nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, a trece de agosto de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Carolina Elizabeth Madrigal González, abogado, domiciliada en domicilio reservado, actuando en representación de don nombre reservado, preparador físico, del mismo domicilio, quien interpone recurso de protección, en contra de la Tesorería Regional Metropolitana, representada, por doña nombre reservado, abogado del Servicio de Tesorerías, con domicilio en domicilio reservado, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en haberse trabado embargos decretados administrativamente respecto de dineros sustraídos desde la cuenta corriente del actor en razón de haberse declarado judicialmente la prescripción de la deuda que motivó dicha medida cautelar.

Pide ordenar el alzamiento de embargos y devolución de Dineros, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 25 de mayo de 2019 se le solicitó por carta certificada, a doña nombre reservado, en su calidad de representante de la Tesorería General de la República, que ordenara el alzamiento de los embargos decretados por esa institución en virtud de procesos de cobranza seguidos en los expedientes administrativos Roles N°s 1007-1999; 1002-2002 y 1017-2002, todos de la comuna de Independencia y en virtud de los cuales le fueron “giradas” (sic) las sumas de $13.806.443, el 23 de mayo de 2016 y $2.724.800, el 29 de marzo de 2019, desde la cuenta corriente número [cuenta reservada], del Banco de Crédito e Inversiones, cuyo titular es el recurrente.

Agrega que todo lo anterior fue solicitado, en razón que por sentencia ejecutoriada de 5 de marzo de 2019, el 20° Juzgado Civil de Santiago, declaró prescrita la deuda y acción de cobro respecto de los folios que motivaron dichos embargos.

Explica que al actor, entre abril de 1998 y julio de 2000 se le generaron deudas fiscales por un monto neto de $19.090.998.- producto de diferencias en sus declaraciones del impuesto al valor agregado y algunas multas por otros conceptos y la recurrida, dentro de sus atribuciones, comenzó el cobro de dichos impuestos impagos a través del procedimiento de rigor, dando inicio a los expedientes señalados.

Expone que el procedimiento de cobro quedó interrumpido por absoluta negligencia de la recurrida por más de 12 años hasta que el 23 de mayo de 2016, sin notificación ni aviso alguno, embargan y retiran de la cuenta corriente de mi representado la suma de $13.806.443 y en atención al tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento de cobranza, con el fin de evitar nuevos embargos, interpuso demanda de prescripción extintiva respecto de la deuda que se pretendía cobrar; causa que se tramitó ante el 20° Juzgado Civil de Santiago. bajo el Rol C-13.729-2018.

Añade que durante la tramitación de la causa la recurrida no justificó ni acreditó con documentación alguna que esos dineros embargados se hayan imputado a pago o deuda alguna y prueba de ello es que como consta en el certificado de deuda emitido por la propia institución recaudadora la deuda siguió aumentando y no disminuyó en lo absoluto como habría sido lógico si hubiera operado alguna imputación a pago.

Explica que el 5 de marzo pasado, el 20° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda interpuesta y declaró prescrita la deuda y además la acción de cobro, sentencia notificada a la Tesorería General de La República el 25 de marzo de 2019 y pese a ello, la recurrida vuelven a embargar al actor y le retiran de su cuenta corriente la suma de $ 2.724.800, causándole un gravísimo daño patrimonial, haciendo caso omiso a un fallo judicial que declara prescritas esas deudas.

Precisa que ni siquiera la recurrida apeló de la sentencia de primera instancia y pese a ello vuelven a embargar dineros sin tener derecho alguno para hacerlo, negándose a alzar embargos y restituir los fondos sin tener fundamento legal alguno, aumentando con ello la ilegalidad en su actuar.

Refiere que han tratado por todos los medios de lograr que la Tesorería restituya los dineros embargados, lo que ha sido inútil, ya que las negativas han sido reiteradas por parte de la recurrida, quienes justifican su negativa con argumentos absolutamente contrarios a derecho.

Sostiene que lo anterior conculca la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al impedirse arbitrariamente al actor disponer de los dineros embargados y retirados de su cuenta corriente, pese a que la deuda se declaró prescrita.

Afirma que el acto denunciado constituye una actuación ilegal y arbitraria, por cuanto no tiene un asidero legal que lo sustente, y la negativa injustificada tanto a la devolución del dinero como asimismo a dar respuesta formal a la solicitud realizada por la recurrente por carta de 25 de abril de 2019 significa que el acto impugnado es caprichoso que debe ser advertido y rechazado.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Carta de solicitud de alzamiento de embargo y devoluciones de dineros; 2. Certificado de deuda del recurrente; 3. Copia de sentencia y certificado de ejecutoria en causa rol C-13.729-2018 seguida ante el 20° Juzgado Civil de Santiago; 4. Cartolas Históricas emitidas por el Banco de Crédito e Inversiones.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado, por la recurrida Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el contribuyente recurrente mantiene una deuda con el Fisco de Chile por el no pago de los Formularios 21 y 19, por una deuda de $15.159.873 neta y $3.931.115, respectivamente, que con reajustes, multas e intereses, ascienden a $143.415.351 y $31.380.204, las que se encuentran demandadas en los expedientes administrativos roles 1002-2002, 1017-2002, 10071999 de Independencia.

Indica que durante la tramitación de los procesos de cobro se logró trabar embargos de fondos en cuenta corriente de su titularidad y vehículos que indica, según consta en los registro del Sistema de Control de Cobranzas y el 5 de marzo de 2019, el 20° Juzgado Civil de Santiago resolvió una demanda de prescripción extintiva que el recurrente interpuso en contra del Servicio de Tesorerías por las deudas ya indicadas, demanda que fue ingresada el 8 de mayo de 2018, declarándose prescritos los formularios 21 y 19 ya indicados y rechazó la solicitud de alzamiento de embargos y devolución de dineros, donde se menciona de manera expresa el rechazo del alzamiento y devolución de la retención de junio del 2016 ya indicada por $13.806.443.

Sostiene que acuerdo a los registros del Servicio de Tesorería los embargos trabados en los procesos de cobro seguidos en contra del contribuyente fueron previos al fallo que declaró la prescripción, de 5 de marzo de 2019, e incluso anterior a la fecha interposición de la acción de prescripción por parte del deudor, a saber, el 8 de mayo de 2018, con la excepción del embargo de cuenta corriente trabado con fecha 29 de marzo de 2019, embargo que será alzado en razón del mérito del fallo de la prescripción.

Precisa que respecto del embargo trabado el 23 de junio del 2016, en la cuenta corriente del actor, fue ordenado, trabado y gestionado con pleno apego a las legislación vigente y permitió la recuperación de $13.806.443 de los impuestos adeudados por el demandado y perseguidos en el expediente administrativo de cobro seguido en su contra, Rol N°1002-2002 de Independencia, cobranza plenamente activa en dicha fecha, los que fueron imputados a la deuda registrada por el contribuyente en la fecha respectiva, específicamente al formulario 21, folio 4646704, el 9 de agosto del 2016, según consta en el certificado de pago y demás antecedentes, refutando la aseveración del contribuyente en torno a que no se rebajaron e imputaron los fondos.

En definitiva, el embargo trabado con fecha 23 de junio de 2016 y que implicó la recuperación para el Fisco de $13.806.443 de lo adeudado por el actor al 9 de agosto del 2016, había agotado sus efectos jurídicos, extinguiendo por medio del pago como modo de extinguir obligaciones fiscales, en forma parcial, de uno de los folios que mantenía moroso y demandado en el expediente Rol N°1002-2002 de Independencia, a saber el formulario 21, folio 4646704.

Hace presente que una vez obtenido el certificado de ejecutoriedad del fallo que acogió la prescripción extintiva en favor del actor se procedió a solicitar a la Sección Operaciones de la Tesorería Regional Metropolitana el descargo de los folios declarados prescritos, proceso que se encuentra en curso y que se debería reflejar en la Cuenta Única Tributaria del contribuyente en los próximos días y en paralelo, se ha ordenado alzar el embargo trabado el 29 de marzo de 2019, por medio de resolución de 14 de junio de 2019, en razón que ya se ha efectuado la notificación a las partes del fallo aludido, y se encuentra firme y ejecutoriado, acompañando copia de la resolución.

Destaca que la sentencia que dio lugar a la prescripción de los folios adeudados por el contribuyente, sus efectos sólo pueden alcanzar a las deudas que el contribuyente registraba a la fecha de su dictación y notificación y no afecta a los fondos oportunamente embargados e imputados a la deuda tributaria del contribuyente beneficiado con el fallo, ya que estos fondos implicaron el pago parcial de la deuda, acto que se afinó el año 2016, muy anterior al inicio del juicio que conoció de la acción de prescripción intentada.

Luego alega la extemporaneidad del recurso ya que hay un pronunciamiento judicial, en sede civil, sobre materia de fondo que resuelve lo planteado por el recurrente, fallo que se encuentra firme o ejecutoriado, pretendiendo el alzamiento de embargos trabados en cuentas corrientes el 23 de junio del año 2016 y el 29 de marzo del año 2019, en los expedientes administrativos de cobro que se indica, fecha que se debe considerar para rechazar este recurso, ya que la solicitud de la recurrente, en el procedimiento de cobro indicado, se encuentra sujeto al imperio del derecho, es un procedimiento judicial legalmente establecido, donde se ha dictado una resolución por el juez sustanciador competente y que resolvió la solicitud planteada.

Destaca que el presente arbitrio fue presentado habiendo excedido con creces el plazo de 30 días contados desde que la recurrente tomó conocimiento del hecho reclamado, el que, en la mejor de las situaciones, tomando incluso el embargo de cuenta más reciente acaecido el 29 de marzo pasado, excede con creces los 30 días que dispone el Auto Acordado sobre la materia, recurso interpuesto el 25 de mayo pasado.

Luego, alega que respecto del embargo de la cuenta corriente del año 2016, por la cual insólitamente también se recurre de protección, la misma defensa del contribuyente reclamó judicialmente en sede de prescripción en la cual fundamentan su recurso, solicitando el alzamiento de la cuenta corriente embargada, petición que fue rechazada por sentencia ejecutoriada, operando la cosa juzgada a su respecto.

Alega, asimismo, la inadmisibilidad del arbitrio en consideración a que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia, pudiendo reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, y a los embargos que en dicho proceso se establezcan, citando al efecto los artículos 30 y 35 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado. Agrega que el procedimiento se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Destaca que el recurrente se encuentra sometido a un procedimiento con acceso a un debido proceso y prueba de ello es que ha tenido la oportunidad de oponerse a la ejecución iniciada en su contra interponiendo las defensas y excepciones que estimare pertinentes, siendo improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional un cobro ejecutivo por impuestos fiscales impagos o medidas coercitivas de pago como son los embargos de cuenta corriente.

Afirma que las alegaciones planteadas en el presente recurso deben ser tratadas y falladas en el correspondiente juicio, no siendo el recurso de protección la vía idónea para reclamar de las acciones de estos Tribunales.

En cuanto al fondo, refiere que el Servicio de Tesorería inició la cobranza de los impuestos adeudados por el recurrente, en los expedientes administrativos individualizados, una vez que la deuda fue informada por el Servicio de Impuestos Internos cuando se encontraba ejecutoriada y registrada en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente y todas las actuaciones en los expedientes administrativos en análisis, han sido notificadas a la recurrente, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 171, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de este Servicio de Tesorerías.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: a) Copia resolución de alzamiento de embargo de cuenta corriente; b) Minuta que ordena eliminar folios señalados en el fallo de prescripción; c) Antecedentes de la recepción de fondos embargados en cuenta corriente el 23 de junio de 2016, copia de certificado de pago; d) Copia del fallo de prescripción ya señalado.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, previo a entrar al fondo del asunto, es dable referirse a la extemporaneidad planteada en el informe evacuado. Sobre el particular, estima esta Corte que el recurso ha sido entablado oportunamente, para lo que ha de considerar que el acto recurrido dice relación con la negativa a proceder al alzamiento del embargo, para lo cual acompañó una carta de 25 de abril del presente año. Así las cosas, habiéndose deducido el presente recurso el día 25 de mayo del corriente, es dable concluir que ha sido presentado dentro del plazo de 30 días establecido en el respectivo Auto Acordado, por lo que dicha alegación será desechada.

Octavo: Que, para una acertada resolución de la presente cuestión, hay que precisar que son hechos no controvertidos los siguientes:

1. Que, el actor fue deudor moroso del Fisco de Chile por deudas consigadas en tres Formularios 21 y un Formulario 19, por las sumas netas de $15.159.873 y $3.931.115.- 2. Que, dichas acreencias fiscales dieron origen al nacimiento de los expedientes administrativos roles 1007-1999; 1002-2002 y 10017-2002 de la comuna de Independencia.

3. Que, durante la substanciación de dichos procesos, el 23 de junio de 2016, el Servicio de Tesorería procedió al embargo de la cuenta corriente del recurrente, por la suma de $13.806.443.- 4. Que, el 8 de mayo de 2018, el actor interpuso demanda de declaración de prescripción extintiva ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol C13.729-2018, dictándose sentencia definitiva en la que se acoge la demanda de prescripción extintiva, deducida a folio 1, declarándose la prescripción de los impuestos de Formulario 21, folio 4187504, fecha de vencimiento 09/01/1999, monto $ 7.423.927.-; Formularios 21, folios 4646704 y 4646705, ambos con vencimiento el 30/04/1998, el primero por un monto de $6.859.736.- y el segundo por $3.947.379.-; y respecto al formulario 19, folio 501113, con fecha de vencimiento 09/07/2000, por la suma de $3.931.115.- todos a nombre del demandante don nombre reservado.

5. Que, en el punto II de lo resolutivo de la sentencia antes enunciada se estableció que se rechaza la solicitud de alzamiento de embargos y devolución de dineros, por no existir antecedentes suficientes para su determinación.

6. Que, la sentencia declarativa de prescripción extintiva fue notificada al apoderado del actor el 7 de marzo pasado y a la recurrida, Servicio de Tesorería, el 25 de marzo último, quedando ejecutoriado el fallo el 15 de abril de 2019, conforme la certificación estampada por la señora Secretaria Subrogante.

7. Que, el Servicio de Tesorería procedió al embargo en la cuenta corriente del actor por la suma de $2.724.800 el 29 de marzo de 2019, pese a haber sido notificada del fallo de prescripción, lo que motivó que, previa solicitud de la recurrente, se alzase el embargo por resolución de 14 de junio de 2019.

Noveno: Que, en consecuencia, el acto que se impugna por medio de este recurso de protección consiste en que el recurrente nombre reservado, solicitó por carta certificada de fecha 25 de mayo de 2019, a nombre reservado en su calidad de representante de la Tesorería General de la República, que ordenara el alzamiento de los embargos decretados en virtud de los procesos administrativos de cobranza seguidos en el expedientes administrativos números 1007 - 1999 Independencia, por la cantidad de $ 13.806.443 con fecha 23 de junio de 2016, y la cantidad de $ 2.724.800 de fecha 29 de marzo de 2019, desde la cuenta corriente del contribuyente del Banco de Créditos e Inversiones Nº [cuenta reservada], fundado en que por sentencia definitiva ejecutoria de fecha 5 de marzo de 2019, se declaró prescrita la deuda y la acción del Fisco de Chile para el co bro de los folios 418504, 4646704, 4646705 y 501113, de fechas de vencimiento 09 de enero de 1999, de 30 de abril de 1998, 30 de abril de 1998 y 09 de julio de 2000, respectivamente; folios que motivaron dichos embargos.

Décimo: Que la parte recurrida Tesorería General de la República sostiene que el embargo trabado al recurrente desde su cuenta corriente con fecha 23 de junio de 2016, implicó en su oportunidad la recuperación para el Fisco de Chile de la cantidad de $ 13.806.443 de lo adeudado por el contribuyente nombre reservado al 09 de agosto de 2016, y atendidas las consecuencias jurídicas propias del pago parcial extinguió en parte la deuda morosa de impuestos por esa cantidad.

Al mismo tiempo la recurrida Tesorería General de la República informa que se ha ordenado alzar el embargo trabado con fecha 29 de marzo de 2019 por medio de la Resolución de 14 de junio de 2019, en razón de la notificación a las partes de la sentencia definitiva ejecutoriada a que alude el contribuyente.

Undécimo: Que, en consecuencia, la negativa de la Tesorería General de la República de acoger la petición del recurrente nombre reservado de alzar el embargo por la suma de $ 13.806.443 de fecha 23 de junio de 2016, dice relación con las consecuencias jurídicas que le atribuye a las actuaciones y diligencias relativas a tal embargo, entendiendo que en tal fecha operó un pago parcial de lo adeudado al girarse dicha cantidad.

No obstante, la parte recurrente entiende implícitamente, según se desprende de su solicitud de devolución de dinero por aquella cantidad, que quedaron sin efecto las actuaciones y diligencias relativas a tal embargo, porque, en el caso sub lite, el 20º Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C - 13729/2018, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, resolvió en relación con los mismos folios acoger su demanda de prescripción extintiva de la deuda, no obstante rechazar su solicitud de alzamiento de los embargos y devolución de dineros, por no existir antecedentes suficientes para su determinación.

Duodécimo: Que, de este modo, dicha sentencia definitiva afectó directamente a la recurrida Tesorería General de la República, a la sazón acreedora del contribuyente en representación del Fisco de Chile, pues, resolvió declarar la prescripción extintiva de la obligación impositiva que compulsivamente cobraba al actor y también a éste último, en cuanto le negó el inmediato alzamiento del embargo y la devolución de los dineros por carecer de antecedentes para su determinación, por lo que, ante tales circunstancias, las partes recurrente y recurrida, quienes han sido partes del proceso en que recayó dicha sentencia definitiva ejecutoriada, en cuanto ésta puede afectar sus derechos, y estando la controversia sometida al imperio del derecho, no procede acoger el recurso de protección, pues le corresponde al tribunal competente dirimir tal conflicto planteado por las partes.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se desestima el interpuesto por Carolina Elizabeth Madrigal González en representación de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección Rol N°41.884-2019.- Redacción del Ministro señor Zepeda.