Protección contra rechazo sostenido e ininterrumpido de las licencias médicas de la recurrente y e

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno comparece Miguel Fernández Contreras, abogado, en favor de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en razón del acto arbitrario consistente en que la primera confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y N°s NUM008, y la segunda, por mantener retenido el pago de las licencias médicas otorgadas a su representada pese a encontrarse aprobadas, infringiendo las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita que se dejen sin efecto las resoluciones exentas de fecha 19 y 21 de noviembre de 2021 y disponer la dictación de actos administrativos a fin de aprobar y/o autorizar las citadas licencias médicas y, además, ordenar dejar sin efecto la retención del pago de las licencias médicas aprobadas, con costas.

Sostiene que, desde el año 2020, se encuentra en tratamiento psiquiátrico por depresión, sin embargo, la Compin solo autorizó una licencia médica y rechazó las restantes pese a que acompañó informes complementarios de médicos tratantes que detalla, donde los especialistas certificaron que padecía trastorno depresivo mayor.

Refiere que cuando su representada comenzaba a recuperarse, luego de diversos exámenes fue diagnosticada con un mixofibrosarcoma bajo grado 1. Desde el 30 de marzo hasta el 5 de mayo de 2021 le realizaron radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer, a fines de julio fue operada y actualmente se encuentra con kinesiólogo, fisiatra y terapeuta ocupacional para su rehabilitación.

La Caja de Compensación recurrida autorizó el pago de las licencias médicas respecto al cáncer que padece la recurrente, sin embargo, hasta la fecha de interposición del recurso, sin motivo justificado ha retenido los pagos de las licencias que detalla.

Luego de individualizar las normas que considera conculcadas, tanto de la Constitución Política de la República, esto es el artículo 19 N° 24, como aquellas contenidas en la Ley N°19.880, enfatiza que el ente fiscalizador recurrido habría cometido un acto ilegal o arbitrario, al no fundamentar sus resoluciones, pues se limita a señalar que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 222 días por la misma patología. Cita Jurisprudencia.

En el caso de la Caja de Compensación recurrida, estima que su actuar vulnera abiertamente los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución al retener el pago de las licencias médicas aprobadas por meros temas administrativos y burocráticos.

Segundo: Que, evacuando informe, compareció doña Andrea Cisternas Tiermann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien alegó la extemporaneidad en el ejercicio de la acción, fundándola en que por presentación de fecha 12 de diciembre de 2019, la Sra.

nombre reservado reclamó ante su Servicio, por cuanto la COMPIN Región Metropolitana, confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM008, extendida por un total de 30 días a contar del 1° de octubre de 2019, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante el mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM009, de fecha 17/12/2019, dictaminó “… Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM008, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Luego, con fecha 20 de octubre de 2021 la Sra nombre reservado reclamo ante el servicio solicitando reconsideración del dictamen.

Sin embargo, mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM010, de fecha 19/11/2021 la Superintendencia confirmó el rechazo.

Respecto de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, como consta del expediente administrativo por presentación de 20 de octubre de 2021 la Sra. nombre reservado reclamó ante este Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de aquellas licencias médicas extendidas por un total de 195 días a contar del 10 de julio de 2020, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante el mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM011 de fecha 22/11/2021, la Superintendencia dictaminó “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 222 días por la misma patología”.

Argumenta que la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 22 de diciembre de 2021, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que desde hace más de 9 meses la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de las licencias en comento.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso, por extemporáneo, con costas.

Luego, en subsidio, solicita se declare improcedente el recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo de la acción deducida expone el marco legal aplicable a las licencias médicas, su procedimiento de autorización, las facultades de la SUSESO en la materia y finalmente, controvierte la existencia de un derecho indubitado en la recurrente, ya que su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Sostiene respecto de las licencias reclamadas, los dictámenes impugnados, referidos a las licencias reclamadas, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resoluciones Exentas, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Destaca, además, que el médico tratante de la Sra.

nombre reservado, doña nombre reservado, Rut N° RUT reservado, quien ha emitido algunas de las licencias médicas reclamada (NUM008, NUM005, NUM006, NUM007), no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta del certificado emitido por la Superintendencia de Salud, que se adjunta.

Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, arguye la recurrida que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente, dentro del ámbito de sus competencias, no existiendo vulneración y ni siquiera amenaza el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental, ya que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, señalando los requisitos para ello, solicitando, previas citas de jurisprudencia, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Tercero: Que, evacuó informe doña Yasna Vukic, abogada, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección.

Aclara que la recurrente basa su recurso en la supuesta retención sin motivo justificado del pago de las licencias médicas aprobadas. Cita el artículo 1° del DS N° 3 de 1984 del Minsal que define que se entiende por licencia médica.

Por su parte, el articulo 19 N° 2 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación, a administrar el régimen de subsidios por incapacidad laboral y, por eso, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.418 del Minsal corresponde a estas Cajas el pago de dichos subsidios en los casos a que se refiere el artículo 182 del Código del Trabajo. Agrega, respecto de los afiliados Fonasa debiendo contar previamente con la autorización de la Compin. Sin perjuicio de ello, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4 del DFL N° 44 del Ministerio del Trabajo, a pesar de que la Compin autorice una licencia médica, puede un afiliado no tener derecho a subsidio por no cumplir con el periodo mínimo de 6 meses de afiliación y 3 de cotizaciones exigidas dentro de los 6 meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica.

Ahora bien, respecto a lo expuesto en el recurso señala que conforme su base de datos se encuentra registradas las licencias médicas que detalla correspondientes a la sra nombre reservado.

Conforme al recuadro, las que figuran sin derecho a pago corresponden a las autorizadas por la Compin y analizadas quedaron en tal calidad toda vez que las anteriores del periodo entre el 10/07/2020 al 19/02/2021 figuran rechazadas por la Compin y por la Suseso, acumulando 225 días sin cotizaciones, por lo que no cumplen con lo establecido en la norma recién citada.

En consecuencia, estima que su representada actuó con estricto apego a las normas constitucionales y legales que regulan la materia.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

I. Respecto de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, sin perjuicio de los requisitos de fondo señalados en el considerando anterior, constituye un requisito formal esencial y previo, según lo prescribe el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, que esta acción cautelar se interponga dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Estando establecido el plazo para recurrir de protección de manera precisa y con carácter objetivo, resulta determinante definir, primeramente, de manera concreta, la fecha en que la recurrente conoció del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales cuya protección requiere y que la motiva a acudir a esta Corte, para así determinar si la acción constitucional en estudio se ha incoado oportunamente.

Sexto: Que el acto que se le reprocha a la recurrida, según se extrae de los propios dichos de la recurrente en su libelo, consiste en la decisión de confirmar el rechazo de sus licencias médicas, mediante resoluciones exentas de fecha 19 y 22 de noviembre de 2021, Séptimo: Advierte esta Corte que, aparece evidente que de los actos recurridos tomó conocimiento la actora, a lo menos con nueve meses de anticipación, en atención a que desde diciembre de 2019, en forma permanente y sistemática, fueron rechazadas sus licencias, decisión ratificada por la SUSESO.

Octavo: Que, conforme a lo anterior, resulta inconcuso que la acción constitucional que, vale la pena reiterarlo, va dirigida en contra del rechazo sostenido e ininterrumpido de las licencias médicas de la recurrente y en contra de la ratificación de esta decisión, emanada de la SUSESO ha sido incoada en forma inoportuna, esto es, fuera del término que el Auto Acordado antes señalado prescribe, ya que fluye de los antecedentes que el recurso fue interpuesto el 22 de diciembre de 2021, habiendo, entonces, transcurrido más 9 meses desde que la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo, lo que conduce necesariamente al rechazo del presente recurso por extemporáneo.

En cuanto al fondo:

Noveno: Que, sin perjuicio de lo antes razonado, se desprende de los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo consta el rechazo de las licencias médicas, por la causal de reposo injustificado.

En efecto, el primer acto impugnado correspondió a Resolución Exenta N° NUM009, de fecha 17/12/2019, dictaminó “… Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM008, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Y, el segundo acto impugnado correspondió a RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM011 de fecha 22/11/2021, la Superintendencia dictaminó “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 222 días por la misma patología”.

Décimo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Undécimo: Que los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Duodécimo: Que la recurrida dio cuenta en su informe que se decidió de conformidad con los antecedentes médicos y administrativos, que no permitieron establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de que el reposo ya autorizado, que excede con creces el límite legal para la patología de la cual se trata y por otro lado, hizo presente que el médico tratante que emitió 4 de las 10 licencias médicas reclamadas no posee la especialidad de psiquiatría según consta del respectivo certificado emanado de la Superintendencia de Salud.

Décimo tercero: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Respecto de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana:

Décimo cuarto: Que, en efecto, como señala la norma citada por la entidad recurrida para tener derecho a subsidio se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica y, efectivamente en el caso de marras la recurrente no registra el número mínimo de cotizaciones que dicha norma establece. Sin embargo, aquella situación obedece, precisamente a que si bien la protegida mantiene un contrato de trabajo vigente, las respectivas cotizaciones no han sido enteradas en virtud del rechazo de las licencias médicas emitidas con anterioridad a aquellas cuyo pago persigue la actora en razón de que fueron aprobadas por la autoridad a la cual la legislación entrega expresamente dicha facultad, cual es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Décimo quinto: Que, consecuente con lo antes expuesto, la recurrida incurrió en grave arbitrariedad al retener el pago de las licencias aprobadas y, con ello, es evidente que afecta, al menos, el derecho a la integridad psíquica de la recurrente, pues agrava su situación actual de salud, y, también amaga el derecho de propiedad de que es titular, pues una retención de ese tipo es claro que repercute negativamente en su patrimonio.

Décimo sexto: Que, para los fines constitucionales, no basta que los actos sean legales, toda vez que la arbitrariedad también está sancionada en la Carta Fundamental cuando, como ocurre en la especie, se vulnera en grado de amenaza, perturbación o privación, uno o más de los derechos que ella determina.

Décimo séptimo: Que, en este caso, la perturbación a los derechos fundamentales antes referidos es palmaria. Lo anterior queda de manifiesto, también, porque la negativa por parte de la recurrida a realizar el pago de las licencias médicas aprobadas por la autoridad competente, aparece como poco prudente en la especie, atendido que carece de justificación suficiente y claramente, corrobora la perturbación provocada a la recurrente y que, a través de la presente vía debe corregirse.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve:

I. Que se rechaza el recurso de protección interpuesto en estos autos en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que se acoge, sin costas, el recurso de protección en aquel extremo que se dirige contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, y se decide que ésta deberá adoptar todas las medidas necesarias para proceder a la brevedad posible a enterar el pago de aquellas licencias médicas aprobadas que figuran en el propio informe de la recurrida bajo el estado de “sin derecho a pago” en beneficio de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 41.887-2021 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señor Alejandro Rivera Muñoz y señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.