nombre reservado con nombre reservado

Santiago, once de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que compareció en estos autos el abogado señor Christian Berndt Castiglione, domiciliado en domicilio reservado, en nombre de los médicos señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado de Pinos, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos del mismo domicilio, y recurren de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (en adelante también “la Corporación”), representada por su secretario general, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado. Funda su acción en los siguientes antecedentes:

1.- Comparece por médicos cuya especialidad es la “medicina familiar” y se desempeñan en dos centros de atención de salud primaria de la comuna de nombre reservado: los CESFAM Rosita Renard y nombre reservado.

2.- Un 26% de la remuneración que mensualmente perciben los aludidos médicos, agrega, proviene de una “asignación de médico familiar” que la Corporación les otorga y que asciende a $838.310, establecida formalmente por la recurrida en el año 2005 y pagada desde septiembre de ese año, asignación que surgió como un incentivo adicional para aquellos médicos con especialidad en medicina familiar producto de la necesidad urgente de promover entre los facultativos que prestaban servicios para la comuna de nombre reservado la realización de estudios en dicha especialidad.

3.- El 10 de noviembre de 2021 su parte recibió una carta suscrita por el señor nombre reservado, secretario general de la Corporación, por medio de la cual se informaba del hecho que tal asignación no se pagaría más, y ello por dos razones: a) por una supuesta duplicidad en los pagos de asignaciones en la que habría incurrido la Corporación a partir de 2015; y b) la supuesta ilegalidad del pago de la asignación, la que no se encontraba contemplada como remuneración en el artículo 23 de la ley 19.378, que regula la administración, régimen de funcionamiento y coordinación de la atención primaria de salud.

4.- Con lo actuado por la recurrida, su parte ha visto mermadas sus remuneraciones en un 26%, pese a que todos los médicos mencionados han percibido tal asignación por un lapso igual o superior a cinco años.

5.- Se refiere luego al principio de la “confianza legítima” y entiende que se han vulnerado los derechos que garantiza la Constitución Política de la República en los números 1°, 2°, 16° y 26° de su artículo 19, desarrollando enseguida lo que entiende como un acto ilegal por parte de la Corporación al ordenar el cese de una asignación que se percibía desde hace muchos años.

Pide que se acoja su recurso y se deje sin efecto la decisión de la Corporación y se le ordene que siga pagando la asignación especial aludida, con costas.

2°) Que, informando, la recurrida señaló lo que sigue:

1.- La asignación que los recurrentes percibían era ilegal y obedeció a irregularidades de las administraciones municipales anteriores, teniendo conocimiento el Ministerio Público de determinados hechos que indica.

2.- Se refiere luego al financiamiento de los servicios de salud municipal y expresa que el Estatuto de Atención Primaria contiene como única alternativa legal para el pago de asignaciones por sobre a aquellas incorporadas en el mismo, la posibilidad de otorgar asignaciones transitorias, en conformidad al artículo 45 de dicha normativa, que requiere aprobación del Concejo Municipal.

3.- Tampoco puede aplicarse en la especia la doctrina de la cláusula tácita, pues ella no procede tratándose de funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud.

4.- La “asignación especial” se otorgó de manera irregular hace varios años, sin que estuviera contemplada en el Estatuto de Atención Primaria y sin que jamás haya sido aprobada por el Concejo Municipal como una asignación transitoria, y para su pago “se echó mano de manera irregular e ilegal a la subvención estatal, perjudicando fuertemente la provisión de fondos para servicios de salud en la municipalidad”.

5.- Agrega que la ley 20.816, publicada en el Diario Oficial de 14 de febrero de 2015, que perfecciona la normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, asignando una serie de beneficios a dichos trabajadores. Estableció en su artículo 8° una asignación mensual de estímulo para distintas especialidades, incluyendo la de médico familiar, la que, por disposición de la ley, es incompatible con cualquier otra de similares características que sean pagadas con recursos públicos del Servicio de Salud.

6.- Afirma que el recurso de protección no es la vía para discutir el planteamiento hecho por los recurrentes y que debe ser resuelto por un juez con competencia en lo laboral, sin que sea aplicable el principio de confianza legítima por las razones que indica.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que la acción u omisión ilegal o arbitraria a que se refiere el motivo anterior, para que pueda fundar una acción como la que ha previsto el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe lesionar un derecho indubitado, esto es, uno respecto del cual no hay duda que efectivamente le asiste al recurrente una determinada prerrogativa, de modo tal que si hay controversia respecto a la titularidad del derecho que se alega, tal conflicto se encuentra fuera de los ya de por sí estrechos márgenes del denominado “recurso de protección” y deberá ser dilucidado por la judicatura en un juicio de lato conocimiento.

5°) Que, en efecto, en la especie, los trece médicos recurrentes, trabajadores de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, entienden que tienen derecho a percibir una “asignación especial” que desde hace años vienen percibiendo, sosteniendo la aludida Corporación que la entrega de esa asignación constituye una mala práctica de la antigua administración municipal pues no está contemplada en el Estatuto de Atención Primaria y no fue aprobada por el Concejo Municipal como una asignación transitoria, sosteniendo que para su pago “se echó mano de manera irregular e ilegal a la subvención estatal, perjudicando fuertemente la provisión de fondos para servicios de salud en la municipalidad”.

6°) Que, así, expuesta la controversia jurídica entre las partes, claramente el recurso de protección no es la vía idónea para su solución, pues no existe un derecho indubitado por parte de los recurrentes a percibir tal asignación y, de hecho, la recurrida lo niega, de manera que deben ser los juzgados de letras del trabajo, de acuerdo a lo que prevé la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, los que, en el juicio correspondiente que la ley laboral prevé, determinen lo pertinente sobre el particular.

7°) Que, entonces, no procede que esta Corte, al menos en un recurso como el esgrimido, que no constituye un juicio propiamente tal, analice los argumentos que las partes han dado en sus recursos e informe, respectivamente, tendientes a demostrar que sí se tiene derecho a la aludida asignación o que no hay tal, y que su percepción por los recurrentes fue “irregular”, en los términos empleados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en autos, sin costas por haber tenido los recurrentes motivos plausibles para litigar.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y notifíquese.

N° 41.559-2021.