Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece, don Francisco Zambrano Meza, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social, (en adelante SUSESO), legalmente representada por doña nombre reservado

nombre reservado; en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, (en adelante COMPIN), de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, representada legalmente por don nombre reservado; y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (en adelante Caja Los Andes), legalmente representada por don nombre reservado, por el acto, que estima como ilegal y arbitrario, al rechazar licencias médicas válidamente emitidas, por considerarlas injustificadas, lo que vulneraría las garantías constitucionales de los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por los hechos que expone.

Sostiene, que la señora nombre reservado, se desempeñaba normalmente como vendedora de servicios telefónicos, en la compañía Movistar, que comenzó a presentar síntomas de nerviosismo, ansiedad, angustia, insomnio, inquietud constante, bajas de autoestima, desánimo y reiteradas faltas de concentración, que no le permitían mantenerse estable en el día a día y menos en su trabajo, además, de un marcado miedo generalizado, en particular a contagiarse de COVID-19, por lo que, decide buscar apoyo médico. Por la sintomatología, en la consulta de medicina general, la derivan a otra psiquiátrica, diagnosticándole en marzo de 2021, un episodio depresivo, iniciando terapia con sertralina y buxon. En una consulta posterior, en el Centro de Psiquiatría, fue diagnosticada por la Dra. nombre reservado, con una patología denominada “Episodio Depresivo Moderado”, recetando un reposo de 15 días, con reevaluación cada dos semanas, y para controlar los síntomas, le fueron recetados fármacos, como sertralina, zopiclona, buxon, pregabalina y clonazepam, e iniciar terapia psicológica, a la brevedad.

En los informes de los profesionales, consta que la recurrente presenta un historial con traumas infantiles, que desencadenan su inestabilidad actual y una personalidad dependiente; hacen referencia a un episodio de intento suicida, a los 16 años por ahorcamiento. En informes posteriores, se indican antecedentes de traumas por abortos provocados por embarazos tubáricos (en los años 2016 y 2018), ante lo cual, persiste en fijación de pensamientos de “fracaso como mujer”, por no poder ser madre; le cuesta concebir la vida sin hijos propios, por lo que, tiene constantes ideas pasivas de muerte. En julio de 2021, logra conseguir hora para atención psicológica, donde ocurre un retroceso en su sintomatología, porque, de las sesiones, aparece, como antecedente un abuso sexual ocurrido durante su infancia, el que la descompensa enormemente, intensificándose sus síntomas depresivos, así, se le aumentaron las dosis de fármacos, a fin de aminorar la angustia, y aunque, se presentó una leve mejoría anímica y de descanso nocturno, se aumentaron las sesiones psicológicas, a dos veces por semana, manteniéndose la indicación de fármacos, trabajando los síntomas persistentes con la psicoterapeuta.

Agrega, que en un informe psicológico, suscrito por la psicóloga nombre reservado, ésta establece, que doña nombre reservado, actualmente, presenta la patología de “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, siendo controlada, pero que, es inapropiado que reactive su vida laboral, pues, implicaría un retroceso en su tratamiento y estado. Todo esto, según consta, en las distintas fichas e informes médicos, desde junio de 2021 al momento de la presentación del recurso, y que por la gravedad de sus antecedentes, tiene un constante monitoreo y tratamiento psiquiátrico y farmacológico, para disminuir los síntomas de su depresión, dando cuenta de la necesidad de continuar con asistencia médica profesional.

En atención a todo lo anterior, se le recetó “reposo total laboral”, ya que, las mejorías que presentó durante todo este período, podían verse altamente afectadas si retomaba su vida laboral activa, razón por la que se ha tornado extenso el periodo de licencia médica con prescripción de reposo, siendo las mismas, dispuestas por orden médica, considerándose las licencias, como el tratamiento que la recurrente debía seguir para mejorar su salud y estado mental.

Así, refiere, ninguna de las licencias emitidas desde julio de 2021 a la fecha, han sido aceptadas por las entidades recurridas, por calificarse el reposo de “prolongado”, configurándose, un rechazo injustificado y arbitrario, por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, COMPIN y la confirmación del rechazo por parte de SUSESO, lo que le ha ocasionado un gravísimo perjuicio económico y psíquico, toda vez, que se encuentra imposibilitada psicológicamente de volver a su trabajo; que las licencias médicas no han sido pagadas desde el mes de julio de 2021, empeorando su delicado estado de salud mental, al afectarse su situación económica, ya que, tiene que asistir a psicoterapia y comprar los medicamentos recetados, a su costa.

Señala que, adicionalmente, doña nombre reservado, recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, con la finalidad de reclamar por el rechazo de las licencias médicas N°NUM000, de 27 de julio de 2021; N°NUM001, de 15 de julio de 2021; y, N°NUM002 de 11 de noviembre de 2021, confirmándose respecto de todas ellas, el rechazo de las licencias médicas, por no encontrarse justificado el reposo a juicio de ésta, y haberse prolongado, más de lo autorizado.

Estima que todo esto, da cuenta de que el actuar de los recurridos, no sólo implica una vulneración a los derechos constitucionales de la señora nombre reservado, sino que, es un actuar ilegal, arbitrario e injustificado, sostenido en el tiempo y que no ha cesado, lo que representa una amenaza al ejercicio de sus derechos, toda vez, que por prescripción médica, se le continua otorgando licencia, por la necesidad de mantener reposo laboral, sin recibir el pago de ninguna de ellas, como ha ocurrido con el rechazo de las siguientes: N°NUM003, de 04 de agosto de 2021;

N°NUM004, de 01 de septiembre de 2021; N°NUM005, de 10 de septiembre de 2021; y, N°NUM006, de 24 de septiembre de 2021.

En cuanto al derecho, señala, que el recurso de protección, como acción de naturaleza cautelar, está destinada a resguardar los derechos fundamentales, enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de quien ha sufrido una privación o perturbación en el ejercicio de éstos, de forma arbitraria o ilegal, estimando, que en el caso de la señora nombre reservado, el actuar arbitrario de las recurridas, se verifica, por medio del rechazo reiterado de las licencias médicas extendidas desde el mes de julio del pasado año y, por consiguiente, el no pago de éstas por considerar que el reposo prescrito es injustificado, sin ponderar las fichas médicas, en las cuales, se especifica de manera clara la condición de la recurrente y, su necesidad de mantenerse con tratamiento y apoyo psiquiátrico y de fármacos. Asimismo, estima, infringidos los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, primero el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la recurrente, que ha sido transgredido, toda vez, que el rechazo del pago de sus licencias, es un factor de estrés, que ha mermado, aún más, su estado emocional y psicológico, ya que, ve afectada su situación económica al no percibir ingresos y tener que costear tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de forma permanente.

En segundo lugar, el derecho de igualdad ante la ley, el que, estima, ha sido vulnerado por parte de los recurridos, ya que, no existe sustento ni argumento sólido, que justifique el rechazo de las licencias de la recurrente, recayendo de esta forma, en un acto arbitrario sin fundamento.

En tercer lugar, en cuanto, a su derecho de propiedad, toda vez, que el no pago de las licencias médicas desde el mes de julio de 2021, le ha generado un perjuicio económico importante, situándola en una precaria situación socioeconómica.

Pide, en consecuencia, que se acoja el presente recurso, ordenando a las recurridas, el pago íntegro de las licencias médicas rechazadas, tomando esta Corte todas las medidas que estime pertinentes, a fin de evitar que las garantías constitucionales vulneradas, continúen viéndose afectadas y, se restablezca el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que informando, doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), señala, que respecto de las licencias médicas otorgadas en el año 2021, éstas fueron tramitadas por la COMPIN O'Higgins, debiendo solicitar a dicha institución la respectiva información, con la sola excepción de la licencia médica N° NUM007, que se tramitó por su organismo, la que fue autorizada, el 26 de julio de 2021, por lo tanto, considera innecesario un pronunciamiento a su respecto.

Tercero: Que evacua informe, doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región del Libertador Bernardo O´Higgins, señalando, que la recurrente, durante el año 2021, presentó 15 licencias médicas, respecto de las cuales, se autorizaron ocho de ellas, por un período de 195 días, siendo rechazadas las posteriores, por la causal de reposo prolongado, para la patología informada, precisando, que los dictámenes que rechazaron los reposos médicos de la señora nombre reservado, fueron ratificados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Cuarto: Que informando por su lado, don nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, pide el rechazo del presente recurso, refiriendo, en un primer término, el marco normativo que rige la materia en cuanto a la tramitación y pago de licencias médicas, por parte de las Cajas de Compensación, las que se encuentran, además, sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio, de las facultades que le pudieren corresponder a la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.

Precisa, que para los efectos del pago de las licencias médicas, las Cajas de Compensación, se rigen por lo prescrito en el D.F.L. N° 44, el que en sus artículos 4° y 6°, definen los requisitos habilitantes que deben cumplir los beneficiario de las Cajas de Compensación y FONASA, para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, los que en resumen son: tener 06 meses de afiliación a un régimen previsional, reunir en ese mismo lapso, a lo menos 03 meses de cotizaciones y, tener una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Así, refiere, que en el caso de autos y, en cuanto, a aquellas licencias médicas no pagadas, y que motivan el presente recurso, fue la COMPIN del Libertador Bernardo O´Higgins, la entidad que resolvió rechazar aquellas números: 4-NUM000; 4-NUM001; 4-NUM003-1; 4- NUM004-9; 4-NUM005-7; 4-NUM006-0; y, 3-NUM002, por el periodo que va desde el 04 de julio hasta el 02 de noviembre de 2021, por la causal de “Rechazo por Reposo Injustificado” y “Licencia Mal Extendida”, teniendo sustento normativo, la imposibilidad de realizar los pagos de los subsidios reclamados, por incapacidad laboral de la recurrente, por no cumplir con los requisitos que establece la ley.

Quinto: Que, finalmente, informa, don nombre reservado

nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la presente acción constitucional. Reseña en detalle, las Resoluciones Exentas dictadas por dicha repartición, con los fundamentos de sus rechazos, siendo la primera de ellas, de fecha 09 de septiembre de 2021 y la última de 20 de diciembre del mismo año, enfatizando, que la recurrente sólo ejerció esta acción constitucional, el 19 de enero de 2022, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez, que en su momento, la recurrente ya tenía conocimiento cierto de los rechazos resueltos por la Superintendencia y la citada Compin.

De este modo, estima, que en virtud de la presentación de 29 de julio de 2021, efectuada por la señora nombre reservado, ante su representada, se evidencia, que con una antelación a cinco meses a la fecha de interposición de la presente acción, ésta ya tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias, por lo que, pide, en consecuencia, el rechazo del recurso por extemporáneo.

En subsidio, de la alegación anterior, solicita, se le declare improcedente, por cuanto, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido, en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, y previa reseña del marco normativo del conflicto jurídico de autos, manifiesta, que respecto de incapacidades laborales, éstas pueden ser de carácter temporal o permanente.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, -indica-, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez, son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado “Licencia Médica”, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración, en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador, debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y, quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

En efecto, siendo el caso de la recurrente, una incapacidad de carácter temporal, tras la aprobación de las últimas licencias médicas, consta que su parte, a través de diferentes profesionales médicos, estudió los antecedentes al momento de resolver, llegando a la conclusión, que en cada informe se explicita, respecto al diagnóstico, antecedentes médicos previos, tratamiento, evaluaciones, y esquema farmacológico.

Señala, normas pertinentes a la materia, y jurisprudencia en apoyo a su tesis, y pide, también, el rechazo del presente recurso en cuanto al fondo, por no existir acto arbitrario o ilegal de su parte, estimando, que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales, que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, agregando, que en el caso de la recurrente, claramente, su “derecho a licencia médica”, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, y por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, se llegó a la conclusión, que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad del acto atacado. Sexto: Que conforme es, unánimemente, aceptado tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino, que su real objeto, está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Séptimo: Que, primeramente, en lo tocante a la alegación de extemporaneidad, alegada, por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, esta se rechazará, toda vez, que como queda claro de los motivos precedentes, el acto que es materia de la presente acción, esto es, la Resolución Exenta N° NUM008, es de fecha 20 de diciembre del año 2021 y el recurso de protección fue deducido el 19 de enero de 2022; por lo que, contrariamente a lo sostenido por la recurrida, lo fue dentro del plazo fijado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. Octavo: Que, en relación a la alegación de la recurrida –SUSESO- en orden a que, en el caso de autos, no sería procedente el recurso incoado, por corresponder a un derecho de seguridad social, atendida la circunstancia de encontrarse entre aquellos, respecto de los que procede el recurso de protección, ha de observarse, que si bien es efectivo lo que señala la recurrida, no se debe olvidar que los derechos que la recurrente estima como vulnerados, son aquellos previstos en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, contra los cuales, sí es procedente el presente arbitrio, por lo que, dicha alegación no resulta procedente.

Noveno: Que, en lo que respecta al fondo del arbitrio, debe consignarse, que la recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, al dictar la Resolución Exenta N° NUM008, de 20 de diciembre de 2021, que confirmó, el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, y NUM002, extendidas por un total de cincuenta días, impidiéndole percibir el subsidio por incapacidad laboral.

Décimo: Que no obstante, lo anterior, la protegida, ha dirigido su acción, también, en contra de la Compin de O”Higgins, y de la Caja Los Andes.

Undécimo: Que primeramente, debe tenerse en consideración, que el derecho que se estima conculcado, no se encuentra debidamente determinado, ni menos puede calificársele de indubitado, desde que, en todas las instancias administrativas se han rechazado los pagos por los subsidios derivados de la licencias médicas en cuestión. Undécimo: Que, por otra parte, en cuanto al marco normativo, que regula el procedimiento de tramitación y autorización de las licencias médicas, ante los organismos recurridos, y sus facultades, ha de revisarse primeramente, conforme se ha dirigido el presente arbitrio, en contra de la COMPIN, que a su respecto, se encuentra regulado, de conformidad a lo previsto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/1984, que “Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas”, el que prescribe que tanto la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos, se agrega en la citada norma, que se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

A su turno, el inciso tercero del artículo 3° de la Ley N° 20.585, sobre “Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas”, establece, que para el caso que una Institución de Salud Previsional, determine la reducción o rechazo de una licencia médica, ésta, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Duodécimo: Que, de acuerdo a las reglas reseñadas, y considerando, además, lo estatuido en el artículo 21 del D.S. N° 3/1984, y artículos 3° y 4° del D.S. N° 7/2013, es que la COMPIN, rechazó las licencias médicas en cuestión, porque el reposo prolongado no se encontraba justificado, basada, en los informes aportados por el médico psiquiatra, los que –indica- no permiten acreditar incapacidad, en el período revisado, ni establecer el rol terapéutico del reposo, más allá de los 195 días autorizados con anterioridad.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, resulta dable establecer que la COMPIN de la Región del Libertador General Bernardo O”Higgins, resolvió en uso de las facultades que la ley le confiere, manteniendo el rechazo de las licencias médicas en cuestión.

Décimo cuarto: Que, respecto de las Cajas de Compensación, el contexto normativo sobre tramitación y pago de licencias médicas, atendido que se trata de entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, se encuentra en la Ley N° 18.883 y sus reglamentos y estatutos, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, y en forma supletoria, en las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y asimismo, están sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social.

Al efecto, el D.F.L. N° 44, en sus artículos 4° y 6°, establece los requisitos, que deben reunir los beneficiarios de las Cajas de Compensación y Fonasa, para tener derecho al pago del subsidio por incapacidad laboral, esto es: tener 6 meses de afiliación a un régimen previsional; reunir en ese mismo período, a lo menos 3 meses de cotizaciones; y, tener una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Décimo quinto: Que, de este modo, habiendo sido rechazadas las licencias de marras, por la COMPIN; la Caja Los Andes, al no hacer lugar a su pago, solo ha dado cumplimiento a lo previsto, en la normativa ya citada.

Décimo sexto: Que en lo tocante, a la Superintendencia de Seguridad Social, resulta menester relacionar, en cuanto al marco normativo, que aplica al respecto, el artículo 2 letra c) de la Ley N° 16.395, que establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

A su vez, los incisos tercero y cuarto del artículo 3° de la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento de Licencias Médicas, disponen: “En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica. Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia médica. (…).”

Décimo séptimo: Que, de esta manera, y atendido lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°16.395 sobre organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y lo dispuesto en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la resolución recurrida, a través de este arbitrio, ha sido dictada por órgano competente, debidamente fundamentada y ajustada a la normativa vigente, y a las decisiones que fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, teniendo, además, presente que la resolución exenta, al rechazar la reconsideración interpuesta, se encuentra adecuadamente fundada al ratificar el rechazo de las licencias médicas Nº(s) NºNUM000, NUM001 y NUM002.

A mayor abundamiento, la recurrida, concluyó, confirmando el rechazo de las licencias, en armonía con los antecedentes contenidos en el expediente administrativo, y previo estudio de los antecedentes médicos del caso, en los que –según allí se señala- no se aportan referencias sobre evolución, severidad ni complejidad que sustenten la prórroga del reposo por causa psiquiátrica, sin plan de tratamiento orientado al reintegro laboral, sin establecer rol terapéutico del reposo, que respalden la solicitud de reconsideración.

Todo lo que conlleva a eliminar la arbitrariedad, en la decisión adoptada, la que tampoco resulta ilegal, pues, las alteraciones que presenta la recurrente, no permiten justificar el reposo por el período que le fue otorgado.

Décimo octavo: Que, a la luz de lo que se ha venido relacionando, solo cabe concluir que, la Resolución Exenta N° NUM008, de fecha 20 de diciembre del año 2021, que ratifica la decisión de la COMPIN, de rechazar las licencias médicas, no adolece de ilegalidad alguna, toda vez, que fue dictada por la autoridad facultada para ello, al amparo y en observancia de las disposiciones precedentemente citadas.

Décimo noveno: Que, consecuentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de las recurridas, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados, por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en representación de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra señora Durán Madina.

Ingreso Corte N° 413-2021 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por la Ministro señora Inelie Durán Madina, y Ministro (S) señor Carlos Hidalgo Herrera. No firma el ministro (S) señor Carvajal, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.