nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Santiago, dos de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1º .-Con fecha 19 de junio de 2017, don Raúl Alejandro Bustamante Llegues, abogado, interpuso recurso de protección en favor de don nombre reservado, ex Cabo 2º de Carabineros, domiciliado en la comuna de San Miguel, y en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros de Chile, prefecto de la prefectura de Carabineros de Atacama Nº 5, y de Carabineros de Chile, representado por su General Director don Bruno Villalobos Krumm, ambos domiciliados en domicilio reservado.

2º.-El arbitrio constitucional se fundamenta en que con fecha 19 de mayo de 2017, mediante Resolución Exenta 164 de la Prefectura de Carabineros Atacama, se dispuso la baja por conducta mala del Cabo nombre reservado, con efectos inmediatos, actuación que, de acuerdo al recurrente, afecta los derechos consagrados en el artículo 19 Nº 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

3º.-En síntesis, el asunto se trata de lo siguiente: el recurrente fue inculpado de haber participado en acciones irregulares en el contexto de actos de servicio en los que participó a raíz de la crecida del río Copiapó. Ese mismo día, el nombre reservado, le comunicó su baja, ordenándole entregar sus especies fiscales y hacer abandono del cuartel donde pernoctaba.

4º.-Con fecha 20 de junio de 2017, el recurso fue declarado admisible por esta Corte, ordenándose oficiar a la recurrida, la cual, a través de la Prefectura de Carabineros de Atacama Nº 5, evacuó el informe de rigor. En el documento solicita que esta Corte declare la extemporaneidad de la acción de protección y la incompetencia de este Tribunal, además de entregar argumentos de hecho y de derecho para rechazar el libelo.

5º.-De acuerdo al artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia es la “facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones” y se clasifica en absoluta y relativa. La competencia relativa determina entre tribunales absolutamente competentes, cuál conoce del asunto en razón del elemento territorio.

En lo que se relaciona con la competencia relativa para conocer una acción de protección, el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, señala que el recurso debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estas hubiera producido sus efectos, a elección del recurrente.

6º.-En el caso que nos ocupa, el hecho pretendidamente ilegal y arbitrario, cual es la dictación Resolución Exenta 164 de la Prefectura de Carabineros Atacama, aconteció en la ciudad de Copiapó. Lo propio ocurrió con los efectos de dicho acto administrativo, -la privación transitoria del puesto de trabajo del recurrente en Copiapó - y por último, quien respondió a la solicitud de información formulada por esta Corte, fue el prefecto de Atacama, institución que tiene su domicilio en Copiapó.

7º.- En esta misma línea, tratándose de personas jurídicas demandadas, como Carabineros de Chile, el legislador ha preferido entregar competencia al tribunal donde ocurrieron los hechos Así lo dice artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales, norma que contiene la siguiente regla: “Cuando el demandado fuere una persona jurídica, se reputará por domicilio, para el objeto de fijar la competencia del juez, el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación. Y si la persona jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las sociedades comerciales deberá ser demandada ante el juez del lugar donde exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio.”

8º.- A juicio de esta Corte, la competencia de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó se justifica por el lugar donde ocurrieron los hechos que motivaron el recurso, pues con ello se cumple el objetivo de esta acción constitucional protectora de derechos y garantías, cual es entregar pronta, ágil y eficaz tutela judicial, lo que ocurrirá de mejor manera si el recurso es conocido por la señalada Corte.

9º.- Que el recurso además se haya sido dirigido en contra del Director General de Carabineros, señor Bruno Villalobos Krumm, desde que la competencia del tribunal se determina por el lugar donde hubiere sido cometido el acto o incurrido en la omisión que se considera conculcador de derechos fundamentales, no altera lo razonado y concluido en los motivos anteriores.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 números 1°, 9 y 24° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, esta Corte se declara incompetente para conocer de la presente acción constitucional, debiendo remitirse los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Copiapó para el conocimiento y resolución de este recurso.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de rechazar la excepción de incompetencia, como también la de extemporaneidad, entrar a conocer derechamente del fondo de la acción constitucional opuesta, acogiéndola, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que, en lo que respecta a la excepción de extemporaneidad del recurso, corresponde que ella sea rechazada, porque sin perjuicio que la resolución contra la cual se recurre, se funda en el pre informe N° 2, fechado ese mismo día 19.05.2017, el recurrente señala que no fue notificado de la Resolución Exenta N° 164 de 19 de mayo de 2017, que dispuso su baja, afectándole sus efectos de inmediato, por lo que correspondía a la parte recurrida acreditar que se le notificó –como lo alegó- el mismo día en que dice fue dictada la citada resolución, actuación que comprende la entrega de una copia íntegra de dicho acto administrativo, y no solo el conocimiento de haberse dictado o de su efecto de baja inmediata de la institución, no constando en esta causa, que tal notificación se haya efectuado al recurrente. En segundo lugar, porque mientras el acto contra el cual se recurre, siga produciendo los efectos que vulneran las garantías cuya protección se solicita, no puede sostenerse que la acción de protección pierda oportunidad, pudiendo esta Corte adoptar las medidas que la Constitución Política de la República autoriza para hacer cesar dichos efecto, norma fundamental que no establece plazo alguno.

2°.- Que, en lo que respecta a la incompetencia, también corresponde rechazarla: a).- Porque el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que el afectado puede recurrir “por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva”, no fijando una en particular, por lo que la norma debe interpretarse en sentido amplio, pro persona, en el sentido de potenciar el derecho, establecida únicamente en beneficio del titular del derecho conculcado, y no de las instituciones o autoridades contra las cuales se recurre. b).- Porque si bien la modificación introducida el año 2015 al Auto Acordado, fijó reglas de competencia en relación al territorio, se debe considerar que conforme a la redacción del número 1, se posibilita recurrir no solo ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionaren la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas”, sino que también “ donde éstas hubieran producidos sus efectos, a elección del recurrente”, lo que deja en evidencia, que lo que se busca con esta amplia redacción, es beneficiar y no perjudicar al agraviado, porque antes de esta modificación, ocurría que como usualmente el acto se dictaba por una autoridad con domicilio en Santiago, se obligaba al afectado a trasladarse a la capital, lejos de su domicilio, para obtener protección de la garantía afectada, favoreciendo con ello al autor del acto arbitrario e ilegal, y no a la persona a quien se afectaba. c).- Que, en el caso sub lite, no se puede sostener que el acto contra el cual se recurra, haya producido sus efectos en contra del agraviado sólo en Copiapó, máxime si se considera que la medida adoptada, es la baja inmediata, por lo que dejó de prestar servicios el afectado en dicho lugar. d).- Porque el recurso de protección se interpuso no sólo en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Atacama N° 5, parte única en este recurso que ha alegado la incompetencia en relación al territorio, sino que también en contra del General Director de Carabineros, quien no lo ha hecho, de forma tal que se ha producido la prórroga de la competencia, al fundarse ella en un factor de competencia relativa.

3°.- Que, en lo que atañe al fondo de la acción constitucional interpuesta, se debe considerar que conforme a lo que expuso la autoridad recurrida en su informe, la Resolución Exenta N° 164 de 19 de mayo de 2017, aplicó la medida disciplinaria de BAJA de la institución del afectado nombre reservado, por CONDUCTA MALA, por fundarse en los hechos ocurridos el día 13 de mayo último, luego del desborde del Río Copiapó, señalando que “pese a encontrarse acreditada la comisión de un delito de hurto de hallazgo, conforme a las declaraciones que posteriormente entregaron los involucrados, permitió –el agraviado- que se le manifestara al ciudadano nombre reservado que se retirara del lugar y que se llevara en la misma camioneta, una congeladora que se encontraba abandonada en la ruta, lo cual debía guardar en su domicilio particular, para posteriormente ser retirada por el personal policial”.

4°.- Que, también expuso la recurrida en su informe, que la medida de baja inmediata, es una facultad que se ejerce conforme a lo que dispone el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, cuando la falta sea de tal gravedad, que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y que el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente, aludiendo además a la posibilidad de la instrucción de un sumario administrativo, el que se ha precisado ya se dispuso, atendido lo informado por la Dirección General de Carabineros.

5°.- Que, la adopción inmediata de dicha medida de destitución, está condicionada con la calificación que haga la respectiva autoridad, de gravedad de los hechos imputados, señalándose que, en el presente caso se adoptó, porque se encontraría “acreditada” la comisión de un delito de hurto de hallazgo, respecto de lo cual se debe considerar que tal determinación, sólo puede ser efectuada por el competente juzgado llamado a conocer de los hechos, lo que realizará analizando los elementos del tipo del artículo 448 del Código Penal, el que exige que el imputado no solo encuentre una especie, al parecer perdida, sino que también, que no la entregue a la autoridad.

6°.- Que, la Resolución Exenta 164, reprocha al recurrente nombre reservado, que pese a encontrarse acreditado el citado hurto de hallazgo, tomó la decisión de haber “permitido que el ciudadano nombre reservado se retirara del lugar”, lo que parece sugerir que debió haber adoptado una decisión diversa, como el evitar que dichas especies abandonadas fueran retiraras del lugar, o proceder a la detención de ese particular, lo que si para la judicatura ya es una cuestión controvertida, se debe considerar la situación en que se encontraba el recurrente el día de los hechos, ante los efectos que había generado en toda la región, la crecida del Río Copiapó, y que debía adoptar una decisión en ese momento.

7°.- Que, si lo que se reprocha al recurrente es haber tomado una resolución, que en concepto de sus superiores jerárquicos fue errada, por disponer que un particular se llevara las especies que ya tenía cargadas en su camioneta a su domicilio, donde posteriormente serían retiradas por personal policial, la “baja por conducta mala, con efectos inmediatos” que dispuso la Resolución Exenta N° 164, se considera arbitraria, no solo porque el recurrente se encontraba obligado a adoptar una decisión inmediata, en cuanto autoridad constituida en el lugar y en el contexto caótico antes indicado, sino porque al decidirse aplicar de inmediato dicha medida, tal actuar aparece desproporcionado a los hechos que se le atribuyen, considerando que la perdida de la calidad de funcionario público debe adoptarse como última ratio, o luego de concluido un sumario administrativo, máxime si se trata de un funcionario que ingresó a la institución el 16.03.2013, contando a esa fecha con 4 años y 2 meses de servicios efectivos en Carabineros de Chile, como la propia resolución indica en su motivo 9.

8°.- Que, en consecuencia, encontrándonos ante un acto arbitrario, se concuerda con el recurrente, que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, desde que se discriminó de manera arbitraria al recurrente, en relación a otros funcionarios públicos que se encuentran en situación similar cuando deben adoptar alguna decisión inmediata, en un contexto como el descrito, independiente que posteriormente ella no sea compartida por su superior jerárquico.

Redactó el abogado Integrante señor Hamel, del voto en contra, su autor.

Protección Nº 41.253-2017