nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don Sebastián Andrés Bustos Urbina, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido la referida repartición pública, en un acto ilegal y/o arbitrario mediante el acto que le fuera notificado mediante correo electrónico de 5 de noviembre de 2021, que contiene el Of. Ord. N° 517 de fecha 27 de octubre de 2021, por el cual se le informó la respuesta entregada por el jefe de la Sección Operaciones de la Tesorería Regional Metropolitana, que señaló respecto al fundamento que se han tenido en consideración para no dar curso a la Resolución que le otorgó el beneficio del bono laboral, lo que vulneraria las garantías fundamentales del recurrente, de los números 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El actor solicitó que se acoja su acción, ordenando que se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que se deje sin efecto el acto impugnado notificado a don nombre reservado, mediante correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2021, que contiene que contiene el Of. Ord. N° 517 de fecha 27 de octubre de 2021, por el cual se le informa la respuesta negativa entregada por el jefe de la Sección Operaciones de la Tesorería Regional Metropolitana, por ser ilegal y arbitrario, y que se declare que el recurrente tiene derecho a obtener el Bono Post Laboral en el año 2021, de conformidad con lo preceptuado en la Ley N° 21.306, con costas.

Parte indicando que el recurrente tiene 68 años al momento de la interposición del recurso, y que nació el día 5 de abril de 1953. Señala que en su vida funcionaria ha ejercido gran parte de su vida retirándose del servicio público en el año 2019, adjudicándose el incentivo al retiro contemplado en la Ley 20. 986.

Menciona que esta ley, dirigida a los profesionales funcionarios afectos a las leyes N° 15.076 y N° 19.664, de los Servicios de Salud, y a los profesionales funcionarios de la Escala A de remuneraciones de los Establecimientos de Salud de Carácter Experimental, preceptúa que 3.750 médicos podrán acceder a beneficios económicos cumpliendo ciertos requisitos, los que se traducen en una bonificación de 11 meses de remuneraciones imponibles y, además, un bono adicional si el desempeño supera los 15 años de servicio. Expone que estos beneficios tienen una vigencia acotada de 10 años, contados desde el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2024.

Asimismo, expone que la Ley N° 20.305 establece mejores condiciones de retiro para los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, la que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, para el personal que a la fecha de entrada en vigor de esta ley (diciembre 2018) desempeñe un cargo de planta o a contrata, y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos que indica. Añade que el personal mencionado anteriormente tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

Luego de reproducir el numeral segundo recién citado, hace mención al dictamen N° 1117 de fecha 8 de abril de 2020, emitido por la Contraloría General de la República, destacando que esta institución considera que los beneficiarios de la Ley N° 20.986 tienen derecho al bono post laboral cuando lo solicitaren dentro del plazo que la Ley N° 20.305 señala, pues establece que el solicitante no tenía derecho a tal bono solo en razón de la oportunidad en que fue solicitado ya que, como se ha dicho, la Ley N°20.305 preceptúa que la postulación al bono post laboral debe efectuarse dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 60 o 65 años de edad, según el sexo del peticionario.

Sostiene que luego de esto, corresponde determinar si es aplicable a los referidos profesionales funcionarios lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 21.306, sobre reajuste del sector público para el año 2021. Hace presente que de este artículo se puede inferir que los requisitos para gozar del plazo excepcional que esta norma establece -y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021- son los siguientes: a) Ser funcionario o ex funcionario público, cualquiera sea el estatuto jurídico que le sea aplicable, ya que la ley no hace distinción alguna; b) Cumplir los requisitos legales para acceder al bono post laboral; y c) Que no haya presentado la solicitud para impetrar el bono post laboral o que habiéndolo solicitado no hubiese accedido a él por motivos que no le son imputables, o bien que al momento del cese de sus funciones en el servicio respectivo se hubiere acogido a una ley de incentivo al retiro voluntario que contempla plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la Ley Nº 20.305, tales como la Ley Nº 20.374 y la Ley Nº 20.135, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la Ley Nº 20.305.- Concluye que la norma contenida en el artículo 80 de la Ley N° 21.306 favorece a todos los funcionarios y ex funcionarios que accedan durante el presente año, o hayan accedido en el pasado, a la bonificación por retiro voluntario de la Ley N° 20.986.

Alegó, en primer lugar, que el acto es ilegal y arbitrario ya que no hace referencia alguna ni da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 21.306. Expone que la Tesorería Regional efectúa una interpretación de lo establecido en la Ley N°21.306, que modificó de manera excepcional (por el año 2021) los plazos de postulación al Bono Post Laboral. Aclara que el recurrente se encuentra en el caso indicado en la mencionada Ley N°21.306, quién presentó juntamente con su solicitud de acogerse al incentivo al retiro de la Ley N°20.986 acceder a su vez al bono Post Laboral de la Ley 20.305.

Asevera que la recurrida hizo una interpretación antojadiza y errada del artículo 80 de la Ley 21.306, produciendo que el acto impugnado sea arbitrario y a la vez ilegal En segundo término, alega que la administración se encuentra obligada a fundamentar los actos que dicta, tal como lo indican los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, que establece las bases de todo procedimiento administrativo, deber que no se entiende por cumplido con la mera referencia genérica, sino que debe indicarse de tal manera que permita entender el razonamiento y los reales motivos que tiene la autoridad al momento de dictarlo, de modo de evitar cualquier desviación de poder.

En cuanto a la vulneración de las garantías fundamentales, argumenta que la autoridad, soslayando las normas legales vigentes que exigen la dictación de un acto motivado, emite la respuesta que rechaza la solicitud ya referida, contraviniendo texto expreso legal, creando una diferencia arbitraria respecto de otros funcionarios que, ante esta misma situación, se les reconoce este derecho.

Además, menciona que el recurrente por sus años de servicio públicos y su baja tasa de reemplazo de sus pensiones, tiene derecho a acogerse al Beneficio del Bono Post Laboral, la que mejorará sus condiciones de retiro, al ser un trabajador del sector público con baja tasa de reemplazo de sus pensiones, lo que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales adicionales.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República, quien, informando al tenor del recurso, solicitó el rechazo de éste, ya que, no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal.

En relación a la Ley N° 20.305 que establece el denominado “bono post laboral”, menciona que en su artículo 2 dispone que el personal que se desempeña en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio (indicados en el artículo 1°), que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, debe cumplir para ser beneficiario del bono, los siguientes requisitos en forma copulativa: 1) Tener la calidad de funcionario público (planta o a contrata) o estar contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 1 de mayo de 1981; 2) Tener a lo menos 20 años de servicios en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecedentes legales, a la fecha de la publicación de la Ley N° 20.305; 3) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55%; 4) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres; y 5) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley N° 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Refiere que en relación con el artículo 80 de la Ley N° 21.306 que otorga reajuste y otros beneficios, se indica que, en el plazo de un año contado desde el 31 de diciembre de 2020, podrán solicitar el bono post laboral los exfuncionarios que: a) Cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono. b) Cumpliendo requisitos legales y habiéndolo solicitado, no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos y c) También aquellos que, al momento del cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplaron plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2° y en el artículo 3°de la Ley N° 20.305, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono que contempla esta última norma.

Afirmó que este último articulado concede un nuevo intervalo de tiempo, contado desde la fecha de su publicación, para que los ex servidores que, entre otros requisitos, terminaron sus labores dentro de los 12 meses siguientes de cumplidos los 65 años (tratándose de hombres) y que no presentaron oportunamente su solicitud al bono post laboral o no accedieron por razones no imputables a ellos, puedan postular a aquel. Agrega que la normativa contempla la posibilidad de postular a los exfuncionarios que, al amparo de leyes de incentivo al retiro, podían exigir conjuntamente el bono post laboral con plazos o edades distintos a los señalados en Nos 4 y 5 del artículo 2° y 3° de la Ley N° 20.305, para impetrar dicho estipendio y alejarse de su empleo Explica que, en la situación del recurrente, corresponde anotar que aquellos ex servidores que se acogieron a la bonificación por retiro voluntario (equivalente a 11 meses de remuneración imponible) o a la bonificación adicional (hasta 664 Unidades de Fomento) de los profesionales de la salud, al amparo de la Ley N°20.986, no pueden postular a este “nuevo” plazo u oportunidad que establece el artículo 80 de la ley N° 21.306. Arguye que esta situación que no hizo compatibles ambos beneficios y no puede ser alterado por lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 21.306, norma de carácter excepcional que se aplica a aquellos exfuncionarios que al momento del cese podían acceder al referido bono post laboral.

En el mismo sentido, cita el dictamen N° 31.526/2019 en relación a la Ley N° 21.043, para enfatizar que no puede una norma excepcional (como lo es el artículo 80 de la ley N°21.306) extender dicha prerrogativa a beneficiarios de leyes especiales (como son aquellas que otorgan bonificaciones para retiro de académicos, directivos o profesionales) que nunca tuvieron derecho a postular y acceder al bono post laboral en condiciones distintas a la regla general contemplada en la Ley N°20.305 en desmedro de aquellos exfuncionarios que teniendo dicho derecho de acuerdo a la normas generales, no pudieron acceder a éste por distintas razones. Concluye que el derecho que el recurrente indica le ha sido vulnerado, no es indubitado y no disputado, escapándose absolutamente de los propósitos de la presente acción constitucional.

En cuanto a la supuesta infracción al derecho a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, afirma que la actuación impugnada de manera alguna puede vulnerar dicha garantía, pues el no pago del bono post laboral, por su representada se aplica a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación, esto es, que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del bono de la Ley N° 20.305. Asimismo, hace presente que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata del ejercicio de un rol fiscalizador de la recurrida establecida en la ley para los efectos custodiar los fondos fiscales. Aclara que no se ve de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que, de acuerdo con las normas aludidas, el recurrente no tiene el derecho a postular ni acceder al bono para mejorar su pensión establecido en la Ley N° 20.305.

TERCERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida pretensión al recurrente.

CUARTO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

QUINTO: Que, para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si la Resolución de la recurrida de no otorgar el bono post laboral constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si ese proceder afectó o amenazó las garantías constitucionales enarboladas.

SEXTO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que el artículo 2° de la citada Ley N° 20.305, en sus numerales 4 y 5 dispone que: Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres y 60 años tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas.

A su vez, el artículo 80 de la Ley N° 21.306 establece: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 20.305, otorgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la Ley Nº 20.305, a los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos.

En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede”

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, y conforme al mérito de las probanzas incorporadas por la recurrida, es posible constatar que la decisión tomada por la Jefatura de la Sección Operaciones de la Tesorería Regional Metropolitana, de NO DAR CURSO a la Resolución que le otorgó el beneficio del bono laboral, no es ilegal.

Por otro lado, es necesario señalar que el acto no es arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho ni es la consecuencia de una actuación irracional de la recurrida, sino que por el contrario se circunscribe a dar cumplimiento a la normativa señalada en el motivo sexto, en consonancia con las leyes números 20.986 y 20.305, cuerpo legales normativos aplicables al caso subjudice.

Además, claramente no le resulta regulado y pertinente, en este caso concreto al actor señor nombre reservado las normas que invoca en su libelo, por cuanto recibió un bono de incentivo al retiro, según estatuye la Ley N° 20.986, con la petición de concesión de un bono Post Laboral (Ley 20.305), por cuanto ninguna de las disposiciones de la mentada Ley N° 20.986 de incentivo al retiro estableció la compatibilidad de sus bonificaciones con el bono de naturaleza laboral impetrado por el recurrente, sin perjuicio que el artículo 80 de la Ley N° 21.306, sólo aumenta el plazo para aquellas personas que por una u otra razón no imputable a ellas, no han recibido el mentado bono de incentivo.

Finalmente huelga decir que conforme al artículo 13 de la Ley N° 19.041, la Tesorería General de la República tiene un rol fiscalizador de los egresos no tributarios y que tiene la facultad de suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten y sobre esa base -la recurrida- no solo tiene la prerrogativa para revisar los antecedentes atingentes a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los números 2 y 4 del artículo 2° de la Ley N° 20.305, sino que también para verificar lo esencial a ello, como es verificar si era aplicable al ex funcionario, beneficiario de las bonificaciones de la Ley N° 20.986, las analizadas disposiciones de la Ley N°20.305, normas que -como se dijo- en la especie resultan inaplicables.

OCTAVO: Que, así las cosas, la recurrida no ha incurrido en acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que constituyan privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales y garantías de la recurrente indicados en el libelo, por lo que el recurso de protección no puede ser acogido.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que: SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el letrado don Sebastián Andrés Bustos Urbina, en representación de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda, quien fue de opinión de acoger el recurso, en virtud de los siguientes fundamentos:

Que en el ámbito de la interpretación constitucional a que se sujeta el recurso de protección de garantías constitucionales, conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República, a juicio del disidente, carece de sustento la aplicación restrictiva que la Tesorería Regional Metropolitana realiza, quien sin motivación alguna la realiza al interpretar la disposición del artículo 80 de la Ley 21.306, de que el recurrente no puede postular a “este nuevo plazo u oportunidad” que esa disposición establece y restringe su aplicación solo a los ex funcionarios que al momento del cese, podían acceder al Bono Post Laboral de la Ley 20.305, que estableció mejores condiciones de retiro para los trabajadores del sector público con baja tasa de reemplazo de sus funciones.

En efecto, del examen del acto administrativo reclamado resulta que éste carece de motivación, porque no explica el sentido literal y claro del inciso segundo, del citado artículo 80, de la ley 21.306, que dispone:

“Asimismo, podrán acogerse al plazo especial antes señalado aquellos funcionarios y funcionarias que, en el cese de funciones en el servicio respectivo, se acogieron a los beneficios de leyes de incentivos al retiro voluntario que contemplan plazos y/o edades distintos de los señalados en los numerales 4 y 5 del artículo 2 y en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, tales como la ley Nº 20.374 y la ley 20.135, siempre que cumplan los demás requisitos para acceder al bono de la ley 20.305.

En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que la concede.”

Por ello, habiendo cumplido el recurrente con los requisitos para ser beneficiario del Bono Post Laboral, el Of. Ord. Nº 517, de fecha 27 de octubre de 2021, por medio del cual el Jefe de la Secc. de Op. de la Tesorería Regional Metropolitana rechaza otorgar el beneficio concedido, carece de motivación y se transforma en un acto ilegal y arbitrario que afecta los derechos del recurrente, consagrados en los números 2º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida que, al no dar curso a la Resolución que había otorgado el beneficio laboral del Bono Post Laboral y revoca lo resuelto, debió observar lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, es decir, haber entregado la determinación razonada de porque desconoce la actividad de otro órgano de la administración.

Además, el acto administrativo denunciado al no dar curso a la Resolución que había otorgado el beneficio laboral, permite comprobar que legalmente había sido entregada la determinación de las circunstancias de hecho y de derecho en relación al otorgamiento del beneficio a quien la había dictado, por lo que la demandada no pudo desconocer la voluntad y atribuciones del órgano que había actuado dentro su competencia, ni aún a pretexto de tener las facultades para hacerlo conforme al artículo 13 de la ley 19.041, ya sea fundado en una errónea aplicación de la ley o por considerar errónea calificación de los hechos, en tanto, dicho acto ya había originado el derecho a la confianza legítima del recurrente, quien de buena fe había incorporado tal derecho.

Por consiguiente, el disidente fue de opinión de dejar sin efecto el acto administrativo impugnado y ordenar a la recurrida a dar curso a la Resolución que otorgó el beneficio del Bono Post Laboral al recurrente, dentro de quinto día.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro Aguilar y el voto su autor.

N°Protección-41353-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por el Abogado Integrante señor Michael Camus Dávila.