Protección contra Ministro del Interior y Seguridad Pública

Santiago, treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

Con fecha 11 de junio de 2018, comparece el abogado Carlos Espinoza Vidal, conjuntamente con:

1.- nombre reservado, calle nombre reservado° 7339, Rut RUT reservado, profesora;

2.- nombre reservado, calle nombre reservado°7208, Rut RUT reservado, ingeniero comercial;

3.- nombre reservado, calle nombre reservado° 7353, Rut RUT reservado, tecnólogo médico;

4.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, empresario;

5.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, bióloga;

6.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, corredor de propiedades;

7.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, empleada;

8.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero administración empresas;

9.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, estudiante universitario;

10.- nombre reservado, calle nombre reservado°7201, Rut RUT reservado, constructor;

11.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ejecutiva comercial;

12.- nombre reservado, calle nombre reservado°7231, Rut RUT reservado, jubilada;

13.- nombre reservado, calle nombre reservado°7231, Rut RUT reservado, jubilado;

14.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, arquitecto;

15.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero comercial;

16.- nombre reservado, nombre reservado 7255; Rut RUT reservado, ingeniero;

17.- nombre reservado, nombre reservado 7255; Rut RUT reservado, ingeniero;

18.- Patricio Alfons nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, pensionado;

19.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero comercial;

20.- nombre reservado, calle nombre reservado°7332, Rut RUT reservado, contador;

21.- nombre reservado, calle nombre reservado°7332, Rut RUT reservado, ingeniero;

22.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado; ingeniero civil, 23.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, universitaria;

24.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, productora de eventos;

25.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, técnico en turismo;

26.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, tecnólogo médico;

27.- nombre reservado, calle nombre reservado°7353, Rut RUT reservado, médico;

28.- nombre reservado, calle nombre reservado° 7353, Rut RUT reservado, médico veterinario;

29.- nombre reservado, calle nombre reservado°7308, Rut, RUT reservado, jubilado;

30.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, productor de eventos;

31.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, pedagogía en inglés;

32.-nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, contador auditor;

33.- lhno nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero comercial;

34.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, corredora de seguros;

35.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero constructor;

36.- nombre reservado, calle nombre reservado°7223, Rut RUT reservado, geógrafo;

37.- nombre reservado, calle nombre reservado° 7223, Rut RUT reservado, geógrafo;

38.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, pensionado;

39.-nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, dueña de casa;

40.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, psicóloga, 41.-nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, psicóloga; nombre reservado , domicilio reservado, Rut RUT reservado,licenciada en Ingenieria Ambiental;

42.- nombre reservado, calle nombre reservado° 7372, Rut RUT reservado, médico, 43.- nombre reservado, Pasaje nombre reservado° 545-G, Rut RUT reservado, vendedor;

44.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, administradora de edificios, 45.- nombre reservado, calle nombre reservado°7211, Rut RUT reservado, misionera;

46.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, educadora diferencial;

47.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, secretaria;

48.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, ingeniero;

49.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, dueña de casa;

50.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, licenciada en Arte;

51.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, profesor e ingeniero comercial ;

52. nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, secretaria;

53.- nombre reservado, domicilio reservado, Rut RUT reservado, odontóloga;

54.- nombre reservado, Alcalde Alberto Jenschke N° 7257, Rut RUT reservado, diseñadora de vestuario; todos los anteriores domicilios correspondiente.

Las personas antes individualizadas deducen acción de protección constitucional por sí y en favor de todos los residentes de los sectores de calles nombre reservado, Alcalde Alberto Jenschke, Alcalde Chawick, Alcalde Rutilio Rivas, Juan Bocaccio, Gibraltar, nombre reservado y calles aledañas de la comuna de La Reina en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera domiciliado en el Palacio de La Moneda Santiago, la Intendenta de la Región nombre reservado, doña nombre reservado, médico con domicilio en domicilio reservado, Santiago y del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Reina, don José Manuel Palacios, con domicilio en domicilio reservado, La Reina por haber incurrido en omisión arbitraria e ilegal referida a que las autoridades recurridas al no efectuar una evaluación diferenciada temporal en consideración a la falta de medidas administrativas, de prevención y protección de la seguridad de los vecinos de la comuna de La Reina, afectan las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1º, 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en especial, ordenar que se aplique medidas que efectivamente solucionen el problema descrito, dado que son los recurridos los encargados de señalar cuáles son e implementarlas, con costas.

Fundan su recurso en que últimamente los medios de comunicación social, han informado acerca de la comisión de un homicidio ocurrido el 21 de mayo del corriente, sin embargo, éste no es el único hecho ilícito de gravedad ocurrido en La Reina, precisando una serie de delitos que habrían ocurrido en la comuna desde febrero del año en curso, la mayoría robos en lugar habitado (hechos ocurridos entre el 1 de febrero y el 3 de junio de 2018).

En ese contexto, esgrimen que la policía y seguridad de la comuna no resultan suficientes para efectos de enfrentar la delincuencia, encontrándose inseguros, sin paz, no pueden transitar libremente por la vía pública sin verse expuestos a poner en riesgo su integridad física, dado que la población se encuentra dominada por grupos de delincuencia, siendo el hecho que ha tornado insostenible la situación aquel referido al inicio, ocurrido el 21 de mayo, en el que asesinaron a una vecina, hiriendo a su marido e hijo.

Explican que han sostenido diversas reuniones con juntas de vecinos y comités de seguridad, sin que puedan responder a la situación de inseguridad por la que atraviesan.

En ese escenario, señalan que la policía es incapaz de controlar los niveles de violencia e inseguridad que sufren.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad de las recurridas, sostienen que dentro de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentra la de "Promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual" y "Definir y evaluar las medidas orientadas al control de los delitos y aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal".

Asimismo, el Intendente debe "Velar porque en la Región nombre reservado se resguarde a las personas y bienes, promoviendo la tranquilidad y el orden público”, y el Municipio según la Ley Orgánica de Municipalidades, puede crear planes comunales de seguridad pública, sin que esta última haya tomado conciencia de la urgencia y gravedad de los hechos.

Enfatizan que en otros sectores dentro de la misma comuna, las autoridades responden inmediatamente frente a situaciones de delincuencia, por ende, no existe la misma respuesta de eficiencia y eficacia, agregando que les han señalado que los carros de Carabineros son insuficientes.

Señalan que han sido abandonados a su suerte y se les endosa la responsabilidad de tomarse las calles y hacer labores preventivas y de vigilancia, cuando dicha labor por ley está entregada al Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y por ende, a las policías y también al municipio.

Agregan que frente a esta omisión arbitraria e ilegal, los residentes del sector no pueden circular libremente y no pueden vivir tranquilamente y en forma segura y las autoridades encargadas poco hacen para remediar el asunto.

Más adelante refiriéndose a la procedencia del recurso de protección, manifiestan que se está frente a una omisión arbitraria e ilegal referida a que las autoridades recurridas al no efectuar una evaluación diferenciada temporal en consideración a la falta de medidas administrativas, de prevención y protección de la seguridad de los vecinos de la comuna de La Reina y las recurridas no han realizado acciones positivas de mantención del plan cuadrante, no mejorar la dotación policial o la seguridad municipal, actuando solo una vez que los asaltos aparecen en televisión o radio y es emplazada la autoridad a responder, no siendo proactivos sino reactivos frente a la delincuencia.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusan afectadas, refiere que lo ha sido el derecho a la integridad física y psíquica, desde que no pueden vivir tranquilos en sus propios hogares.

Afirman que también ha sido afectada la igualdad ante la ley, en atención a que han recibido un trato diverso respecto de otros ciudadanos.

Respecto al derecho de propiedad, indican que por la omisión de las autoridades, los vecinos han debido vender sus inmuebles.

Solicitan, que se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en especial, ordenar que se aplique medidas que efectivamente solucionen el problema descrito, dado que son los recurridos los encargados de señalar cuáles son e implementarlas, con costas.

Comparece Ignacio Vio Barraza, abogado, por la Ilustre Municipalidad de La Reina, quien evacua el informe requerido.

En primer lugar, rechaza los hechos expuestos, para luego alegar que existe indeterminación en cuanto al sujeto activo, por cuanto al comienzo lo hace a favor de todos los residentes del sector de calles nombre reservado, alcalde Alberto Jenschke y las calles aledañas de la comuna de La Reina, situación que le parece irregular, por cuanto en el libelo han sido individualizados alrededor de 57 personas naturales, para luego concluir que lo hace en representación de personas indefinidas.

A mayor abundamiento, refiere que la representación local le asiste en principio al alcalde de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del ramo.

En segundo término, alega la falta de individualización del sujeto pasivo, toda vez que, no señala la vulneración que habrían cometido.

Asimismo, acusa que existe falta de precisión en los hechos denunciados.

En cuarto lugar, afirma que existe confusión en las acciones deducidas, atendido que no se precisa cuál sería la falta de servicio en que habría incurrido, así como también, la inacción del Estado.

Agrega que los recurrentes olvidan que en el asesinato ocurrido el 21 de mayo, precisamente fueron las policías quienes en un breve lapso detuvieron al autor material del ilícito.

En ese contexto, indica que la Municipalidad ha cumplido con sus funciones, desplegando una serie de medidas de seguridad comunal, tales como la incorporación de 38 funcionarios que se desempeñan en labores de seguridad municipal, cámaras de seguridad, elaboración de informes, jornadas participativas, entre otras.

Comparecen debidamente representados el Ministro del Interior y Seguridad Pública y la Intendenta de la Región nombre reservado, quienes evacuan el informe solicitado.

En primer lugar, se alega que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, escapa de la naturaleza cautelar y de emergencia del recurso de protección.

Por otra parte, aducen que no es efectivo que no hayan adoptado medidas de seguridad pública, o que la respuesta de Carabineros sea tardía en relación a otros sectores de la comuna.

En efecto, señalan que el Ministerio lleva un plan de seguridad pública 2018-2022 que considera medidas concretas en materia de prevención.

En segundo término, afirman que no procede otorgar cautela frente a eventuales e hipotéticos hechos futuros, desde que no es posible determinar cuáles son las faltas que se imputan al Ministerio del Interior o la Intendencia.

Por otra parte, no advierten participación de los recurridos en los hechos que fundamenten el recurso, los cuales están actualmente siendo investigados por el Ministerio Público.

En cuarto lugar, alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto, los hechos delictuales ocurrieron entre el 1 de febrero y 21 de marzo del año en curso, habiendo presentado el recurso el 11 de junio de 2018, es decir, varios meses después de la ocurrencia de los hechos.

En quinto lugar, sostienen que el Estado en materias de políticas públicas de prevención y respuesta en materia de seguridad pública ha actuado correctamente, en síntesis, reitera lo expuesto y agrega datos estadísticos.

En cuanto a las garantías constitucionales que los recurrentes refieren afectadas, señala que no lo han sido, desde que en relación a los numerales 1º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, la vulneración estaría dada por el actuar de delincuentes y no de la autoridad y respecto a la igualdad ante la ley, los protegidos no indican el modo en que pudo haberse discriminado arbitrariamente a los vecinos de La Reina.

La Secretaría General de Carabineros, a petición de esta Corte evacuó un informe al tenor del recurso planteado, refiere que a objeto de revertir la sensación de inseguridad de los vecinos, el Comisario de la Unidad Territorial ha efectuado coordinaciones y medidas de prevención. De igual forma en julio del corriente fue inaugurado el sistema de televigilancia, y se ha continuado implementado tácticas policiales en diferentes puntos de la comuna.

Se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado y asumió la representación judicial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Intendencia de la Región nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) En el caso de autos el recurso se fundamenta en una omisión, calificada por los actores de manifiestamente arbitraria, al no hacer los recurridos una evaluación diferenciada temporal en consideración a la falta de medidas administrativas, en su caso, de prevención y protección a la seguridad de los vecinos de la comuna de La Reina, ya que no han realizado acciones positivas de mantención del plan cuadrante, mayor y mejor dotación policial, como el mejorar la seguridad municipal, para finalizar acusando que los recurridos no son proactivos sino reactivos a la delincuencia para lo cual se mencionan una serie de hechos delictivos, entre ellos el que culminó con la muerte de una vecina en su casa el día 21 de mayo del presente año.

3°) Previamente deben resolverse las cuestiones formales planteadas por los recurridos en sus informes como son la de indeterminación del sujeto activo y la alegación de extemporaneidad.

4°) En el escrito de interposición de la acción constitucional ejercida puede leerse que aquella se deduce en favor de quienes la suscriben, pero además en favor de todos los residentes de los sectores de las calles que se individualizan de la comuna de La Reina. Sobre el particular, sabido es que la acción constitucional de protección no es una acción popular, sino que requiere la determinación de los sujetos a quienes se busca resguardar en sus derechos fundamentales. En efecto, por esta vía constitucional se persigue la adopción de medidas concretas que permitan restablecer el imperio del derecho en favor de los afectados con un acto u omisión arbitraria o ilegal, y aquello no resulta factible si se desconoce la identidad de las personas afectadas. En consecuencia, la presente acción en cuanto se interpone en favor de los residentes de determinadas calles de la comuna de la Reina debe desecharse.

5°) En cuanto a la alegación de extemporaneidad, el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre el Recurso de Protección, dispone, en lo pertinente, en su numeral primero que esta acción deberá presentarse “ (…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”. En el caso planteado los actores como fundamento de la omisión que acusan hacen referencia a una serie de hechos delictivos ocurridos en la comuna de La Reina en los meses de febrero y marzo del año en curso, y fijan como hecho grave el robo con homicidio ocurrido el día 21 de mayo último. Al efecto, la acción se presentó ante esta Corte el día 11 de junio del presente año, de manera que las eventuales omisiones de los recurridos por los hechos de febrero y marzo quedan fuera del plazo que se analiza y en consecuencia en tal punto la acción es extemporánea, no así respecto del hecho puntual del día 21 de mayo pues aquel queda comprendido dentro de los 30 días indicados.

6°) En cuanto a la omisión que justifica la acción deducida, en suma, ella se circunscribe a la falta de medidas de prevención y protección por parte de las autoridades recurridas en favor de la seguridad de los recurrentes residentes en la comuna de La Reina; sin embargo, de la lectura de los informes evacuados surge que existen diversas medidas adoptadas con ese fin. Así, la Municipalidad de La Reina ha contratado funcionarios para la seguridad, ha instalado cámaras de seguridad, ha adquirido vehículos con el mismo fin, ha realizado capacitaciones de su personal y recientemente creó la Dirección de Seguridad Ciudadana y ha realizado Jornadas participativas de seguridad. Por su parte el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional, manifiestan que en el caso del robo con homicidio ocurrido el día 21 de mayo se presentó una querella en contra del autor de ese ilícito; se han creado mesas de trabajo integradas por actores de distintas corrientes políticas, parlamentarios, alcaldes, Carabineros, PDI, representantes del Ministerio Público que han trabajado en propuestas transversales relacionadas con la seguridad pública; se han formulado propuestas de modernización y fortalecimiento de las policías, sistema de inteligencia, fortalecimiento de la seguridad pública y se alude a la dotación de Carabineros en la comuna. De esta forma resulta evidente que las autoridades recurridas han adoptado diversas medidas dentro del ámbito de sus competencias. Sin embargo, escapa al fin de esta acción cautelar efectuar un análisis respecto de la eficacia de tales medidas pues ello corresponde a un juzgamiento de política administrativa ajena a la función jurisdiccional. En tal sentido, tampoco corresponde que esta Corte proponga medidas preventivas de seguridad pues ello importa atribuirse facultades de las que carece invadiendo la de otros órganos existiendo por lo demás prohibición constitucional de hacerlo según se infiere del artículo 7 de la Constitución Política.

7°) En relación al hecho delictual acaecido el día 21 de mayo último en el que falleció una persona en la comuna de La Reina, cabe señalar que el asunto se encuentra sometido al conocimiento de un tribunal en los autos RIT 4485-2018 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, según se informa por los recurridos, de manera que el asunto está sometido ya al imperio del derecho, sin que por esta vía pueda adoptarse alguna medida en relación a esos hechos.

8°) De lo dicho, resulta inconcuso que la acción constitucional debe rechazarse, por improcedente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- El recurso de protección es improcedente en cuanto se recurre en favor de vecinos no individualizados de un sector de la comuna de La Reina.

II.- El recurso es extemporáneo solo en cuanto se refiere a los hechos acaecidos en los meses de febrero y marzo de 2018.

III.- Se rechaza la acción constitucional deducida por don Carlos Espinoza Vidal y los demás firmantes del libelo en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Reina, de la señora Intendente Regional nombre reservado y del Ministerio del Interior, sin costas, por existir motivo plausible para accionar.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra señora Mireya López Miranda.

Rol N° 41.186-2018