nombre reservado con KENNEL CLUB DE CHILE

Santiago, dos de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el abogado don Roberto Sagredo Kraunik, domiciliado en domicilio reservado, actuando por don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Kennel Club de Chile (en adelante KCC), representado por su Presidente don nombre reservado, médico veterinario, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que entiende ilegal y arbitrario consistente en la resolución del Tribunal de Honor del KCC que declaró la suspensión de su parte, por el lapso de un año, de su calidad de socio y juez de exposiciones caninas. Funda su alegación en los siguientes antecedentes:

1.- Su parte es socio del KCC desde 1992 y desde 2008 juez de exposiciones caninas para todas las razas de perros, integrando el Consejo de Jueces de dicha institución.

2.- El 22 de julio de 2018 su parte asistió en calidad de socio a la exposición especializada de clubes de raza del KCC, en el que en la especializada de Bóxer Club de Chile, le llamó la atención que doña Birgit Eichler Meier, juez del KCC, actuara como juez en la exposición, en circunstancias que había un perro categoría campeón de su crianza, lo que contraría el Reglamento de Deberes y Disciplina del Plantel de Jueces del KCC, de modo que se lo hizo presente a la comisaria de la exposición, señora nombre reservado.

3.- El 26 de julio de 2018 la señora Birgit Eichler Meier presentó ante el Directorio del KCC una queja formal en su contra por lo ocurrido en la aludida exposición, imputándole a) haber actuado “en forma premeditada y con mala intención” en la acusación sobre el juzgamiento de un perro de su afijo, pues pudo haberlo hecho antes de la exposición y no después; b) tratarse de una actitud reiterada contra ella pues con anterioridad su parte le habría reprendido el uso de zapatos de taco alto en una evaluación, lo que la denunciante cataloga de “sexista y discriminatoria”; y c) haber sido injustamente acusada por el señor nombre reservado ya que ella no habría tenido acceso al catálogo de la especializada de Bóxer del KCC y no tuvo información de los perros a juzgar.

4.- El Tribunal de Honor del KCC designó a doña nombre reservado como instructora, la que declaró cerrada la investigación el 4 de septiembre de 2018 y le formuló un único cargo, el haber cuestionado la honorabilidad e imparcialidad de la Juez del KCC, señora Birgit Eichler Meier en la exposición del 22 de julio de 2018, con una acusación infundada. Hecho el descargo, la señora instructora recomendó una amonestación por escrito para su parte.

5.- La misma instructora reabrió la investigación y le formuló un nuevo cargo, sin que mediara resolución del Tribunal de Honor, cargo relativo a una supuesta conducta de su parte de carácter “misógino, arbitrario y sexista”, además de un uso abusivo de poder en su calidad de integrante del Consejo de Jueces.

6.- El 29 de octubre de 2018 el Tribunal de Honor lo condenó a la pena de suspensión por un año de su calidad de socio y juez del KCC, pero, accediendo a una presentación suya, invalidó todo lo obrado y retrotrajo los antecedentes a la etapa de la formulación ampliada de cargos, invalidación que incluyó la sentencia.

7.- El 18 de diciembre de 2018 se le notificó la nueva sentencia del Tribunal de Honor en que se le condenó a la misma pena de la primitiva resolución. Esta sentencia, dice el recurrente, contiene irregularidades: a) tiene como fecha el 17 de octubre de 2018; b) fue pronunciada por los mismos integrantes del Tribunal de Honor que dictaron la primera sentencia; c) no se señala cuál fue el artículo o disposición reglamentaria que se habría conculcado por su parte; d) el artículo 12 letra c de los estatutos del KCC señala como pena la suspensión hasta por tres meses y su parte fue condenado a una suspensión de un año; e) el tribunal sostiene que se rige por los estatutos del KCC y su Reglamento y que no es un tribunal propiamente dicho, lo que es errado pues si bien no es un tribunal de justicia, debe respetar las garantías del debido proceso.

8.- Entiende que se han vulnerado a su respecto los derechos de igualdad ante la ley, a no ser juzgado por comisiones especiales y su libertad de trabajo.

Pide que, frente a la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, se acoja su recurso y se deje sin efecto la sanción impuesta a su parte, con costas.

SEGUNDO: Que informando el KCC señala lo que sigue:

1.- El KCC es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, fundada en 1934, dotada de Estatutos. El KCC está afiliada en calidad de miembro federado a la Federación Cinológica Internacional (FCI), con sede en Bélgica, la que reconoce 343 razas de perros y administra la información de los registros genealógicos de clubes caninos de 86 países en el mundo, reconociendo sólo a un club oficial por país, siendo el de Chile precisamente el KCC, única entidad que en nuestro país puede garantizar la pureza de los perros de todas las razas.

2.- El Tribunal de Honor está reglamentado en los artículos 38 a 41 de los estatutos, existiendo además un Reglamento de dicho Tribunal.

3.- Narra enseguida el procedimiento seguido en contra del recurrente y se hace cargo de las irregularidades que denuncia en su recurso:

a) No es efectivo que la instructora haya ampliado los cargos sin orden del Tribunal de Honor pues éste requirió a aquella una ampliación del informe.

b) No es una irregularidad que el Tribunal de Honor haya tomado declaración a doña nombre reservado, a doña nombre reservado, a doña Birgit Eichler Meier y al mismo señor nombre reservado.

c) El fallo primeramente dictado fue dejado sin efecto por el mismo Tribunal de Honor por la presentación que hizo el señor nombre reservado en cuanto no se le habría notificado la ampliación de cargos.

d) El segundo fallo tiene como fecha el 17 de diciembre de 2018 y el que se haya consignado “17 de octubre de 2018” es un mero error de referencia.

e) En cuanto al hecho que los mismos miembros del Tribunal de Honor que pronunciaron el primer fallo invalidado hayan dictado el segundo, refiere que los miembros de dicho Tribunal son sólo 5, elegidos por la Asamblea Ordinaria del KCC y duran 3 años en sus cargos, de modo que si esos 5 miembros no dictaban el segundo fallo nadie habría podido hacerlo.

f) En lo que hace a que no se habría citado la norma o disposición reglamentaria infringida, refiere que el Tribunal de Honor no es uno ordinario de justicia y sus integrantes no son abogados y, en todo caso, el artículo 15 del Reglamento, que regula la forma de la sentencia, no contempla como exigencia la referencia específica a una determinada norma.

g) El hecho que los Estatutos contemplen como sanción una suspensión de sólo hasta por 3 meses no debe perder de vista que el Reglamento del Tribunal de Honor, en su artículo 15, prevé la sanción de suspensión por un máximo de 2 años.

4.- Niega que se hayan conculcado las garantías que refiere el recurrente.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el concepto “ilegal” que emplea el artículo recién citado de la Carta Fundamental no debe ser reducido a la legalidad formal, esto es, a aquella “ley” a que se refiere el artículo 1° del Código Civil sino, también, a la juridicidad que un determinado organismo se ha dado para su constitución y gobierno. En la especie la recurrida es el KCC, corporación de derecho privado sin fines de lucro que se rige por sus Estatutos, los que fueron agregados a los autos y aprobados en asamblea de socios celebrada en Viña del Mar el 21 de enero de 2017.

QUINTO: Que dicho lo anterior, debe reiterarse lo que se ha dicho muchas veces: no es esta Corte, conociendo de un recurso de protección en contra de la decisión de un Tribunal de Honor de una determinada institución, una segunda instancia de lo decidido; no corresponde, entonces, analizar el mérito de la decisión que causa agravio al recurrente sino la legalidad -más bien juridicidad- de lo obrado. Luego, todo lo referente a los cuestionamientos del recurrente a la proporcionalidad de la sanción aplicada por los hechos motivo de su acusación, no pueden ser motivo para que se acoja la acción intentada, pues escapa a los márgenes del artículo 20 de la Constitución Política de la República. Y en lo que hace a la fecha de la sentencia, ciertamente, y como bien lo señala la recurrida, se trata de un mero error de copia que no tiene relevancia, sin que a nadie quepa duda que se dictó el 17 de diciembre de 2018 y no el 17 de octubre del mismo año, como erróneamente se consignó. Tampoco es cierto que la instructora haya formulado un nuevo cargo sin orden del Tribunal pues de los antecedentes allegados consta que, de una manera sui generis -mediante una certificación-, dispuso una ampliación de cargos.

SEXTO: Que, empero, hay dos denuncias hechas por el recurrente que merecen ser analizadas con atención: a) el hecho de existir un primer fallo que impuso una determinada sanción al señor nombre reservado y luego dictarse un segundo, que aplicó la misma pena, suscritos ambas resoluciones por los mismos jueces; y b) el hecho que se impuso al recurrente una sanción que no está contemplada en los Estatutos del KCC.

SÉPTIMO: Que el Tribunal de Honor, compuesto por los socios señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, dictaron una primera sentencia el 29 de octubre de 2017, que impuso al señor nombre reservado la pena de suspensión de sus derechos como socio y juez por un año. Luego, de oficio, el mismo tribunal retrotrajo el proceso administrativo al estado de notificar los cargos realizado el 4 de octubre de 2018 al señor nombre reservado, dejando sin efecto la mencionada sentencia. Cabe hacer presente que se trató de una formulación ampliada de cargos, pues al primitivo de haber cuestionado el recurrente la honorabilidad de la señora nombre reservado, se agregó de ejercicio abusivo de poder e incurrir en conductas “misóginas, arbitrarias y sexistas”, habiendo el fallo de 29 de octubre de 2017, que fuera invalidado, emitido pronunciamiento sobre ambos. Luego, parece evidente que siendo los mismos cargos sobre los cuales se dictó la segunda sentencia, no han podido los jueces del Tribunal de Honor del KCC que pronunciaron la primera resolución concurrir a la del 17 de diciembre de 2018, pues claramente se encontraban inhabilitados por haber ya emitido opinión sobre la cuestión pendiente, lo que tratándose de jueces ordinarios aparece recogido en el artículo 195 N° 8° del Código Orgánico de Tribunales como causal de implicancia: “Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”. En consecuencia, no han podido los mismos jueces dictar la segunda sentencia, pues sobre la misma cuestión pendiente ya habían manifestado su opinión con conocimiento de los antecedentes. Se ha dicho por la recurrida que el Tribunal de Honor tiene sólo 5 jueces y que si no hubieran dictado el segundo fallo nadie podría haberlo hecho, durando dichos jueces en sus cargos hasta el año 2020. Sobre el particular cabe señalar que el inciso primero del artículo cuadragésimo de los Estatutos señala que “En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno de los miembros del tribunal de Honor para el desempeño de su cargo, se llamará al socio que hubiere obtenido la votación inmediatamente inferior al último elegido, el que durará en funciones sólo el tiempo que faltare para completar su período al miembro del Tribunal reemplazado, el cual deberá tener la calidad de socio activo de la Corporación. En el caso de que dos o más socios ellos hubiesen obtenido el mismo número de votos, o en su designación no hubiere un socio habilitado al efecto, el Directorio designará al reemplazante”. Es cierto que la norma parece referirse a una imposibilidad permanente de uno o más miembros del Tribunal de Honor, pero perfectamente es aplicable también a un caso de inhabilidad específica de los jueces, como sucede en el caso sub judice. Y en todo caso, sea como fuere, nunca los mismos jueces que han dictado una sentencia que luego fuera invalidada -en este caso, curiosamente por los mismos jueces- pueden pronunciar una segunda sentencia sobre la base de los mismos antecedentes que tuvieron en vista al dictar la primera.

OCTAVO. Que tampoco se ha podido, sin vulnerar la juridicidad que el propio KCC se ha dado a través de sus Estatutos, condenar al señor nombre reservado a una pena no contemplada en éstos. El artículo Duodécimo de los Estatutos establece que el Tribunal de Honor podrá aplicar las siguientes medidas disciplinarias: a) amonestación verbal; b) amonestación por escrito; c) suspensión: 1.- hasta por tres meses de todos los derechos en la Corporación, por incumplimiento de las obligaciones prescritas en el artículo noveno; 2.- Tratándose de inasistencias a reuniones se aplicará la suspensión por tres o más inasistencias injustificadas, dentro del año calendario; y d) expulsión. No existen más sanciones y sólo éstas han podido ser impuestas al señor nombre reservado y el Reglamento del Tribunal de Honor no puede agregar unas que los Estatutos no contemplan. Así, aunque el artículo 15 del aludido Reglamento señale que está facultado para imponer la medida de expulsión por el máximo de dos años, lo cierto es que no se tiene esa prerrogativa, pues por un Reglamento de funcionamiento del Tribunal no se pueden modificar los Estatutos, lo que debe hacerse sólo en la forma prescrita para ello, esto es, citándose a una asamblea con los quórums y en la forma correspondiente. Se ha señalado por el KCC que la suspensión de hasta dos años ha sido establecida para evitar la expulsión de socios que merecen una suspensión por un lapso superior a tres meses, pero claramente tal argumento no es uno jurídico y no puede justificar la decisión de imponer una pena que los Estatutos no contemplan. El Tribunal de Honor sólo está facultado para sancionar con las penas que expresamente prevé el artículo duodécimo de los Estatutos y cualquier modificación a éstos debe hacerse en la forma que jurídicamente corresponda y no mediante el arbitrio de dictar una reglamentación que regula el funcionamiento del Tribunal de Honor.

NOVENO: Que el artículo 20 protege el derecho establecido en el inciso quinto del artículo 19, ambas disposiciones de la Constitución Política de la República, esto es, aquél por el cual “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. En el caso sub lite se ha juzgado al señor nombre reservado por jueces claramente implicados, desde que ya habían manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes y, además, dichos jueces, impusieron al recurrente una sanción inexistente en la propia juridicidad que se ha dado el KCC, pues no está contemplada en sus Estatutos. Entiende esta Corte que, de este modo, se ha conculcado el derecho al que se ha hecho referencia.

DÉCIMO: Que también resulta vulnerado el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se le ha dado al señor nombre reservado el mismo trato que es esperable a cualquier otro socio del KCC, a saber, ser juzgado por jueces no inhabilitados y, eventualmente, ser castigado sólo con alguna de las sanciones que taxativamente contempla el artículo duodécimo de los Estatutos.

UNDÉCIMO: Que, empero, el derecho del N° 16° del citado artículo 19 del Texto Fundamental no ha sido vulnerado por el KCC, sin perjuicio que el artículo 20 de la Constitución sólo lo protege en cuanto a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, aparte de la obligación que el Estado tiene respecto de su inciso cuarto.

DUODÉCIMO: Que, de este modo, se acogerá el recurso deducido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra del Kennel Club de Chile y, en consecuencia, se deja sin efecto la sentencia pronunciada por el Tribunal de Honor de dicha corporación, de 17 de diciembre de 2018, erradamente datada “17 de octubre de 2018”, debiendo dictarse una nueva por jueces no inhabilitados, los que deben atenerse estrictamente a lo que señalan los Estatutos de la mencionada entidad.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 4157-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor José S. Pérez Anker y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

No firma la Abogado Integrante señora Herrera no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

1