Protección contra Universidad Santo Tomás

Santiago, treinta de julio de dos mil veinte:

Vistos y teniendo presente: 1°) Que, en estos autos rol N°4129-2020 comparece don Héctor Hernán Herrera Flores, abogado, en representación de doña nombre reservado, estudiante, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Universidad Santo Tomás, representada por su rectora doña nombre reservado, por haber incurrido ésta en un acto que califica de ilegal y arbitrario, mediante la dictación de la sentencia de término por la Comisión Nacional de Apelación de la UST N°5-2019, con sede en Santiago, de 18 de diciembre de 2019, que confirmo´ con declaración la sentencia de primera instancia del nombre reservado Osorno que la condenó a la suspensión por un semestre académico desde el año 2020, sobre la base de hechos que no son constitutivos de la infracción de acoso sexual que se le imputa, lo que, según afirma, vulnera sus garantías fundamentales del artículo 19 números 1, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja y declare que se anula la sentencia de la Comisión Nacional de Apelación y la de primera instancia, debiendo quedar sin ningún efecto, con expresa condenación en costas.

Fundando el recurso, indica que el director de la Carrera de Psicología, don nombre reservado, solicitó el inicio de un sumario en su contra mediante correo electrónico enviado a rectoría de la Universidad, denunciándola como autora de unos mail con propuestas de contenido sexual, adjuntando algunas fotografías en ropa interior, cuestión que se habría repetido en una oportunidad en el año 2016.

Señala que el 8 de julio del año 2019, el fiscal le notificó la formulación de cargos por cometer actos de acoso sexual respecto a cualquier integrante perteneciente a la comunidad académica, situación que había sido repetida en dos oportunidades. Indica que presentó sus descargos, sosteniendo que no había incurrido en conductas de acoso sexual en los términos que se encuentra tipificado en el Reglamento de la Universidad, en el Manual de la Universidad que regula dichas conductas, y que ellas tampoco son constitutivas de acoso conforme a lo que dicen la doctrina y normativa nacional e internacional que regula la materia, sino que se trataba de un hecho atípico o, en su defecto, constitutivo de una infracción leve, que el Reglamento sanciona con amonestación verbal o escrita.

Afirma que sólo se rindió como prueba de cargo los mail con las fotos adjuntas y un acta de un hecho anterior, del año 2016.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, alega que la sentencia se dictó con omisión de la fundamentación de por qué desestimó su descargo, limitándose a reiterar las consideraciones de la denuncia y formulación de cargos, omitiendo referirse a la normativa de la Universidad en materia de acoso, la Doctrina, la legislación nacional y normativa internacional, concluyendo, sin más la aplicación de la suspensión por un semestre académico. Lo mismo ocurriría respecto del fallo dictado por la Comisión Nacional de Apelación, que confirmo´ la sentencia de primera instancia, el 18 de diciembre de 2019.

Argumenta que se falló contra la normativa expresa de la Universidad, pues en el Capítulo 3.1.1. de su "Manual de buen trato, orientaciones y recomendaciones para la prevención de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria y Protocolo para atención de denuncias de acoso y discriminación arbitraria", el que define la conducta del acoso sexual, de la cual se desprenden como elementos copulativos de la misma que a) una alumna este´ en una posición de poder y pueda cometer un abuso considerando de menor valor a un Director de Carrera; b) que se considere que una alumna de 4° año está en una posición jerárquica o de par a un Director de su misma Carrera; c) que dichas conductas puedan restringir la libertad de decisión del Director de su carrera; y d) que el Director de Carrera, se sintiera coartado a expresar su incomodidad o molestia.

Refiere que la sentencia de término de la Comisión pretendió controvertir el tenor literal de dicha disposición sobre la base de dos argumentos, la autonomía Universitaria y que el vocablo "puede" que refiere a la posición jerárquica o de pares, sería meramente enunciativo.

En cuanto a la Autonomía Universitaria, argumenta que no se puede pretender que ello le otorgue a la Universidad un estatus por encima de la legalidad vigente y menos que la aplicación de sus Reglamentos implique vulneración de garantías constitucionales.

En cuanto al vocablo "puede", señala que la recurrida pretende extender las figuras de acoso a situaciones hipotéticas que la norma no ha contemplado, como lo sería el caso de una persona en inferior posición jerárquica, permitiendo con ello la existencia de disposiciones reglamentarias en blanco, que pueden ser complementadas o llenadas con posterioridad por las autoridades, según su "buen criterio", lo que repugna al principio de legalidad.

Manifiesta que ello sería concordante con la normativa internacional contenida en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, que define el acoso sexual.

Tras referir los conceptos de acoso sexual dados por el Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, refiere que el acoso sexual supone concretamente dos requisitos copulativos, a saber, que una conducta de contenido sexual o cualquier otra conducta basada en el sexo que no sea bienvenida por la persona a quien esta´ dirigida; y que esté directa o indirectamente vinculada con decisiones que afecten sus oportunidades de educación o se traduzca en un ambiente educativo hostil, ofensivo o intimidante para la víctima.

Afirma que en el caso no se configuraría el segundo de ellos, pues la recurrente no está en posición de dominio y poder sobre el Director de Carrera, requisito que es refrendado por el Ministerio de Educación en el documento "Protocolos contra el acoso sexual en la Educación Superior." Añade que la desproporción y ausencia de amenaza fue tan manifiesta que en todo el proceso fue innecesario dictar medidas de protección en favor del denunciante, lo que evidencia la falta de toda lógica del procedimiento.

Respecto de sus garantías fundamentales, sostiene que dicha conducta vulneraría su derecho de igualdad ante la ley, al sancionarla con una consecuencia jurídica que no es aplicable a los hechos en que se le atribuye participación, acto que carece de todo fundamento y desproporción.

Agrega que, además, se conculca la garantía del debido proceso, al aplicar una sanción por una conducta que no estaba previamente definida en el Reglamento, ni en el Manual referido.

Sostiene que el procedimiento sumarial tiene un defecto de origen, porque se ha aplicado a una conducta realizada fuera del ámbito institucional, a través de un correo electrónico, ajena a cualquier contexto académico, pese a que el artículo 1º del Reglamento de Convivencia de la Universidad señala que el mismo se aplicara´ en los recintos académicos y campos clínicos y excepcionalmente fuera de ellos, cuando se efectúen salidas a terreno o realicen actividades de cualquier índole fuera de la institución, estando éstas aprobadas por la autoridad académica correspondiente, lo que no ocurre en el caso.

Finalmente, alega que se vulneró su derecho de propiedad, ya que la suspensión por un semestre académico, en una etapa próxima a rendir su tesis, tomar intervención y prácticas, retrasa significativamente su formación, implica la pérdida total de las becas y créditos con los cuales financia sus estudios, y significa que debe pagar de todas formas su matrícula anual. 2°) Que, seguidamente, comparece doña Paulina Fuentes Fuentealba, abogada, en representación de la Universidad Santo Tomás, la que, informando al tenor del recurso, solicita su rechazo.

Comienza señalando que el artículo 2° de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, reconoce el principio de autonomía, lo que se traduce en la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro de los marcos establecidos por la Constitución y la Ley.

Sostiene que en el marco de dicha autonomía, la Universidad dictó su Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Código de Ética, el Reglamento Académico y el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, mediante los que regulan la conducta de sus colaboradores y estudiantes.

Afirma que el Rector de la Universidad Santo Tomás, Sede Osorno, en uso de la potestad disciplinaria que le otorga el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, dictó la Resolución N° NUM000 de 12 de Junio de 2019, mediante la cual se instruyó investigación en contra de la actora, para establecer la posible existencia de responsabilidades disciplinarias al tenor de los hechos denunciados mediante correo electrónico enviado por el Sr. nombre reservado, Director de la Carrera de Psicología, Sede Osorno, en el cual indica haber recibido de parte de la recurrente tres correos electrónicos, con declaraciones de sentimientos e insinuaciones de carácter sexual, acompañando uno de los correos con fotos de ella semidesnuda.

Señala que la investigación disciplinaria se desarrolló con estricta conformidad al procedimiento contemplado en el Reglamento Académico y en el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, este último aprobado mediante Decreto N°61/16 de Rectoría Nacional de la Universidad; el que finalizó por Resolución de Rectoría de Sede Osorno N° NUM001 de 04 de Diciembre de 2019, que resolvió aplicar como sanción la suspensión de toda actividad académica por el lapso de un semestre académico.

Manifiesta que la actora interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución, el que fue rechazado por la Comisión de Apelación integrada por el nombre reservado, el Vicerrector de Administración y Finanzas y el Vicerrector de Personas de la Universidad Santo Tomás, con declaración de que la conducta constituía una infracción grave contemplada en el artículo 12 letra m) del Reglamento, configurándose en su favor una circunstancia atenuante, por lo cual aplicaron la sanción del artículo 17 letra c.i) del Reglamento, consistente en la suspensión de toda actividad académica por el lapso de un semestre académico.

En cuanto al acto que se le imputa, sostiene que no ha incurrido en ninguna ilegalidad y arbitrariedad, pues la prueba recopilada en la etapa de investigación acreditó claramente la conducta imputada en la formulación de cargos. Asimismo, el 26 de junio de 2019 se tomó declaración a la recurrente, quien reconoció su dominio sobre la cuenta de correo electrónico, y que envió los correos sin medir las consecuencias que podía generar, agregando que al momento de enviarlos se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Expresa que el Fiscal a cargo de la investigación disciplinaria, estimo´ que estos hechos constituían una infracción al artículo 12 letra m) del Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria de la Comunidad Académica de la Universidad Santo Tomás, que considera como infracción grave, "cometer, colaborar, incentivar o encubrir actos de discriminación arbitraria, de acoso moral o sexual, respecto de cualquier integrante o grupo perteneciente a la Comunidad Académica y terceros con quienes pueda interactuar en razón de su calidad de miembro de ésta".

Destaca que de dicha normativa se desprende que el acoso moral o sexual se puede cometer respecto de cualquier integrante de la Comunidad Académica, sin distinción de sexo, jerarquía, si es alumno o docente, y que entenderlo de forma contraria configuraría una discriminación respecto de las posibles víctimas receptoras de tales conductas y una trasgresión al texto expreso del artículo.

Afirma que dicho precepto no es contrario a las normas nacionales e internacionales que se refieren al acoso sexual, y que los correos electrónicos enviados generaron un temor en el docente, al complejizar su relación como Director de Carrera con la estudiante, y un agravio a su intimidad y dignidad, lo que además se refrenda con la prueba rendida, los correos electrónicos y declaraciones de testigos.

Manifiesta que la Comisión de Apelación, en la sentencia respectiva, se hizo cargo de dicho argumento, sosteniendo que si bien es cierto que la alumna no se encuentra en una situación de poder respecto del docente, sí es posible que la conducta cause en este último el legítimo temor de verse involucrado en una situación de connotación sexual, inadecuada para una relación alumno-docente, y que la falta de consentimiento del destinatario resulta vital al momento de juzgar la conducta.

Respecto de la aplicabilidad del Reglamento por haberse concretado esta conducta por medio de correo electrónico, argumenta que ello sí configura una infracción, ya que si bien la recurrente utilizo´ una cuenta personal de correo electrónico, el destinatario correspondía a la cuenta institucional del docente, el que para todos los efectos se considera "recinto académico" a la luz de lo dispuesto en los artículos 1° inciso final del citado Reglamento y los artículos 75, 77, 81 y 82 del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad de Santo Tomás.

Por otra parte, alega que los derechos conculcados no revisten la calidad de ser derechos indubitados y que la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos administrativos u ordinarios declarativos que el legislador ha creado al efecto.

En cuanto a las garantías fundamentales, cita jurisprudencia y alega que no ha conculcado las mismas, pues en primer término, de la transcripción del recurso no se desprende de que´ modo la aplicación del Reglamento vulnera su garantía fundamental de igualdad ante la ley y, además, no se configuraría dicha infracción pues otros estudiantes que han incurrido en conductas de acoso sexual sí han sido sancionados por tal infracción. En segundo lugar, respecto del debido proceso, sostiene que el mismo no se infringe ya que se aplicó una sanción en base a un procedimiento de determinación de responsabilidad para los miembros de la Comunidad Académica en base a su Reglamento, respectando los principios de bilateralidad, imparcialidad e impugnación.

Finalmente, señala que no ha vulnerado el derecho de propiedad, toda vez que en el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre ambas partes, en su cláusula decimosegunda, la recurrente reconoció sus facultades para impartir normas docentes, académicas y financieras, así como en materia de orden interno, convivencia, higiene, seguridad y disciplina, y someterse a las mismas. 3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que se puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 4°) Que, la concurrencia del primer presupuesto de procedencia de la presente acción no se encuentra controvertida, pues ambas partes están contestes en el hecho de la suspensión de la matrícula, impuesta como sanción en el marco de un proceso administrativo interno y como corolario del mismo y por una sentencia de término, tal como la recurrente misma la ha calificado, en el libelo respectivo. Se ha recurrido en forma precisa en contra de la sentencia condenatoria dictada por la Comisión Nacional de Apelación de la Universidad Santo Tomás, confirmatoria de la de primera instancia, que correspondió al Rector de la misma Universidad, Sede Osorno.

Se debe determinar, en primer lugar, si dicha decisión se adoptó de manera ilegal o arbitraria, como se alega.

Sobre el particular, cabe señalar en primer término que, como es obvio, para que haya ilegalidad, debe existir una actuación que contraríe una norma de rango legal. Sin embargo, en el presente caso no se ha invocado ninguna como vulnerada, de manera que no podría entenderse el recurso de autos como basado en la perpetración de un acto ilegal. Efectivamente, la recurrente ha dicho de modo expreso que "SE HA FALLADO CONTRA NORMATIVA ESPECIAL EXPRESA DE LA UST.-1. En el "MANUAL DE BUEN TRATO, ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACOSO Y DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA"(En adelante el Manual que regula el Acoso sexual) de la Universidad recurrida, Capítulo 3.1.1., se hace una definición bastante exhaustiva del Acoso Sexual, disponiendo:..." De esta manera, lo que se imputa no es haber fallado contra ley, sino contra la normativa interna de la Corporación recurrida, que no tiene rango de ley. Es cierto que en el cuerpo del recurso se alude a disposiciones del Código del Trabajo, del Estatuto Administrativo, así como a normas del Ministerio de Educación y a reglas de orden internacional, pero el recurso discute cual es la correcta interpretación que debe hacerse del señalado Manual de Buen Trato, que no tiene rango legal.

Por lo tanto, una primera cuestión que se debe despejar, entonces, es que al no haber una acusación directa sobre normas legales vulneradas, se debe desestimar la existencia de un acto ilegal. 5°) Que, en seguida, habría que indagar si existe una actuación arbitraria, lo que equivale a decir una actuación caprichosa, que deriva del simple arbitrio de la persona o entidad que la ejecutó.

Sin embargo, en la especie ello tampoco es constituye una posibilidad que pueda ser tomada en consideración. La sanción impuesta, como se indició, es el resultado de un sumario administrativo seguido a causa de una denuncia efectuada por un docente, en contra de la recurrente, y la sentencia condenatoria dictada en dicho sumario lo fue por el nombre reservado Osorno y luego ratificada por la Comisión antes señalada, entidades sancionadoras que actúan en el marco de la reglamentación interna que rige las relaciones de la Casa de Estudios de que se trata, para toda su comunidad, compuesta por personal docente, administrativo y estudiantes.

La forma como se interprete determinada norma, no es una cuestión que pueda ser discutida mediante este arbitrio constitucional, que no está previsto como una instancia más de aquellas que se mencionaron.

Se puede recordar, sin embargo, que el Manual De Buen Trato, Orientaciones y Recomendaciones para la Prevención de Acoso Sexual, Violencia De Genero y Discriminación Arbitraria y Protocolo para Atención de Denuncias de Acoso y Discriminación Arbitraria, indica en su artículo 3.1.1 sobre acoso sexual, que aquel es una manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación por parte de otro. Puede darse en el marco de relaciones jerárquicas, entre pares y entre personas del mismo o distinto sexo, entre conocidas/os o desconocidas/os, y entre quienes tienen o no un vínculo amoroso; tanto en las dependencias de la institución como fuera de ella, independientemente de la circunstancia u ocasión en que estas conductas se realicen.

Añade que las denuncias de acoso sexual, que afecten a la comunidad educativa serán investigadas y sancionadas conforme a los procedimientos y sanciones que el "Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria de la Comunidad Académica" y el "Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad" establezcan para cada caso. 6°) Que, por su parte, el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, prescribe en su artículo 12 letra m) como falta grave, cometer, colaborar, incentivar o encubrir actos de discriminación arbitraria, de acoso moral o sexual, respecto de cualquier integrante o grupo perteneciente a la Comunidad Académica y terceros con quienes pueda interactuar en razón de su calidad de miembro de ésta.

A su vez, el artículo 18 dispone que aquellas pueden ser sancionadas con la suspensión de toda la actividad académica por un lapso de 2 semestres académicos sucesivos. 7°) Que al respecto, se debe tener presente que las antedichas normas fueron dictadas y aplicadas de conformidad a la Ley Nº 21.091 sobre Educación Superior y en virtud del principio de autonomía en que este cuerpo normativo se inspira y confiere a las Universidades, la que en su artículo 2 letra a), dispone: "a)

Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.

Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás´ principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones." 8°) Que de los antecedentes acompañados, especialmente la copia del expediente administrativo, se evidencia que el procedimiento seguido en contra de la estudiante se llevó acorde a la normativa interna de la institución, en el cual la misma recurrente admitió haber enviado los correos electrónicos y las fotografías de que se trata al Director de su carrera, tuvo la posibilidad de evacuar sus descargos en dicho procedimiento, de rendir su prueba y conforme todo ello se adoptó la decisión de suspensión, considerando las atenuantes que correspondían y el comportamiento anterior de la recurrente, quien ya había incurrido en la misma conducta con anterioridad, no rindiendo prueba alguna que permitiera acreditar sus alegaciones. 9°) Que en cuanto la alegación de la falta de tipificación, y sin perjuicio de lo que se ha manifestado en forma previa, es del caso considerar que del tenor de las normas antes transcritas se evidencia que la conducta de acoso sexual, es compresiva de cualquier acto de dicha connotación efectuado respecto de cualquier integrante o grupo perteneciente a la Comunidad Académica y terceros, por lo que el entendimiento que la entidad recurrida ha hecho de la misma, no puede ser estimado como arbitrario.

En consecuencia, el actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen, toda vez que en virtud del mandato y autorización que ellos contienen, generan los reglamentos que rigen su actuar y la del protegido en su calidad de alumno, los que son aceptados por quienes se matriculen en dicha institución, lo que lleva a concluir que la recurrida no ha actuado de manera arbitraria, ni mucho menos, ilegal. 10°) Que las consideraciones previas, relativas a la inexistencia de una actuación ilegal y arbitraria, unida a la circunstancia de que se pretende la utilización de la acción cautelar de protección simplemente como una nueva instancia en el marco de un sumario administrativo correctamente llevado, que avanzó por dos etapas, una de ellas de apelación, en las cuales la recurrente pudo defenderse conforme a derecho, es que el recurso en análisis no puede prosperar, debiendo ser desestimado, en razón no haber ni ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación que se reprocha al ente universitario.

Lo anterior permite obviar el examen de las garantías constitucionales que la recurrente dice conculcadas en el presente caso, sin perjuicio de hacer notar que el debido proceso no está en el catálogo de garantías protegidas, contenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y por el Auto Acordado de la E. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección´ interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Universidad Santo Tomás.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°4129-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.

No firma el Ministro (s) señor Andrade, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.