Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4162-202424 jul 2024

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
24 de julio de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Quinta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 4162-2024, sentencia de 24 de julio de 2024

Resumen

Se rechaza la protección: el recurrente no acreditó la autoría de las publicaciones denunciadas en redes sociales, y la recurrida demostró haber acudido a los conductos regulares ante la autoridad sanitaria.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

Al folio 17: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece Jaime González Kazazian, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, fundado en que ésta ha realizado publicaciones en redes sociales e internet que denuestan el ejercicio profesional del recurrente, basadas en denuncias falsas, sin mérito alguno, lo que constituiría un acto ilegal y arbitrario que vulneraría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que el recurrente es cirujano dentista y que la recurrida, siendo su paciente, asistió a una evaluación el día 17 de enero de 2023 para realizar un recambio de carillas de resina por carillas de porcelana en sus dientes superiores e inferiores. En dicha oportunidad, se le explicó el procedimiento a seguir y se le ofreció un descuento del 40% en el valor del tratamiento, accediendo la recurrida a realizarlo. Luego, el día 12 de julio de 2023, la recurrida vuelve a la consulta del recurrente, donde nuevamente se le explica el procedimiento. El día 18 de julio de 2023 se realizó la sesión de remoción de sus carillas de resina, colocándose un provisorio y explicándole a la recurrida que debía analizar y dar retroalimentación del diseño para hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, la recurrida no se comunicó con el recurrente para dichos efectos. Posteriormente, el día 25 de julio, en la sesión de cementación, la recurrida no estaba a gusto con el diseño de los dientes, por lo que el recurrente le señaló que una vez que retornara de un viaje que tenía programado, buscarían una solución. Así, el día 6 de septiembre de 2023, el recurrente citó a la recurrida a su consulta, llegando a un acuerdo en que el problema estético se debía a los 4 incisivos superiores, accediendo el recurrente a realizar el cambio de forma gratuita de las carillas y rediseñarlas en base a los requerimientos de la recurrida. El día 7 de septiembre se le envía una propuesta de diseño a la recurrida, quien recién el día 17 de septiembre solicita modificaciones. Luego, el día 24 de septiembre de 2023 falleció la madre del recurrente, por lo que estuvo 3 días fuera de la consulta, explicándole la situación a la recurrida, quien señaló que no había problema en esperar.

Finalmente, citó a la recurrida para el día 4 de octubre para conversar acerca del nuevo diseño, dejando la hora para remover las carillas el día 21 de noviembre de 2023 y una semana después cementar las carillas finales. No obstante, el día 21 de noviembre de 2023, antes de comenzar con el procedimiento, la recurrida le comenta al recurrente que no puede asistir la semana siguiente ya que debería comenzar con un proceso para poder quedar embarazada, solicitando que la atendiera antes del 27 de noviembre, lo que era imposible por los tiempos de laboratorio y la agenda del recurrente. Al día siguiente, la recepcionista del recurrente le explica a la recurrida que era imposible atenderla en esa semana, por lo que ésta decide concurrir a la consulta sin cita previa para conversar con el recurrente, no pudiendo ser atendida ya que éste se encontraba en un procedimiento, ante lo cual la recurrida se retiró amenazando con una demanda.

Expone que la recurrida ha efectuó publicaciones en las redes sociales Facebook e Instagram, además de las páginas web https://publireclamos.net/categoria/agencia/https://www.reclamos.cl/reclamo/2023/dec/nadim-gosen-mal-procedimiento-carillas-porcelana, mediante las cuales ha denostado el ejercicio profesional del recurrente, basada en denuncias falsas y sin mérito alguno, calificándolo incluso de abusador, lo que ha afectado su honra desde el punto de vista objetivo y subjetivo, ya que dichas publicaciones afectan su autoestima al verse expuesto a "funas" permanentes que tienen como objeto destruir el valor intrínseco de su persona, afectando su imagen y la apreciación que de ella pueda tener la sociedad, además de afectar su vida profesional.

Hace presente el recurrente que elabora una ficha de cada paciente en la cual se valida el procedimiento a través de la firma de puño y letra de la interesada, lo que es coherente con el contrato de prestación de servicios en donde la paciente asume acatar el procedimiento acordado de común acuerdo, lo que al no respetarlo, se desconoce lo pactado, infringiendo con ello el artículo 1454 del Código Civil.

Asimismo, indica que las publicaciones han afectado la integridad física y psíquica del recurrente, quien se ha visto perjudicado siendo objeto de amenazas e insultos de terceras personas. Por otro lado, se argumenta que se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, ya que se ha usado de forma ilegal y arbitraria su imagen y nombre en las publicaciones efectuadas por la recurrida, sin que se le haya consultado ni prestado su consentimiento para ello.

En cuanto a la forma en que se habrían vulnerado las garantías constitucionales invocadas, el recurrente sostiene que se ha perturbado su derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, ya que las publicaciones de la recurrida han promovido un enjuiciamiento público basado en hechos falsos, afectándolo anímicamente. Asimismo, se habría vulnerado su derecho a la honra, protegido en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, desde un punto de vista objetivo, al afectar la apreciación que terceros pueden hacerse de su persona, y subjetivo, afectando su autoestima. Finalmente, se habría conculcado su derecho de propiedad sobre su imagen, contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, al utilizarse ésta por la recurrida en sus publicaciones sin su autorización.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción de protección, ordenando el cese de la actividad ilegal y arbitraria, disponiendo la eliminación de las publicaciones y comentarios efectuados por la recurrida en redes sociales, la abstención de realizar nuevas publicaciones, y todas las medidas que se estimen conducentes al restablecimiento del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida evacuó informe señalando que los hechos contenidos en el recurso no son efectivos, por cuanto las publicaciones a las que se hace referencia no serían de su autoría, solicitando en definitiva el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

Relata que el año 2022 se acercó a diferentes odontólogos con el objeto de realizar un cambio en su dentadura, visitando también las páginas web oficiales de éstos para ver casos de éxito que le sirvieran de referencia para tomar la mejor decisión, llegando así a la consulta de nombre reservado, cautivándole la oferta que éste tenía, donde se enfatizaba que el éxito del tratamiento comenzaba con una planificación que se revisaría en conjunto con el paciente para lograr el resultado esperado. Agrega que eso le dio seguridad para tomar la decisión de atenderse en dicha clínica, asistiendo el 17 de enero de 2023, donde nombre reservado revisó su caso, indicándole lo que esperaba del tratamiento y mostrándole fotos de cómo esperaba que fuese su sonrisa, para ser revisado en conjunto, cuestión que no ocurrió. Luego, se le dio un presupuesto que era muy alto, por lo que dudó en tomar el tratamiento, siendo contactada días después por la asistente de la clínica para preguntarle si lo tomaría, respondiendo que superaba el presupuesto que podía pagar, ante lo cual se le ofreció una rebaja, reiterando la calidad que recibiría, por lo que finalmente accedió a realizar el tratamiento por un monto de $2.000.000.- por el cambio de 8 carillas superiores.

Sostiene que el 18 de julio de 2023 se atendió en la clínica, donde prepararon sus dientes para recibir las carillas definitivas, dejándole unos dientes provisorios, sin que se hubiese revisado el diseño definitivo. Agrega que le dolían los dientes y que la forma de los provisorios era muy tosca, de un material opaco y áspero, quedando todos los dientes unidos en una sola placa muy apretada y con un arco diferente al suyo, por lo que apenas terminó la anestesia sintió una gran molestia, solicitando que la atendieran, lo que no ocurrió por no haber horas disponibles, excepto cuando ella se encontraba trabajando. Indica que el 26 de julio de 2023 acudió a la clínica para la instalación de las carillas definitivas, las que para su decepción tenían la misma forma que los dientes provisorios, manifestando su disconformidad a nombre reservado, quien le habría señalado que él mismo confeccionaba las carillas y no un laboratorio como le había informado su recepcionista, ante lo cual la recurrida le manifestó que eso no era lo que había solicitado, respondiéndole el recurrente que por qué no se lo había dicho antes, indicándole la recurrida que siempre dijo lo que quería para su sonrisa pero que nunca se le presentó el diseño ni lo revisaron juntos. En esa oportunidad, nombre reservado le habría informado que tenía un viaje fuera de Chile, por lo que, a pesar de su insistencia, no hubo opción de modificar su dentadura antes de su viaje.

Luego, señala que el 6 de septiembre del 2023, tomó una hora y asistió a la clínica, siendo la relación entre ambos siempre cordial y respetuosa hasta la instalación de las carillas, sintiendo que se le atribuía a ella el 100% de responsabilidad por supuestamente no haber entendido o escuchado las indicaciones, lo que no sería efectivo, pues el tratamiento era un hito importante en su vida al que prestó atención en todo momento. Agrega que el recurrente se saltó el paso más importante que era haber conversado con ella sobre el diseño, siendo hacer la confección de las carillas sin su revisión un riesgo altísimo de tener que realizar correcciones posteriores.

Indica que posteriormente se generaron diversos errores de coordinación para la continuación de su tratamiento, como el envío de fotos de las correcciones de otro paciente por parte de la asistente el 7 de septiembre de 2023, la reagendación de horas por olvido de la asistente, y la información errónea sobre una supuesta hora para un tratamiento estético con otra profesional que la recurrida no había solicitado, lo que confirmaría el desorden e improvisación en su caso, debiendo esperar pacientemente por atención en reiteradas ocasiones.

Luego, explica que el 21 de noviembre de 2023, concretaron una cita donde esperaba tener novedades concretas de su tratamiento, lo que no ocurrió, debiendo confidenciarle al recurrente que próximamente se sometería a un tratamiento de fertilidad, por lo que no podía seguir esperando o dejando pasar más tiempo, retirándose de la consulta ante el compromiso del recurrente de revisar su agenda y confirmar una nueva cita. Agrega que un tratamiento que según la información entregada podía tardar un día, en su caso, desde julio a noviembre, aún no tenía solución. Explica que el 22 de noviembre de 2023, la asistente le informó que la atenderían en 3 meses más, considerando su proceso de fertilidad, en circunstancias que lo conversado era cerrar su caso la semana siguiente antes de iniciar dicho tratamiento. Añade que, ante la falta de respuesta, acudió a conversar con el recurrente sin una cita, con la esperanza de que mantuviera lo acordado en la cita anterior, no recibiendo atención pese a que éste la vio esperando. Señala que esa situación le resultó muy frustrante, retirándose del lugar llorando. No obstante, el 12 de diciembre de 2023, le envió un correo buscando una respuesta, no teniendo ya confianza para agendar una nueva hora, acudiendo a otros odontólogos que le dieron presupuestos por reemplazar las carillas por un valor muy superior a lo que había gastado, debido a trabajos adicionales que debían realizarse, quedando sin recursos económicos para ello. Agrega que la garantía de 2 años que se le informó no existiría ante este escenario.

En cuanto al contrato de prestación de servicios que se menciona en el recurso, la recurrida señala no tener información al respecto.

Por último, indica que el 30 de diciembre pasado buscó asesoría con la Superintendencia de Salud, que le recomendó dejar un reclamo para buscar una mediación, lo que hizo, encontrándose a la espera de que un mediador tome el caso para poder conversar y buscar una solución. Agrega que el problema suscitado con el recurrente siempre fue de índole profesional, sobre los servicios entregados, sin que pudiera atribuirle el calificativo de "abusador".

Concluye señalando que luego de su experiencia, no le cabe duda de que alguno de los otros pacientes del recurrente debe ser el autor de las "funas" que se le imputan, atendido el poco profesionalismo y mal resultado del trabajo recibido, reiterando que en su actuar sólo se ciñó a las herramientas que le entrega la ley, siendo los reclamos ante la Superintendencia de Salud una de ellas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que del tenor de la acción interpuesta por el recurrente y el informe emitido por la recurrida en estos autos, y previo a la decisión del asunto discutida y la decisión sobre la tutela de protección de garantías solicitada, resulta imprescindible despejar de forma previa la efectiva autoría de las publicaciones en redes sociales e internet que habría efectuado la recurrida, y que constituirían actos de autotela que a juicio del actos habrían vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que según consta en el recurso, el recurrente afirma que su paciente y la recurrida en estos autos habría publicado en redes sociales y en internet sendas publicaciones que denuestan su ejercicio profesional como cirujano dentista, basado en denuncias que siendo falsas, sin mérito alguno y mucho menos que algún órgano que ejerza jurisdicción se pronuncie sobre las mismas, calificándolo incluso de abusador y respecto de las habría tomado conocimiento a principios del mes de marzo. Al efecto, en la página tres del recurso, señala un enlace de acceso a las referidas publicaciones, para luego insertar en las páginas cuatro y siete del libelo dos pantallazos de las supuestas publicaciones difamatorias efectuadas por la recurrida en las que a su juicio se acreditarían los actos que afectarían su honra, salud mental y derecho de propiedad.

Enseguida, en el primer otrosí del escrito, y a fin de acreditar los presupuestos fácticos en los que se sustenta su acción, solicita la recurrente “(…) tener por insertados en el presente escrito las siguientes imágenes: - Imagen de pantalla en formato PDF (archivo 1) que contiene la publicación en cuestión que han hecho la recurrida en redes sociales de FACEBOOK, junto con algunos de sus comentarios e interacciones. - Imágenes de pantalla en formato PDF (archivo 2) de amenazas y hostigamiento por parte (…)”.

Revisados dichos antecedentes, lo cierto sin embargo, es que el enlace de acceso acompañado por la recurrente no dirige a publicación alguna y los pantallazos insertos en el escrito tampoco dan cuenta del nombre de la recurrida, ni contienen datos fidedignos que permitan determinar con una mínima certeza la autoría de dichas publicaciones.

SEXTO: Que lo anterior contrasta, por su parte, con la propia versión de los hechos sostenida por la recurrida en su informe, quien desconoce absolutamente la autoría de las señaladas publicaciones en redes sociales y da cuenta, asimismo, de una serie de comunicaciones con el recurrente o trabajadores de su clínica que se han mantenido en la estricta esfera de los privado, así como de un reclamo interpuesto ante la Superintendencia de Salud con el objeto de buscar un mecanismo de mediación que permita a las partes un acercamiento y solución colaborativa al problema o conflicto surgido con motivo de las prestaciones o servicios profesionales dentales contratados, reclamo que se encuentra pendiente de resolución por la autoridad señalada.

SÉPTIMO: Que por lo expuesto, el recurrente no ha logrado acreditar ni aportar indicio alguno que seriamente permita determinar la autoría de las publicaciones denunciadas y su imputación a la recurrida, quien por su parte y al contrario de los sostenido por el actor, ha demostrado ante esta Corte haber seguido los conductos regulares y legalmente a fin de poner fin al conflicto que surgido con motivos de las prestaciones dentales contratadas, solicitando incluso el inicio de un mecanismo colaborativo de resolución de controversias ante la autoridad sanitaria, por todo lo cual el recurso necesariamente debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, RECHAZA, sin costas, la acción constitucional impetrada en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4162-2024.