nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en nombre de don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar de sus remuneraciones un crédito social que se paga mediante la retención de cuotas en su remuneración, excediendo sus atribuciones, y cuya acción de cobro se encuentra prescrita.

Expresa que el recurrente trabaja como Especialista en Control de Documentos Senior, ingresando a dicho establecimiento el día 10 de mayo de 2021 y, que al momento de recibir su remuneración del mes de octubre de 2022, dentro de los emolumentos de Descuento Previsionales, advierte un descuento automático informado por la Caja de Compensación Los Andes por la suma de $ 299.983, desconociendo el motivo de dicho descuento, toda vez que no había contratado ningún crédito social con la aludida Caja de Compensación.

Indica que al concurrir a las oficinas de la recurrida se le informó que el descuento procedía respecto a dos pagarés: Nº de Crédito: 101603374 y Pagaré Nº de Crédito: 102166271, por un monto de $4.914.097 y $3.515.060 respectivamente, otorgados el año 2016.

Afirma que con su actuar la recurrida priva al recurrente de la Garantía reconocida en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, lo que lo obliga a iniciar un juicio ejecutivo de obligación de dar, a través de los tribunales de justicia.

Agrega que encontrándose prescrita la acción para el cobro de la obligación la única posibilidad de obtener el pago de una obligación natural, es mediante un acto voluntario del deudor.

Invoca el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al derecho de propiedad.

Termina solicitando acoger la presente acción y declarar que la recurrida no puede realizar las retenciones en las remuneraciones del recurrente, ya que dicha actuación se aparta de sus atribuciones; que la recurrida debe proceder a la devolución de las retenciones de los dineros de los meses en que se practicó la retención y de todos los descuentos que se produzcan en lo sucesivo mientras se encuentra en tramitación este recurso; que se declare que el cobro por vía de retención efectuada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes es un acto ilegal y arbitrario que priva al recurrente de su derecho de Propiedad, el que se encuentra garantizado y protegido en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Constitución Política de la República, respecto a sus remuneraciones y las demás providencias que esta Corte estime pertinentes, con costas.

Se acompaña liquidación de sueldo del recurrente, correspondiente al mes de noviembre de 2021, en que constan 2 descuentos por préstamo a CCAF Los Héroes, por las sumas de $145.029 y $154.95; y, Certificado de Antecedentes Comerciales de 10 de febrero de 2021, en que constan cuotas morosas desde el 31 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017, cuyo emisor es CCAF Los Héroes.

SEGUNDO: Que por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informó el abogado Matías Amigo García, solicitando el rechazo de la acción, dando cuenta que los créditos del recurrente con dicha entidad se encuentran totalmente cancelados, correspondiendo a la operación de crédito código 025CON101756092 por un capital inicial de $4.679.375 y su reprogramación por la suma de $3.411.201.

Indica que del informe comercial acompañado en autos, se observa que el crédito social objeto del presente recurso, no tiene acreencia por Caja Los Andes, sino que el acreedor correcto es Caja Los Héroes.

TERCERO: Que habiéndose solicitado informe a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, éste fue evacuado por el abogado Manuel Saavedra Ubilla, solicitando el rechazo del recurso, con costas, y explica que el recurrente solicitó dos créditos sociales, el primero N°101603374, cursado por un monto capital de $4.914.097.-, pagaderos en 49 cuotas de $145.029.- cada una, salvo la última que asciende a $145.003, de las cuales ha pagado 29, encontrándose impagas las 20 restantes. En cuanto al segundo crédito social, N°102166271, fue cursado por un monto capital de $3.515.060.-, pagaderos en 36 cuotas de $154.954.- cada una, salvo la última que asciende a $154.941, de las cuales ha pagado 19, encontrándose impagas las restantes 17. La suma de ambas cuotas asciende al monto de $299.983.

Expone que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social, por lo que, no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que, por el contrario, se trata de una actividad absolutamente apegada a derecho que tiene como finalidad la obtención del pago de lo que se le adeuda.

Sostiene que una de las acciones corresponde a la que nace del pagaré, la mencionada acción cambiaria, y la otra, que nace del contrato de mutuo. En este caso, la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092. La doctrina sostiene que dicha sanción opera para el portador pormenorizadamente, es decir, cuota por cuota.

Refiere que en la especie no ha habido un tribunal que declare la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo.

Hace presente que el 15 de abril de 2013, las CCAFs suscribieron el convenio denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, el que constituye un mandato y prestación de servicios, cuyo objeto es acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas que hubieran perdido la calidad de afiliados de la respectiva entidad y estén incorporados a otra Caja de Compensación de Asignación Familiar.

A fin de justificar la legalidad del cobro, invoca doctrina de la Dirección del Trabajo, Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social y jurisprudencia de esta Corte, de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia y Concepción y de la Excma. Corte Suprema.

Acompaña a su informe copias de las solicitudes de crédito del recurrente.

CUARTO: Que previamente es necesario hacer presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEXTO: Que los hechos descritos en el recurso y, en particular sus peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por esta vía, atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que la controversia existente no dice relación con derechos indubitados o preexistentes que deban ser protegidos.

Es más, la devolución pedida por la recurrente no puede satisfacerse a través de esta acción, ni tampoco puede determinarse el monto, sino que ello debe ser debatido y probado en el procedimiento judicial que corresponda, por cuanto existe controversia al respecto.

Por ende, no existiendo un derecho indubitado de la recurrente que pueda ser tutelado por esta vía, esta Corte no puede adoptar ninguna medida al respecto, debiendo ser rechazado el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto pen favor de don nombre reservado en contra Caja de Compensación Familiar de Los Andes y Caja de Compensación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 41765-2021.- Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y la Abogado Integrante señora Sandra Paula Ponce De Leon Salucci.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.