nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Santiago, veintitrés de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 10, comparece don Pablo Ignacio Pino Benavides, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, domiciliada en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento desde sus liquidaciones de sueldo, cuyo pago se encuentra en manos de su empleador “Echeverría, Izquierdo Montajes Industriales S.A.”, cuya casa matriz se ubica en Santiago, de una deuda que considera prescrita, la que debe practicarse por la vía judicial idónea, dado el tiempo transcurrido.

Arguye que el 19 de junio de 2001, la recurrida otorgó un préstamo a su compañero de trabajo nombre reservado, consistente en un crédito de $4.000.000, pagaderos en 60 cuotas mensuales de aproximadamente $115.000, cuyo primer vencimiento correspondía al 31 de julio de 2001 y el último el 30 de junio de 2006.

Refiere que su representado contrajo la obligación de pago de la misma en calidad de aval.

Agrega que el deudor principal sólo pagó las primeras 32 cuotas del referido mutuo, incurriendo en mora desde el 29 de febrero de 2004, y que, en el mes de septiembre de 2009 su empleador, con el objeto de proceder a realizar el pago a la recurrida, descontó desde su liquidación de sueldo el monto correspondiente a la cuota N°33, con vencimiento el día 31 de marzo de 2004, la que a dicha fecha se encontraba prescrita.

Señala que dicho descuento no se volvió a realizar, sino hasta el mes de febrero de 2015, mes en que su empleador recibe una nueva orden de retención respecto de las cuotas pendientes del deudor principal, pretendiéndose el cumplimiento de la cuota con vencimiento el día 30 de junio de 2006.

Indica que el 12 de mayo de 2015 inició un juicio declarativo de prescripción extintiva de las acciones de cobro en contra de la recurrida, el que actualmente se encuentra en tramitación; y que pese a ello, el mes de julio de 2015 se vuelve a ordenar la retención y descuento de su remuneración, de lo que tomó conocimiento el 29 de abril del año en curso, respecto de la cuota N°40 del crédito ya referido, con vencimiento el día 31 de octubre de 2014.

Señala que ignora si se ha perseguido en primer término al deudor principal y que la recurrida, unilateralmente, ha procedido a efectuar las citadas retenciones y descuentos de una deuda que no puede ser cobrada sino por una vía judicial idónea, atendido el tiempo transcurrido.

Reclama como vulneradas por la actuación de la recurrida las garantías constitucionales contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, alegando en síntesis que se conculca su derecho a la propiedad sobre su sueldo y a gozar de aquel en su integridad, a través de una vía que elude la etapa judicial o el procedimiento legal correspondiente.

Pide en definitiva se acoja el recurso y se declare que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno del recurrente, producto del mutuo de dinero ya indicado, y se ordene a la recurrida la restitución de los montos que por dicho concepto le fueron descontados en los años 2015 y 2016, además de los que se le retengan durante la tramitación del presente recurso, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 25, la recurrida procede a evacuar el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

Alega en primer término la inadmisibilidad del mismo, dada la extemporaneidad de su presentación, atendido que el primer descuento que se practicó al recurrente con motivo del mutuo que individualiza, se practicó el mes de septiembre del año 2009 y el arbitrio constitucional fue interpuesto recién el veintisiete de mayo del año en curso.

Sustenta además la inadmisibilidad del recurso en consideración al domicilio del recurrente, el que se ubica en la ciudad de Los Ángeles, sin explicar el compareciente cual es el fundamento por el cual estima competente a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y no a su símil de Concepción, atendido que los efectos del supuesto acto arbitrario e ilegal se habrían producido en la comuna de Los Ángeles.

En cuanto al fondo, señala que tanto la retención y posterior pago de las cuotas ya referidas no revisten el carácter de arbitrario e ilegal, puesto que es la propia ley la que impone dicha obligación tanto respecto de su institución, como del empleador del recurrente, respecto de cuotas sociales impagas.

Señala que el cumplimiento de dicho mandato legal es supervisado por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República, y se remite a lo dispuesto en los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley N°18.833 y 22 de la Ley N°17.322, normas que en lo pertinente imponen la obligación para los empleadores de practicar los descuentos o deducciones en las remuneraciones de sus trabajadores de los dividendos o cuotas sociales que mantengan en favor de las instituciones de previsión social y de enterar dichos descuentos a la entidad respectiva.

Por otra parte expone que no se han vulnerado las garantías constitucionales alegadas, toda vez que fue el propio recurrente quien, en plena disposición de su patrimonio, se obligó con su representada en los términos ya relatados, produciendo los efectos propios de dicha manifestación de voluntad, debiendo aplicarse a su respecto lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil o ley del contrato.

Agrega que el recurso resulta improcedente además, por cuanto a través de su interposición se pretende un pronunciamiento sobre cuestiones de fondo, esto es una eventual declaración de prescripción, máxime si existe entre las partes actualmente un juicio pendiente por las mismas circunstancias.

TERCERO: Que la finalidad de esta acción cautelar no es otra que el resguardo de ciertas garantías fundamentales, a objeto de restablecer el imperio del derecho a raíz de actos arbitrarios y/o ilegales que perturben el ejercicio legítimo de esas garantías. El Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establece para su interposición un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o desde el conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que en la especie, la acción cautelar se interpuso el 27 de mayo de 2016, ubicando el conocimiento del acto atacado- retención y descuento de la remuneración - el 29 de abril de 2016. Sin embargo, de lo expresado por el propio recurrente y de los antecedentes que entrega la causa, la acción en examen resulta extemporánea, porque en definitiva el acto que se reprocha – descuentos remuneracionales mensuales- aconteció por primera vez, en septiembre del año 2009, fecha en la cual tomo conocimiento el recurrente al recibir su liquidación de sueldo, la que daba cuenta que el empleador procedió a descontar cuota de un crédito social al que sirvió en calidad de avalista ( cuota n° 33). En ese contexto el recurso resulta inadmisible en razón de ser extemporáneo, desde que se interpuso vencido con creces el plazo fijado para la interposición del mismo, por el ya referido Auto Acordado. Cabe considerar- tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia - que el plazo para recurrir de protección debe ser objetivo y no puede quedar al arbitrio de las partes, como se pretende en el caso de autos, en que se hace alusión a una nueva retención, correspondiente a la cuota número 40 con fecha vencimiento 31 de octubre de 2014. Estimar lo contrario llevaría a dejar entregado a los particulares o recurrentes la fijación de dicho término, lo que resulta impropio, restando certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes.

QUINTO: Que, en cuanto al otro argumento que se contiene en el recurso, que esta Corte resulta incompetente para conocer de la acción de protección, no es tal, puesto que si bien el recurrente tiene su domicilio en la ciudad de los Ángeles, Octava Región, lo cierto es que la oficina principal de la recurrida se encuentra en Santiago.

SEXTO: Que, lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan en el procedimiento pertinente, a lo que las partes han dado comienzo pues, según lo afirmado por la recurrente –hecho no controvertido- se ha iniciado juicio de prescripción extintiva de acciones de cobro en contra de la Caja de Compensación Los Andes.

Séptimo: Que, consecuentemente, dicho recurso se desestimará por las razones anotadas precedentemente, - inadmisible - sin que sea procedente entrar a analizar el fondo del asunto.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se RECHAZA POR EXTEMPORÁNEO, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 10.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción Ministro (S) Sra. Barrientos Guerrero.

Protección N° 41839-2016.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y la Ministro (s) señora Elsa Barrientos Guerrero.