nombre reservado con SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE S.A.

Santiago nueve de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente Primero: Con fecha 5 de diciembre de 2021, se dedujo acción de protección en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. -en adelante AFC- por el acto arbitrario e ilegal consistente en haberle haber reducido el pago de la cuota correspondiente a la Ley de Protección del Empleo y suspendido arbitrariamente el pago de las tres últimas cuotas de $418.341 cada una, asociadas al Pacto de Suspensión del Contrato Laboral que suscribió con su empleador, en el marco de la Ley N°21.227, lo que estima, vulnera las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República; motivo por el cual solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la anulación del beneficio de la Ley de Protección del Empleo y se restablezcan los pagos programados, con costas.

Expone que producto del estado de pandemia, en donde los espectáculos masivos se suspendieron producto de la emergencia sanitaria que vivía el país, su Empleador TICKETFULL SpA al no poder tener ventas, se vio en la necesidad desde el 1 de julio de 2020 de acogerlo al Pacto de Suspensión del Contrato Laboral de acuerdo con la Ley de Protección del Empleo. Con fecha 05 de noviembre de 2021 se le redujo el pago de la cuota asignada de $418.341 a $83.668, y, además, se le suspendió el pago de las tres últimas cuotas de $418.341 cada una, asociadas al Pacto de Suspensión del Contrato Laboral que suscribió con su empleador, en el marco de la Ley N°21.227.

Indica que su empleador suscribió varios Pactos de Suspensión del contrato con la AFC, los que se cumplieron; sin embargo, el último Pacto, N°10833312, que comprometía cuatro pagos mensuales de $418.341, cada uno, comenzando el primero el 05 de noviembre no se cumplió conforme lo acordado. Agrega que esta solicitud fue procesada y aprobada por la Administradora de Fondos de Cesantía y se programó un calendario de cuatro pagos mensuales, comunicándosele el éxito del Pacto. No obstante, sólo se le cursó un primer pago por un monto mucho menor de $ 83.668 el pasado 5 de noviembre y se suspendieron los tres pagos restantes. Al efectuar las averiguaciones en la Administradora de Fondos de Cesantía le respondieron que la ley estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2021.

Señala que, de improviso, y sin aviso previo de ningún tipo, se anula el Pacto de Suspensión del Contrato Laboral y que lamentablemente la situación de pandemia continúa y su empleador, que sigue sin tener ventas, debió despedirlo al término del pacto de la Administradora de Fondos de Cesantía.

Segundo: Informando la recurrida explicó que con fecha 4 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.263, que flexibilizó transitoriamente los requisitos de acceso e incrementó el monto de las prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728, con motivo de la pandemia originada por el COVID-19, perfeccionando los beneficios de la Ley N° 21.227 (Ley de Protección del Empleo), Indica que de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 16 de la Ley, se indica que "Dentro del plazo de doce meses contado desde la publicación de la presente ley, y antes del término de lo vigencia de las normas que se señalan (…), el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, podrá: 1. Extender los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N°21.227...".

Por su parte, el Decreto Supremo N°1492 del Ministerio de Hacienda, de 3 de septiembre de 2021, dispuso, en lo pertinente, lo siguiente: "2.- Extiéndase, a partir del 6 de septiembre de 2021 y hasta el 6 de octubre de 2021 la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N°21.227." Por lo tanto, al no existir nuevas prórrogas sobre la materia, el día 5 de octubre de 2021 expiró la vigencia de la Ley.

A su vez, las disposiciones contenidas en el Oficio Ordinario N°26.391 dictado en el uso de sus facultades legales por la Superintendencia de Pensiones, indica que “sólo pueden pagarse las prestaciones por suspensión de la relación laboral establecida en las leyes números 21.227 y 27.247, que se hayan devengado hasta el término de la vigencia de las leyes antes citadas, que por ahora es el 6 de octubre de 2021. En consecuencia, procederá el pago proporcional conforme a los días que se alcancen a devengar hasta el término de la vigencia de dichas leyes. No procederá el pago de las prestaciones con giros programados, cuyo devengo se produzca con posterioridad al término de las leyes citadas”

En ese orden de ideas, las prestaciones por suspensión de relación laboral establecidas en el Título I de la Ley N° 21.227, que se pagan por mensualidades vencidas, solicitadas hasta el 6 de octubre de 2021, su parte debió pagarlas proporcionalmente hasta esa fecha, no procediendo, en consecuencia, el pago de giros cuyo devengo se produzca con posterioridad a ese día.

En el caso del presente recurso el empleador del recurrente, con fecha 5 de octubre de 2021, presentó la "Solicitud de suspensión de contrato de trabajo " lD N° 7O833312 que establece la Ley, en favor del recurrente. En virtud de ella, con fecha 29 de octubre del año 2021, se pagó al actor la suma de $583.668, correspondiente al giro proporcional devengado hasta el día 6 de octubre de 2021, fecha en que terminó lo vigencia de la ley.

En cuanto a los demás giros que alega el recurrente, afirma que no se puede proceder con el pago de aquellos giros devengados con posterioridad al término de vigencia de la ley, esto es, con posterioridad al día 6 de octubre de 2021. Actuar en un sentido contrario, implicaría una infracción a las normas legales y administrativas expresas sobre la materia.

En consecuencia, estima que ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas. Además, no ha hecho sino cumplir con las disposiciones de carácter obligatorio establecidas en la ley y en la normativa de carácter especial emanada de su organismo fiscalizador, la Superintendencia de Pensiones, no habiendo existido, ni existiendo fundamento alguno que sustente la presentación del presente recurso.

Tercero: Como se ha venido sosteniendo reiteradamente, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Por el presente recurso se reprocha a la recurrida, haber reducido el monto de una cuota y suspendido el pago de otras tres, cada una ascendente a las sumas de $418.341 y asociadas al Pacto de Suspensión del Contrato Laboral suscrito entre el actor y su empleador, en el marco de la Ley de Protección del Empleo.

Quinto: En cuanto a la normativa atingente al asunto, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley 19.728, estableció un seguro obligatorio de cesantía en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, el que es administrado por una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, quedando sujetos al mismo, conforme a su artículo 2º los trabajadores dependientes que inicien o reinicien actividades laborales con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley -publicada el 14 de mayo de 2001-; se indica, además, que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará la incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el texto legal.

En su artículo 15, se establece que los trabajadores que cesan su relación laboral por alguna de las distintas causales del Código del Trabajo, que enumera, tendrán derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha Cuenta les permita financiar, de acuerdo a los porcentajes que expresa, según los porcentajes promedio de remuneración de los últimos 6 o 12 meses de cotizaciones, y que van el primer mes desde un 70% al 30%.

Asimismo, en el artículo 25, se dispone que el monto de la prestación por cesantía durante los meses que se indican en las respectivas columnas corresponderá al porcentaje del promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los doce meses anteriores al del término de la relación laboral.

Por su parte, la Ley N°21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley Nº19.728, en circunstancias excepcionales, regulando en su "Título I, los efectos laborales de la enfermedad COVID-19, en lo que interesa, señala en el artículo 1°, que “…En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes…”

Se indica, asimismo, que en el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe por Calamidad Pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del Decreto Supremo Nº104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la entrada en vigencia de la presente ley, entre otros, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728, cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, podrán acceder a las prestaciones establecidas en el presente título, una vez dictada la respectiva resolución por el Subsecretario de Hacienda- quien señalará la zona o territorio afectado y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades.

En cuanto a los beneficios, en su artículo 2, dispone que “…Los trabajadores señalados en el artículo anterior, tendrán derecho a la prestación establecida en los artículos 15 y 25 de la ley N° 19.728, según sea el caso…”

Para hacer uso del beneficio, el artículo 2° exige que el empleador solicite ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía la prestación que le corresponda a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración de autoridad, con los requisitos que señala; e igual requerimiento podrá efectuar el trabajador individual o colectivamente, ante ese organismo, cuando el empleador no haya solicitado el beneficio.

El texto legal citado establece que la prestación de este artículo se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto o declaración de autoridad señalado en el inciso primero del artículo 1°. En el caso de que el evento a que se refiere el inciso primero del artículo 1° tenga una duración inferior a un mes calendario, la prestación que no comprenda una mensualidad completa se pagará de forma proporcional al tiempo de su duración.

En su artículo 5 la Ley 21.227 permite a los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, suscribir con el o los trabajadores un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del Título I- “Efectos laborales de la enfermedad COVID-19-“. Este pacto podrá celebrarse solamente fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se refiere el inciso primero del artículo 1 y durante la vigencia establecida en el inciso segundo del artículo 16, que, al efecto, establece “…Las disposiciones del Título I…regirán por un plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de esta ley”, esto es, desde el 06 de abril de 2020.

Se agrega que el pacto tendrá los efectos indicados en los incisos segundo y tercero del artículo 3 –el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, continuando vigente la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la Ley N°16.744. El pacto dará lugar a las prestaciones señaladas en el inciso primero del artículo 1, es decir, a aquellas que establecen los artículos 15 y 25 de la Ley 19.728, de cumplirse con los requisitos legales.

Se expresa que el acuerdo producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Con todo, las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

En su caso, la Ley 21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N°19.728, con motivo de la pandemia originada por el COVID-19, y perfecciona los beneficios de la ley N°21.227, modificada por la Ley N°21.312, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en ella y en la ley N°21.227, en su artículo 13 dispone que “…La Superintendencia de Pensiones estará facultada para impartir instrucciones para la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley y de aquellas materias relacionadas con éstas”.

Asimismo, el artículo 16 de este último texto legal contempla que “…Dentro del plazo de doce meses contado desde la publicación de la presente ley, y antes del término de la vigencia de las normas que se señalan en los literales siguientes, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos, además, por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá:

1. Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227, como asimismo, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728 en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley por un período máximo de catorce meses…”.

En uso de esta facultad, el 03 de septiembre de 2021, se publicó el Decreto Supremo N°1.492, del Ministerio de Hacienda, que en su numeral 2° extiende, a partir del 6 de septiembre de 2021 y hasta el 6 de octubre de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley Nº21.227; y, en su numeral 4°, en igual período, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la ley Nº21.263, respecto de la ley Nº19.728 Sexto: En el contexto normativo a que se viene haciendo referencia, es posible constatar que con motivo de la pandemia COVID-19, se dictaron diversos cuerpos legales, actos y declaraciones de autoridad, atendiendo a las condiciones sanitarias del país y el impacto de la misma en el mercado laboral y el desempleo, estableciéndose una serie de beneficios y prestaciones, entre éstos, aquéllos que otorgan derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario y extienden la vigencia del título II de la Ley Nº21.227; el artículo 16 de la Ley N°21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones del seguro de desempleo de la Ley Nº19.728 y perfecciona los beneficios de la ley Nº21.227; la Ley N°21.312, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes Nos 21.227 y 21.263, los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°1.492, de 24 de agosto de 2021, del Ministerio de Hacienda, mantuvieron su vigencia únicamente hasta el 6 de octubre de 2021.

Séptimo: A su vez, la Superintendencia de Pensiones, dictó los Oficios Ordinarios N°24.650, por el cual en su numeral 4, letra iii) instruyó determinar y pagar los giros correspondientes a los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N°21.227, devengados hasta el 6 de octubre de 2021; y N°26.391, que en su numeral l, letra b), señala que “…sólo pueden pagarse los prestaciones por suspensión de lo relación laboral establecidos en las leyes números 21.227 y 27.247, que se hayan devengado hasta el término de la vigencia de los leyes antes citadas, que por ahora es el 6 de octubre de 2021…En consecuencia, procederá el pago proporcional conforme o los días que se alcancen o devengar hasta el término de la vigencia de dichas leyes. No procederá el pago de las prestaciones con giros programados, cuyo devengo se produzca con posterioridad al término de las leyes citadas…”.

Octavo: Por otra parte, resulta ser un hecho no disputado que el actor suscribió diversos Pactos de Suspensión del Contrato Laboral con su empleador, en el marco de la Ley N°21.227, en el último de los cuales se programaron giros a devengar más allá de la vigencia de las prestaciones contenidas en el referido texto legal, sin que el Decreto Supremo N°1.492, del Ministerio de Hacienda, contemple alguna hipótesis que dé vigor a lo acordado por el recurrente y su empleador, permitiendo extender los pagos más allá del 06 de octubre de 2021, fecha de cese de las prestaciones contenidas en la Ley 21.227, conforme a cuyo artículo 5° se pactó la suspensión temporal del contrato de trabajo. Aún más, el inciso tercero del precepto legal citado dispone que, en caso de que durante la vigencia del pacto se decretara un acto o declaración de autoridad en conformidad al inciso primero del artículo 1, se interrumpirá su vigencia, sin perjuicio de que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de autoridad, lo que, en la especie, no ha ocurrido.

Cabe aunar que, el inciso final del artículo 5° en análisis, establece que “…El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción. Con todo, las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo…”.

En armonía con lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, instruyó a los organismos bajo su supervisión, acerca del límite temporal de los beneficios y prestaciones que enumera el Decreto Supremo N°1492, señalando que éstos no pueden exceder su vigencia más allá del 6 de octubre de 2021.

Noveno: En este entendido, la AFC recurrida al proceder a pagar proporcionalmente al actor la suma de $83.668, correspondiente al giro proporcional devengado hasta el día 6 de octubre de 2021 y revocar los giros programados a devengarse el 5 de noviembre y 3 de diciembre, ambos meses del año 2021 y 7 de enero y 4 de febrero de 2022, es decir, con posterioridad al término de vigencia de las prestaciones contenidas en la Ley 21.227, se ha ajustado a la normativa legal y administrativa vigente que regula esta materia.

Décimo: Asimismo, no es posible constatar arbitrariedad en el actuar de la recurrida, desde que, según se desprende del texto del recurso, el actor recibió íntegramente, con anterioridad al 6 de octubre de 2021, aquellas prestaciones a las que tenía derecho con motivo de los pactos de suspensión del contrato de trabajo suscritos con su empleador; siendo advertido -como se lee- en los certificados que él mismo acompaña al recurso, que el o los pagos se suspenderán, entre otros motivos, en caso de retomar la actividad laboral, que fue la causa que se le comunicó para revocar los giros programados de los meses de diciembre, enero y febrero, lo que no obedece al mero capricho de la Administradora de Fondos de Cesantía, sino que al término de vigencia de los beneficios conferidos por la Ley 21.227.

Undécimo: En estas condiciones, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, se torna inoficioso explayarse sobre las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas.

Duodécimo: Como corolario de lo razonado, no resulta posible acoger la acción de cautela, la que debe ser necesariamente desestimada.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra (I) Ana María Osorio Astorga.

Protección N°41.375-2021.- 1