nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparecen nombre reservado y Mauricio Alejandro Saurines Barría, ambos abogados, actuando por nombre reservado, e interponen recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Gerente General, nombre reservado, por proceder de manera arbitraria e ilegal afectando con ello los derechos consagrados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso expresando que la recurrida, a partir del mes de diciembre de 2020 y hasta septiembre del año 2021, dio instrucciones a su empleador para que descontara de su remuneración las sumas de $ 283.532 (julio 2021); $ 157.604 (agosto 2021); $ 100.361 (septiembre 2021); $ 204.245 (octubre 2021); $ 290.415 (noviembre 2021), con motivo del crédito que le había otorgado la Caja de Compensación Los Andes hacía más de 3 años, el que hasta la fecha se encuentra siendo conocido en causa ROL C-27558-2019 del 2° Juzgado Civil de Santiago.

Al efecto, explica que al momento de recibir su remuneración del mes de noviembre de 2021 se percató que dentro de los emolumentos de descuentos previsionales existía un descuento automático informado por la recurrida.

Luego, precisa que el recurrente solicitó un crédito a la Caja de Compensación recurrida, respecto del cual esta interpuso demanda ejecutiva aludiendo ser el titular del crédito contenido en el pagaré N° 202CON10014074, señalando que sólo había pagado 9 cuotas, correspondiendo la última a febrero de 2019. Dicha demanda es conocida, a la fecha de interposición del recurso, por el 2° Juzgado Civil de Santiago, en causa ROL C-27558-2019. En cuanto a su actuar, refiere que interpuso excepción de prescripción.

Respecto del descuento en sus remuneraciones, esgrime que éste implica un acto de autotutela, vulnerando el proceso establecido por la ley para el cumplimiento forzado de la obligación de dar.

La vulneración del derecho de propiedad se produce al privar al recurrente del legítimo ejercicio a percibir su remuneración completa, resultando su trabajo honesto.

En definitiva, solicita que se dejen sin efecto los descuentos de su liquidación de sueldo y/o se adopten de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado; así como también que se restituyan los montos descontados de manera arbitraria o ilegal durante los meses de julio a noviembre de 2021 y todos aquellos que se efectúen en el futuro, con costas.

Segundo: Que, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, e informando sobre el presente recurso refiere los créditos sociales otorgados al recurrente.

Precisa que con fecha 6 de marzo de 2018, otorgó al Señor nombre reservado la operación de crédito código 202CON100142074, por un capital de $ 5.829.358.- a una tasa de 1.8%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $ 191.188.-, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de mayo de 2018. Las cuotas de mayo a noviembre de 2018 (1 a 7), más un abono en la cuota del mes de diciembre de 2018 por $ 88.237.- se pagaron durante el periodo 10 de mayo de 2018 al 10 de diciembre de 21018. En forma posterior, con fecha 10 de enero y 10 de febrero de 2019, la Caja recibió un total de $ 382.376.-, cuyo monto se contabilizó como pagada la diferencia de la cuota del mes de diciembre de 2018, N° 8, por $102.951.-, como pagada la cuota del mes de enero de 2019, N° 9 por $ 191.188.-, un abono en la cuota del mes de febrero de 2019 por $ 87.433 y un interés penal de$ 804.

Luego, manifiesta que la Caja de Compensación recibió la suma de $ 1.036.157, la que se contabilizó como pagada la diferencia de la cuota del mes de febrero de 2019, las cuotas del mes de marzo a junio de 2019, (10 a 14), por un total de $868.507.- más un interés penal de $167.650.6). Así las cosas, las cuotas del mes de julio de 2019 a octubre de 2021 N 15 a N42, se encuentran en cobranza judicial.

En consecuencia, informa que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

A su vez, esgrime que las Cajas de Compensación tienen dentro de sus facultades el otorgar créditos sociales, para lo cual la misma ley ha establecido garantías para el cobro y pago de los mismos. Es así como el artículo 21 de la Ley N° 18.833 dispone que “…las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Luego, estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Asimismo, refiere que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”.

En tal contexto, expone que el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera así como tampoco a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas. Todo ello, en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833, ya citado.

Al mismo tiempo, refiere que la acción de cobro de las cuotas adeudadas no se encuentra prescrita al no haber transcurrido el plazo de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, respecto de la cual precisa que se mantiene morosidad en sus cuotas con vencimiento a partir de octubre de 2018; agregando que la prescripción debe ser declarada judicialmente, para lo cual la acción de protección no es la vía idónea.

Concluye, señalando que en este caso y por lo ya expuesto no ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal que vulnera los derechos consagrados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que de los antecedentes allegados a la presente acción puede inferirse que la recurrida, al mismo tiempo que pretende hacer uso de su derecho a descontar de la remuneración del trabajador parte de las cuotas adeudadas, en virtud de lo establecido en la Ley N° 18.833, ha entablado una acción judicial, que persigue el cobro ejecutivo de las mismas cuotas, cuya tramitación se encuentra pendiente.

En efecto, hay entre las partes un juicio ejecutivo, en el 2° Juzgado Civil de esta ciudad, con el Rol N° C-27558-2019, caratulado “Caja de Compensación Los Andes con nombre reservado”, que se encuentra pendiente de tramitación, en el que se opusieron excepciones a la ejecución, pero lo cierto es que el ejecutante en esa demanda hizo valer la cláusula de aceleración, por un monto total de $ 4.733.593, más intereses, reajustes y costas, lo que comprende –obviamente- el cobro de las cuotas que se han descontado al recurrente.

Por lo anterior, al pretender el descuento de las cuotas, al mismo tiempo que ha ejercido la acción civil por ese mismo concepto, la recurrida pretende un doble pago, lo que no puede ser aceptado por esta judicatura, pues ello importaría un enriquecimiento injusto, desde el momento que al haber interpuesto la acción ejecutiva debe estarse a lo que resuelva el órgano jurisdiccional, litigio que se encuentra pendiente, siendo la última diligencia la oposición de excepciones a la ejecución el 21 de octubre de 2010, encontrándose actualmente archivada la causa por resolución de 22 de abril de 2021.

Sexto: Que, en virtud de lo anterior, al haber optado la recurrida por una decisión jurisdiccional del conflicto, sin duda aquello le resta valor al cobro unilateral que pretende revertir mediante el descuento aplicado al recurrente, afectando así el derecho fundamental de este último, respecto de su patrimonio, garantizado en el N° 24 del Artículo 19 de la Carta Fundamental, motivo por el cual la acción cautelar debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo dispositivo.

Por estas consideraciones, y con lo dispuesto, además en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo esta última institución restituir al recurrente todos los descuentos efectuados desde julio a noviembre de 2021, más reajustes, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-41310-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Carolina S. Brengi Zunino, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

En Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.