legitimación pasiva, fundado en que en la liquidación de remuneraciones de enero de 2026 no figura descuento alguno efectuado en favor de su representada, ni se atribuye a esta una conducta concreta relacionada con las deducciones impugnadas.

Expone que, conforme al certificado emitido por Ahorrocoop Ltda. el 19 de marzo de 2026, nombre reservado no es socia de dicha Cooperativa y que tampoco existe contrato, crédito, pagaré, mandato, autorización de descuento, solicitud de cobranza o instrucción dirigida a su empleador que vincule a ambas partes. Sostiene, por ello, que no existe acto material o jurídico imputable a su representada que permita atribuirle una privación, perturbación o amenaza de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

En subsidio, alega la inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y sostiene que tampoco existe un derecho indubitado susceptible de ser tutelado por esta vía. Invoca el artículo 114 de la Ley General de Cooperativas, señalando que las controversias entre socios y cooperativas relativas a la interpretación, aplicación, validez o cumplimiento de dicha normativa deben ser conocidas por la justicia ordinaria mediante procedimiento sumario o arbitraje, y cita jurisprudencia que estima aplicable sobre la improcedencia del recurso de protección para resolver controversias de naturaleza contractual.

Solicita acoger la excepción de falta de legitimación pasiva y declarar que Ahorrocoop Ltda. no es sujeto pasivo idóneo de la acción y, en subsidio, rechazar íntegramente el recurso interpuesto en su contra, con costas.

Quinto: Que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, informó que nombre reservado es socia de dicha Cooperativa desde el 4 de diciembre de 2006 y que, al incorporarse, autorizó a su empleador para efectuar descuentos mensuales por planilla, pactando la suscripción mensual de 15 cuotas de participación. Señalan que el descuento de $5.355 efectuado en enero de 2026 bajo el concepto “Acciones Coopeuch” corresponde al pago de dichas cuotas, que forman parte del capital social de la Cooperativa conforme al artículo 31 de la Ley General de Cooperativas.

Sostienen que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia, atendido lo dispuesto en los artículos 86 y 114 de la Ley General de Cooperativas, que contemplan las operaciones que estas entidades pueden celebrar con sus socios y un procedimiento especial para resolver las controversias que se susciten entre ellos. En subsidio, alegan que no existe un derecho indubitado, pues la pretensión supone revisar una modalidad de pago pactada contractualmente y determinar la procedencia y límites de los descuentos efectuados.

En cuanto a estos últimos, invocan el artículo 58 del Código del Trabajo y los artículos 54 y 54 bis de la Ley General de Cooperativas, sosteniendo que, tratándose de funcionarios del sector público, los descuentos adicionales efectuados en favor de cooperativas de las cuales sean socios pueden alcanzar hasta un 25% de la remuneración total, manteniéndose un límite conjunto de 45%. Indican que la remuneración bruta de la recurrente asciende a $3.173.633, por lo que el 25% corresponde a $793.408,25, mientras que los descuentos identificados como efectuados por instituciones cooperativas ascienden a $716.440, siendo el correspondiente a Coopeuch de $5.355. Agregan que las Circulares N° 2.052 y N° 2.824 de la Superintendencia de Seguridad Social no resultan aplicables a las cooperativas, por estar referidas a las Cajas de Compensación.

Finalmente, citan jurisprudencia de diversos tribunales superiores que estiman concordante con sus alegaciones y solicitan el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Séptimo: Que, entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Octavo: Que, en primer término, corresponde acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada. En efecto, de los antecedentes no se advierte hecho alguno que pueda serle imputado, pues ninguno de los descuentos que motivan el recurso aparece efectuado en su favor. A ello se agrega que la recurrente no registra la calidad de socia de esa cooperativa ni consta la existencia de crédito, contrato, pagaré, mandato o autorización de descuento que la vincule con ella. En esas condiciones, Ahorrocoop carece de vinculación con la actuación que se reprocha y, por consiguiente, no puede ser emplazada como sujeto pasivo de esta acción.

Noveno: Que, en cuanto a los descuentos cuestionados, la recurrente sostiene que éstos alcanzaron en enero de 2026 la suma de $843.401, equivalente al 30,080% de la remuneración que estima líquida, excediendo así el límite del 25%.

Sin embargo, dicho cálculo reúne deducciones sujetas a regímenes distintos y las confronta, en su conjunto, con un único porcentaje máximo, sin atender a la naturaleza de cada una de ellas.

En efecto, en lo que respecta a las cooperativas, los artículos 54 y 54 bis de la Ley General de Cooperativas permiten descontar de las remuneraciones de sus socios las sumas que éstos adeuden por obligaciones contraídas con ellas y, tratándose de trabajadores del sector público, contemplan un límite de hasta el 25% de la remuneración total, sin perjuicio del límite conjunto que establece la ley. En el caso de la recurrente, su remuneración total correspondiente a enero de 2026 ascendió a $3.173.633, de manera que aquel 25% equivale a $793.408,25.

Décimo: Que, sobre este punto, resulta esclarecedor lo informado por Coopeuch, en cuanto precisa que los descuentos que aparecen en la liquidación de enero de 2026 asociados a cooperativas ascienden a $716.440, suma inferior al referido límite de $793.408,25. Dentro de aquéllos, el descuento correspondiente a Coopeuch es únicamente de $5.355, por concepto de cuotas de participación, mientras que CAPUAL registra descuentos por $292.357. De esta manera, aun siguiendo el cálculo que considera conjuntamente las deducciones identificadas con cooperativas, no se alcanza el máximo permitido por la normativa aplicable.

Por otra parte, el descuento de $126.961 efectuado por Caja de Compensación Los Andes corresponde a la cuota mensual del crédito social otorgado a la recurrente el 27 de septiembre de 2022, pactado en 51 cuotas, obligación que se encontraba vigente en enero de 2026. Dicho descuento se rige por las disposiciones de la Ley N° 18.833 y por la normativa dictada por la Superintendencia de Seguridad Social para el régimen de crédito social de las Cajas de Compensación, por lo que no corresponde sumarlo, sin distinción, a los descuentos efectuados en favor de cooperativas para aplicarles el límite previsto para estas últimas.

Undécimo: Que, además, la Circular N°2.824 de la Superintendencia de Seguridad Social, invocada por la recurrente, modifica las instrucciones relativas al régimen de prestaciones de crédito social administrado por las Cajas de Compensación y establece porcentajes máximos respecto de la cuota mensual de tales créditos, calculados sobre la remuneración líquida. De este modo, sus reglas se refieren específicamente a las C.C.A.F. y no alteran los límites que la Ley General de Cooperativas contempla para los descuentos efectuados en favor de estas entidades.

En la especie, la cuota mensual de Caja Los Andes asciende a $126.961, monto que, atendida la remuneración de la recurrente, se encuentra ampliamente por debajo del límite porcentual previsto para el crédito social. Tampoco se advierte, por tanto, que este descuento, considerado conforme a su propio régimen normativo, exceda el máximo permitido.

Duodécimo: Que, a lo anterior, cabe agregar que si bien la recurrente cuestiona la totalidad de los descuentos efectuados por la suma de $843.401, es del caso precisar que el descuento por la suma de $418.728 que figura en la liquidación de enero de 2026, no puede ser considerado para estos efectos, por cuanto figura efectuado bajo el concepto “Cooperativas ANFDGAC”, correspondiente a la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sin que la recurrente haya recurrido en contra de dicha asociación, desconociéndose el motivo de dicho descuento ni la naturaleza jurídica del mismo.

Esta circunstancia se mantiene, además, en la liquidación de agosto de 2026 acompañada a estos autos, en la que figura nuevamente un descuento bajo el concepto “Cooperativas ANFDGAC”, esta vez por $419.803, junto con los descuentos correspondientes a Caja Los Andes, CAPUAL y Coopeuch.

No resulta posible, entonces, hacer recaer sobre las entidades recurridas las consecuencias derivadas de la suma global de descuentos, cuando una parte sustancial de ella corresponde a una entidad cuyo descuento no ha sido cuestionado en estos antecedentes.

Decimotercero: Que, conforme a lo razonado, los descuentos que pueden ser atribuidos a las recurridas deben ser examinados de acuerdo con el régimen jurídico que corresponde a cada uno de ellos y, efectuado dicho análisis, no se constata que excedan los porcentajes máximos establecidos por la normativa aplicable. A su vez, una parte relevante de la suma total en que se funda el recurso corresponde a descuentos vinculados a una entidad contra la cual no se ejerció esta acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado y en contra de C.C.A.F. Caja de Compensación Los Andes, Cooperativa de Ahorro y Crédito CAPUAL (Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Ltda.) y en contra de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, Ahorrocoop Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4191-2026.