Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 6 de marzo de 2025, comparecen los abogados don Pedro Antonio Rivero Chacón y doña Alejandra Valdivieso Godoy, en nombre de doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la realización de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas, y la difusión de estas a través de internet, específicamente mediante una cuenta de Instagram, en desmedro de la recurrente. Precisa la recurrente que este actuar vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°4, en lo relativo al respeto y protección a la vida privada y a la honra, y N°24, referente al derecho de propiedad sobre la propia imagen, ambos de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente es una migrante emprendedora que, con esfuerzo y dedicación, ha establecido un negocio de venta de ramos de frutas con chocolate, denominado “[nombre reservado]”, el cual ha logrado consolidar una sólida marca personal y empresarial en la red social Instagram, contando con más de 428 mil seguidores en su cuenta de emprendimiento.

Expone que la motivación detrás de las publicaciones del recurrido se origina en un incidente de hace varios años, cuando este intentó estafarla con un servicio de apertura de cuenta bancaria, lo que generó una denuncia y la posterior devolución del dinero, utilizando el recurrido la actual situación personal de la recurrente como pretexto para una venganza.

Señala que, con fecha 3 de marzo de 2025, tomó conocimiento de que el recurrido ha estado publicando mensajes difamatorios en su contra, valiéndose del perfil público de Instagram identificado como “nombre reservado”, el cual posee casi 29 mil seguidores.

Precisa que el carácter público de la cuenta permite que cualquier persona pueda ser influenciada por el contenido difamatorio, lo que amplifica el daño causado, principalmente en una red social con una base de usuarios tan grande como Instagram. Comenta que estas publicaciones difunden mensajes de odio, desprestigio y amenazas, acusándola de estar involucrada en una supuesta estafa relacionada con la captación de inversionistas para un fondo mutuo, exponiendo fotos e información sensible de la recurrente, lo que genera un grave perjuicio a su honra y reputación. Agrega que nunca ha sido investigada ni condenada por los delitos de estafa que se le imputan. Por el contrario, ha iniciado acciones legales en Venezuela y España contra la sociedad de comercio "FxWinning Limited" y su representante legal.

Agrega que las publicaciones del recurrido, además de ser falsas, están estructuradas con la intención de causar un daño profundo y permanente.

Asimismo, menciona que ha recibido amenazas por mensajes directos del recurrido a través de la misma cuenta de Instagram.

Cita un mensaje en particular, acaecido a la 1:15 horas del día de la presentación, donde el recurrido le aseguró tener las direcciones de la madre de la recurrente y de la madre de su expareja, añadiendo de forma intimidante que “no quiere lamentar una desgracia”.

Precisa que, además de las graves imputaciones, ha comenzado a recibir amenazas por parte de terceros influenciados por la incitación al odio promovida por el recurrido.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 N°1, N°4 y N°24, junto con el artículo 20 de la Constitución Política de la República, argumentando que se cumple el plazo legal para la interposición del recurso, por tratarse de una vulneración de carácter permanente y continua. Expone que el acto del recurrido es ilegal, toda vez que no sigue el cauce legal adecuado para la resolución de conflictos, y es arbitrario, por carecer de toda racionalidad la difusión pública de acusaciones infundadas. Finalmente, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Iltma. Corte de Apelaciones que reconocen la vulneración de la honra y la propia imagen por publicaciones de similar tenor en redes sociales.

Pide, en definitiva, que se acoja el presente recurso de protección y se ordene al recurrido: (i) Eliminar todo el contenido publicado en desmedro de la recurrente y su empresa “[nombre reservado]”, en el sitio www.instagram.com y en cualquier otra red social; (ii) Abstenerse de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía; y (iii) Aplicar multa en caso de continuar con las publicaciones difamatorias, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que se prescindió del informe del recurrido, dado que luego de que se le requiriera el mismo por esta Corte mediante resoluciones sucesivas de fecha 19 de marzo, 7 de abril, 24 de abril y 27 de mayo, todas de 2025, permaneció renuente a dar cumplimiento a dicha carga;

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, en lo que atañe a las publicaciones efectuadas por la recurrida en la plataforma social Instagram, las que en concepto de la recurrente, contendrían una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas, es necesario reflexionar que en el evento de ser ello efectivo, corresponde que sea dilucidado en el procedimiento legal respectivo -de naturaleza penal o civil-, con amplias posibilidades de prueba y discusión.

Luego, dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que éste no resulta idóneo para resolver la materia propuesta a la consideración tutelar de esta Corte;

QUINTO: Que, en consecuencia, en el caso que la recurrente considere ser víctima de un delito de injurias, calumnias o amenazas, debe proceder por la vía procesal correspondiente, la que por lo demás puede extenderse a la vía civil, en caso de que se entienda incurso al recurrido en un supuesto de responsabilidad extracontractual;

SEXTO: Que reafirmando lo anterior, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra. En cualquier caso, la colisión en comento está resuelta en este caso por la Constitución y por la ley, específicamente por los artículos 19 N° 12 de la Carta Fundamental y por el artículo 1° de la Ley 19.733 y, en tal escenario, no corresponde a los jueces efectuar la ponderación que de manera ex ante, realizó expresamente el constituyente y el legislador.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad". (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08):

SÉPTIMO: Que en este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463/15);

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, si la finalidad práctica del presente arbitrio ha sido la obtención de una decisión judicial que ordene la eliminación de determinadas publicaciones desde una o más plataformas sociales, lo cierto es que le asiste a quien se considere agraviado por divulgaciones difamatorias incorporadas en ellas la posibilidad de reportar en Instagram y en todas las redes sociales, el perfil en que se plasman tales expresiones, como el contenido de ellas directamente en las mencionadas redes mediante el respectivo Formulario de Denuncia, dado que en la hipótesis de constatar las respectivas entidades una infracción a las “Normas Comunitarias”, poseen atribuciones para eliminar de sus plataformas sociales las expresiones vejatorias e incluso la cuenta desde las que se vertieron;

NOVENO: Que a mayor abundamiento, consideran estos magistrados que acoger el recurso a efectos de ordenar a una persona natural o jurídica eliminar determinadas publicaciones de carácter injurioso o calumniosas e instarlo a abstenerse de efectuar en el futuro otras de igual carácter, además de vulnerar el derecho de expresión y opinión de dicho ciudadano, mediante un procedimiento de cautela que no atiende a las mínimas exigencias del debido proceso, y en que, en la práctica, se efectúa una calificación jurídica a las expresiones objetadas que excede la competencia de esta Corte, lo cierto es que tal pronunciamiento comprende una declaración inane, pues no se advierte cómo podrían los recurridos inhibirse de efectuar expresiones “calumniosas o injuriosas”, dado que este discernimiento corresponde en definitiva hacerlo a la jurisdicción especializada en materia penal;

DÉCIMO: Que luego de lo dicho, por todas las razones antes desarrolladas debe necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de nombre reservado

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4135-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.