nombre reservado con COPESA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece don nombre reservado, periodista e interpone en su favor recurso de protección en contra de GOOGLE CHILE LIMITADA y de GRUPO COPESA S.A., (La Tercera), empresa periodística, debido al acto ilegal y arbitrario consistente en la publicación de una nota periodística que circula en internet desde el año 2017, la que afecta su derecho a la propia imagen, en particular, en su dimensión vinculada a su derecho a la honra, como además su derecho a la protección de datos personales introducido como derecho fundamental con la reforma constitucional contenida en la Ley N° 21.096 (D.O. 16 junio 2018), ambos derechos consagrados en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Sostiene que trabajó hasta el año 2017 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde se desempeñó desarrollando funciones vinculadas a la docencia y extensión, en este último ámbito como coordinador editorial en Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Indica que a comienzos del mes de junio del año 2016 un grupo de alumnas de dicha casa de estudios realizó una denuncia en su contra por abuso de poder y hostigamiento físico-psicológico, por lo cual la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dispuso la instrucción de un sumario interno. Luego de cinco meses de tramitación, decidieron con su ex empleador, de mutuo acuerdo, poner término a la relación laboral. De modo que la conclusión de su trabajo no se fundó ni aludió a la denuncia que se efectuó en su contra.

Refiere que el diario La Tercera en su edición digital del día 20 de enero del año 2017 publicó la siguiente noticia: Profesor de la U. Católica de Valparaíso es desvinculado tras denuncia de acoso.

Señala que en febrero del año 2017 remitió una carta al diario La Tercera explicando que el término de sus funciones laborales con la universidad fue de mutuo acuerdo y no motivado por la denuncia efectuada en su contra. La petición en la carta dirigida al medio de comunicación era eliminar la nota periodística. Sin embargo, el diario solo accedió a insertar en la versión digital de la noticia el epígrafe Nota de la Redacción, fechado el 23 de marzo del año 2017, con los antecedentes aportados sobre el término de su trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tal como puede advertirse en la nota transcrita precedentemente.

Afirma que han transcurrido cuatro años y diez meses desde la publicación de dicha noticia y ésta seguirá publicada en forma indefinida en el futuro. Más indica que se advierte de los antecedentes del extracto de la noticia publicada, en la parte superior en color celeste aparece la palabra histórico.

Alega que la vulneración de sus derechos fundamentales se origina en que en Google -el más grande y utilizado motor de búsqueda en el mundo-, al insertar su nombre y apellido, aparece dicha nota periodística en los primeros diez resultados, en rigor en el lugar 5°. Además, en dicha búsqueda al final de la página de resultados de Google aparece la frase “búsquedas relacionadas”, mostrando nombre reservado periodista. Explica que si se hace clic en dicho link, la noticia publicada en el diario La Tercera aparece dentro de las diez primeras búsquedas en el primer lugar.

Agrega que con fecha 19 de noviembre de 2021, envió un correo electrónico a la empresa COPESA solicitando la desindexación de la noticia descrita, no como podrá esta Corte la eliminación o supresión. La petición requería de que se colocase en la nota informativa una meta etiqueta o un encabezado noindex en la respuesta HTTP con el objeto de que no sea rastreable o indexada por buscadores como Google. Acompaña el correo remitido a la empresa COPESA, cuya respuesta a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha efectuado.

Precisa, por otra parte, que para requerir a la empresa recurrida Google el retiro de un contenido, se debe seguir los pasos que dispone dicha empresa en el link: https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=es. Bajo el epígrafe “Cómo retirar contenido de Google”, aparece la opción: Derecho al olvido: que se accede en caso de tener la nacionalidad de un país que pertenece a la Unión Europea. Tomo la otra opción de completar el formulario que aparece en el link enviándosele una respuesta automatizada, el día 19 de noviembre de 2021, donde se le informa lo siguiente: “Google no puede retirar contenido de páginas web de terceros. Google solo se encarga de la recopilación y organización de información publicada en la Web, pero no controla el contenido de las páginas de los resultados de búsqueda. Aunque retiremos la página de nuestros resultados de búsqueda, seguirá existiendo en la Web. Póngase en contacto con el autor o con el webmaster. Le recomendamos que solucione cualquier disputa directamente con el autor del contenido o el propietario del sitio web”.

Expone que debido a las enormes dificultades que le provocó tanto en su vida personal como profesional -e incluso en la vida personal de familiares directos- la divulgación de los hechos descritos previamente en esta presentación, y la perpetuidad de sus consecuencias por encontrarse fácilmente accesible con una simple búsqueda en internet de su nombre y apellido esta publicación que daña su honra e imagen, tomó la decisión de modificar legalmente su nombre, mediante procedimiento judicial no contencioso que autorizó la resolución judicial, que pasó de nombre reservado a ser el de nombre reservado.

Sostiene que el acto arbitrario e ilegal de los recurridos conculca el derecho a su propia imagen, en su vinculación al derecho a la honra, en atención que la publicación del diario La Tercera y que es conocida por todos debido al proceso de registro, almacenamiento y comunicación que efectúa Google, al incluir una nota periodística basada en supuestos actos incívicos que habría cometido afecta su honor, y con ello su prestigio y trayectoria profesional. Más aún indica que la denuncia nunca se acreditó y que nunca llegó a la justicia penal o civil, y que tampoco fue el fundamento del término de la relación laboral con su ex empleador. La nota en forma indefinida hoy es intrascendente, irrelevante, y la nota carece de los requisitos de noticiabilidad de un hecho.

Cita que la Excma. Corte Suprema, siguiendo al profesor Hernán Corral Talciani (“El derecho al olvido en internet: antecedentes y ́ bases para su configuración ́ jurídica”. Revista Jurídica Digital UANDES 1 (2017), páginas 43-66 (http://rjd.uandes.cl/index.php/rjduandes/article/view/7), afirma que si bien el derecho al olvido no existe en nuestra legislación, aquello hace que sea motivo de conferir la cautela jurisdiccional requerida, lo que debe ser analizada bajo el prisma de los derechos fundamentales involucrados, a saber, la libertad de información y el ́ derecho a la honra o, en su caso, como sostienen algunos autores, el derecho a la vida privada. Dicha línea jurisprudencial ha sido dictaminada por la Excma. Corte Suprema en distintos recursos de protección, tal como recursos de protección, Vila con Empresa Periodística La Tercera S.A.; Castelletto con Google Chile Limitada y Deb con Google Chile Limitada, roles Nos. 11.746-2017; 19.134-2018, Rol Nº 28.480-2018.

Pide que se ordene a la empresa COPESA la desindexación de la nota periodística individualizada contenida en la URL: https://www.latercera.com/noticia/profesor-la-u-catolica-valparaiso-desvinculado-tras-denuncia-acoso/ y a la empresa GOOGLE el retiro de la noticia de su motor de búsqueda con expresa condena en costas en caso que las empresas recurridas se opongan a la presente acción.

SEGUNDO: Comparece don nombre reservado, en representación de la empresa Copesa, informando la acción de protección, solicitando desde ya su íntegro rechazo con condena en costas.

Indica que la recurrente pide que se “desindexe” una noticia aparecida en el portal de internet de La Tercera el día 20 de enero de 2017, en atención a que afectaría su derecho a la honra, a la vida privada y el denominado “derecho al olvido”.

Refiere que el contenido de la noticia, la cual fue publicada también en otros portales de noticas, del siguiente tenor: “Profesor de la U. católica de Valparaíso es desvinculado tras denuncia de acoso”. “Tras la revisión de los antecedentes, el profesor de la escuela de periodismo fue destituido no sólo de sus labores académicas, sino también administrativas”. “Tras cinco meses de sumario interno, el Consejo Superior de la PUCV decidió desvincular al académico nombre reservado, quien fuera denunciado formalmente el pasado 4 de julio de 2016 por abuso de poder y hostigamiento físico-psicológico contra un grupo de nueve alumnas, acciones que para la universidad "constituyen una infracción grave a las obligaciones y deberes laborales del señor nombre reservado". “La resolución, explicó que la ratificación obedece a que las conductas de nombre reservado "constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones del contrato laboral, y que son de tal gravedad que sus consecuencias no pueden sólo restringirse al ámbito académico". “De este modo, el docente será desvinculado de su labor académica en la escuela de periodismo y de su trabajo administrativo como Coordinador Editorial en Ediciones Universitarias de Valparaíso de la PUCV.”

Indica que más de un año después, con fecha 23 de marzo de 2018, el profesor aludido en la nota solicitó a La Tercera complementar la información publicada, en el sentido que finalmente su desvinculación no fue por decisión del empleador, sino que de mutuo acuerdo entre ambos. Por tal motivo, en esa fecha se agregó enlace de actualización a la noticia: “Nota de la redacción: (23/03/2018): De acuerdo a información entregada por nombre reservado, el profesor mencionado en el caso, la Universidad Católica de Valparaíso finalmente selló su destitución de común acuerdo y no por los motivos inicialmente esgrimidos en el sumario interno, lo que es ratificado por un documento que envió a este medio”.

La recurrida sostiene entonces que son hechos que no se discuten: Que el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizó un sumario interno contra el profesor don nombre reservado, por actos de abuso de poder y hostigamiento físico-psicológico contra un grupo de nueve alumnas. Que dicho sumario interno determinó culpa del Profesor sumariado, y decidió desvincularlo de dicha casa de estudios superiores. Que dicha noticia fue publicada por La Tercera con fecha 20 de enero de 2017, así como también por otros medios de prensa tanto nacionales como regionales. Que la desvinculación del Profesor sumariado, realizada tiempo después de la sanción sumarial y de la publicación de la noticia, se concretó de mutuo acuerdo entre las partes, nuevo antecedente que, a solicitud del mismo profesor sumariado, fue incorporado a la noticia original de internet con fecha 23 de marzo de 2018 mediante un enlace de actualización.

En cuanto a las alegaciones de fondo expone:

En primer lugar, no existe acto arbitrario o ilegal, ya que COPESA S.A. ejerce lícitamente la libertad de informar, sin censura previa, consagrada en el art. 19, N° 12 de la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales. Del mismo modo, el artículo 1° de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, “Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre hechos de interés general”.

Indica que se trata entonces de una actuación lícita, amparada por el ordenamiento jurídico. Hacerlo, atiende un interés general, porque, se presentan al público hechos de gravedad y alto interés público o general, como los del reportaje.

En segundo lugar, afirma que no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, de su derecho a la vida privada y a la honra, así como también su derecho a la propia imagen (artículo 19 Nº 4).

Indica que el recurrente no es mencionado en la nota de prensa, existiendo una falta de legitimación activa. En efecto, la nota de prensa publicada por La Tercera con fecha 20 de enero de 2017, se refiere a don nombre reservado, y no al recurrente don nombre reservado, de modo tal que el recurrente no es mencionado en la noticia y mal podría entenderse que ha sido afectado en alguna garantía fundamental.

Alega que el reportaje en caso alguno afecta la honra del recurrente, por cuanto se trata de un hecho real, tal como el mismo recurrente lo reconoce. No se desconoce por el recurrente que el profesor nombre reservado fue sumariado por la PUCV por denuncias de abuso de poder y hostigamiento físico-psicológico contra un grupo de nueve alumnas, sumario administrativo que lo declaró culpable y ordenó su desvinculación de la universidad, la que finalmente se concretó de mutuo acuerdo entre el profesor y la casa de estudios.

Precisa, que más aún, la nota señala que el docente “será desvinculado”, como un hecho futuro, lo que efectivamente después ocurre de mutuo acuerdo entre la casa de estudios y el docente, actualizándose la noticia a petición del propio docente mediante un enlace de actualización. El profesor sumariado que se menciona en la nota, es tratado en forma respetuosa, cortés y formal, no se le insulta, ni se le descredita ni se le deshonra.

Cita el artículo 30 letra b) de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, que señala que son hechos de interés público “Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real”, como lo es en este caso el alto cargo docente que tenía el profesor nombre reservado en la referida Universidad, por lo que se trata de una noticia de interés o relevancia pública, que excluye cualquier afectación al honor. En consecuencia, expone que dicho hecho no forma parte de la vida privada del recurrente sino que de su vida pública o en sociedad, que afecta a otros ciudadanos, y por lo tanto la garantía de la vida privada cede frente a la garantía de libertad de opinión e información.

Descarta que se haya afectado el derecho a la propia imagen del recurrente, ya que se ha discutido si es una derivación del derecho de propiedad o bien del derecho a la vida privada, y cuáles son sus límites frente al derecho a la información. Estas interrogantes han sido zanjadas por esta I. Corte de Apelaciones y por la Exma. Corte Suprema, determinando en definitiva que el derecho a la propia imagen sería una derivación del derecho a la vida privada y que cede frente a la libertad de información cuando se trata de actos de relevancia o interés público.

En tercer lugar, alega que en caso de colisión de garantías, prima la libertad de información. No se ha imputado ningún hecho falso, sino que por el contrario se trata de hechos esencialmente veraces.

En cuarto lugar, el Derecho al olvido, aclara que no tiene consagración legal.

Al respecto, argumenta, que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, ha rechazado sistemáticamente este supuesto “derecho al olvido”, basándose en los siguientes argumentos jurídicos:

a) No existe ninguna norma legal en el ordenamiento jurídico chileno que limite permanencia de las informaciones a un determinado período de tiempo.

b) No existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico chileno que establezca el denominado “derecho al olvido”.

c) El denominado “derecho al olvido” es materia de lege ferenda (Boletín Nº 9388 de la Cámara de Diputados, que propone la modificación del art. 13 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada) y no es materia de acción de protección, pues esta última sólo protege derechos indubitados.

d) Por el contrario, nuestra legislación promueve vivamente la mantención de los archivos de prensa para que persistan en el tiempo, indefinidamente, a fin de permitir su conservación y consulta por el público, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 19.733, que establece el denominado “depósito legal”, y obliga a los medios de prensa a remitir cierta cantidad de ejemplares a la Biblioteca Nacional, dentro de cierto plazo, para su conservación y mantención en el tiempo, lo cual incluso puede realizarse por medios físicos o electrónicos.

e) En caso de noticias que hayan sido modificadas por hechos posteriores, sólo corresponde la actualización de la misma con los nuevos hechos, pero no su eliminación.

Explicita que claramente el sentido de la obligación de “depósito legal” de diarios y periódicos en la Biblioteca Nacional, tiene por objeto permitir el adecuado desarrollo de los estudios históricos de nuestro país, pues la prensa es una de las fuentes más apreciadas entre los historiadores, que recurren continuamente a los archivos de prensa de la Biblioteca Nacional para consultar las fuentes directas de la época. Acceder a la petición de la recurrente, equivale a permitir el fin de la historia.

Finalmente, cita una serie de fallos de la I. Corte de Apelaciones de Santiago como Excma. Corte Suprema que dan cuenta de aquellas posturas.

En quinto lugar alega que el diario La Tercera no tiene legitimación pasiva para “desindexar” noticias de su página web. No se ha especificado cuál es el alcance técnico de dicha petición. Podría entender de “desindexar” una noticia de internet, que consiste en quitar la noticia de algún “banco de datos” que lleva un índice o registro ordenado de dichos datos e informaciones. Aquello se encuentra regulado en la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, que regula los bancos de datos, el tratamiento de datos y su eliminación cuando se vuelven caducos, entre otras cosas, y, en su artículo 1° excluye expresamente a los medios de prensa de su aplicación.

Por último, alega que las peticiones del recurrente atentan contra la garantía de igualdad ante la ley, ya que se prohibiría que la noticia de La Tercera se mantuviera en los buscadores de noticias (motores de búsqueda), pero por otro lado se permitiría que la misma noticia de otros medios de prensa se mantuvieran en los buscadores de noticias (motores de búsqueda). En efecto, al inicio ya indicamos que la misma noticia aparece en al menos otros tres portales noticiosos electrónicos tanto nacionales como regionales: El Mercurio EMOL, Marga Marga On Line, y Golpe Noticias.

TERCERO: Comparece el abogado don Raimundo Moreno Cox, en representación de GOOGLE LLC, solicitando desde ya su íntegro rechazo con costas.

Alega que la acción es manifiestamente extemporánea, dado que el contenido publicado el 20 de enero de 2017, y el plazo para la interposición de la acción de protección se computa desde la fecha de publicación del contenido impugnado.

Indica que la acción de protección origina un procedimiento de urgencia de naturaleza cautelar que repugna la existencia de acciones imprescriptibles y que la Excma. Corte Suprema ha rechazado la tesis del actor señalando que, mediante la figura de la “agresión permanente” se somete el plazo de interposición de la acción de protección a la mera voluntad del actor.

Afirma que el contenido que la recurrente estima lesiva no es imputable a google, sino a los terceros que lo crearon o elaboraron, y lo que utiliza es un mecanismo de indexación, no siendo posible imputarle una eventual antijuridicidad.

Explica que la misión de Google es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil mediante la ejecución de un motor de búsqueda gratuito en internet. Para lograr dicho objetivo, el buscador de su representada emplea el proceso de indexación, mediante el cual, valiéndose de un complejo algoritmo que considera más de 200 variables (tales como actualidad del contenido de un sitio web, cantidad de visitas que ha recibido y sinónimos de la palabra buscada, entre otros) determina las respuestas más relevantes para las búsquedas concretas que efectúan sus usuarios.

Aclara que el responsable de cada página web es quien puede decidir de forma unilateral excluir todo o parte de sus contenidos de los motores de búsqueda en internet, de modo que, en el caso de autos, los autores del contenido impugnado han querido que su información sea indexada por motores de búsqueda como Google.

Cita que la jurisprudencia ha resuelto de manera reiterada que Google –así como otros buscadores– sólo tiene un rol de intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet, cuestión que además ha sido extraída del artículo 85 letra P de la Ley N°17.336.

Afirma que queda claro que el ordenamiento jurídico no impone sobre Google un deber u obligación de vigilancia sobre el contenido creado por terceros que indexa, y, la única manera de que se logre una tutela efectiva a los derechos del recurrente es que se dirija directamente en contra de los autores del contenido impugnado.

Expone que el “derecho al olvido” invocado por el recurrente, no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Que además a nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) ha señalado refiriéndose expresamente a los buscadores de internet que la intervención en la disponibilidad de contenidos por parte de un intermediario - como Google - podría amenazar la garantía fundamental de libertad de expresión. Las publicaciones periodísticas que se impugnan gozan de la más amplia protección constitucional.

Agrega que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, que comprende tanto un derecho individual a expresar y difundir las ideas como un derecho de carácter colectivo a acceder y recibir información la cual también se encuentra consagrada a nivel de derecho interno en el artículo 1 de la Ley 19.733 y los contenidos tienen una inherente indivisibilidad, en términos tales que restringir o hacer más gravoso el acceso a la información –como por ejemplo a través de la desindexación de un contenido– constituye una limitación igual de intensa a la libertad de expresión como la prohibición misma de la expresión de ideas o contenidos.

Finalmente, hace presente que el medio de comunicación ya actualizó la noticia en cuestión, lo que está en línea con lo fallado por la Corte Suprema en algunos casos similares, en conflicto suscitado entre medios de comunicación y personas referidas en diversas noticias, es que los primeros procedan a la actualización de las noticias que se estima falsas o imprecisas en su contenido.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

SEXTO: Que, es un hecho de la causa que el acto reprochable a las recurridas es mantener en sus archivos de acceso al público por internet o en el motor de búsqueda una noticia que involucra al recurrente, profesor universitario, relacionada con la comisión de actos en contra de unas alumnas, los que se habrían verificado en el año 2016.

SÉPTIMO: Que en nuestro ordenamiento jurídico actual, tanto nacional como internacional aplicable en la especie, por mandato del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, no existe una norma que obligue a las recurridas a eliminar de su motor de búsqueda en el caso de Google, o de sus sitios de internet, en el caso de Copesa, una noticia que en su oportunidad fue comunicada en el ejercicio de la libertad de expresión. Es más, la ley Nº 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 14 obliga a aquellas personas o establecimientos que han efectuado impresiones, grabaciones sonoras o producción audiovisual o electrónica en el país y destinados a la comercialización a enviar a la Biblioteca Nacional sendos ejemplares de tales publicaciones, con lo que se demuestra que la información no puede ser eliminada sino que ella pasa a formar parte de un registro que con el paso del tiempo se transforma en histórico.

OCTAVO: Que la historia no se borra ni se elimina, por el contrario debe preservarse, y parte importante de ella está constituida por los registros noticiosos. Es por ello que dicho material se preserva y cuida en la Biblioteca Nacional. En este orden de ideas, no existe razón legal para concluir que las empresas periodísticas no puedan mantener en sus sitios una información de noticias pretéritas que ellas mismas dieron a conocer y en cambio la Biblioteca Nacional sí; o para que Google no pueda facilitar a sus usuarios el conocimiento de aquellas y la Biblioteca Nacional sí, pues ello implica incurrir en discriminaciones arbitrarias, en orden a determinar quién queda autorizado a mantener el registro y su eventual divulgación y quien no, sin que exista una ley que claramente lo resuelva tratándose, como en la especie, de hechos noticiosos.

NOVENO: Que descartada la comisión de un acto ilegal, corresponde determinar si ha habido arbitrariedad en el proceder de las recurridas. Al respecto, no se divisa un actuar caprichoso para con el actor o carente de razonabilidad por querer mantener en su sitio web y motor de búsqueda aquel hecho noticioso relacionado con el recurrente, pues Copesa esgrime en su favor, su derecho a mantener sus registros, tal como lo mantiene la Biblioteca Nacional y Google el ejercicio propio de su actividad cual es facilitar la búsqueda de información a los usuarios.

DÉCIMO: Que la sola circunstancia de no haber dado respuesta a la petición del actor, no transforma el acto en arbitrario o ilegal; tampoco lo constituye el proceder de Google, frente al formulario tipo llenado por el recurrente y que le indicó concurrir a las empresas que subieron la información.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto al derecho al olvido, cabe señalar que esta materia no está tratada en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca en autos, debe ser analizada bajo el prisma de los derechos que se pueden ver afectados, el de la libertad de información y el derecho a la honra o en su caso, como sostienen algunos autores, el derecho a la vida privada. Así lo señala el profesor Hernán Corral Talciani en su artículo “El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica”. Revista Jurídica Digital UANDES 1(2017).

DUODÉCIMO: Que corresponde, entonces, de los derechos en pugna, determinar a esta Corte cuál de ellos prima en los hechos de autos. Al respecto, el artículo 30 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, dispone: “Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes:

a) Los referentes al desempeño de funciones públicas.

b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real;

c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso;

d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social;

e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.”.

DÉCIMO TERCERO: Que de los antecedente que obran en autos y de lo señalado precedentemente, a entender de esta Corte concurren en la especie los supuestos de la letra b) de la norma citada, ya que los hechos que da cuenta la publicación, habrían ocurrido siendo el recurrente profesor universitario y las supuestas víctimas alumnas de él, lo que constituye a los mismos, como hechos de interés público.

DÉCIMO CUARTO: Que más aún, el Constituyente consagra la libertad de informar en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Política, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. En el caso de autos, nadie ha imputado la comisión de un delito a las recurridas y tampoco puede hablarse a priori en este procedimiento de tutela urgente de abuso por mantener en su sitio web o motor de búsqueda aquella noticia que en su oportunidad dio a conocer Copesa, cuestión que es ratificada en el artículo 1° de la Ley 19.733, que dispone: ““Las libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”.

“Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley”.

“Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre hechos de interés general”.

DÉCIMO QUINTO: Que conforme a lo razonado, al no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de las recurridas, no es posible acoger la presente acción cautelar, y se hace innecesario analizar la perturbación, privación o amenaza de los derechos fundamentales que invoca el actor.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de GOOGLE CHILE LIMITADA y de GRUPO COPESA S.A..

Regístrese y comuníquese.

Redactó el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett.

N°Protección-41.211-2021 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, el Fiscal Judicial señor nombre reservado el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.