nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinte.

Al folio 19: A todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (en adelante Conadecus A.C.) y doña nombre reservado, interponiendo acción de protección constitucional en contra de la Caja de Compensación Los Andes, por el acto ilegal y/o arbitrario de dicha institución consistente en el descuento ilegal en las remuneraciones de la citada de un crédito contratado en el año 2002, el cual dejó de cobrarse en noviembre de 2003 en razón del término de su contrato de trabajo con su empleadora de entonces, Inverlink.

Agrega que el 30 de abril del año en curso se percata que en su liquidación de sueldo figura un descuento por $57.975 realizado por su empleadora para dar pago al crédito social otorgado por la Caja, el que también se descontó en marzo. Consultada, su empleadora responde que se trataba de un descuento automático ordenado por la Caja de Compensación.

En cuanto a su legitimación activa para accionar, Conadecus A.C. señala que se encuentra contemplada en las letras e) e i) del art. 8º de la Ley 19.946, la que señala no se restringe a las acciones contempladas en dicha ley. Respalda dicha afirmación al indicar que en dicho sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en los autos Rol Nº11.363-2015.

En cuanto al acto ilegal y/o arbitrario, se señala por la recurrente que se abusa de la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, que ordena al empleador afiliado a la caja de compensación deducir, retener y remesar, de la remuneración del trabajador, el monto adeudado por concepto de créditos sociales. En este caso, el abuso consiste en el descuento relativo a un crédito supuestamente pendiente de cobro desde el año 2003, la que según señala, no se ha intentado cobrar judicialmente y además se encuentra prescrita. Expone que según ha resuelto el máximo tribunal de nuestro país, el largo tiempo transcurrido torna en improcedente y antojadizo el ejercicio de dicha facultad, conforme fue resuelto en la causa rol Nº29.241-2019.

En lo que toca a las garantías conculcadas, destaca que el proceder de la Caja de Compensación afecta la igualdad ante la ley contemplada en el numeral segundo del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el uso caprichoso de la facultad legal ya citada rompe en este caso el trato igualitario que todas las personas requieren ante la ley, uso que se torna además en discriminatorio respecto de los deudores.

Agrega, además, que el actuar de la recurrida vulnera el debido proceso contemplado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, señalando que ésta acude a la autotutela para hacerse pago de un crédito de forma directa y sin hacer uso de los mecanismos procesales correspondientes.

En cuanto a la afectación al derecho de propiedad que la Constitución Garantiza en el artículo 19 Nº 24, señala que el actuar de la recurrida priva a la actora de su remuneración íntegra, en un 16% de su sueldo base, de forma ilegal y apropiándose de un dinero que no le pertenece. Cita al efecto lo resuelto en dicho sentido por la Excelentísima Corte Suprema en la causa rol Nº16.214-2019, y recientemente en la causa rol Nº48-2020.

Termina pidiendo que se acoja la presente acción y en definitiva se obligue a la recurrida abstenerse de efectuar cualquier nuevo descuento a la recurrente, se ordene el reintegro de todas las sumas ilegalmente descontadas y se tomen las medidas pertinentes que esta Corte estime para el restablecimiento del derecho y la protección a la afectada, con costas del recurso.

Se acompaña al recurso liquidación de sueldo de la actora de 30 de abril de 2020.

Informando la recurrida, señala que se allana a la acción impetrada únicamente en lo relativo al cese de los descuentos y restitución solicitados por la recurrente.

En cuanto a los hechos señalados en el recurso, indica que el 9 de diciembre de 2002 otorgó un crédito a la recurrente, por un capital inicial de $633.754.-, pagadero en un plazo de 24 meses por medio de cuotas de $33.129 a contar del 31 de enero de 2003, del cual se pagaron 13 cuotas.

Alega la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, el cual se sujetó a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 18.883 ya citada, facultad que le habilita para efectuar el cobro de una deuda actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente como lo exigen los arts 2.492 y ss del Código Civil.

Señala, además, que requiriéndose pronunciamiento del tribunal competente sobre la institución mencionada, el recurso de protección no es la vía procesalmente idónea para ello.

Sin perjuicio de lo mencionado, hace presente que sin prejuicio de no reconocer la extinción de la deuda, la recurrida dispuso el cese definitivo de los descuentos efectuados a contar de la planilla de junio de 2020, y la restitución de los fondos descontados en los meses de febrero, marzo y abril del año en curso, lo que se informó a esta Corte el 2 de julio recién pasado.

Solicita se le tenga por allanada en los términos indicados y se le exima del pago de las costas por no mediar oposición de su parte.

Acompaña en esta Corte, con fecha 2 de julio, certificado de pago a la recurrente de $173.925.- Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente como una acción de cautela urgente ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen alguno de los derechos mencionados en el artículo 20 de la Carta Política, de tal suerte que comprobados los supuestos a que se ha hecho referencia, se adopten las debidas medidas de resguardo para restaurar el imperio del derecho y dar así debida protección al afectado.

Segundo: Que el acto arbitrario o ilegal que la recurrente imputa a la recurrida consistió, en síntesis, en el cobro indebido de un crédito social por parte de la Caja de Compensación “Los Andes”, el que se había se generado en el año 2002, pero que ya estaría totalmente pagado al 2003, no obstante lo cual, en el mes de abril del presente año se percató que le descontaron de su liquidación de sueldos un monto de $57.975.- por dicho concepto, vulnerando con ello las garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 3 y 24, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental, referidas a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a su derecho de propiedad.

Tercero: Que de los antecedentes aportados por la recurrente y la recurrida, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por efectivo que con fecha 09 de diciembre 2002, se otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código RUT reservado, por un capital inicial de $633.754.-, pagadero en un plazo de 24 meses, con cuotas mensuales de $33.129, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2003 y que a la fecha solo se recaudaron 13 de las 24 cuotas pactadas originalmente.

Sin embargo, no obstante lo informado precedentemente, la recurrida señala que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al actor, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador.

Asimismo, destaca que dispondrá la restitución de las cuotas descontadas y remesadas a su representada a partir de febrero de 2020, mes en que fueron reanudadas las retenciones, de lo cual se informará oportunamente a vuestra Corte.

Cuarto: Que, por otro lado, la misma recurrida señala que conforme con la orden de no innovar decretada en autos, ya se habían dispuesto las gestiones tendientes al cese de los descuentos; sin embargo, dicha medida debe cobrar efecto a partir de la remuneración del mes de junio, toda vez que las planillas de cobro son generadas y enviadas a los empleadores los días 25 del mes anterior a aquel en que se realizan los descuentos, de modo que, a la fecha en que esa parte tomó conocimiento de la orden de no innovar, las planillas del mes de mayo ya habían sido generadas y remitidas al empleador del recurrente.

Pero, asume y declara que restituirá cualquier suma que sea descontada y cuya remesa sea recibida en el intertanto.

Quinto: Que, a lo anterior, cabe agregar que en su intervención en estrados por parte del abogado que representa a la recurrente, este manifestó que era efectiva la devolución y reembolso de todas las sumas cobradas y no solo las que fueron objeto del presente recurso, pero hizo cuestión solo por la cuota correspondiente al mes de mayo del presente año, pero sin adjuntar antecedente documental alguno que permitiera justificar ese alcance, de manera tal que a dicho respecto no es posible determinar la efectividad de tal descuento, lo que impide adoptar alguna decisión, máxime si la recurrida ha asumido y declarado que “…restituirá cualquier suma que sea descontada y cuya remesa sea recibida en el intertanto…”.

Sexto: Que, dentro de este contexto no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, puesto que las actuaciones que reprocha han cesado y le han sido devueltas las sumas de dinero que consideraba injustamente descontadas de su liquidación de sueldos, por lo que el resguardo que se persigue ha perdido toda oportunidad.

Séptimo: Que conforme a lo razonado precedentemente el recurso deducido no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Consumidores, en favor de nombre reservado, y que se había deducido en contra de contra de la CAJA de COMPENSACIÓN de ASIGNACIÓN FAMILIAR de LOS ANDES.

Regístrese y en su oportunidad archívese, si no se apelare.

Rol Protección Corte N° 41.063-2020.