nombre reservado con UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Néstor Mauricio Pérez Aguayo, por 20 minutos; y contra el mismo, la abogado doña Paulina Fuentes Fuentealba, por 20 minutos. Santiago, 5 de agosto de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil diecinueve.

Proveyendo al folio 22: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Néstor Mauricio Pérez Aguayo, psicólogo en formación, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien presenta acción de protección en contra de la Universidad Santo Tomás, representada por su rector don nombre reservado, ignora profesión; en contra de dicho Rector como persona natural; de don nombre reservado, ingeniero, ex –nombre reservado, de doña nombre reservado, ignora profesión, Decana de la Facultad de Psicología de la sede; de don nombre reservado, ignora profesión, Director Académico de la sede y de doña nombre reservado, Psicóloga, Directora de la Escuela de Psicología de la sede, todos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos, al privar, perturbar y amenazar con estas acciones, derechos garantizados constitucionalmente.

Pide se ordene a la Universidad Santo Tomás y autoridades recurridas, la prosecución inmediata de la tramitación y substanciación del sumario administrativo iniciado en contra del docente don nombre reservado hasta su total conclusión, por las denuncias realizadas por el recurrente por maltrato psicológico, acoso estudiantil, hostigamiento académico, abuso de poder, prácticas anti éticas y reprobación arbitraria de la asignatura de Intervención Clínica II, de acuerdo a las normas, reglamentos y códigos establecidos por la universidad Santo Tomás; y que se ordene a la Universidad Santo Tomás y autoridades recurridas, la aplicación al actor, de la misma solución de aprobación de la asignatura implementada por los recurridos para el caso del estudiante don nombre reservado.

Funda su pretensión cautelar señalando que la Universidad Santo Tomás ha incurrido permanentemente hasta la fecha en un atraso injustificado en la sustanciación del sumario administrativo a raíz de las denuncias por maltrato psicológico, acoso estudiantil, hostigamiento académico, abuso de poder, prácticas anti éticas y reprobación de una asignatura sin mérito, cometidas por el docente don nombre reservado, psicólogo, titular de las cátedras de ética profesional e intervención clínica, en la persona del recurrente, actos que fueron cometidos mientras fue profesor de la asignatura de Intervención Clínica II y concluyeron con la reprobación arbitraria e ilegal de la asignatura mencionada, en un proceso de evaluación absolutamente viciado.

Sostiene que este retraso en la sustanciación del sumario administrativo significa para el recurrente una dilación en su proceso de titulación, tras mantenerlo en un status quo de incertidumbre, ya que no se ha podido avanzar en la acreditación de la denuncia y la falta de mérito para la reprobación de la asignatura de Intervención Clínica II, lo que le impide solicitar hora para la defensa de tesis, demorando innecesariamente su egreso de la carrera y la consecuente titulación de psicólogo.

Estima que la demora obstaculiza dolosamente su derecho a demostrar la veracidad de las denuncias y la ilicitud en la reprobación de la asignatura, por medio de la declaración en el sumario, ya que jamás fue citado, así como el ofrecimiento y la rendición de pruebas, solicitud de careos y la realización de cualquier actividad tendiente a ejercer sus derechos para acceder a un racional y justo procedimiento de parte, manteniéndose una absoluta complicidad al respecto, facilitando procesos de impunidad frente a conductas que de acuerdo al reglamento académico son repudiables. En efecto, en junio de 2018 - tan pronto se generaron los episodios anómalos del docente, el recurrente puso en conocimiento por escrito a la Directora de la Escuela de Psicología doña nombre reservado, todos los antecedentes denunciados y esta autoridad nada hizo, quedando de manifiesto su predisposición adversa ante su denuncia, dejando en la indefensión al estudiante denunciante.

Expone que en el mes de julio del 2018 solicitó una reunión con la Decana de la Facultad doña nombre reservado, a quien le informó por escrito los hechos denunciados, quien levantó un acta de lo denunciado y le informó que dada la gravedad de los hechos, se iniciaría un sumario en contra del docente, el cual sería resuelto a más tardar, en 30 días hábiles y hasta el día de hoy nada de ello ha ocurrido. Luego, en julio de 2018, solicitó una reunión con el Director Académico don nombre reservado, quien solo lo recibió un mes después y luego de reproducir la misma denuncia por escrito no obtuvo respuesta y a partir de agosto de 2018 el recurrente ha intentado obtener una audiencia con el rector don nombre reservado, quien no lo ha recibido, negándosele el derecho que tiene cualquier estudiante de ser escuchado y recibido por él, y obviamente jamás recibió una respuesta sobre el resultado del sumario llevado adelante en contra del docente. Solo el 24 de abril de 2019, por intermedio de una carta suscrita por el actual nombre reservado don nombre reservado, se le envía una carta que en nada hacen referencia al estado y avances del sumario administrativo incoado, desentendiéndose otra vez de la cuestión principal de mi solicitud, dejando de manifiesto su nulo interés en aplicar los procedimientos auto reguladores que ellos mismos se han impuesto para estas materias.

Explica que en el artículo 59 del reglamento se señalan las autoridades llamadas a intervenir en estas materias y el código de ética especialmente en sus capítulos VI y VII, prohíben y sancionan expresamente las conductas denunciadas. Así, en el capítulo VI se señalan las normas éticas a las cuales deben someterse sus docentes al relacionarse con los alumnos, los deberes y prohibiciones que les afectan, y en el capítulo VII se regula el proceso para denunciar las infracciones al estatuto ético, que en su letra B, referida al proceso investigativo, señala: “Recibida la denuncia, se iniciará un proceso reservado de investigación que será realizado por el Comité de RR.HH. Dicha investigación tendrá por objeto verificar la autenticidad de la denuncia y las circunstancias en las cuales se hubiese producido el hecho objetable. La denuncia recibirá una atención expedita, profesional y confidencial, permitiendo que todos los involucrados en ella puedan ser oídos, y puedan defenderse de los cargos imputados, proporcionando las pruebas y antecedentes que estimen pertinentes y con pleno respeto a la dignidad de la persona humana. La investigación se iniciará con la información proporcionada por el denunciante respecto de la eventual inobservancia que se acusa, y la correspondiente solicitud de presentación de sus cargos, etapa a partir de la cual la autoridad investigativa, si considera que existen méritos para iniciar una investigación, recabará toda la información que considere oportuna para dicho objeto. En esta etapa el denunciado, en caso de encontrarse individualizado, proporcionará todos los antecedentes y descargos que sean pertinentes. La investigación deberá concluir en un plazo de 30 días contados desde su recepción, con un informe por escrito que determine si ha existido o no una infracción al Código de Ética, además de las medidas que se propongan para evitar la repetición de las mismas así como también las sanciones determinadas por las infracciones cometidas. Las conclusiones del informe serán puestas en conocimiento de todos los involucrados”.

Cita una sentencia de la E. Corte Suprema en causa rol 8109-2016, estimando que existe afectación entonces, de las garantías contenidas en el Nº 2, 3 y 24 del art. 19 de la Carta Fundamental.

En lo que respecta a la garantía contenida en el Nº 2 inciso final del art. 19 de la Carta Fundamental, señala que los recurridos estarían aplicando un criterio particular de obstrucción a la investigación frente a un sumario administrativo, que no está contenido en la normativa aplicable, y menos aún es un criterio que se haya aplicado en casos similares, donde por el contrario, ha habido sumarios administrativos tramitados legalmente. De hecho, el propio recurrente fue absuelto de un sumario administrativo llevado adelante en fecha posterior al del presente recurso, tramitado y concluido como se ha dicho, con la absolución de los cargos a la recurrente.

En relación con la garantía contenida en el Nº3 del art. 19 de la Carta Fundamental, referida al debido proceso, el Código de Ética de la Universidad Santo Tomás establece un proceso administrativo para el caso de infracciones a dicho cuerpo normativo, regulado en su Título VIII, sin que se haya respetado tal reglamentación, quedando impedido para ejercer cualquier derecho tendiente a acreditar su denuncia, tales como el derecho a probar.

En lo que respecta a la garantía del Nº 24 del art. 19 de la Carta Fundamental, de acuerdo al artículo 1° de la ley 21.091 sobre educación superior, “la educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; Asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Estima que la educación superior es un derecho, y en su condición de estudiante de la Universidad Santo Tomás, el recurrente tiene derecho de propiedad sobre su calidad de alumno, así como a titularse, salvo que existieran infracciones reglamentarias - las cuales no existen en este caso.

Expone que con posterioridad a la denuncia que hiciera en contra del docente, en enero de 2019, dicho docente fue denunciado por otro estudiante de la asignatura de Intervención Clínica ante la Directora de la Escuela de Psicología, la que refería maltrato psicológico, presión para suscribir una carta de retiro de la carrera, vicios en el proceso de reprobación de intervención clínica, y otras prácticas antiéticas, siendo reprobado sin mérito en la asignatura de intervención clínica, sin que se haya tramitado la denuncia y obviando todos los conductos regulares implementados por la universidad, la Directora de la Escuela le ofreció un acuerdo al alumno a cambio de silenciar el nuevo escándalo que involucraba al docente maltratador, dándole la aprobación de la asignatura de intervención clínica por la cual había sido reprobado por el cuestionado docente y para ello, modificó las notas de la asignatura reprobada, aumentándolas lo suficiente para que pudiera aprobarla, bajo el subterfugio de que el docente había cometido un error al reprobarlo, de lo que se enteró, pues en su condición de abogado asistió e intercedió en favor de dicho alumno, llegando incluso ante los tribunales de justicia.

Sostiene que existiendo similitudes entre ambos casos el recurrente solicitó a la Universidad Santo Tomás que se aplicara el mismo criterio de solución implementado a propósito del estudiante referido y el 24 de abril del 2019, el actual nombre reservado don nombre reservado, mediante carta escrita rechazó tal petición, por lo que estima que en este hecho existe afectación de las garantías contenidas en el Nº 2 y 24 del art. 19 de la Carta Fundamental. En lo que respecta a la garantía del Nº2 del art. 19, el actuar de los recurridos priva, perturba y amenaza el derecho de igualdad ante la ley, ya que tratándose de casos similares la Universidad, selectiva y discrecionalmente, han decidido aplicar criterios de solución diametralmente opuestos, sin ningún criterio de razonabilidad a la base.

Señala que la presente acción constitucional de protección ha sido presentada dentro del plazo ya que el 24 de abril del 2019, el recurrente fue informado por escrito del resultado de todas sus peticiones.

Adiciona que además de ilegal, la conducta de la recurrida resulta ser arbitrario por cuanto sustenta y promueve corporativamente políticas de desprecio frente a hechos graves que afectan a sus estudiantes; reproduce en un sesgo de intolerancia frente un tipo de estudiantes, pero no respecto de otros, a quienes si favorece; no aplica sus procedimientos sancionatorios ante hechos graves denunciados; levanta defensas corporativas irracionales sin sustento en un debido proceso, recurriendo a vías de hecho para no investigar denuncias.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la respuesta del rector de la Universidad Santo Tomas, de 24de abril de 2019, dada a la solicitud de la recurrente respecto al estado del sumario administrativo en contra del docente don nombre reservado, así como a la solicitud de la aplicación de la misma solución dada al estudiante don nombre reservado; 2. Copia de la denuncia realizada por el recurrente al ex nombre reservado; 3. Copia de denuncia realizada por don nombre reservado en contra del docente nombre reservado; 4. Copia de denuncia en contra del docente nombre reservado, realizada por el recurrente a la Directora de la Escuela de Psicología; 5. Copia de denuncia realizada por el actor ante la decana de la facultad de psicología; 6. Copia de la primera respuesta a la denuncia dada por la decana de la facultad de psicología; 7. Copia de la segunda respuesta a la denuncia dada por la decana de la facultad; 8. Copia de la tercera respuesta a la denuncia dada por la decana de la facultad de psicología; 9. Copia de la denuncia realizada por el recurrente ante el Director Académico; 10. Copia de la respuesta a la denuncia, dada por el Director Académico; 11.m Copia de la solicitud de la aplicación de la misma solución dada al estudiante don nombre reservado, realizada por el recurrente a la Directora de la Escuela de Psicología; 12. Copia de solicitud de reunión con el ex nombre reservado.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña Paulina Fuentes Fuentealba, abogado, por los recurridos Universidad Santo Tomás, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el recurrente, por cuarta vez, interpone acción de protección en contra de mi representada y de las autoridades académicas, a base de los mismos hechos y circunstancias que se han venido discutiendo en sede jurisdiccional desde agosto de 2018, con el único objeto de desacreditar a la Universidad Santo Tomás y, de paso, intentar aprobar, por “la vía judicial”, una asignatura de la cual fue correctamente reprobado, según lo ha declarado expresamente esta Iltma. Corte y la E. Corte Suprema.

Precisa que este es el cuarto recurso de protección que el alumno nombre reservado deduce en contra de Universidad Santo Tomás, cuyo objetivo, al igual que en los procesos anteriores, es obtener una declaración en el sentido de que se ordene a la Universidad Santo Tomás aprobar la asignatura de Intervención Clínica II, o elevar algunas calificaciones parciales, de forma tal que calculado el promedio de estas notas, pueda obtener la nota mínima de aprobación. Los recursos anteriores corresponden a los roles 59.768-2018; 79.259-2019; y 79.267-2018, siendo rechazadas las dos primeras acciones y la tercero se omitió pronunciamiento, por ser de idéntico tenor al segundo recurso. El primer recurso ha sido confirmado por la E. Corte Suprema, mientras que el segundo, se encuentra pendiente para la cuenta de admisibilidad por el máximo tribunal.

Agrega que en el Recurso de Protección N°79.259-2018 el alumno manifestó su disconformidad porque las autoridades de Universidad Santo Tomás no habían dado respuesta a sus reclamos por estas supuestas prácticas abusivas del docente nombre reservado, en el mes de noviembre del año 2018 y por ello, el actual recurso no contiene una discusión de un tema nuevo, sino algo que ya había sido analizado por esta Corte y que hoy se encuentra ante la E. Corte Suprema bajo el Rol N°13.546-2019.

Conforme a lo anterior, alega la extemporaneidad de la presente acción, señalando que el recurrente pareciera fijar como fecha del acto ilegal y arbitrario, una carta, enviada por el actual nombre reservado Santiago, don nombre reservado, de 24 de abril de 2019, pero precisa que la citada carta, sólo es una más de las reiteradas respuestas que Universidad Santo Tomás le ha entregado al recurrente, y que hoy, de modo antojadizo, utiliza para intentar justificar un acto ilegal y arbitrario, pese a que la Universidad Santo Tomás le ha dado variadas respuestas a su correo electrónico y además a esta Corte, al informar en los recursos de protección anteriores.

Expone que resulta claro que al menos, desde el 23 de noviembre de 2018 o bien desde el 19 de marzo de 2019, el alumno se encontraba en posición de deducir la presente acción de protección, por lo que la misma es abiertamente extemporánea.

Afirma que el actuar de los órganos de la Universidad Santo Tomás se apega estrictamente a la legalidad y no adolece de arbitrariedad, ya que en el mes de junio de 2018, el recurrente fue informado de sus calificaciones obtenidas en el diseño de la Intervención Grupal (2.2) y en la Implementación de la Intervención Grupal (1.0). Como el actor no estuvo de acuerdo con la evaluación realizada por el equipo docente, solicitó ser recibido personalmente por la Coordinadora del Programa, la docente señora nombre reservado, a fin de revisar en conjunto los antecedentes de dichas calificaciones, reunión que se llevó a efecto el 15 de junio de 2018. En esa reunión, y revisado los antecedentes, la señora nombre reservado le señala al recurrente que el proceso de evaluación ha sido correcto desde el punto de vista formal y técnico, por lo que no hay motivo para modificar las notas en cuestión.

Agrega que la Directora de Escuela procede, una vez más, a efectuar una revisión de los antecedentes y constata que el “Diseño de la Intervención Grupal” entregado por el recurrente no corresponde al evaluado, ya que esta nueva versión contiene diferencias con el que texto original que se evaluó en su momento y debido a lo anterior, se citó a una reunión al actor, a la que se le pide que asista la Coordinadora señora nombre reservado, la que se celebró el 28 de junio donde se le hizo presente al recurrente que el documento que adjuntó a la carta en que solicitó su re-corrección no fue el originalmente evaluado y el estudiante reconoce el hecho y se le aclara que se mantiene la nota obtenida.

Por otra parte, se revisa la “rúbrica de evaluación de la intervención grupal” y se detectan ciertas 6 actuaciones del estudiante en práctica que se califican como “faltas éticas” (ejemplo: no dar contención a un participante del grupo que se encuentra en una situación de crisis emocional o utilizar una técnica de trabajo que no se domina), lo que permite concluir que la nota 1.0 con que se evaluó la implementación de la intervención grupal se ajusta a parámetros objetivos.

Agrega que el 25 de julio de 2018 y habiéndose agotado las instancias de re-corrección de sus calificaciones de la asignatura de Intervención Clínica II, el Sr. nombre reservado envía un correo electrónico a la Decana de la Facultad, para denunciar situaciones de hostigamiento y amedrentamiento por parte de uno de los Docentes de Intervención Clínica II, nombre reservado y e razón de los hechos denunciados, las autoridades académicas solicitaron un informe a la Sra. nombre reservado, respecto de la situación del estudiante, a fin de establecer si existía un sustento real de los hechos que le imputaba al profesor nombre reservado. Por medio de correo electrónico de 1 de agosto de 2018, la Directora de la Escuela de Psicología, emite un informe contundente, explicando que el alumno fue correctamente reprobado y que no existen antecedentes que den cuenta de la veracidad de las conductas que el alumno le imputaba al Docente, no existiendo fundamento plausible para estimar que el alumno fue calificado injustamente por el Profesor y por ende, mérito suficiente para iniciar una investigación disciplinaria por supuesta infracción al Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, que es precisamente la normativa aplicable para este tipo de materias y no el Código de Ética, tan citado por el recurrente.

Expone que la recurrida consideró que los hechos denunciados por el actor no tenían fundamento plausible suficiente para iniciar una investigación disciplinaria en contra del Profesor nombre reservado.

Precisa que, no obstante ya ser fallado en esta misma sede, el recurrente insiste en que no habría sido evaluado de forma justa, objetiva y racional en la asignatura de Intervención Clínica II, lo que vulneraría sus derechos constitucionalmente consagrados en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución. El fundamento de este “injustificado odio” sería la supuesta circunstancia de haber requerido el docente al actor, que es abogado, consejo para concluir de común acuerdo un proceso de violencia intrafamiliar, donde reconoce el recurrente haber aconsejado al docente y haber concluido exitosamente dicho proceso. Es más, tan poca incidencia habrían tenido estas cuestiones que el recurrente luego eligió cursar las asignaturas en cuestión con ese mismo docente. Sin embargo, el recurrente construye una supuesta enemistad que se habría originado en el hecho que “el entorno” de don nombre reservado supuestamente se habría enterado de su situación judicial y habría tomado represalias en su contra.

El problema de esta versión es que los hechos no ocurrieron de esa forma y tampoco no son lógicos. En efecto, en febrero de 2017, el docente nombre reservado, sabedor que el recurrente es abogado, le consultó, mucho antes de fuera alumno suyo, en relación con un procedimiento judicial que éste y su expareja habían iniciado ante Carabineros de Chile por violencia psicológica y que ambos no deseaban continuar. El recurrente se limitó a informarles que si no ratificaban la denuncia el proceso se archivaría y ese fue todo el consejo legal del recurrente al docente. La denuncia no fue ratificada por el Sr. nombre reservado ni por su pareja y el proceso se archivó, sin que hubiera habido representación judicial del docente por parte del recurrente, ni pago de honorarios.

Indica que en el segundo semestre de 2017, el recurrente inscribió el ramo de Intervención Clínica I precisamente con el docente nombre reservado, quien aprobó dicha asignatura sin contratiempo ni reclamo alguno. Luego, el primer semestre del año 2018, el recurrente se inscribió nuevamente con el referido docente para la asignatura de Intervención Clínica II, quien no aprobó. Hace presente que el recurrente en su primer recurso de protección, nunca cuestionó las evaluaciones del curso, ni las atribuye a la odiosidad del profesor, sino que se queja del sistema de ponderación de las distintas notas, pero las calificaciones obtenidas son el fiel reflejo de su desempeño en la asignatura no siendo el caso que haya existido ninguna animosidad en su contra por parte del docente nombre reservado, teniendo presente que, además, en la evaluación del recurrente intervinieron 4 docentes más. De modo que no es posible atribuirle sólo al señor nombre reservado las calificaciones que cuestiona el señor nombre reservado.

En relación con la petición de dársele un trato igualitario al alumno nombre reservado, sostiene que dicha situaciones no son asimilables, ya que el 1 de febrero de 2019, bajo el Rol N°8082-2019 el actor, actuando como abogado, en representación de su amigo y compañero de carrera don nombre reservado, dedujo un recurso de protección en contra de la Universidad Santo Tomás, nombre reservado, Directora de la Escuela de Psicología, nombre reservado, Profesor del ramo Intervención Clínica I y de nombre reservado, Director Académico, cuyo objeto es obtener una declaración de carácter académico, específicamente que se ordene la “aprobación del estudiante recurrente son nombre reservado en la asignatura de Intervención Clínica I”. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, el problema de este alumno ya había sido solucionado, quien aprobó la asignatura de Intervención Clínica I, con un promedio de 5,1, tal como consta en su ficha curricular y si bien existió un mal entendido con las calificaciones de dicho alumno, ello no es producto de una evaluación subjetiva y caprichosa del Profesor nombre reservado, sino que se debió a una confusión de uno de los dos profesores de la asignatura de Intervención Clínica I.

Señala que lo extraño de esta situación, es que el 30 de enero, un día antes de la presentación del recurso, el Sr. nombre reservado envió un correo electrónico a la Profesora nombre reservado, solicitando que se aplicará la misma solución que a su compañero nombre reservado y el 19 de marzo último, la Directora de la Escuela de Psicología respondió el correo electrónico del Sr. nombre reservado, indicándole que “En cuanto al segundo punto de su solicitud, referida a la similitud de su situación académica con la de don nombre reservado, le puedo mencionar que no existe tal similitud y por tanto no es posible acceder a su petición.

Reclama que del análisis del petitorio del recurso, no vislumbra cómo éstas resultan compatibles entre sí, o se encuentran vinculadas, ya que no se explica cómo la realización de una investigación disciplinaria en contra del Docente nombre reservado traería como consecuencia que el actor apruebe una asignatura en la cual obtuvo calificaciones deficientes y por qué tal circunstancia es similar a la del Alumno nombre reservado, con quien se cometió un error administrativo.

Expone que el recurrente es el abogado del Sr. nombre reservado y conoce las particularidades de dicho caso, pero no se toma la molestia de explicar el vínculo entre ambos casos, porque simplemente no existe tal vínculo ni mucho menos similitud en ambas situaciones.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida, conviene precisar que, realizado el debido ejercicio comparativo entre las acciones promovidas en los autos rol ingreso Corte N°Protección 59.768-2018; 79.259-2018; y 79.267-2018, esta Corte puede advertir que los hechos sobre los cuales descansan dichas acciones son exactamente los mismos y tienen los tres últimos arbitrios una similar causa de pedir.

La maniobra desplegada por el actor tendiente a hacer renacer el plazo de caducidad establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se hizo consistir en una respuesta propiciada por el propio recurrente, con la finalidad de insistir en la tramitación de un sumario que la autoridad universitaria ha desestimado en todas y cada una de las instancias promovidas por el actor.

Séptimo: Que, en consecuencia, concordando con lo planteado por la recurrida, el actor ha tomado conocimiento, en tanto acto terminal de la Universidad de no realizar el sumario pretendido, a lo menos el 23 de noviembre de 2018, con ocasión del informe evacuado por la recurrida en los autos rol Ingreso Corte N°79.259-2018, donde explícitamente se le señaló cuál sería su situación académica definitiva; o bien, el 19 de marzo de 2019, fecha en la cual recibió un correo electrónico, no objetado de contrario, que lo emitió doña nombre reservado al recurrente, informando sobre la situación de investigación disciplinaria seguida en su contra, en lo que se le explicó la razón por la cual su situación académica no era asimilable a la del alumno nombre reservado.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que las peticiones que se formulan a esta Corte por medio del arbitrio intentado, resultan del todo improcedentes, por cuanto es inadmisible pretender que por la vía jurisdiccional se ejerzan facultades que son inherentemente académicas y privativas de la Universidad, como las que derivan de la evaluación y posterior aprobación de una asignatura en la cual el actor ha sido reprobado.

A mayor abundamiento, los hechos alegados en el presente arbitrio ya han sido objeto de sendos pronunciamientos en las causas proteccionales antes señaladas, no existiendo un hecho nuevo que pueda ser objeto de tutela jurisdiccional efectiva que sea resguardado por esta vía constitucional.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por don Néstor Mauricio Pérez Aguayo, en contra de la Universidad Santo Tomás, representada por su rector don nombre reservado, en contra de dicho Rector como persona natural; de don nombre reservado; de doña nombre reservado; de don nombre reservado; y de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-41.709-2019.