nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, siete de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, independiente, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Tesorería General de la República y la Universidad de Chile, por haber incurrido en los siguientes actos que estima arbitrarios e ilegales: (i) Respecto de Tesorería, reclama por haber retenido fondos de su propiedad correspondientes a devolución impuestos AT 2017 y 2018 y haberlos remitido al Administrador del Fondo del nombre reservado de la Universidad de Chile, (ii)Respecto de la Universidad de Chile por haber informado a TGR como moroso de la deuda.

Funda su recurso en que el 23 de abril de 2018 realizó su declaración de impuestos para los años 2017 y 2018, solicitando la devolución de remanente mediante transferencia bancaria. Al revisar la página de Tesorería General de la República, con posterioridad, se percató que dicho organismo efectúo una retención por una suma total de $494.539, la que corresponde a un saldo de deuda de nombre reservado por la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual egresó en 1998.

Indica que jamás ha sido requerido judicialmente por esta deuda y que ésta no se encuentra registrada en DICOM.

Agrega que atendida la fecha de la deuda, ésta se encontraría prescrita, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en la ley 18.591 de 1987, el nombre reservado se torna exigible a los dos años desde el egreso de la carrera cursada o desde que no medie otra matricula. Por tanto, en atención a la fecha de egreso, se encuentran prescritas tanto la acción ordinaria como la acción ejecutiva derivada de los pagarés que en su momento suscribió en favor de la Universidad de Chile.

En consecuencia, la Universidad de Chile incurrió en un acto arbitrario e ilegal al incluirlo en la nómina de deudores morosos, ya que su deuda está prescrita, y en consecuencia Tesorería debió haberse abstenido de efectuar la retención por este mismo motivo.

Alega como garantías vulneradas el art 19 N° 3 inciso 5° y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva que se proceda a la devolución de los fondos retenidos por $494.539, se declare la prohibición al Administrador del Fondo Solidario de informar a Tesorería General de la República deudas del recurrente y se declare la prohibición a Tesorería General de la República de retener sus devoluciones de impuesto.

SEGUNDO: Que en su informe Tesorería General de la República solicita el rechazo del recurso.

En primer término alega la falta de legitimación pasiva, toda vez que en este caso Tesorería General de la República, en cumplimiento de un deber legal procedió a retener de la devolución de impuestos el monto informado correspondiente a deuda de crédito solidario, de conformidad a lo dispuesto en la ley 19.287, según lo que le fue informado por la entidad acreedora, razón por la cual la retención no es imputable a su parte.

Luego señala que la devolución solicitada por el recurrente no se verificó por dos motivos:

· Compensación: toda vez que el contribuyente mantiene con el Fisco deudas por concepto de formulario 45 (giros por diferencias), girados por el Servicio de Impuestos Internos. En este sentido, y sin perjuicio que el recurrente no ha reclamado por estas compensaciones, indica que ellas se encontraban en condiciones de ser cobradas toda vez que cumplían con los requisitos del artículo 1656 del Código Civil para ser compensadas. Agrega que estas deudas se encuentran en proceso ejecutivo de cobro en expediente administrativo que actualmente se encuentra en segunda etapa ante el 27 Juzgado Civil de Santiago.

· Retención por crédito solidario universitario: Ello toda vez que el Administrador del Fondo Solidario del nombre reservado de la Universidad de Chile, solicitó a Tesorería General de la República que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 19.989 retuviera de la devolución anual la deuda por este concepto, limitándose dicho organismo a cumplir con este mandato.

En lo que se refiere a la retención por deuda de nombre reservado, ahonda en que al efectuar ésta y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Chile ha actuado en el ejercicio de una facultad legal contenida en la ley 19.989.

Agrega que el recurrente tiene plena conciencia de la existencia de esta obligación, toda vez que desde el año 2005 en adelante el Administrador del Fondo del nombre reservado de la Universidad de Chile ha solicitado a Tesorería General de la República la retención de las devoluciones de impuestos.

Niega que se hayan vulnerado las garantías invocadas por el recurrente, toda vez que la retención efectuada por su parte constituye una modalidad de pago de una obligación morosa y que su actuación se funda en una facultad legal, y en ningún caso pretende erigirse como el ejercicio de una facultad jurisdiccional.

TERCERO: Que en su informe la Universidad de Chile solicita el rechazo del presente recurso.

En primer término alega la falta de legitimación pasiva de su parte toda vez que todo lo relacionado con el nombre reservado se encuentra entregado al Fondo Solidario de nombre reservado de la Universidad de Chile, que es administrado con amplias facultades por el Administrador General. Luego de detallar los cuerpos legales que lo regulan, explica que el Fondo Solidario del nombre reservado jurídicamente un patrimonio separado en su administración de los demás bienes y obligaciones de la institución de educación superior.

En lo que respecta a la atribución específica de solicitar la retención de la devolución de impuestos e imputar el monto retenido al pago de la deuda, explica que el artículo 1° de la ley 19.989 la consagra específicamente en el Administrador del Fondo Solidario de nombre reservado.

En definitiva el Fondo Solidario del nombre reservado constituye un patrimonio de afectación distinto y separado de la Universidad, debidamente representado por un Administrador General.

Además alega que el presente recurso sería extemporáneo, porque el recurrente habría tomado conocimiento de la retención el 12 de enero de 2018, fecha en que se le envió por parte del Administrador carta informándole que se incluiría su deuda en la nómina enviada a Tesorería General de la República para proceder a la retención de su devolución de impuestos.

En cuanto al fondo, expone que según los antecedentes que se han logrado recabar, el recurrente obtuvo el crédito solidario para financiar sus estudios de la carrera de derecho entre 1990 y 2014, asumiendo las obligaciones establecidas por la ley 19.287.

Indica que al 2 de agosto de 2018 adeuda un total de 1.215 UTM, equivalentes a $58.027.964 por concepto de capital moroso, reajustes e intereses correspondientes.

Agrega que de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de la ley 19.989 en enero de 2018 el administrador General del Fondo Solidario incluyó al recurrente en la nómina de deudores morosos del nombre reservado afectos a la retención de la devolución de impuesto a la renta, y además este hecho fue informado al recurrente mediante carta remitida el 12 de enero de 2018 a su domicilio registrado, dándole a conocer que una vez que se ha notificado, tiene el plazo de 10 días hábiles para solicitar al Administrador que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que ha operado algún modo de extinguir las obligaciones o bien que el monto no esté correcto. Ello, de conformidad a lo dispuesto en la ley 19.989 de 2009 y su reglamento. Dentro de este plazo el recurrente no ejerció derecho alguno.

Por ello el 29 de marzo de 2018 se remitió la nómina al Ministerio de Educación para que éste verificara cumplimiento requisitos para proceder al cobro, y una vez que dicho Ministerio verificó dicha circunstancia, se remitió la nómina a Tesorería General de la República. La suma recibida fue imputada al pago de intereses de la cuota N° 1.

Adiciona que el administrador General del Fondo Solidario ha solicitado la retención de la devolución de impuestos del recurrente desde el año 2005 a la fecha.

Por todo lo anterior niega haber actuado en forma arbitraria o ilegal.

En cuanto a la alegación de prescripción deducida de contrario, estima que ésta es susceptible de ser planteada por medios ordinarios y no ante esta Corte, y por lo demás no se trata de un derecho indubitado.

Niega haber vulnerado las garantían constitucionales invocadas.

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad formulada por la Universidad de Chile, en orden a que se habría tomado conocimiento de la retención mediante carta enviada por el Administrados del Fondo de Crédito Solidario enviada el 12 de enero de 2018, deberá ser desestimada, toda vez que el acto reclamado consiste precisamente en la retención de su devolución de impuestos correspondiente para los años 2017 y 2018, la cual fue efectuada en el mes de mayo de 2018.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la Tesorería General de la República, esta será desestimada, pues si bien es cierto dicha entidad actúa en virtud de un mandato conforme al artículo 1° de la ley 19.989, el acto recurrido es precisamente la retención que dicho organismo realizó, razón por la cual se encuentra legitimado pasivamente en la presente causa.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la Universidad de Chile, resulta que de conformidad a las disposiciones de la ley 18.571, particularmente su artículo 70 y el DFL N° 4 de 1981 DEL Ministerio de Educación , resulta que el Fondo Solidario de nombre reservado constituye jurídicamente un patrimonio separado de los demás bienes de la institución de Educación Superior, que es administrado por el Administrador Fondo Solidario de nombre reservado respectivo, quien lo administra con amplias atribuciones y lo representa legalmente, razón por la cual a él debió haberse emplazado para efectos de conocer el presente recurso de protección, razón por la cual esta alegación será acogida.

OCTAVO: En cuanto al fondo del recurso, consta que el artículo 1 de la Ley N° 19.989 dispone en su inciso primero que “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”. Agrega su inciso segundo que “La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de nombre reservado respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de nombre reservado, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador”.

En relación con la retención practicada por la recurrida y a petición del administrador del fondo solidario, su procedimiento se regula conforme al Decreto 297 de 2009, que dispone la publicación y notificación de las listas de morosos en el pago del crédito solidario (art 3, 4, 5) como la solicitud de aclaración de la publicación por parte del afectado (art. 6, 7, 8, 9)

NOVENO: Que se reclama fundamentalmente la afectación del debido y el derecho de propiedad, sustentado el primero en la falta de un procedimiento administrativo contradictorio para impugnar la deuda comunicada por el administrador financiero y que la deuda a la fecha de la retención se encuentra prescrita.

En este sentido, al tratarse de órganos administrativos, hay que tener presente que se aplica supletoriamente la Ley N° 19.880, tal como reza expresamente el artículo 2 del Decreto 297 de 2009, por lo que se hacen extensivos sus principios.

En relación a esta alegación, se debe tener presente que no aparece controvertida la existencia de la deuda y al no haber reclamado la actora dentro del plazo de diez días conforme a los artículos 6 a 9 del Decreto 297 de 2009, la actuación no es arbitraria e ilegal y el fundamento sostenido para desvirtuarla aparece razonable, por cuanto se ha actuado conforme mandato legal en relación con la Tesorería General de la República y que, por otro lado, se trata del cobro de una obligación cuya regulación es, asimismo, establecida por ley especial;

DÉCIMO: Que, en cuanto al derecho de propiedad, no se entiende como éste puede verse conculcado, por cuanto efectivamente la retención practicada por la recurrida se ajusta a un mandato legal previa orden del administrador de un fondo público. Si bien el Servicio de Impuestos Internos autoriza la devolución, ella queda sujeta a las limitaciones legales que impiden su incorporación al patrimonio del contribuyente, lo que impide calificar como derecho indubitado de la parte recurrente, ya que sólo es un derecho adquirido una vez verificado su depósito o retiro si se trata de un instrumento de crédito.

UNDÉCIMO: Que, por tanto, el recurso de protección no podrá prosperar Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, se declara:

1. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por la Universidad de Chile 2. Que se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por Tesorería General de la República 3. Que se acoge la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la Universidad de Chile 4. Que el recurso de protección deducido por don nombre reservado se rechaza, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.- Protección 41.255-2018.-