nombre reservado con SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., representada por su Gerente General, don nombre reservado, en adelante e indistintamente, la AFC, por su actuar arbitrario e ilegal cometidas con fecha 5 de noviembre de 2021, consistente en haber reducido de $418.772 a $83.754 el pago de la cuota asignada a la Ley de Protección del empleo y suspender el pago de las últimas 3 cuotas, asociadas al pacto de suspensión del contrato laboral que suscribió con su empleador en el marco de la citada ley, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que su empleador, TicketFull SpA, la inscribió a la AFC y pagó mensualmente las cotizaciones correspondientes y, que durante la pandemia en que, por el rubro en que se desempeña, a saber, la venta de tickets para espectáculos masicos, su empleador suscribió varios pactos de suspensión de su contrato de trabajo con la AFC, todos los cuales se cumplieron, excepto el último, que comprometía 4 pagos mensuales de $418.772 cada uno comenzando el día 05 de noviembre de 2021.

En este contexto, el recurrente expone que la AFC sólo le cursó el primer pago por un monto mucho menor de lo que correspondía, en lugar de pagar los $418.772 le pagó $83.754 el día 05 de noviembre de 2021 y le suspendieron todos los otros pagos, frente a lo cual la AFC le habría comunicado que la causa es que la ley estuvo vigente hasta el 06 de octubre de 2021.

Así las cosas, señala que esta situación fue sin aviso previo y que la situación de pandemia continúa y su empleador sigue sin tener ventas y debió despedirla en cuanto sucedió el término del pacto de la AFC.

Por otro lado, agrega que el actuar de la AFC vulnera el principio de confianza legitima, toda vez que el Estado no puede de forma súbita alterar las reglas del juego que regulaban sus relaciones con los particulares sin que se les conceda un periodo de transición que se ajuste a su comportamiento a una nueva realidad. Indica que, dado los pagos anteriores lo esperable era que la AFC continuara cumpliendo los pactos de suspensión de las relaciones laborales y le pagara los montos que habían sido informados.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la anulación del beneficio de la Ley de Protección al Empleo y se restablezcan los pagos programados, con costas.

Segundo: Que, informa don nombre reservado, Gerente General Subrogante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., que conforme a la Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, tiene como objeto exclusivo administrar dos fondos, uno de cesantía y el otro de cesantía solidario y, además, otorgar y administrar las prestaciones que establece tal ley; precisando que, con motivo de la pandemia provocada por el virus COVID-19 mediante la Ley N° 21.263 se flexibilizaron transitoriamente los requisitos de acceso y se incrementó el monto de las prestaciones del seguro de desempleo referido.

Así las cosas, refiere que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social podía extender la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N° 21.227, lo cual ocurrió a través del Decreto Supremo N° 1492 publicado en el Diario Oficial el día 03 de septiembre de 2021, el cual estableció que la vigencia de los beneficios y prestaciones del Título I de la Ley N° 21.227, se extendía a partir del 06 de septiembre al 06 de octubre de 2021, por lo que, al no existir nuevas prorrogas sobre la materia el día 06 de octubre de 2021 expiró la vigencia de la ley.

Al respecto, precisa que en virtud del Oficio Ordinario N° 26.391 dictado por la Superintendencia de Pensiones, organismos fiscalizador de la AFC, dispuso que “…No procederá el pago de las prestaciones con giros programados, cuyo devengo se produzca con posterioridad al término de las leyes números 21.227 y 21.247.”. Luego, las prestaciones de suspensión de relación laboral presentadas hasta el día 06 de octubre de 2021 fueron pagadas proporcionalmente hasta esa fecha resultando improcedente el pago de giros cuyo devengo se produjo con posterioridad a esa fecha.

Ahora bien, en relación al caso de la recurrente refiere que el empleador presentó la solicitud de suspensión de contrato de trabajo con fecha 05 de octubre de 2021, por lo que el día 29 de octubre de 2021 pagó el monto de $83.754.- correspondiente al giro proporcional devengado al 06 de octubre de 2021.

En definitiva, señala que no hay fundamento alguno para la interposición del presente recurso de protección interpuesto en su contra, por haber actuado en el marco de sus facultades legales.

Tercero: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, cabe consignar que lo solicitado por la recurrente, y contenido en el petitorio de su libelo, es que se deje sin efecto la anulación del beneficio de la Ley de Protección al Empleo y se restablezcan los pagos programados.

Al respecto, cabe consignar que el artículo 16 de Ley N° 21263 dispone que “Dentro del plazo de doce meses contado desde la publicación de la presente ley, y antes del término de la vigencia de las normas que se señalan en los literales siguientes, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos, además, por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá: 1. Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227.

Por su parte, el Decreto Supremo N°1492 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el día 3 de septiembre de 2021, estableció en el número 2: “Extiéndase, a partir del 6 de septiembre de 2021 y hasta el 6 de octubre de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227”.

Sexto: Que, por consiguiente, de la normativa referida precedentemente, es posible advertir que el recurrido al no efectuar el pago de las prestaciones por suspensión de relación laboral, con posterioridad al 6 de octubre de 2021, ha obrado de conformidad a lo mandatado en las leyes citadas, sin que pueda atribuírsele ilegalidad o arbitrariedad en sus actos, no siendo procedente que por esta vía, se le disponga que actúe en contravención a la ley.

Séptimo: Que, de esta manera, no concurren los presupuestos básicos para el acogimiento de la acción cautelar de protección, al no observarse una acción ilegal o arbitraria, lo que lleva a desestimarlo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministra (S) señora Jorquera.

Ingreso N° 41.376-2021 Protección