nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, trabajadora, quien recurre de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, representada por don nombre reservado, por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, que le causa la no renovación de su contrata, comunicada mediante carta de aviso de fecha 13 de octubre de 2021, notificada con la misma fecha, emitida por la recurrida, por intermedio de la cual se le comunica que con fecha 31 de octubre de 2021 no se renovará el contrato de trabajo que la vincula con la Corporación.

Señala que ingresó a prestar servicios a la Corporación de Desarrollo Municipal de Pudahuel para ejecutar las labores administrativas en la Farmacia Municipal de la comuna desde el 01 de Agosto de 2016, dentro de la dotación de atención primaria de salud municipal (APS). Su contratación se materializó mediante sucesivos contratos a plazo fijo, regidos por la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, según el artículo 15 de dicho texto legal, y por disposición del artículo 4° de dicha ley, en todo lo no regulado expresamente por las disposiciones del Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la Ley N°18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales.

Indica que desde su ingreso a la Corporación la prestación de servicios ha sido continua, sucediéndose las siguientes renovaciones para ejecutar las mismas labores señaladas, bajo las mismas condiciones, misma jornada, por los periodos que se indica:

a) Fecha de contrato: 01/08/2016, duración 01/08/2016 a 31/12/2016, (5 meses).

b) Fecha de contrato: 02/01/2017, duración 01/01/2017 a 31/12/2017, (12 meses).

c) Fecha de contrato: 02/01/2018, duración 01/01/2018 a 31/12/2018 (12 meses).

d) Fecha de contrato: 02/01/2019, duración 01/01/2019 a 31/12/2019 (12 meses).

e) Fecha de contrato: 02/01/2020, duración 01/01/2020 a 31/03/2020 (03 meses)

f) Fecha de contrato: 02/01/2020, duración 01/04/2020 a 30/06/2020 (03 meses).

g) Fecha de contrato: 01/07/2020, duración 01/07/2020 a 30/09/2020 (03 meses).

h) Fecha de contrato: 01/10/2020, duración 01/10/2020 a 31/12/2020, (03 meses).

i) Fecha de contrato: 01/01/2021, duración 01/01/2021 a 31/03/2021, (03 meses).

j) Fecha de contrato: 01/04/2021, duración 01/04/2021 a 30/04/2021, (01 mes).

k) Fecha de contrato: 01/05/2021, duración 01/05/2021 a 31/05/2021, (01 mes).

l) Fecha de contrato: 01/06/2021, duración 01/06/2021 a 30/06/2021, (01 mes).

m) Fecha de contrato: 01/07/2021, duración 01/07/2021 a 31/07/2021, (01 mes).

n) Fecha de contrato: 01/08/2021, duración 01/08/2021 a 31/08/2021, (01 mes).

o) Fecha de contrato: 01/9/2021, duración 01/09/2021 a 31/10/2021, (02 mes).

Manifiesta que mediante decisión en carta de fecha 13 de octubre de 2021, notificada el mismo día, fue informada que con fecha 31 de octubre de 2021 termina el contrato de trabajo y, por ende, no se renueva su contratación, decisión que no contiene fundamento alguno y se limita a expresar lo siguiente: “Junto con saludarlo(a) informo a Ud. que la vigencia del contrato de trabajo de plazo fijo, en virtud del cual usted presta servicios en el establecimiento de atención primaria dependiente de esta Corporación denominado “Farmacia Municipal”, se extiende sólo hasta el 31 de octubre próximo y el mismo no será renovado. Tal determinación se funda en la circunstancia de, no obstante las diversas oportunidades en que se le solicitó que enmendara su conducta y las anotaciones de demérito consignadas en su hoja de vida, usted continúa registrando atrasos, se ausenta de sus labores sin justificación ni aviso e incluso no asiste a las mismas, como ocurriera el día 19 de agosto del año en curso. A lo anterior se suma su poco compromiso y disposición para realizar las tareas inherentes a su cargo, lo que ha redundado en una mayor carga de trabajo para sus compañeros de labores, quienes han representado esta situación ante su jefe directo. En consecuencia, notifico a usted que sus servicios en dicho establecimiento concluirán en la fecha antes indicada, por aplicación de la causal de término de la relación laboral contemplada en la letra c) de la ley Nº19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es “Vencimiento del plazo del contrato”, siendo dicha resolución la que se recurre de protección, al producir de forma arbitraria una vulneración en el derecho fundamental a la igualdad establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues no se fundamenta porque se resuelve de forma diferente a como lo realizo este organismo tratándose de otros casos similares, agregando que sin ninguna evidencia o evaluación previa que justifique la decisión, la única funcionaria de la “Farmacia Municipal” a la que se le ha notificado la no renovación de contrato ha sido a ella, luego de llevar más de 5 años de desempeño.

Sostiene que siempre fue catalogada y valorada como una excelente funcionaria de la dotación de salud municipal de la Corporación, asumiendo durante los más de 5 años de permanencia todas las funciones encomendadas sin reclamo alguno por parte de los distintos jefes, salvo una infundada anotación correspondiente al mes de mayo de 2020, siendo calificada en las primeras listas de distinción.

Reitera que es funcionaria de la Corporación de Desarrollo Municipal de Pudahuel, como parte de la dotación del personal de atención de salud primaria por más de 5 años de servicio público en la misma institución, por lo que resulta evidente que se había generado en su calidad funcionaria, la confianza legítima de que la contratación se habría renovado por todo el año 2021 y año 2022 como durante los 5 años precedentes. Así ha sido reconocido además por el Dictamen N°E156769/2021 de la Contraloría General de la República que señala el Nuevo Instructivo Sobre Confianza Legítima en las Contratas, el que entre otras normas, indica la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, artículo 48, letra c). En ese sentido se ha sostenido reiteradamente por el Órgano Contralor y la Corte Suprema que “el deber de renovar una contrata en el evento que no se emita y comunique el acto fundado, deriva de una actuación previa por parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un período tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose”. Sobre el particular, el dictamen N°22.766, de 2016 de la Contraloría General de La República, resolvió que “la recontratación reiterada de los empleados afectados tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que las entidades involucradas incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación”. Agrega dicho pronunciamiento que “al ser renovada para los períodos que indica, en cada caso, la vinculación de los respectivos organismos con los peticionarios, a estos últimos les asistió -al amparo de los principios que señala- la confianza legítima de que serían recontratados para el año 2016, añadiendo que ésta se traduce en que no resulta procedente que la Administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente”. Por ello concluyó, que “teniendo en cuenta que las reiteradas renovaciones de las contrataciones - desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión”. En tanto, mediante el dictamen N°53.844, de 2016 del mismo organismo, se resuelve que es procedente aplicar el criterio contenido dictamen N°22.766, de 2016 a las contrataciones a plazo fijo regidas por la Ley Nº19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud).

Explica que para que proceda aplicar el criterio de confianza legítima contenido en el dictamen N°22.766 de 2016 y N°53.844 de 2016 a su contratación, se deben reunir los siguientes requisitos: a) Que hayan existido reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos, b) Que no exista un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación, y tanto del mérito de los antecedentes que acompaña, así como de la mera lectura de la carta fechada el 13 de octubre de 2021 queda en evidencia que en su caso se cumplen a cabalidad los requisitos antes indicados.

Por otro lado, agrega que el artículo 11 de la ley N°19.880, aplicable en la especie por disposición de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº19.378, dispone, en lo pertinente, que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, de la misma ley, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, “que será fundada”, y en la carta de fecha 13 de octubre de 2021 no se expresan razones fácticas que conduzcan a prescindir de los servicios que prestaba, lo que conduce a concluir que en la especie no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido real al motivo en que pretende amparar su decisión, tornándose ilegal, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes.

Por los motivos expuestos, solicita que se ordene a la recurrida, Corporación de Desarrollo Municipal de Pudahuel, dejar sin efecto la Resolución de fecha 13 de octubre de 2021, por intermedio de la cual se le comunica el término del contrato de trabajo que la vincula con la Corporación, ordenando su reincorporación y renovación por todo el año 2021 y 2022, y el pago de todas las remuneraciones que le habrían correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su total reincorporación, además de todas las medidas que, en concepto de SS. Iltma. sean conducentes para el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados, con costas del recurso.

Segundo: Que, evacuando informe, comparece doña Valeria Alvear Ramos, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, con costas.

Expone que la recurrente fue contratada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel para prestar servicios como administrativo en la Farmacia Municipal. Se contrató bajo la modalidad de contrato a plazo fijo conforme lo dispone la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Doña nombre reservado suscribió más de un contrato a plazo fijo durante el periodo de tiempo que comprende desde el 01 de diciembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2021, por periodos de tiempo irregulares, que se establecían en cada contrato. El último de los contratos suscritos tuvo vigencia desde el día 01 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021, tal como consta en la cláusula sexta de dicho documento. Efectivamente con fecha 13 de octubre de 2021, se notificó por escrito a la recurrente la no renovación del contrato vigente por aplicación de la causal de término de la relación laboral contemplada en la letra c) de la Ley N°19.378, esto es el vencimiento del plazo del contrato.

Manifestando la extemporaneidad de la acción y la no concurrencia de los requisitos para que sea acogida la acción de protección, afirma la inexistencia de vicios de legalidad alegados por la recurrente, pues la carta que le comunica a la recurrente el término de la relación laboral, de fecha 13 de octubre de 2021, y que es el acto contra el cual se interpone la acción, señala expresamente que la causal de término de la relación laboral que se aplica en su caso es la contemplada en la letra c) del artículo 48 de la Ley 19.378, esto es, el vencimiento del plazo del contrato.

Por otra parte, la recurrente señala erróneamente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°19.378 resulta aplicable la Ley N°19.880, esto es, el Estatuto Administrativo, pero ello no es así, sino que se aplica el Estatuto de los Funcionarios Municipales, y solamente en las materias que no se encuentren reguladas en la Ley N°19.738, y en el caso de autos sí se encuentra regulado expresamente el término de la relación laboral en el artículo 48 de la ley N°19.378, por lo tanto tampoco resulta aplicable el Estatuto de Funcionarios Municipales. De esa forma, al no resultar aplicable la Ley N°19.880 no se existe ningún vicio de legalidad al respecto, pues la no renovación del contrato a plazo le fue notificado a la recurrente sin ningún viso de ilegalidad, haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 letra c) de la ley N°19.378.

La parte recurrente invoca la “confianza legítima” de renovarse la contratación por todo el año 2021 y año 2022, la que se habría generado en su calidad de funcionaria por ser parte de la dotación del personal de atención primaria por más de 5 años en la misma institución. Respecto a ese punto, es importante tener en cuenta el reciente Ordinario N°828 de la Dirección del Trabajo, y además, que el acto de comunicación de no renovación de su contrata realizado con fecha 13 de octubre de 2021, se encontraba amparado a la fecha por la sucesiva jurisprudencia administrativa que señala que los funcionarios de las Corporaciones Municipales no son funcionarios públicos, pues estos últimos son aquellos que se desempeñan en los órganos de la administración del Estado y dichas corporaciones son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro constituidas según las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Concluye indicando, por una parte, que el recurso fue interpuesto fuera de plazo legal, y por otra, que no existe un acto arbitrario o ilegal por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel que de origen una vulneración del derecho constitucional a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, tal como ha señalado la recurrente, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que, como se ha señalado en innumerables ocasiones, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es decir, se trata de una acción cautelar destinada a proteger a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

Luego, es requisito indispensable para que esa acción de protección pueda prosperar, el que se haya dirigido en contra de quienes han incurrido en el acto arbitrario o ilegal cuyos efectos se trata de enervar mediante la solicitud de protección.

Cuarto: Que, de la lectura atenta de la acción interpuesta en estos autos y del informe evacuado por la recurrida y de los antecedentes acompañados en autos, se desprende que son hechos pacíficos que:

a) Que doña nombre reservado presta servicios a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel desde el 1 de agosto de 2016, bajo la modalidad de contratos a plazo fijo, conforme al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

b) Que la última renovación de los contratos a plazo fijo fue entre el día 1 de septiembre de 2021 y 31 de octubre de 2021.

c) Que el 13 de octubre de 2021, la recurrida le informó a la recurrente que no se le volvería a renovar el contrato, por lo que sus servicios se prestarían hasta el 31 de octubre de 2021.

Quinto: Que, la letra c) del artículo 48 de la Ley N°19.378 establece: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato;”. Es un hecho de la causa, conforme a los antecedentes acompañados por la recurrida, que la recurrente fue contratada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, bajo la modalidad de contratos a plazo fijo, conforme al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; asimismo, que la última renovación del contrato venció el día 31 de octubre de 2021; así como que la recurrida le informó que una vez llegada la fecha de término del último contrato, no se le renovaría.

Por lo cual, de lo expuesto precedentemente, se desprende que la recurrida obró conforme a lo establecido con la legislación que la rige, por lo cual mal podría entenderse que su actuar fue contrario a la Ley.

Sexto: Que, ahora bien, de los antecedentes acompañados por la recurrida, que dan cuenta de los contantes atrasos de la recurrente a sus labores, así como de los problemas que los mismos estaban causando en los demás trabajadores, tampoco se puede concluir que el actuar de la recurrida haya sido arbitrario.

Séptimo: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Octavo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett.

Protección N°41.251-2021.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por la Ministra señora Paola Danai Hasbun Mancilla, el Ministro (S) señor Rodrigo Carvajal Schnettler y el abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett.

No firman el Ministro suplenete señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber terminado su suplencia y no encontrarse en funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.