nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

A los folios 25, 26 y 27: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece doña nombre reservado, profesora de educación media en tecnología, interponiendo acción de protección contra la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por su Alcaldesa Evelyn Matthei Fornet, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el término de su contrato de trabajo por la causal establecida en el artículo 72 letra h) del D.F.L. N° 1 DE Educación de 1996, Estatuto Docente, esto es, por salud incompatible con el cargo, en relación con el artículo 72 bis del mismo cuerpo legal, lo que vulnera sus garantías constitucionales reconocidas el artículo 19 numerales 2, 9, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios para esa corporación el 1 de agosto de 2017, prestando funciones como profesora de educación tecnológica en el Liceo N° 7 de Providencia nombre reservado, administrado por la recurrida y que luego de sucesivas renovaciones, el 27 de diciembre de 2021, asumió como docente titular nivel media, suscribiendo el respectivo contrato de trabajo.

Explica que el 28 de marzo de 2022, presentó una primera licencia médica de origen común, cuya duración fue de 1 día y fue derivada a un especialista de traumatología, donde le diagnosticaron espondilolistesis, enfermedad que le produce dolor en piernas y brazos, inestabilidad para caminar, trastornos sensitivos, entre otros, por lo que a partir del 8 de abril de 2022, los médicos que la trataron le prescribieron sucesivas licencias médicas, pues tuvo que iniciar diferentes terapias y asimismo, tomar fuertes medicamentos que le produjeron problemas cardiacos.

Manifiesta que su tratamiento se encontraba avanzado y su médico tratante le indicó que en el mes de abril de 2023 podría reintegrarse a sus funciones, sin embargo, la recurrida les puso término a sus funciones antes de poder ser dada de alta por su médico tratante.

Precisa que el 10 de marzo de 2023, la recurrida le comunica el término de sus funciones, utilizando como fundamento la Resolución N° 65 de 7 de marzo de 2023, emitida por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Providencia, quien declaró que su salud es incompatible para desempeñar el cargo de docente en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ordenando poner término al contrato de trabajo, conforme el artículo 72 letra h) en relación con el artículo 72 bis de la Ley N° 19.070.

Precisa que la carta establece que la decisión de poner término a su contrato de trabajo se fundamenta en los siguientes antecedentes:

“a) Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de noviembre de 2022, usted presenta un total de 284 días de licencia médica por enfermedad común.

b) Que la Comisión Medica Preventiva e Invalidez, Subcomisión Oriente, mediante Resolución Exenta N°131/25/594/22, de fecha 29/12/2022, resolvió que usted presenta un estado de salud recuperable, la cual se adjunta.

c) Que atendido lo anterior la Alcaldesa de Providencia, la señora nombre reservado, mediante Resolución N°65 de fecha 7 de marzo de 2023 declaró su salud incompatible, la cual se adjunta”.

Arguye que dicha carta invoca erradamente el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, fundando la decisión en el exceso de licencias de reposo, haciendo uso de esa facultad sin considerar la resolución de la COMPIN en donde se declara que su salud es recuperable.

Además, alega que dicha decisión es ilegal por falsa aplicación del artículo 72 letra “h)” de la Ley N° 19.070, Estatuto Docente, pues la Comisión de Medicina Preventiva declaró recuperable su salud, no resultando aplicable dicha norma. Al efecto cita la Resolución Exenta N°131/25/594/22 de fecha 29 de diciembre de 2022, que declara recuperable su salud, acto que destaca se encuentra firme.

Sostiene que el acto que se impugna, atenta contra sus derechos fundamentales como docente que la recurrida debió respetar, debiendo fundamentar su actuar mediante resoluciones fundadas, tal como lo prescribe la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N° 19.880, indicando cuales son los motivos en que se fundamenta para considerarse incompatible, no existiendo elemento alguno que así lo pruebe, en definitiva, señala la recurrente que no tiene fundamento alguno la decisión. Incluso, agrega que se ha vulnerado el principio de inexcusabilidad, contenido en el artículo 14 de la Ley de Bases citada, lo que se ve también materializado en el inciso quinto del artículo 41, razón más que suficiente para declarar inadmisible su actuar.

Concluye, solicitando que conociendo el presente recurso, se ordene dejar sin efecto carta enviada por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en donde se le notifica del término de mi vínculo estatutario por salud incompatible; se ordene reintegrarla a sus funciones habituales en la Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Providencia, en la misma calidad jurídica; se ordene el pago de todas la remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de la separación y hasta la de su efectivo reingreso a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia; cualquier medida o remedio que estime ordenar y la condena en costas a al recurrida.

Segundo: Que comparece informando doña nombre reservado, abogada por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, se refiere al vínculo laboral con la recurrente, ratificando que la actora ingresó a prestar servicios desde 1 de agosto de 2017 hasta el 10 de marzo de 2023, oportunidad en que terminó la relación laboral existente entre las partes conforme lo dispuesto en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente.

Hace referencia a que durante el año 2022, la corporación decidió regularizar la situación de los docentes que contaban con licencias médicas extendidas, es decir, que fueran superiores a 180 días de licencia médica continua o discontinua durante los dos últimos años, solicitando un pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), quien es el organismo técnico encargado de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de determinar la recuperabilidad o irrecuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios. Puntualiza que no cuenta con facultades legales para declarar la salud como incompatible.

Precisa que, en el caso de la recurrente, se declaró la salud recuperable mediante Resolución N° 131/25/594/22, de fecha 29 de diciembre de 2022, permitiendo con ello que la Alcaldesa declarara su salud incompatible y se pusiera término a su contrato de trabajo. Conforme lo anterior, con fecha 10 de marzo de 2023, se dispuso el término de la relación laboral de la recurrente conforme lo dispuesto el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, notificando tal decisión mediante carta certificada.

En segundo lugar, argumenta que la presente acción es improcedente por no constituir un sustituto jurisdiccional, contemplando el ordenamiento jurídico un procedimiento expreso para dirimir la controversia entre las partes. Asevera que las materias de autos por expresa disposición de la Ley deben ser conocidas por los jueces laborales en juicios ordinarios.

Luego, como tercer punto, alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto el actuar de la Corporación se funda en el legítimo ejercicio de la facultad establecida en el artículo 72 Letra h) en relación con el artículo 72 bis), ambos del Estatuto Docente, habiendo realizado previamente las gestiones administrativas correspondientes.

Por otro lado, niega que se vulneren las garantías constitucionales que la actora señala en su recurso, ya que al ser declarado por el COMPIN como recuperable la salud de un funcionario, el alcalde puede declarar su salud incompatible por haber estado con licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y con ello poner término a su contrato de trabajo, cita en apoyo de dicha afirmación jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que previo a examinar el recurso conforme a la alegación de improcedencia formulada por la recurrida, conviene dejar establecido que dicha discusión ya ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema, en el sentido que la interposición del recurso de protección no afecta el ejercicio de otros derechos que se estimen pertinentes, encontrándose reconocida igualmente por nuestro ordenamiento la facultad de accionar por esta vía, sin perjuicio de las demás acciones legales, por lo que dicho argumento será rechazado.

Quinto: Que, en cuanto al fondo, el acto que se estima ilegal o arbitrario consiste en la carta de aviso de término de contrato de trabajo, de 10 de marzo de 2023, mediante la cual se puso término al contrato que vincula a la actora con la Corporación recurrida por estimarse su salud incompatible con sus funciones.

Su tenor literal es el siguiente, aduciendo como fundamento “a) Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de noviembre de 2022, usted presenta un total de 284 días de licencia médica por enfermedad común. b) Que la Comisión Medica Preventiva e Invalidez, Subcomisión Oriente, mediante Resolución Exenta N°131/25/594/22, de fecha 29/12/2022, resolvió que usted presenta un estado de salud recuperable, la cual se adjunta. c) Que atendido lo anterior la Alcaldesa de Providencia, la señora nombre reservado, mediante Resolución N°65 de fecha 7 de marzo de 2023 declaró su salud incompatible, la cual se adjunta”.

Sexto: Que, al respecto, de conformidad con los antecedentes allegados al recurso, es posible establecer que la recurrente prestó servicios como profesora de educación tecnológica, en calidad de titular, desde el mes de diciembre de 2021, siendo notificada el 10 de marzo de 2023 del término del contrato, por salud incompatible, en atención a que hizo uso de 284 días de licencias médicas entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022. Asimismo, consta que, debido al reposo prolongado de la actora, se solicitó por la Corporación recurrida un pronunciamiento a la COMPIN, quien mediante Resolución Exenta N°131/25/594/22, de fecha 29/12/2022, señaló que la recurrente “presenta un estado de salud recuperable”.

Séptimo: Que cabe tener presente que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, establece:

“Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter.”

A su turno el artículo 72 bis del mismo cuerpo legal dispone: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040.”

Octavo: Que es necesario tener en cuenta que antes de la dictación del artículo 72 bis del Estatuto Docente, mediante la Ley Nº 21.093, publicada el 23 de mayo de 2018, se reprochaba que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, fuera realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por este motivo, el Ejecutivo propuso su modificación, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva.

De lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPÍN fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, no resulta vinculante, pero requiere que la autoridad recurrida lo considere y por su parte, efectúe pronunciamiento fundado a su respecto a vía de poner término a la relación contractual habida entre las partes.

Noveno: Que la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador y permite dar sentido a la modificación, puesto que -de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación con la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo: Que, por su parte, el artículo 41 de la Ley de Bases inciso 4° prescribe que las resoluciones que dicte la Administración contendrán la decisión, que será fundada. En la misma línea el artículo 11 inciso segundo agrega que los hechos y fundamentos de derecho de los particulares deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

Undécimo: Que, sin embargo, los fundamentos contenidos en la citada Resolución N° 65 de 7 de marzo de 2023 -que comunicó el término del contrato- no cumple con el estándar de ser aquellos objetivos y suficientes, pues la recurrida pretende justificar la medida en la cantidad de días de licencia presentado por la actora, sin considerar antecedentes como el origen de la licencia médica, y que la actora al momento del despido ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones, con lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función docente, sin revestir el acto de fundamento de hecho y de derecho que permitieren otorgar plausibilidad a lo que en su oportunidad fuere decidido.

Duodécimo: Que de lo anterior se colige que el acto administrativo denunciado aparezca revestido de legalidad, por lo que infringe el deber de motivación al estar desprovisto de fundamentación suficiente, lo que lo torna en arbitrario, afectándose con ello las garantías previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Décimo tercero: Debe concluirse entonces que la conducta del recurrido de poner término al contrato de la recurrente constituye un acto arbitrario, pues vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al carecer de la debida fundamentación como era exigible a dicho acto administrativo, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido en la forma en que se dirá en lo resolutivo, atendido la fecha en que se resuelve esta acción.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado contra la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y, en consecuencia, sólo en cuanto se deja sin efecto el término de su contrato y se ordena a la recurrida dictar fundadamente el acto que en derecho corresponda -dentro del plazo de quince días desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada-, debiendo en el intertanto reincorporar a la actora en sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Se previene que la Ministra Suplente señora Soledad Orellana Pino, estuvo por acoger el presente arbitrio constitucional considerando que el acto denunciado resulta arbitrario, atendido que no puede pronunciarse de manera distinta y sin fundamento plausible o racional a lo concluido por un órgano técnico.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4107-2023.