A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

Al escrito folio 11: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que Apunto Servicios de Alimentación Ltda., representada por la abogada doña Jeannette Contreras Sepúlveda, ambas domiciliadas en domicilio reservado, recurre de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, representada por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por haber dictado el Ordinario N° 46 el 17 de mayo del año en curso, mediante el cual negó la reconsideración administrativa formulada por su parte por haber sido deducida extemporáneamente, aplicando un criterio ilegal y arbitrario, dejando firme una multa cursada, vulnerando con ello las garantías N°s 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que le fue cursada una multa administrativa por un fiscalizador de la recurrida el 26 de marzo de este año, mediante Resolución N°1277.18.8, por no pagar gratificación convencional el 23 de febrero de 2018, notificada el 26 de marzo siguiente y con fecha 8 de mayo de 2018 se ingresó el reclamo administrativo a la Inspección del Trabajo.

Mediante el ordinario recurrido no se dio curso al reclamo porque no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Funda su acción en que se ha vulnerado la igual protección en el ejercicio de los derechos, toda vez que al no regular expresamente el artículo 512 del Código del Trabajo las reglas de cómputo del plazo, procede aplicar las normas de la Ley N° 19.880 atendido que se trata de un procedimiento administrativo y de acuerdo a su artículo 25, los plazos de días son hábiles, entendiendo inhábiles los sábados, domingos y festivos. Cita jurisprudencia en apoyo a su tesis. De igual modo, estima infringidos los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, por haber infringido la recurrida la norma legal aplicable.

Por último, estima que se infringe su derecho de propiedad, toda vez que se le está imponiendo el pago de una multa de 40 UTM habiendo ejercido correctamente el recurso. Pide que se acoja la acción y se adopten todas las medidas que se juzguen necesarias para restablecer el derecho, dejando sin efecto la Resolución N° 46 de 17 de mayo de 2018 que niega el recurso y deja firme la multa cursada a su representada, declarando que el recurso administrativo fue presentado dentro de plazo, con costas.

SEGUNDO: Que informa el recurso la abogada Paulina Ossa Orellana en representación de la recurrida, pidiendo sea declarado improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, debido a que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especialmente destinado a su impugnación, no siendo procedente impugnarlo por la vía de la acción constitucional, que persigue la protección de garantías constitucionales indubitadas. Continúa en el sentido de justificar la legalidad de la actuación de la recurrida, la que se ha ajustado plenamente al artículo 511 del Código del Trabajo que le confiere la facultad de conocer de las reconsideraciones de multas administrativas. Expone que frente al silencio del artículo 512 en cuanto a si se trata de días hábiles o corridos, rige el criterio del artículo 50 Código Civil, esto es, de días corridos. Sostiene que éste ha sido el criterio adoptado por la Contraloría General de la República en su dictamen 64985 de 20 de noviembre de 2009, no siendo aplicable la Ley N° 19.880 en forma supletoria por cuanto esa norma no es conciliable con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo. En apoyo de esta tesis, sostiene que de acuerdo al artículo 22 del Código Civil el contexto de la ley servirá para interpretar sus partes, el artículo 435 inciso 3° del Código del Trabajo dispone que los términos de días que establece el Título I de este Libro se entenderá suspendido durante los feriados. Contrario sensu, la disposición del artículo 512, que se encuentra en el título siguiente, queda fuera de la aplicación de esa norma, siendo en consecuencia el plazo de días corridos. Finalmente, el propio artículo 25 de la Ley N° 19.880 restringe su aplicación al prescribir “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles”.

Estima que el recurso no cumple con los requisitos de procedencia debido a que no hay acto arbitrario e ilegal, pues en la forma explicada la recurrida se ha ajustado a derecho. No hay infracción a la garantía del numeral 3 del artículo 19 citado, pues el criterio expresado es usado al resolver todas las reclamaciones interpuestas de que conoce.

Igualmente niega afectación a la garantía de propiedad, pues que se ha dado cumplimiento a un mandato legal irrenunciable.

TERCERO: Que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código Laboral, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición que establece que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, ya que al existir una modalidad de cómputo de los plazos “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

CUARTO: Que no se encuentra controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado por el actor el día 8 de mayo de 2018, de manera tal, que de acuerdo a lo razonado en el motivo anterior, aquel fue deducido dentro de plazo, por cuanto que las resoluciones de multa impugnadas fueron notificadas a la sociedad recurrente el día el 26 de marzo del presente año.

QUINTO: Que, en consecuencia, la actuación de la Inspección del Trabajo, mediante el Ordinario N° 46 el 17 de mayo del año en curso, constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido a favor de APUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LTDA. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Centro Norte, dejándose sin efecto el Ordinario N° 46 dictado el 17 de mayo del año en curso, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N°1277.18.8.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-41611-2018.