nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA TEMUCO

Santiago, ocho de septiembre del año dos mil veintidós.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece Gustavo Adolfo Promis Baeza, abogado, en representación de Luis Humberto Pérez Letelier, e interpone acción constitucional de protección en contra del Ministerio Público por haber rechazado, mediante la dictación de Resolución FN/MP N°1076-2021, de fecha 22 de octubre de 2021, concederle bonificación adicional y de incentivo al retiro, al que tiene derecho conforme a la Ley N°20.948 y su reglamento, vulnerando con ello los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, garantizados por la Carta Fundamental en los numerales 2° y 24° del artículo 19°.

Invoca, como antecedentes de hecho que, el recurrente se desempeña desde el 19 de mayo del año 2000, en el cargo de Fiscal Adjunto del Ministerio Público, detentando el grado V en la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial.

El 9 de diciembre de 2021, cumplió los 65 años de edad y casi 22 años de servicios continuos e ininterrumpidos en el Ministerio Público, por lo que elevó solicitud al jefe de la Unidad de Personas de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, postulando a la bonificación adicional del Plan De Incentivo al Retiro Voluntario que concede la Ley N° 20.948, presentando para esos efectos, su renuncia voluntaria al cargo de fiscal adjunto, a contar del 22 de marzo de 2022, beneficio al que la misma institución le invitó a postular, por reunir todos los requisitos y las exigencias para percibirla, conforme se le informó.

No obstante, esa misma Institución, mediante Resolución FN/MP N°1076-2021, de fecha 22 de octubre de 2021, pronunciada por el Fiscal Nacional don Jorge Abbott Charme, rechazó concederle tal beneficio, en razón de que el señor fiscal adjunto Luis Humberto Pérez Letelier no acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la Bonificación Adicional solicitada, por haberse desempeñado como fiscal adjunto.

Que el rechazo se funda en la interpretación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda contenida en el oficio Nº 2900 de fecha 21 de noviembre de 2017, cuyo punto 2º establecería que al beneficio otorgado por Ley N° 20.948, solo tendrían acceso los funcionarios y se exceptúa a los fiscales adjuntos.

Sostiene que la negativa del Ministerio Público constituye un acto ilegal, arbitrario e injustificado de que ocasiona una grave privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales que asisten al señor Pérez Letelier, que se contraponen con la legislación expresa que regula la materia, al tiempo de establecer distinciones arbitrarias al categorizar entre “funcionarios” y “fiscales adjuntos”, donde solo los primeros obtendrán el beneficio respectivo, pero no los segundos.

Hace presente que ni la Ley Nº 20.948 ni su Reglamento, distinguen entre tipos o categorías de funcionarios y funcionarias de los servicios públicos beneficiarios de la bonificación adicional de incentivo al retiro y mucho menos exceptúan a los fiscales adjuntos del Ministerio Público de ese beneficio legal.

Precisa que el artículo 7 de la Ley Nº 20.948 y 4° de su Reglamento, otorgan el beneficio de bonificación adicional a los funcionarios nombrados o contratados del Ministerio Público que cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 4° de la Ley, situación en la que indiscutidamente se encuentra el recurrente y que, en la especie, se prefiere la aplicación de un oficio por sobre lo dispuesto por la ley.

Colige de lo anterior que el Ministerio Público establece distinciones y categoriza, para reconocer el derecho y conceder el beneficio, entre fiscales adjuntos y otros funcionarios, dónde solo estos últimos obtendrán el reconocimiento y estímulo legal, sin importar que su representado es también un funcionario del ente persecutor penal con más de 21 años de servicios en fiscalías.

Así, afirma que existe en la Resolución del Fiscal Nacional una abierta y clara discriminación arbitraria en contra de su representado y una perturbación a su legítimo derecho a la igualdad ante la ley, susceptible de ser amparado y reparado mediante el conocimiento y resolución de este recurso de protección.

Por otra parte y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política y en relación a lo que en él se establece, expone que sobre el beneficio de bonificación adicional contemplado en la Ley Nº 20.948, y los fondos a que tiene derecho a percibir e integrar a su patrimonio, existe un derecho de propiedad, que se ve afectado al negarle el Fiscal Nacional acceder a esos fondos y hacerse dueño de los mismos.

Pide, en definitiva, se deje sin efecto el acto administrativo cuestionado, se disponga que el Fiscal Nacional del Ministerio Público debe dictar la Resolución que corresponda en derecho y conceder lo solicitado, con costas.

SEGUNDO: Que compareció Jorge Abbott Charme, abogado, Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien pidió el rechazo del recurso intentado, porque si bien Luis Humberto Pérez Letelier, en su presentación a la División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional, acreditó que cumplía con los requisitos establecidos por la Ley N° 20.948, para el otorgamiento de la bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos; el Fiscal Nacional, se encuentra impedido de acceder a ello de acuerdo a las expresas instrucciones que en ese sentido entregó el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos.

En efecto, el Oficio N° 2900, de fecha 21 de noviembre de 2017, de la Dirección de Presupuestos, específicamente en su punto 2, señaló que al beneficio otorgado por la Ley N° 20.948, solo tienen acceso los funcionarios, y exceptúa expresamente a los fiscales adjuntos de él.

El Fiscal Nacional y las autoridades del Ministerio Público, por disponerlo expresamente la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional de la institución, deben observar estrictamente la ley de administración financiera tal como lo ordena expresamente en su artículo 90.- “El Ministerio Público se sujetará a las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado”

Por su parte la letra d) del artículo 32 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público entrega al Fiscal Nacional la responsabilidad de “Velar por el eficaz desempeño del personal a su cargo y por la adecuada administración del presupuesto”, lo que debe hacer observando además lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.263 Orgánico de Administración Financiera del Estado.

El señalado Decreto Ley, indica en su artículo 15 que, es la Dirección de Presupuestos, el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. A la cual le compete además orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República.

En consecuencia, el Ministerio Público y el Fiscal Nacional en particular se encuentran sujetos a las directrices que en materia de Ley de Administración Financiera del Estado efectúa la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y específicamente a lo indicado en el Oficio N° 2900, de fecha 21 de noviembre de 2017, de dicha repartición, en cuanto a que al beneficio otorgado por la Ley N° 20.948, solo tienen acceso los funcionarios y no los fiscales adjuntos, que sería el caso del fiscal Pérez Letelier.

En consecuencia, concluye, la resolución impugnada no puede ser calificada de arbitraria o ilegal, pues sólo se da cumplimiento a las instrucciones de la Dirección de Presupuestos respecto del otorgamiento de un beneficio de contenido patrimonial pagado con recursos fiscales, instrucciones a las que queda sometido el Ministerio Público, en materia de ejecución presupuestaria.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes.

QUINTO: Que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia por el recurrente es que, el señor Fiscal del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, dictó la Resolución FN/MP1076/2021, de 22 de octubre del año 2021, que rechazó concederle la Bonificación Adicional y de Incentivo al Retiro, contemplada en la Ley N° 29.948 y su Reglamento, para los años 2019 y 2024.

SEXTO: Que, con los antecedentes allegados al proceso y las alegaciones de las partes, es posible establecer los siguientes hechos:

a) El recurrente se desempeñó como Fiscal Adjunto del Ministerio Público desde el 19 de mayo del año 2000, grado V de la Escala Única de remuneraciones del Poder Judicial.

b) El 9 de diciembre del año 2012, cumplía 65 años de edad y 22 años de servicios.

c) El día 29 de septiembre del año 2021, presentó una solicitud al jefe de Unidad de Personas de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, postulando al Beneficio Adicional del Plan de Incentivo al Retiro Voluntario.

d) El recurrente presentó su renuncia voluntaria, la que se haría efectiva el día 22 de marzo del año 2022.

e) La División de Recursos Humanos, revisó los antecedentes del recurrente, señalando que cumplía los requisitos de la Ley N° 20.948.

f) Por Ordinario N°2009, de 21 de noviembre del año 2017, la Dirección de Presupuestos informó al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público que la ley no era aplicable a los señores fiscales.

SEPTIMO: Que, como ha quedado señalado precedentemente, el recurrido ha denegado el derecho impetrado por el recurrente, en razón de lo expuesto al efecto, por la Dirección de Presupuesto, a raíz de una consulta realizada por el primero. Se señaló que la Ley N° 20.948 no incluyó a los Fiscales, calidad que es la que detenta el recurrente.

OCTAVO: Que lo instruido al Ministerio Público, no es menor ni tampoco puede soslayarse por éste, pues la Ley N° 20.948, en su artículo 6°, preceptúa que: “La bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagará por la institución empleadora, al mes siguiente de la fecha de cese de funciones o término del contrato de trabajo, según corresponda.

La bonificación adicional no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a descuento alguno.”

Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público, como cualquier otra Institución Pública, que recibe para su funcionamiento fondos fiscales; debe en cuanto a su administración, regirse por la normativa que al efecto se le indique, precisamente, por la entidad encargada de los fondos del Estado; como también actuar de acuerdo con la normativa que los rige. En efecto, los de la interpretación armónica de los artículos 32 y 90 de la Ley N° 19.640; 15 del Decreto Ley N° 1.263, imponen al recurrido el cuidado del presupuesto, como se realiza el gasto público; obligándola a atenerse a las instrucciones y directrices que le entrega la Dirección de Presupuesto, lo que ocurrió en el caso de autos, al indicarle expresamente que el beneficio impetrado no era aplicable a los señores Fiscales, quienes tienen otros beneficios al término de su contrato.

NOVENO: Que, desde esta perspectiva, el recurrido no ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, por cuanto se atuvo a la normativa que la rige, exponiendo en la misma Resolución que se impugna, las razones de tal negativa, esto es, lo que se le había instruido al efecto por la Dirección de Presupuesto.

DECIMO: Que tampoco hay vulneración de las garantías denunciadas; ni la igualdad ante la ley, por cuanto no se ha demostrado que, en las mismas condiciones del recurrente, se haya concedido este beneficio a otro fiscal del Ministerio Público; ni tampoco el derecho de propiedad, porque, como se ha demostrado, no cumplía con los requisitos para obtener el beneficio impetrado.

UNDECIMO: Que todo lo antes razonado, lleva a concluir que el arbitrio en análisis debe desestimarse.

Por estas consideraciones, y de conformidad además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Luis Humberto Pérez Letelier, en contra del Ministerio Público.

Redacción de la ministra señora Marisol Rojas Moya Regístrese y archívese.

Rol N° 41.315-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la ministra señora Inelie Durán Madina y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.