Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, ingeniero en administración de empresas, y deducen acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 17 de noviembre de 2021, que confirma el rechazo del pago de una licencia médica válidamente emitida por médico psiquiatra tratante, con vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que el acto administrativo impugnado confirmó el rechazo de la licencia médica Nº NUM001, extendida por un total de 15 días a contar del 1 de septiembre de 2020, por concluir que el reposo prescrito no se encontraba justificado, fundado en que entre los antecedentes tenidos a la vista, el recurrente no acompañó ninguno que ameritara efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por el Servicio.

En cuanto al diagnóstico del recurrente, aluden a informes médicos emitidos con fecha 12 de mayo, 10 de junio, 6 de agosto y 1 de octubre de 2020, por el Dr.

nombre reservado, en el que se consigna un trastorno ansioso mixto, recuperable, con buen pronóstico. A lo anterior añaden el informe emitido el 29 de julio del mismo año por la psicóloga nombre reservado, en cuyas conclusiones se visualizan síntomas y signos acordes a un trastorno de ansiedad, con animosidad mixta, requiriendo mantener tratamiento médico y psicológico.

Detallan que a partir de abril de 2019, el recurrente acudió a médico general por estados de estrés y problemas musculares, siendo derivado a psiquiatra en relación a su separación de una relación de pareja más de trece años. Indican que sus licencias fueron pagadas de forma normal, remitiendo toda la documentación a COMPIN; sin embargo, a partir del mes de marzo de 2020 y siguiendo con licencia hasta el 30 de septiembre de 2020, le dejaron de pagar sus licencias médicas por estimar que el reposo sería injustificado, lo que le trajo múltiples problemas económicos y el impedirle seguir con su tratamiento, a pesar de que jamás le solicitaron o hicieron peritaje alguno, encontrándose a la época de interposición del recurso con trece licencias médicas impagas.

Explican que, en lo que atañe al recurso, la Superintendencia de Seguridad Social rechazó la licencia médica Nº NUM001, extendida por un término de 15 días, desde el 1 hasta el 15 de septiembre de 2020, por estimar que el reposo era injustificado. Al respecto, argumentan que la decisión carece de fundamentos suficientes, teniendo presente que no se instruyó la realización de peritaje previo con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente, y prescindiendo además de las conclusiones del médico tratante.

Estiman que el acto recurrido vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente, pues el referido rechazo impacta severamente en su salud, produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperarla, añadiendo que su patrimonio se vio mermado, al encontrarse impedido de acceder al subsidio por enfermedad.

Solicitan que se acoja el recurso, aprobando y ordenando el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivados de la licencia médica Nº NUM001, o bien, la declaración que esta Corte en igual sentido; sin perjuicio de adoptar todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que la Superintendencia de Seguridad Social evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción de protección, por haberse interpuesto vencido con creces el plazo de 30 días corridos previstos en el Auto Acordado que regula la materia. En efecto, refiere que el 29 de septiembre de 2020 el recurrente reclamó ante la Superintendencia, por cuanto la COMPIN rechazó la licencia médica N° NUM001. Luego, mediante la Resolución Exenta N° NUM002 de 19 de octubre 2020, la Superintendencia confirmó la decisión, y el 25 de octubre de 2020 el recurrente solicitó la reconsideración de este último acto administrativo, recurso que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° NUM003 de 8 de enero de 2021. Señala que el recurrente nuevamente dedujo reconsideración en contra de esta última resolución el 28 de febrero de 2021, la que fue rechazada por la Resolución Exenta N° NUM004 de 15 de abril de 2021.

Finalmente, el 18 de mayo de 2021, el recurrente interpuso una nueva reconsideración, la que fue rechazada mediante la resolución que se impugna mediante la presente acción constitucional, de fecha 17 de noviembre de 2021. En este sentido, argumenta que transcurrieron más de catorce meses desde que el recurrente tomó conocimiento del rechazo de la licencia médica, hasta la interposición del recurso, por lo que deviene en extemporáneo.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, aseverando que el asunto sobre el que versa la acción incide en un aspecto específico del derecho reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, no contemplado en la enumeración taxativa del prevista en su artículo 20.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, luego de hacer referencia al marco normativo que regula las licencias médicas, sostiene que el recurrente carece de un derecho indubitado respecto de la licencia, teniendo en consideración que tras sucesivas instancias de revisión, se concluyó que era improcedente la autorización de la licencia.

A mayor abundamiento, señala que los especialistas médicos del Servicio elaboraron informes que justificaron la decisión de rechazo de anteriores licencias médicas del recurrente, y en lo que atañe a la reclamada por el presente recurso, el 8 de enero de 2021 el Dr. nombre reservado expuso en su informe las siguientes conclusiones: “Solicita reconsideración por 1 licencia de 15 días a contar del 1-9- 2020. Emitida por médico alto emisor, salud pública. modalidad libre elección.

Acumula un total de 470 días de reposo por causa psiquiátrica. 275 días autorizados. Cuento con los siguientes antecedentes relevantes para el caso:

Tratamiento con: - Fluoxetina 20mg 1-0-0. - Eszopiclona 3mg. 0-0-1., -Psicoterapia con psicólogo, se informan rasgos disfuncionales de la personalidad. Reposo suficiente para el diagnóstico. Sin tratamiento farmacológico concordante con gravedad. Sin ingreso a GES. Sin evaluación psiquiátrica. No hay antecedentes que acrediten incapacidad laboral más allá del reposo autorizado. No acoge”.} En razón de lo anterior, descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia y la vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, ya que en el dictamen impugnado se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado, luego del estudio y ponderación de los elementos necesarios y en concordancia con los criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese organismo de control.

Solicita que la acción sea desestimada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, ésta no será acogida, teniendo presente que no ha transcurrido el plazo de 30 días requeridos entre la fecha de presentación del recurso y la resolución de la Superintendencia que mantuvo firme la decisión de la COMPIN.

QUINTO: Que, en relación a la impugnada Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de noviembre de 2021, de su lectura se advierte que la licencia médica en cuestión fue rechazada por la causal de reposo injustificado, al no haber acompañado el recurrente ningún antecedente que amerite efectuar un nuevo estudio de lo ya resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social.

SEXTO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En el artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

SÉPTIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar la licencia médica de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

OCTAVO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia”; y “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

NOVENO: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a dicho Servicio la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2°, 3° y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

DÉCIMO: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la Superintendencia confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con el mismo asunto, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

UNDÉCIMO: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1° del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante; el o los profesionales; según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante COMPIN, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante SEREMI, que corresponda, o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DUODÉCIMO: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Se previene que el ministro señor Mera estuvo por rechazar el presente arbitrio constitucional, además, teniendo presente que las alegaciones hechas valer por el actor, aun cuando den por conculcados otros derechos constitucionales, en realidad se fundan en la garantía prevista en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, la que no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-41.331-2021.