Protección contra Instituto de Salud Pública y del Hospital Barros Luco Trudeau

C.A. de Santiago.

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Felipe Andrés Belmar Yáñez, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra del Instituto de Salud Pública y del Hospital Barros Luco Trudeau, por haber excluido indebidamente a la recurrente de la lista de espera para trasplante renal con donante cadáver, no reconociendo su antigüedad desde diciembre de 2022, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la representada cumplió cabalmente con todos los procedimientos administrativos exigidos para su incorporación al programa de trasplante renal, generando una expectativa legítima de acceso oportuno al tratamiento, vulnerando con ello los derechos fundamentales del derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, protección de la salud, seguridad jurídica y derecho de propiedad sobre expectativas legítimas, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19 N°1, 2, 3, 9 y 24, por lo que solicita se ordene a los recurridos respetar el ingreso a la lista de espera para trasplante considerando la fecha de diciembre de 2022 para el cálculo del puntaje correspondiente.

En cuanto a los antecedentes fácticos señala que la recurrente padece insuficiencia renal crónica y comenzó a ser atendida en el Hospital Clínico San Borja Arriarán en el año 2019. En abril de 2020, debido al progresivo deterioro de su función renal, inició tratamiento con diálisis peritoneal, comenzando paralelamente las gestiones para ingresar a la lista de espera de trasplante renal con donante cadáver.

Durante el segundo semestre de 2022, habiendo cumplido con todos los requisitos médicos exigidos, fue derivada al Hospital Barros Luco Trudeau para continuar con las gestiones necesarias para su ingreso a la lista de espera. Fue contactada por personal de dicho hospital, quienes le proporcionaron una inducción respecto del procedimiento de trasplante y se le asignaron controles periódicos con la doctora Celsa nombre reservado.

A finales del año 2022, en una consulta, la doctora López le informó que cumplía con todas las condiciones para proceder con la entrega del "Formulario de Solicitud de Seroteca Individual y/o Anticuerpos Anti-HLA en Trasplante", comunicándole que se haría el ingreso al programa, el cual supuestamente se había efectuado el día 30 de diciembre de 2022. En ese momento, se le entregó un calendario con fechas mensuales para la toma de muestras de sangre (seroteca), exámenes que serían enviados al Instituto de Salud Pública para su almacenamiento.

Siguiendo estas instrucciones, la representada acudió por primera vez a la toma de muestras en el Hospital Barros Luco Trudeau el 16 de enero de 2023 y continuó realizándolas regularmente durante todo el período de 2023 y 2024. Entre enero de 2023 y enero de 2025, concurrió en las fechas citadas a entregar muestras de sangre según lo indicado por el Hospital, sin tener información clara sobre el estado de la lista de espera para trasplante en la que supuestamente se encontraba.

El 20 de enero de 2025, ante la incertidumbre por el tiempo transcurrido sin novedades, la recurrente acudió a la Clínica Santa María para informarse sobre su programa de trasplante y evaluar la posibilidad de ingresar a una lista de espera en el sector privado. Durante dicha consulta, una enfermera le preguntó sobre su PRA (Panel Reactive Antibody) y al explicarle su proceso, la profesional le informó que su nombre no figuraba en la lista de espera de trasplante renal del Instituto de Salud Pública, a pesar de los procedimientos realizados.

El 27 de enero de 2025, la doctora nombre reservado, Jefa de la unidad de trasplante renal del Hospital Barros Luco, la contactó para sostener una reunión al día siguiente, ocasión en la cual reconoció que efectivamente no se encontraba ingresada en la lista de espera del Instituto de Salud Pública. La doctora Zamora informó inicialmente que haría las gestiones para que se respetara la antigüedad desde diciembre de 2022. El 4 de febrero de 2025, le comunicó que el Instituto de Salud Pública confirmaba su activación respetando el puntaje de los dos años.

Sin embargo, el 15 de febrero de 2025, la misma profesional la contactó para informarle que el Instituto de Salud Pública había comunicado una negativa en registrar en la lista con fecha retroactiva, considerando únicamente el ingreso a partir del día 29 de enero de 2025.

En definitiva, solicita se ordene a los recurridos respetar el ingreso a la lista de espera desde diciembre de 2022, considerando dicha fecha para el cálculo de la tabla de puntaje para optar un trasplante, con costas.

SEGUNDO: Que comparece doña Marisel Torres Cortés, abogada, en representación del Instituto de Salud Pública de Chile y evacuando el informe solicitado señala que no ha existido por parte de dicha institución acto u omisión arbitrario o ilegal alguno que genere privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la materia se encuentra regulada por la Ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos; el Decreto N° 35 de 2013, que aprueba su reglamento; las leyes N° 20.413 y 20.673, que modifican la ley original; y la Ley N° 20.088, que regula la donación cruzada de órganos entre vivos. Específicamente en materia de donación de riñones, la situación se encuentra regulada en la Resolución Exenta N° 548/2014 y la Resolución Exenta N° 487/2022 del Ministerio de Salud, que aprueba la "Guía Técnica: Asignación Riñones para trasplante renal con donante cadáver".

Respecto a las competencias del Instituto de Salud Pública, explica que conforme al artículo 15 de la Ley N° 19.451, le corresponde administrar el Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos para la asignación y distribución de los órganos originados desde un donante cadáver. Este registro se forma con la información que deben proporcionar los establecimientos autorizados para efectuar trasplante de órganos, y cada establecimiento mantiene una lista de espera de los pacientes que tienen la calidad de potenciales receptores, sin que éstos puedan figurar en más de una lista.

En cuanto al procedimiento de priorización, detalla que los criterios del Registro Nacional de Receptores para el trasplante de riñón se priorizarán en base a un puntaje dado por: compatibilidad HLA, tiempo de espera en programa de trasplante, anticuerpos anti-HLA y receptor de menor edad. Las listas de espera son únicas y de carácter nacional, incluyendo a todos los pacientes que necesitan un trasplante, independiente del sistema previsional, del lugar donde se realiza el trasplante, así como de la condición socio-económica del receptor.

Sobre el procedimiento específico para la incorporación de un paciente al Registro Nacional, enfatiza que corresponde al centro de trasplante solicitar el ingreso o reingreso del receptor a la lista de espera mediante el envío de la información requerida en el formulario correspondiente, adjuntando copia del grupo sanguíneo y RH realizado en banco de sangre o laboratorio clínico. Sostiene que el formulario constituye el único mecanismo de ingreso de pacientes a lista de espera y que el solo envío de un correo o de muestras de pacientes que no se encuentran en lista de espera no constituye un ingreso al Registro Nacional si no se presenta el formulario correspondiente.

Respondiendo derechamente el recurso, confirma que la paciente nombre reservado se encuentra en lista de espera para trasplante renal cadavérico desde el 29 de enero de 2025, fecha en que fue ingresado por primera vez el formulario correspondiente al Instituto de Salud Pública. Destaca que, a pesar del envío mensual al Hospital Barros Luco Trudeau de la Lista Espera Actualizada, dicho centro nunca se pronunció respecto de la ausencia de la paciente recurrente.

En cuanto a la oportunidad de interposición del recurso, alega extemporaneidad, argumentando que, conforme al Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, éste debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los hechos. Sostiene que la recurrente tomó conocimiento de los hechos el 20 de enero de 2025, por lo que el recurso debía presentarse hasta el 20 de febrero de 2025, siendo interpuesto el 6 de marzo de 2025, resultando extemporáneo.

Respecto a la inexistencia de actos arbitrarios o ilegales, argumenta que el Instituto ha actuado dentro de sus competencias y en forma objetiva, conforme a la normativa sanitaria vigente. Sostiene que no depende de la mera voluntad del Servicio antedatar a un paciente en la lista de espera, sino que se basa en criterios objetivos de priorización, considerando la información entregada por el centro de trasplante correspondiente y el respeto a los derechos del resto de las personas que conforman el Registro Nacional.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, niega su vulneración. Argumenta que la paciente fue ingresada a la lista de espera una vez que se cumplió el procedimiento correspondiente por parte del Hospital, y que la antigüedad no es el único elemento para considerar en el momento de realizar un trasplante. Sobre la igualdad ante la ley, sostiene que la forma en que administra la lista de espera está sujeta a parámetros regulados y objetivos, no habiendo realizado acto alguno que determine un trato distinto respecto de otros pacientes.

TERCERO: Que el Hospital Barros Luco Trudeau al evacuar su informe y ampliación del mismo, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, sosteniendo que no ha existido por parte de dicho establecimiento hospitalario acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente.

La recurrida confirma que la paciente fue derivada en el año 2022 desde el Hospital San Borja Arriarán, lugar donde se atendía desde el año 2019 producto de una insuficiencia renal crónica, con el propósito de continuar las gestiones para ser incorporada en la lista de espera de trasplante renal. Reconoce que fue contactada por personal del Hospital, proporcionándosele una inducción respecto del procedimiento de trasplante renal, asignándosele controles periódicos con médico de dicho establecimiento, quien informó a la paciente que cumplía las condiciones para ingresar a la lista de espera, lo que supuestamente se habría realizado con fecha 30 de diciembre de 2022.

En cuanto a las causas específicas del atraso en la incorporación de la paciente a la lista de espera para trasplante renal, reconoce que con fecha 30 de diciembre de 2022, se remitió por parte del equipo de Nefrología del Hospital la solicitud de activación a la lista de espera, vía correo electrónico y hoja de activación correspondiente. Sin embargo, debido a la ausencia del formulario de tipificación requerido por el Instituto de Salud Pública para concretar el ingreso a la lista de espera, la activación no se materializó en el sistema central.

Enfatiza que esta omisión no fue conocida por el equipo clínico tratante ni advertida por los sistemas de control administrativo del Hospital, manteniéndose fuera del conocimiento de los profesionales a cargo durante el seguimiento de la paciente y que a pesar de no figurar formalmente en la lista, la paciente continuó concurriendo al hospital de forma periódica y realizando toma de seroteca mensual, procedimiento clínico habitual en pacientes activos en el sistema de trasplante, lo que da cuenta de que el equipo médico presumía, de buena fe, que la paciente ya había sido activada.

Respecto del momento en que se detectó la situación, señala que recién en enero de 2025, al acudir la paciente a una consulta de segunda opinión en Clínica Santa María, fue advertida de que no figuraba en el listado oficial del Instituto de Salud Pública, ante lo cual el Hospital procedió de inmediato a subsanar el error, tomando la tipificación correspondiente e ingresando formalmente a la paciente en la lista de espera. Precisa que el ingreso formal se realizó con fecha 17 de febrero de 2025.

En cuanto al menoscabo que la demora pudo provocar en la salud de la paciente, sostiene que, a la fecha, la paciente se encuentra en programa de diálisis peritoneal en dicho establecimiento, clínicamente estable, con controles regulares, sin hospitalizaciones en los últimos 24 meses, con adecuada depuración, peso controlado, presión arterial dentro de parámetros normales y sin eventos de peritonitis. Según el informe emitido por la jefa de la Unidad de Nefrología, no se advierte un menoscabo objetivo actual en el estado de salud de la paciente atribuible directamente a esta demora.

En cuanto a la oportunidad de interposición del recurso de protección, alega extemporaneidad, fundamentando su excepción en lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 94-2015, que establece un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Argumenta que la afectada tomó conocimiento del agravio con fecha 20 de enero del año en curso y presentó el recurso con fecha 6 de marzo de 2025, resultando extemporáneo.

Finalmente, sostiene que no ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal del establecimiento o de algún funcionario del Hospital Barros Luco Trudeau que haya vulnerado alguna de las garantías fundamentales alegadas por la recurrente. Argumenta que la jefatura de la Unidad de Nefrología del Hospital se ha reunido en varias oportunidades con la recurrente, informándole personalmente sobre las actuaciones y procedimientos realizados, y que la paciente se ha mantenido en control periódico por sus patologías, encontrándose absolutamente estable en su condición.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que en relación a la extemporaneidad planteada por los recurridos, se debe tener en consideración que según señala el Instituto de Salud Pública, la paciente nombre reservado se encuentra en lista de espera para trasplante renal cadavérico desde el 29 de enero de 2025, fecha en que fue ingresada por primera vez el formulario correspondiente al Instituto de Salud Pública; sin embargo, el Hospital Barros Luco Trudeau precisa que el ingreso formal a dicha lista se realizó con fecha 17 de febrero de 2025 -lo que coincide con lo expuesto por la recurrente-, por lo que desde dicha fecha y hasta la presentación del recurso, el 6 de marzo de 2025, no había transcurrido el plazo de 30 días para su interposición, razón por lo que dicha alegación será desestimada.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto planteado a través de la presente acción constitucional, se debe tener presente que la recurrente funda su recurso en el hecho de haber sido incorporada a lista de espera para trasplante renal cadavérico desde el 29 de enero de 2025 y no desde el 30 de diciembre de 2022, fecha desde la cual se le informó el ingreso, siendo atendida y tomándosele los exámenes correspondientes desde dicha fecha.

SÉPTIMO: Que la Ley N° 19.451 que regula la donación y el trasplante de órganos, en su artículo 15 dispone que: “En el reglamento se establecerán las normas para la organización y funcionamiento de un registro de potenciales receptores de órganos y se determinarán las prioridades para su recepción, cuando éstos provienen de personas fallecidas. Al Instituto de Salud Pública le corresponderá llevar este registro”

Por su parte, el Reglamento de dicha ley (Decreto 35 del Ministerio de Salud), en su artículo 25 señala que: “Corresponderá al Instituto de Salud Pública llevar el Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos, el que se formará con la información que deberán proporcionar los establecimientos autorizados para efectuar trasplante de órganos a que se refiere el inciso tercero del artículo 3º de este reglamento, la que deberá ser actualizada permanentemente”. “Para estos efectos, cada uno de estos establecimientos mantendrá una lista de espera de los pacientes que tienen la calidad de potenciales receptores de órganos, sin que éstos puedan figurar en más de una lista”.

El artículo 26 del señalado Reglamento regula que el Registro que lleva el Instituto contará con subregistros según el órgano cuyo trasplante se requiere, y en ellos se incluirá tanto a los chilenos como a los extranjeros con residencia en el país, según la información proporcionada por los establecimientos autorizados para efectuar trasplantes.

A su turno el artículo 27 del mismo texto legal dispone que: “Los órganos provenientes de cadáveres se destinarán a alguna de las personas del Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos. La priorización para la recepción de órganos provenientes de cadáveres se efectuará en estricto orden y de acuerdo a la localización del procuramiento, sin perjuicio de la valorización clínica del equipo médico que efectuará el trasplante”.

A continuación, la misma disposición contempla los criterios del Registro Nacional de Receptores, para el trasplante de órganos y respecto del riñón señala que la Lista de Espera Nacional de Receptores se priorizará en base a un puntaje dado por: compatibilidad HLA; tiempo de espera en programa de trasplante; anticuerpos anti-HLA; y receptor de menor edad.

OCTAVO: Que sobre la base de la normativa legal aplicable, se elaboró la Guía Técnica de Asignación de Riñones para Trasplante Renal con Donante Cadáver del Instituto de Salud Pública, la que establece la manera en que dicho organismo realiza la selección y priorización de los pacientes inscritos en el Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos, para la asignación de riñón proveniente de donante cadavérico y describe la metodología por la cual se establece el puntaje que obtienen los receptores cuando se estudian frente a un donante cadáver.

La mencionada Guía, en su punto 9, relativo a las Instrucciones Técnicas del Proceso, señala que corresponderá al Instituto de Salud Pública llevar el Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos, el que se formará con la información que deberán proporcionar los establecimientos autorizados para efectuar trasplante de órganos con la cual se confeccionarán los subregistros por órgano (listas de espera).

Para dichos efectos, agrega, el Centro de Trasplante, solicitará el ingreso o reingreso del receptor a la lista de espera para trasplante renal con donante cadáver enviando la información requerida en el formulario correspondiente y los exámenes que indica, disponibles en línea.

Asimismo, en su punto 9.1, relativo a la gestión de la lista de espera, señala, en lo que interesa al recurso, que el Instituto de Salud Pública informara mensualmente a cada Centro de Trasplante de sus pacientes en Lista de Espera de Trasplante Renal con Donante Cadáver y su estado, con el objeto que el centro notifique por escrito si existe alguna discordancia entre lo informado y los antecedentes del centro; que el detalle del estado de cada receptor en la lista de espera se verá reflejado en una codificación que distingue entre paciente en programa activo e inactivo; y que en dicho listado mensual, además, se indicarán los pacientes que están en programa trasplante con donante criterio expandido y las urgencias médicas.

Posteriormente, en el punto 10.2, se refiere a la tabla de puntaje según tiempo de espera en el programa, señalando expresamente que “El tiempo que lleva un paciente en lista de espera, es otro de los factores que forman parte del puntaje final de priorización. Este se calcula desde que el paciente es activado en lista de espera por parte de su centro de trasplante. Mientras más tiempo haya estado el paciente en la lista de espera, más puntaje se le asignará”. “El puntaje asignado del tiempo en espera, corresponde a un 20% del puntaje final de priorización, por lo que el puntaje asignado, se ve representado finalmente como puntaje ponderado”.

NOVENO: Que de acuerdo con las normas legales y reglamentarias y la Guía referida, la incorporación efectiva de los pacientes en la lista de espera correspondiente únicamente se verifica a través del formulario respectivo y sólo desde dicha incorporación comienza a correr el tiempo de permanencia de los pacientes en la señalada lista, lo que los habilita para obtener puntaje por su antigüedad, contemplándose, además, mecanismos de control para determinar la correspondencia de la información entregada por los centros de trasplante y la que registra el Instituto de Salud Pública respecto de cada paciente.

DÉCIMO: Que, en este caso, no ha sido controvertido que a la recurrente se le informó su ingreso a la lista de espera para trasplante renal cadavérico el 30 de diciembre de 2022, oportunidad en que la paciente cumplía las condiciones para ello, lo que no se verificó debido a que el Hospital Barros Luco Trudeau omitió la remisión del formulario de tipificación al Instituto de Salud Pública, lo que impidió que éste materializara su ingreso en el registro en dicha fecha.

Tampoco se ha discutido que la recurrente continuó con sus atenciones médicas periódicas en el Hospital Barros Luco Trudeau, realizándose la seroteca mensual y administrándosele el procedimiento clínico habitual de los pacientes activos en el sistema de trasplante, sin que se regularizara su situación por parte del centro hospitalario, por más de dos años, no obstante remitírsele por el Instituto de Salud Pública la lista de espera de pacientes actualizada, en la que no figuraba la recurrente.

Asimismo, no se ha debatido que, en el mes de enero de 2025, el Hospital Barros Luco Trudeau, después de tomar conocimiento de la situación de la paciente, remitió al Instituto de Salud Pública el formulario requerido para habilitar el ingreso de la recurrente a la lista de espera respectiva, incluyéndosele a contar del 29 de enero de 2025, fecha que corresponde a la que el Instituto de Salud Pública Instituto de Salud Pública recibió el señalado formulario.

UNDÉCIMO: Que acorde con lo expuesto no es posible obviar que, en su oportunidad, el Hospital Barros Luco Trudeau no dio cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento de incorporación de la paciente en la lista de espera para trasplante renal cadavérico, por cuanto no remitió el formulario de tipificación al Instituto de Salud Pública, impidiendo tanto su ingreso a la misma a contar del 30 de diciembre de 2022 como el reconocimiento de su permanencia desde esa data, con lo que su actuar resulta ilegal y, además, carece de justificación por lo que también deviene en arbitrario, afectando la decisión del Instituto de Salud Pública de incorporar a la recurrente sólo a contar de la fecha en que recibieron el formulario de tipificación correspondiente y los exámenes necesarios, DÉCIMO SEGUNDO: Que tal actuar vulnera las garantías constitucionales contempladas en el N° 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente y la igualdad ante la ley, cuya conculcación entre otras acusa la recurrente, desde que le impide ser considerada como eventual beneficiaria del trasplante que su condición de salud aconseja y le otorga un tratamiento diferenciado respecto de los demás pacientes que en sus mismas condiciones y cumpliendo los requisitos médicos pueden acceder a la lista de espera para trasplante renal cadavérico.

DÉCIMO TERCERO: Que, por las consideraciones anteriores, procede acoger el recurso a efectos que se reconozca como fecha de ingreso de la recurrente a la lista de lista de espera para trasplante renal cadavérico, a cargo del Instituto de Salud Pública, el 30 de diciembre de 2022 y que su tiempo de permanencia se contabilice desde esa fecha, para efectos de la asignación de su puntaje.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Felipe Andrés Belmar Yáñez en representación de doña nombre reservado, en cuanto se dirige en contra del Hospital Barros Luco Trudeau, debiendo consignarse como fecha de ingreso de la paciente en la lista de espera para trasplante renal cadavérico, a cargo del Instituto de Salud Pública, el 30 de diciembre de 2022 y se contabilizará su tiempo de permanencia en la misma desde dicha fecha, para efectos de la asignación de su puntaje.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra suplente Sra. Paula Rodríguez Fondón. Rol N° 4148-2025 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, por los ministros (S) señor Fernando Valderrama Ramírez y señora Paula Rodríguez Fondón.