nombre reservado con MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que en estos autos se encuentran acumulados 37 recursos de protección deducidos por postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, a saber: nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, San Miguel¸ nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

2°) Que todos los recursos, se dirigen en contra de del Ministerio de Justicia, y de su representante legal doña nombre reservado, Ministra de Justicia, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y de su representante legal don nombre reservado, Director de la Institución, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra del SEREMI de Justicia de la Región Metropolitana y de su representante legal doña nombre reservado, Directora de la Institución, ambos domiciliados para todos los efectos legales en domicilio reservado; y en contra de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB)y de su director don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

3°) Que el acto que motiva el recurso consiste en que el día 16 de mayo del año en curso, la dirección nacional de JUANEB emitió una circular interna que dispone, atendida la orden de la Contraloría General de la República con fecha 18 de marzo de 2016,que los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial no son alumnos regulares de carreras de educación superior, por lo que el pase escolar no es un beneficio al que tengan derecho, ordena no emitir más renovaciones ni reposiciones de pases escolares para postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial que se dirijan a los centros de atención TNE a solicitarlos. Refieren que a partir de ese día se suspendió oficialmente el beneficio de pase escolar para los más de 1200 postulantes de la Corporación de asistencia Judicial de la Región Metropolitana, terminando con el beneficio de “subsidio a la movilización” o “viático de movilización” que el Gobierno de Chile a través de la JUNAEB entregaba a los alumnos de la Corporación de asistencia Judicial, regido por el SEREMI de Justicia Metropolitano y éste a su vez por el Ministerio de Justicia. Añaden que esta decisión, encarece el precio efectivo del transporte en más de un 350%, y constituye un grave atentado al derecho de propiedad, máxime considerando que la práctica profesional es gratuita.

Continúan y hacen referencia a la regulación de la práctica profesional en nuestro ordenamiento positivo, exponiendo que ni la Ley 17.995 ni el DL 995 establecen la gratuidad del servicio de quienes la ejecutan, realizando diversos cuestionamientos a la constitucionalidad de la forma en que ella se lleva a cabo, toda vez que constituye un trabajo sin ningún tipo de remuneración ni seguridad social asociada, explicando que éste ha sido un tema latamente debatido y traen a colación además la discusión en cuanto a la carga legal del abogado de turno.

Agregan que el otorgamiento de este beneficio se ha erigido en una costumbre, atendido el hecho de que a cada candidato a la práctica se le informa la existencia del beneficio y se le firman certificados para la obtención del mismo, ello desde hace más de 10 años, reforzado todo ello en que la ley de presupuesto destina fondos para costearlo. Por ello estiman que por el solo hecho de realizar la práctica profesional y el trámite de renovación de la TNE, existe un derecho sobre este bien incorporal.

Estiman que la actuación denunciada ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 inciso 4, referido al derecho de no ser juzgado por comisiones especiales, la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 ya que coloca a los estudiantes de derecho en una situación de desventaja en relación con estudiantes de cualquier otra carrera e incluso con los mismos estudiantes de derecho que han realizado su práctica antes des 16 de mayo de 2016 y la garantía del artículo 19 N° 22 relativa al trato que debe dar el Estado a los particulares en materia económica.

Solicitan en definitiva se ordene a los recurridos la mantención del beneficio del pase escolar mientras realizan la práctica profesional.

4°)Que a fojas 1067 y fojas 1077 se agregaron los informes evacuados por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia respectivamente, quienes lo hacen en los mismos términos. En primer lugar, exponen sobre el marco regulatorio de la Corporación de Asistencia Judicial, siendo un órgano descentralizado, que se encuentra ligado únicamente por una relación de supervigilancia con el Ministerio de Justicia, toda vez que la ley dota a las Corporaciones de Asistencia Judicial de un sistema de administración autónomo, existiendo un Consejo Directivo que preside y determina el quehacer de estos servicios, por lo que, no tiene ninguna dependencia con la SEREMI de Justicia.

Luego se hace referencia al requisito de la práctica profesional para la obtención del título de abogado, el cual se encuentra establecido en el artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales, explica que es deber de las Corporaciones de Asistencia Judicial regular la forma de dar cumplimiento a ésta, y concluye que no existe una relación contractual de carácter civil o laboral de los postulantes, sino que la práctica consiste en una carga legal necesaria para acceder al título de abogado. El artículo 19 del Reglamento de la Práctica Profesional prohíbe al postulante recibir cualquier tipo de dádiva o recompensa por la prestación de los servicios.

Finalmente, señalan que en este caso no existe ninguna acción u omisión atribuible a su parte toda vez que los recursos no dan cuenta de cómo se constituiría este actuar a su respecto. Además, el otorgamiento o eliminación del pase escolar no es una cuestión que la ley coloque dentro de la esfera de sus atribuciones.

5°) Que a fojas 1106 se evacúa informe por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en adelante JUNAEB.

Comienza su exposición refriéndose a la labor de este organismo, destacando que es una Corporación de Derecho Público de carácter autónomo que tiene a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducente a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación. Entre estos beneficios, se encuentra la Tarjeta Nacional Estudiantil.

A continuación, realiza consideraciones respecto a la obligación de los egresados y licenciados de la carrera de derecho de realizar la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, la cual constituye una exigencia legal ineludible para obtener el título de abogado, conforme lo estatuye el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Respecto de esta obligación, JUNAEB no tiene intervención alguna. En efecto, esta práctica constituye una exigencia legal y no académica ya que es la Excma. Corte Suprema quien, otorga el título de abogado y no las universidades. En consecuencia, los estudiantes de derecho que realizan su práctica profesional en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial una vez concluida su formación académica se encuentran en una situación ambigua respecto de su condición de postulantes, ya que no tienen calidad de alumno regular ni tampoco de profesionales.

Respecto al cumplimiento de los requisitos para la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil, indica que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto N° 20 de 1982 del Ministerio de Transporte, la concesión de este beneficio procede sólo en cuanto el beneficiario acredite la calidad de alumno regular del respectivo plantel educacional, y corresponde a éstos recibir las postulaciones y seleccionar a los alumnos beneficiarios.

En cuanto a la entrega del beneficio JUNAEB recibe de parte del Ministerio de Educación y las entidades de educación superior, en su caso, una nómina de alumnos matriculados para el año académico correspondiente los cuales son ingresados a una base de datos que genera automáticamente las tarjetas TNE para los estudiantes.

Agrega, que su parte no ha vulnerado las garantías constitucionales que se alegan conculcadas, debido a que obró en debida concordancia con lo ordenado por la Contraloría General de la República, organismo rector en la materia al cual se le reconoce la potestad de interpretar normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo.

6°) Que, a fojas 1119 rola informe emitido por don Oscar Vergara Muñoz, abogado en representación de la Corporación de Asistencia Judicial y solicita el rechazo del recurso por las razones que expresa.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de los recursos deducidos por nombre reservado el 16 de junio Y nombre reservado, 18 de junio, toda vez que el dictamen que le sirve de fundamento es de 18 de marzo y la circular de la JUNAEB es de 16 de mayo de 2016, de manera tal que a la fecha de interposición de estos recursos han transcurrido más de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, alega que los recursos deducidos carecen de los argumentos y fundamentos necesarios que permitan establecer claramente respecto de cada uno de los recurridos cual es la acción u omisión que se les atribuye que ha resultado en una privación ilegal de las garantías constitucionales invocadas, lo que limitaría el adecuado ejercicio del derecho a defensa de su parte.

Luego expone que los recursos de marras pretenderían dejar sin efecto un dictamen de Contraloría General de la República, el cual es obligatorio para los servicios públicos sometidos a su fiscalización, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley N° 10.336, y sin que se haya recurrido en contra del órgano contralor.

Agrega que en este caso no existe un derecho indubitado por parte de los recurrentes, toda vez que la controversia planteada en autos debe resolverse en un procedimiento de lato conocimiento ya que no se está frente a un derecho preexistente que sea indiscutido porque la normativa que rige el pase escolar no lo permite, por cuanto para ser beneficiario del mismo se requiere ser alumno regular de una institución de Educación Superior, lo cual se contrapone con la condición de ingreso a la práctica profesional en calidad de postulante, ya que para ello es requisito tener la calidad de egresado de alguna de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de universidades del país.

En otro orden de ideas, se refiere a la naturaleza jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y de la práctica profesional como requisito para acceder al título de abogado, indicándose que la práctica profesional si bien constituye un requisito para la obtención del título de abogado, no es una condición académica, toda vez que de conformidad al artículo 2 del decreto 265 de 1985 del Ministerio de Justicia que establece el Reglamento de Práctica Profesional, cada postulante, debe acreditar que ha rendido satisfactoriamente los exámenes cuya aprobación es necesaria para adquirir la calidad de egresado de derecho. Concluye en esta parte que, al ser un requisito de titulación, no es analogable a la situación del abogado de turno desarrollada por los recurrentes para justificar su recurso.

Continúa el informante señalando que no existe un acto ilegal o arbitrario de su parte ya que ella no participa del proceso de revalidación del pase escolar ni le corresponde certificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al mismo.

Desvirtúan la existencia de la costumbre en esta materia, toda vez que ésta no constituye fuente de las obligaciones en el derecho público, toda vez que éste se rige primordialmente por el principio de legalidad.

Finalmente, hace presente que el pase escolar no corresponde a la categoría de subsidio, ya que sólo importa para el titular la gratuidad o la rebaja del pasaje en el transporte público de pasajeros, sin que implique una contraprestación alguna para el Estado con los propietarios de los medios de transporte. En este sentido, la ley de presupuesto solo contempla fondos para la entrega del documento, pero no para un eventual subsidio.

7°) Que Mediante resolución de fojas 1295 de 1 agosto de 2016, se decretó como trámite que la Corporación de asistencia Judicial y JUNAEB informaran si existe algún convenio entre ambas instituciones relativos al otorgamiento de la Tarjeta Nacional estudiantil a los postulantes de la Corporación citada. Ambas instituciones respondieron que no existe ningún convenio respecto de esta materia.

8°) Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad invocada por la Corporación de asistencia Judicial respecto de los recursos deducidos por nombre reservado el 16 de junio Y nombre reservado el 18 de junio último, en circunstancias que el dictamen que le sirve de fundamento es de 18 de marzo y la circular de la JUNAEB de 16 de mayo de 2016, cabe señalar que en ambos casos los recursos fueron declarados extemporáneos por esta Corte en la primera resolución que les dio tramitación, sin embargo, ambas recurrentes dedujeron recursos de reposición aduciendo haber tomado conocimiento del acto alegado en una fecha posterior, razón por la cual fueron acogidos a tramitación. En efecto, en el caso de nombre reservado indicó haber tomado conocimiento del acto el 18 de mayo, fecha en que se dirigió a la JUNAEB con su certificado de práctica y demás antecedentes para solicitar la Tarjeta Nacional Estudiantil, que el 11 de mayo se le entregó su certificado de práctica y que no pudo ir antes a pedir la tarjeta por estar interiorizándose del contenido de las causas que le correspondió asumir.

Respecto de nombre reservado ella indica que tomó conocimiento del acto con fecha 2 de junio que es la fecha cuando comenzó a pagar tarifa normal, dirigiéndose a un centro JUNAEB a consultar la situación. Acompaña una impresión de bip en línea.

Como consecuencia de lo anterior y dado que el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, permite como alternativa para la contabilización del plazo la oportunidad desde la cual se haya tenido noticias o se haya tomado conocimiento cierto del mismo, habrá de desecharse la alegación de extemporaneidad.

9º) Que en cuanto al fondo, ha de considerarse que el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente para brindar el debido resguardo a quienes sufran una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Carta Política producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

10º) Que útil resulta establecer el contenido del acto recurrido, a saber la Circular Nº 0846 de 16 de mayo de 2016 del Departamento de Logística de JUANEB a los Encargados de la Tarjeta Nacional estudiantil de las Instituciones de Educación Superior Contenido, esto dentro del marco del proceso de activación del beneficio Tarjeta Nacional estudiantil, y como información aclaratoria en relación a los estudiantes que deben realizar o están realizando su práctica profesional. En ella se expone, en lo pertinente, que los alumnos que realicen la práctica profesional podrán optar al beneficio en sus casas de estudios ingresando sus datos al portal web www.tne.cl. Luego, los encargados de cada institución de educación superior deben ingresar la información correspondiente a estos estudiantes para que renueven la vigencia de su TNE para el periodo 2016, constituyéndose las universidades en garantes de la información que entregan al sistema, ya que en base a ellos la JUNAEB entregará el beneficio de tarifa escolar rebajada. Indica además que los certificados de práctica profesional deberán ser entregados por la institución de educación superior correspondiente y debe establecer explícitamente que mientras dure la práctica el alumno deberá ser considerado como alumno regular y establecer las fechas entre las cuales se realiza esta práctica.

11º) Que si bien la circular antes mencionada no hace referencia a algún dictamen de la Contraloría General de la República, los recurrentes han indicado que tomaron conocimiento que la negativa a otorgar el pase escolar a todo postulante de la Corporación de Asistencia Judicial fue en virtud de un dictamen de ese Ente Fiscalizador, que les excluye por no tener la calidad de alumnos regulares. Al respecto, consta de los antecedentes allegados a estos autos que la Contraloría emitió el Dictamen Nº 021272 de 18 de marzo del año en curso titulado: “Sobre la Improcedencia de otorgar la Tarjeta Nacional Estudiantil a Egresados de la Carrera de Derecho”. Este pronunciamiento resuelve una consulta particular de un postulante que extravió su tarjeta TNE y que la JUNAEB no se la renovó. Se trataba de un estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez que solicitó la reposición el 20 noviembre de 2015 y que obtuvo el grado de licenciado en ciencias jurídicas en julio de 2015. JUNAEB no le tramitó la renovación porque estimó que su situación no se ajustaba a la condición necesaria ya que debía mantener la situación de alumno regular por un periodo superior a un mes desde la solicitud, y en éste caso él terminaba la práctica en tres semanas. El dictamen indica que de acuerdo a la ley de presupuesto y lo dispuesto en el decreto N° 20 de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que reglamenta el pase escolar, la JUNAEB ha implementado el programa de Tarjeta Nacional Estudiantil. El artículo 7° del mencionado decreto otorga la liberación o rebaja de tarifa a quienes revistan la calidad de alumnos regulares de educación superior pública y privada, es decir aquellos que cursen estudios dentro de un programa sistemático y estructurado, y en el caso que realicen sus prácticas profesionales o cursen actividades curriculares, estas circunstancias deben ser certificadas por la institución a que pertenecen los beneficiarios. Concluye el dictamen que la exigencia del artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales de realizar una práctica profesional para obtener el título de abogado no es de orden académico, sino un requisito estrictamente legal que no concede la calidad de alumno regular, según criterio establecido en el dictamen 75.742-2010.

12º) Que el Decreto Nº 20 de 18 de febrero de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que dispone el Reglamento del Pase Escolar, establece en su artículo 7º lo siguiente: “Para los efectos de este decreto se denomina Pase de educación Superior al documento a través del cual la Administración acredita la calidad de alumno regular de educación superior Pública y Privada y que permite el traslado para viajes con motivo de estudio, durante el año escolar; y en todo caso durante los demás meses del año, incluidos enero y febrero, en cualquiera de los medios descritos en el artículo 3º de este decreto.” En su inciso segundo agrega: “El Ministerio de Educación, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, fijará los cupos anuales de estudiantes de educación Superior que tendrán derecho a rebaja tarifaria”. El inciso cuarto refiere: “La selección interna de los alumnos beneficiarios corresponderá a cada establecimiento de educación Superior…”

13º) Que corresponde determinar si los recurridos o alguno de ellos han incurrido en un acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal en relación al no otorgamiento o revalidación del Pase Escolar a los recurrentes. En tal sentido, cabe desechar alguna conducta u omisión ilegal o arbitraria de los recurridos Ministerio de Justicia, Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Corporación de Asistencia Judicial, pues tales organismos no son los encargados de entregar, confeccionar o emitir los referidos Pases Escolares, pues ello ha sido entregado al Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo que corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 5 en relación al inciso 2º del artículo 3 del Decreto Nº 20 de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta el Pase Escolar. Que, por otro lado, ha de tenerse presente que si bien la Corporación de Asistencia Judicial, constituye uno de los organismos donde los egresados de derecho cumplen su práctica profesional, tal circunstancia no permite conferirles a tales practicantes la calidad de “alumno regular” en los términos que exige el Reglamento citado; y en cuanto a la acusación de desmedro que les origina esta práctica, ello no puede ser analizado o intentar repararse por esta vía, al constituir dicha práctica profesional una obligación impuesta por la ley para la obtención del título de abogado en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

14º) Que en cuanto a la recurrida Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, tal organismo es a quien le corresponde implementar el programa de tarjeta nacional estudiantil, a fin de entregar a los alumnos la referida tarjeta o Pase de Educación Superior, pues según indica el artículo 3º del Reglamento sobre la materia, las directrices metodológicas sobre la confección y entrega del pase escolar, tales como su soporte, diseño, elementos tecnológicos, de seguridad y vigencia serán determinadas conjuntamente por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sin embargo para el otorgamiento del Pase, es necesario que los alumnos de educación superior que deseen obtenerlo postulen a dicho beneficio en su propia institución. La selección interna de los alumnos beneficiarios corresponderá a cada Establecimiento de Educación Superior, debiendo favorecer a aquellos en situación de desmedro socio-económico, de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Educación, con la participación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en lo que se refiere el uso de la red de transporte público (artículo 7). Conforme a lo anterior, la circular Nº 0846 dictada por la JUNAEB solo viene a aclarar la situación de los estudiantes en práctica y cómo debe procederse a la inscripción de los alumnos que postulen al beneficio, sin que ello pueda estimarse de ilegal o arbitrario, pues quien hace la selección de los alumnos beneficiarios no es JUNAEB sino los establecimientos de educación Superior.

15º) Que, si de acuerdo a lo anterior un Establecimiento de Educación Superior, incorpora en su selección a personas que no detenten la calidad de alumno regular como lo exige el Reglamento del Pase, JUANEB ha sido obligada a reparar en ello y no revalidar el Pase a tales personas, pues tal comportamiento le ha sido ordenado por la Contraloría General de la República en el dictamen 0021272 de 18 de marzo de 2016, que a propósito de un caso en particular, le hizo presente que no correspondía revalidar el pase en situaciones como la expuesta –personas que han perdido la calidad de alumno regular por haber finalizado el programa de estudios- lo que deberá considerar en los futuros procesos de entrega del beneficio. Tal dictamen es obligatorio para JUNAEB de acuerdo al artículo 10 de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría.

16º) Que conforme a lo razonado, la conducta de JUANEB no puede calificarse de arbitraria pues no ha sido el fruto de un capricho o de una conducta irracional sino que ha obrado en cumplimiento de una orden dada por la Contraloría, y tampoco de ilegal, pues sólo ha dispuesto cumplir con el requisito que establece el Reglamento para el otorgamiento del Pase Escolar.

17º) Que en cuanto a la alegación que esgrimen los recurrentes de tratarse de una costumbre el otorgamiento de esta Tarjeta Nacional estudiantil a quienes realizaban la práctica profesional para optar al título de abogado, cabe considerar que la costumbre en materia de derecho público no constituye una fuente de derechos y sabido es que en esta clase de materias solo puede realizarse lo que la ley ordena ejecutar.

18º) Que cabe también consignar que la situación de los recurrentes se verificó cuando intentaron revalidar las tarjetas en el mes de mayo del presente año, y ello era necesario porque ya no tenían la calidad de alumnos regulares para lo cual presentaban certificados de la Corporación de Asistencia Judicial para la renovación del pase, y después de constatar aquello la revalidación no se produjo por haberlo ordenado así la Contraloría General de la República, en cumplimiento al artículo 7 del Reglamento del Pase Escolar, que dispone que, para hacer uso del Pase de Educación Superior, es necesario que el beneficiario tenga la calidad de alumno regular de educación superior pública o privada, requisito que ninguno de los recurrentes cumple dada sus calidades de egresados de la carrera de derecho y que están realizando su práctica profesional. En este sentido, el pretender hacer uso de un Pase Escolar sin cumplir los requisitos que el ordenamiento jurídico dispone para ello, impide considerar respecto de ellos que se trate del ejercicio legítimo de un derecho.

19º) Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de los recurridos, y de la ausencia del ejercicio legítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad invocada por la Corporación de Asistencia Judicial respecto de las actoras nombre reservado y nombre reservado.

II.- Que se rechazan, sin costas los recursos de protección deducidos por los recurrentes individualizados en el primer otrosí de esta sentencia.

Regístrese y en su oportunidad archívense.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol Nº 41.873-2016 No firma el abogado integrante señor López, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala, conformada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda y por el abogado integrante señor José Luis López Reitze. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.