Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

C.A. de Santiago.

Santiago, doce de octubre de dos mil veintidós.

Proveyendo el escrito folio 7: téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 8: a lo principal y primer otrosí: téngase presente. Al segundo otrosí: por acompañado.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Claudio Quiroga Hinojosa, abogado, e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, venezolano, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Director nombre reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente, garantizados en el artículo 19 en su números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, igualdad ante la ley y el debido proceso, atendida la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud de nacionalización.

Expone que el recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 numeral 3º de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto por el decreto supremo Nº 5142 que versa de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, envió solicitud de Nacionalización, que quedó signada con el código de trámite: 2855043, en fecha 17 de enero de 2020, a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite. Alega que habiendo transcurrido casi dos años a la fecha de la presentación de esta solicitud, el Departamento recurrido no ha pronunciado resolución alguna respecto a su Solicitud de Nacionalización del recurrente.

Precisa que los únicos avances que ha presentado la tramitación de esta solicitud, fue en primer lugar, realizado con fecha 15 de abril del año 2020, fecha en la cual el Departamento de Extranjería y Migración le informó al recurrente que, su solicitud de Nacionalización había avanzado a etapa de análisis, en virtud de lo dispuesto en la normativa precedentemente citada.

Luego, agrega que el 01 de diciembre de 2020, el DEM le informó al recurrente que debía proceder al “pago de derechos” correspondiente a su carta de nacionalización, otorgándole un plazo de 30 días para efectuar dicho trámite. Habiéndolo realizado, al día de hoy se encuentra sin respuesta a su solicitud y sin un pronunciamiento de parte del Departamento recurrido.

Señala que esta demora le ha traído perjuicios tales como no obtener respuesta a la fecha del Departamento de Extranjería y Migración sobre su Solicitud de Nacionalización.

Explicita que el recurrente se ha esforzado por mantenerse dentro de nuestro país, contando actualmente con trabajo estable.

Sobre el Derecho, hace referencia al trámite de solicitud de nacionalización, conforme a lo establecido en el artículo 10 Nº3 de la Constitución Política de la República. Ahonda de acuerdo a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 5142, citando sus artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º, afirmando que el recurrente cumple con todas aquellas circunstancias, correspondientes a tener más de cinco años de residencia en el territorio de la República, además de ser titular del permiso de permanencia definitiva desde el año 04 de septiembre del año 2012, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta Nº 92320.

Destaca que las solicitudes de carta de Nacionalización se realizan mediante la página web https://www.extranjeria.gob.cl/nacionalizacion, como hizo el recurrente, además de cumplir con todos los requisitos adicionales en su solicitud, los que son informados mediante esta página web.

Razona que si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Nacionalización presentadas, en caso de rechazarlas debe fundamentar estas decisiones de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, enfatizando la necesidad de motivación.

Se remite también a la sujeción del procedimiento a las bases de los procedimientos administrativos, debiendo el DEM ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental. Cita los artículos 4º, 7º, 14, 17 a), 27 y 41 inciso cuarto de la ley 19.880. A su vez, expresa que lo expuesto en los hechos configura además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad, establecido en el artículo 16 de la mencionada ley. Agrega que el fundamento de la decisión debe cumplir el principio de imparcialidad, conforme al artículo 11 de la ley en comento.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, sostiene que en el presente caso la recurrida ha infringido la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables les fue otorgada la Nacionalidad, y al recurrente a la fecha aún no se ha realizado la respuesta ante su solicitud. Menciona, asimismo, el numeral 3º del citado artículo, relativo al debido proceso en el ejercicio de los derechos, que consagra “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.”

Precisa que el acto ilegal y arbitrario corresponde a la presunta notificación a través de la cual la solicitud de nacionalización del recurrente fue recepcionada pero no resuelta, de manera arbitraria e injustificada, conculcando sus garantías constitucionales, específicamente de Igualdad ante Ley, esto es, su derecho de no ser tratado en forma desigual, y, por tanto, a no ser discriminado arbitrariamente en la tramitación de su solicitud, siendo que ha cumplido con todos los requisitos exigidos.

Conforme a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicito condenar al Departamento de Extranjería y Migración a:

En concreto, pide se acoja el recurso y ordene al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad resolver la solicitud de Nacionalización del recurrente, y que se le otorgue sin más demora al recurrente, la Nacionalización solicitada, o las medidas que se consideren más pertinentes.

Segundo: Que, evacuando informe doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mandataria judicial del Director de dicho Servicio don nombre reservado, solicitó el rechazo de la acción constitucional deducida.

Indica que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, aduce como antecedentes de hecho que mediante Resolución Exenta N° 92.320 de fecha 04 de septiembre de 2012 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó permiso de permanencia definitiva al extranjero recurrente.

Luego, que mediante los canales digitales, con fecha 17 de enero de 2020 el extranjero en mención solicitó carta de nacionalización ID TRAMITE 2855043.

Señala que mediante Comunicación Electrónica N° 2855043 de fecha 14 de abril de 2020, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó al extranjero que su solicitud avanza de etapa de análisis, y que mediante Comunicación Electrónica N° 10582237 de fecha 01 de diciembre de 2020, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó al extranjero que se solicita el pago de derechos correspondientes a su solicitud de carta de nacionalización, con el objeto de continuar con la tramitación de su solicitud. El recurrente pagó la orden de giro el día 25 de febrero de 2021.

Culmina indicando que su solicitud se encuentra en trámite, específicamente en análisis calificatorio II.

En cuanto al Derecho, se remite al artículo 10 Nº 3 de la Constitución Política de la República, como también al artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, y 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966.

Alude a los requisitos para solicitar la carta de nacionalización, conforme al D.S. N°5.142, y que remitidos los antecedentes a los que se refiere el artículo 4° de dicho cuerpo normativo, estos serán evaluados por la autoridad administrativa, quien determinará si es procedente que sea otorgada la gracia solicitada. En caso de ser rechazada, se deberá dictar el correspondiente acto administrativo fundado.

Reitera que en la actualidad la solicitud del recurrente se encuentra en tramitación, así como también que el recurrente actualmente se encuentra completamente regular en el país, ya que cuenta con permiso de permanencia definitiva vigente.

Agrega que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Añade que tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de esta Iltma. Corte de Apelaciones, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir el recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

Finalmente, enfatiza que no existe ninguna diferencia arbitraria ni ilegal respecto del recurrente, siendo regular su residencia en el país y encontrándose la solicitud pronta a ser resuelta ser resuelta por la autoridad correspondiente, habiendo su parte emitido el pronunciamiento respectivo a la solicitud. Indica que aquel es titular de permiso de permanencia definitiva, por tanto puede realizar cualquier actividad lícita en el país, e incluso ingresar y salir del territorio nacional, concliuyendo que no existe acción u omisión arbitrario o ilegal por parte de la recurrida que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales alegadas, toda vez que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

De acuerdo con lo expresado, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Tercero: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en la decisión a la solicitud de nacionalización de la parte recurrente, la que fue presentada ante la recurrida el 17 de enero de 2020.

Quinto: Que, de conformidad a los antecedentes allegados en el recurso y en particular, lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, consta que la actora realizó su petición de nacionalización en el mes de enero de 2020. No obstante, a la fecha han transcurrido más de 33 meses sin haberse emitido un pronunciamiento final respecto a dicha solicitud.

Lo anterior, da cuenta de una vulneración al principio de celeridad contemplado en el artículo 7° de la Ley N°19.880, que señala que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”

En ese sentido, se advierte que la demora en la tramitación de la solicitud deviene en un acto arbitrario que debe ser subsanado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de don nombre reservado y en contra de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a objeto de restablecer el imperio del derecho, sólo en cuanto, se ordena a la autoridad recurrida, dar curso a la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, dentro del plazo de 30 días hábiles, adoptándose una decisión definitiva sobre el particular.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-41823-2021.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por la Ministra señora Paola Danai Hasbun Mancilla, el Ministro (S) señor Sergio Guillermo Cordova Alarcon y el Abogado Integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.