Protección contra DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°4106-2020 ha comparecido don GONZALO SÁNCHEZ GARCÍA HUIDOBRO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. (PSI), del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, Región de Tarapacá, quien interpone recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, representada por su Directora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios plasmados en la RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069 de 8 de Noviembre de 2019, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, suscrita por doña nombre reservado, en su calidad de Directora General, y que suspendiera a su representada del Registro de Contratistas de Obras Públicas por espacio de tres años, a contar de la fecha en que ésta quedase totalmente tramitada, generándole graves perjuicios económicos y vulnerando con ello las garantías constitucionales de los números 2o, 3o, inciso quinto, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, misma RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069/2019 que fuese recurrida de reposición ante la Administración, tras lo cual la autoridad persistió en lo resuelto, mediante RESOLUCIÓN (E) DGOP N°018/2020, de 10 de enero de 2020 y complementada mediante ORD. N°022/2020, enviado con igual fecha de 10 de enero de 2020.

Fundamenta el recurso en los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Efectúa consideraciones previas en torno a la oportunidad del recurso en sede administrativa, pues la autoridad habría hecho algún cuestionamiento al respecto, más ello carece de importancia para el recurso que se examina.

Sobre los hechos, expresa que en las fechas indicadas, tomó conocimiento y fue notificada de la RESOLUCIÓN DGOP N° RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069, del 8 de Noviembre de 2019, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, la que en su parte resolutiva expresa:

“APLÍCASE a la SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. (PSI), RUT N°RUT reservadola medida de suspensión del Registro de Contratistas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del D.S. nombre reservado N°75/2004 Reglamento para Contratos de Obras Públicas, por un período de tres años, a contar de la fecha en que la presente resolución quede totalmente tramitada.

“NOTIFÍQUESE, la presente resolución al interesado, al Departamento de Registro de Contratistas y Consultores nombre reservado y Oficina de Partes.

“TÓMESE RAZÓN, ANÓTESE y COMUNÍQUSE.”

En la actualidad, acota, la Dirección General de Obras Públicas ha ordenado la suspensión por tres años de su representada, del Registro de Contratistas de Obras Públicas.

La resolución recurrida es ilegal, afirma, lo que imposibilita pueda producir efectos jurídicos, ya que no se ajusta a derecho, al sustentarse en un procedimiento plagado de vicios de legalidad.

2°) Que, como primera ilegalidad, acusa que la Dirección Nacional de Arquitectura actuó fuera de sus facultades legales.

Las facultades del o la titular de dicha Dirección para solicitar un procedimiento sancionatorio, se contienen en el artículo 43 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que transcribe, advirtiendo que la norma citada contempla dos hipótesis en que podría incurrir el contratista, generando la respectiva sanción: a) No dar cumplimiento a sus obligaciones, ante el Registro General de Contratistas, y b) No dar cumplimiento a un contrato, cuya suspensión deberá ser propuesta por la Dirección afectada.

La primera situación se ubica en el inciso primero del precitado artículo y opera en forma automática, sin necesidad de un proceso sancionatorio, pero no es la causal invocada por la resolución impugnada.

La segunda causal, estatuida en el inciso segundo de dicha disposición, procede en el caso de incumplimiento de contrato, a propuesta de la dirección afectada y previo proceso sancionatorio, sujeto a la Ley N° 19.880.

La Dirección Nacional de Arquitectura estaba en conocimiento de las demandas civiles interpuestas por su representada, en que se discutía el cumplimiento y/o incumplimiento del contrato que ligase a las partes, de donde deriva que la Dirección mencionada no estaba facultada para solicitar un proceso sancionatorio.

En la época del referido oficio no existía un contrato incumplido entre las partes, declarado así por sentencia judicial.

Además, en sus descargos, su representada invocó la existencia de las referidas causas civiles, por lo que la recurrida vulneró el inciso primero del artículo 6o de la Carta Fundamental, que obliga a todas las autoridades estatales y a todos los funcionarios públicos a ceñirse al ordenamiento normativo.

3°) Que, como segunda ilegalidad, el recurso denuncia haberse notificado sólo el extracto del Acta de la Comisión, vulnerándose los artículos 16 y 45 de la Ley N°19.880, que contienen los principios de Transparencia y de Publicidad de los actos de la administración, los que reproduce.

Expresa que a través de Ord. RCC N°11, don nombre reservado, Secretario de la Comisión de Registros Ministerio de Obras Públicas, notificó a su representada un “Extracto de Acta N°1-A/2019 de 17 de Abril de 2019”.

No existe razón ni disposición alguna que permita la notificación únicamente de un extracto del Acta de la Comisión, debiendo notificar el documento completo y auténtico.

El contar con una copia íntegra de la referida acta constituye un principio esencial para estar en presencia de un debido proceso.

Lo contrario atenta contra el principio de la certeza jurídica y de la transparencia y publicidad de los actos de la Administración.

De igual manera, en el impugnado procedimiento se omitió dar a conocer los informes del Inspector Fiscal de la Obra, donde se imputa a su representada la contratación de un subcontratista.

La resolución recurrida repite la ilegalidad denunciada, en su considerando tercero: “Que lo anterior fue informado por el Inspector Fiscal de la obra, en sus informes técnicos, indicando además que la empresa contratista ha incurrido en el empleo de un subcontratista en el área de perfilería de aluminio, sin haber solicitado, ni haber obtenido autorización para ello.”

En consecuencia, afirma, los vicios denunciados deben ser subsanados, iniciando un proceso de invalidación del procedimiento sancionatorio que cree ilegal, para dar estricto cumplimiento al debido proceso.

4°) Que, como tercera ilegalidad, denuncia el hecho de no valorar la prueba acompañada por su representada, que derriba la imputación de que en la ejecución del contrato “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica”, se habría contratado a un subcontratista, vulnerándose el artículo 35 de la Ley N°18.880, que igualmente transcribe.

Dice que al formular sus descargos, su representada acompañó una serie de medios de prueba, que acreditan que nunca existió por su parte una subcontratación de las obras contratadas con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Se acompañaron las órdenes de compras N°s 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, a la empresa Inversiones y Construcciones Podestá Hnos. y Cía. Ltda., con sus correspondientes facturas, y también los contratos de trabajo de las personas especialistas en trabajos de aluminio.

Agrega que se acompañó copia de ORD. N°000962, fechado el 6 de Junio de 2018, emanado del Inspector Provincial del Trabajo de Arica, dirigido al Sr. Director Regional de Arquitectura nombre reservado, que contiene respuesta a solicitud del 23 de Mayo de 2017, de dicha autoridad, el cual transcribe.

Acusa que ninguno de los documentos señalados y acompañados oportunamente fueron considerados en las conclusiones de la Comisión, lo que podría importar que se haya incurrido en algún ilícito, como por ejemplo la desviación de poder y/o prevaricación administrativa.

Al repetir las erradas conclusiones de la Comisión y estando advertida de ello, la autoridad podría incurrir en las mismas irregularidades.

5°) Que, a continuación, el recurso sostiene que la Comisión de Registro de Contratistas y Consultores ha actuado fuera de sus facultades legales.

El extracto del Acta de la Comisión da cuenta de los acuerdos arribados, el día 17 de Abril de 2019.

“Luego de efectuado el análisis de los antecedentes que consta en los oficios de la Dirección de Arquitectura N° 130 de 04 de febrero de 2019 y Oficio N°141 del 06 de febrero de 2019, la Comisión de Registros acuerda lo siguiente:

“-Que dado que ambas solicitudes de sanción están referidas al mismo contratista y que los hechos descritos con anterioridad sucedieron simultáneamente, se estima pertinente revisarlas en un mismo procedimiento sancionatorio.

“-Que, para la revisión de estos casos, corresponde tener en consideración, lo acordado en sesión de Comisión 3-A/2018, en cuanto a sancionar a la empresa Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda. (PSI) con la suspensión del Registro de Contratistas por el plazo de 3 años por falta grave en el contrato “Habilitación edificio Pulpería Salitrera Santiago Humberstone”.

“-Que, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho expresados precedentemente y en consideración al incumplimiento de varias obligaciones contractuales referidos a los 2 contratos mencionados cuyo alcances eran emblemáticos para la ciudad en que ha incurrido la empresa Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda., esto es, falta de observancia a los artículos 101 del RCOP en cuanto a obtener autorización previa para subcontratar y al artículo 90 del RCOP, en cuanto a no haber entregado la Res. DA.A. N°213/2018, debidamente suscrita y protocolizada, la Comisión de Registros, en virtud del artículo 152 del RCOP, acuerda aplicar al contratista, la medida de suspensión del Registro por el plazo de 3 años. La que se sumará a la sanción anterior de 3 años y comenzará a regir al término de dicho plazo, es decir, cumplimiento sucesivo…”

Sobre la materia recuerda lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 19.880, cuyo tenor literal dispone que “la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados… (y) …cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. Transcurrido ese plazo, el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final”, hipótesis que no se cumplió tal y cual era el mandato de la ley, supuesto que se hubiese cumplido el presupuesto considerado por el legislador.

En segundo lugar, se omite señalar cuales fueron “los incumplimientos de varias obligaciones contractuales”, “cuyo alcance era emblemático para la ciudad”, concluyendo que se trata de frases caprichosas que nada dicen.

Aduce que la importancia del incumplimiento debe estar contenida en la solicitud de la dirección afectada, la que no se pronuncia sobre ello.

Así lo disponen el artículo 43, inciso segundo y el artículo 152, inciso tercero, del Reglamento, que reproduce, para concluir que la Comisión de Registro de Contratistas y Consultores ha actuado fuera de sus facultades legales.

6°) Que, a continuación, el recurso se extiende en consideraciones sobre la acusación que formula en orden a que, en estas circunstancias, la Comisión de Registro ha actuado como una verdadera comisión especial.

La Comisión del Registro de Obras Públicas debe actuar conforme a la norma legal que permite su existencia y el desarrollo de sus funciones, esto es, el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, a la Ley N°19.880 y a todas aquellas otras normas legales que resultan aplicables.

La Constitución Política asegura, en su artículo 19 N°3 inciso 4, el derecho de todas las personas a no ser juzgado por comisiones especiales, citando, además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, sobre el derecho que tiene toda persona a “(…)ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Sumado a la normativa nacional e internacional citada, menciona que la jurisprudencia es clara en los casos de vulneración a la garantía fundamental de no ser juzgado por comisiones especiales.

Existiendo, a la época de la tramitación de los procesos sancionatorios, diversas causas civiles, donde las partes discutían la existencia o inexistencia de incumplimiento de los referidos contratos, la administración debió inhibirse y/o suspender los procesos sancionatorios incoados, a la espera que éstos se encontrasen ejecutoriados.

Agrega que en este caso particular se está frente a un acto ilegal, mediante el cual se pretende privar de un derecho de propiedad, transcribiendo el artículo 20 de la Constitución Política y comenta que dicho precepto establece que quien por causa de actos u omisiones “arbitrarios” o “ilegales” (esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del “mero capricho de quien incurre en él”), sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que taxativamente señala dicho precepto, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la debida protección del afectado.

Además, en virtud del inciso segundo del artículo 5o de la Constitución, por aplicación extensiva de los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por nuestra República, que se encuentran vigentes y son vinculantes para los tribunales chilenos, especialmente el de la Convención Americana en su artículo 25, que también reproduce.

En este caso particular, dice, las garantías constitucionales infringidas son los números 2o, 3o y 4o del artículo 19 de la Constitución, agregando los numerales 16 y 24 y sobre ello se extiende.

Finalmente, pide tener por deducida acción de protección en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, representada por su Directora, doña nombre reservado, ambos ya individualizados o por quién le subrogue legalmente, admitirla a tramitación, y acogerlo, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar la debida protección de los derechos perturbados y amenazados, especialmente los números 2o, 3o, inciso quinto, 16° y 24°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenando se deje sin efecto la RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069/2019, de 8 de Noviembre de 2019 de dicha DIRECCIÓN y, consecuencialmente, la sanción impuesta a su representada, restableciendo el imperio del derecho.

Acompaña una serie de documentos, no siendo de utilidad mencionados, pues ellos se indican en el primer otrosí del libelo respectivo.

7°) Que, seguidamente, ha comparecido doña nombre reservado, Directora General de Obras Públicas, domiciliada en domicilio reservado, quien evacua el informe solicitado al tenor del recurso deducido, pidiendo que éste sea rechazado por improcedente e infundado, en atención a los fundamentos que expone.

Como antecedentes generales, indica que don nombre reservado, en representación de la Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda., interpuso recurso de protección contra la Dirección General de Obras Públicas, a raíz de la dictación de la Resolución (E) DGOP N°1069, de 8 de noviembre de 2019, que suspendiera a la empresa del Registro de Contratistas de Obras Públicas por espacio de tres años, a contar de la fecha en que ésta quedase totalmente tramitada, vulnerando con ello, a su entender, sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso 5o, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Luego hace consideraciones previas en cuanto a la presentación del Recurso de Protección, señalando que el acto impugnado, la Resolución DGOP N°1069 de 2019, es un acto intermedio, que no pone término administrativo al procedimiento sancionatorio llevado adelante contra la empresa SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA., que no produce su indefensión. Tal es así, que notificada la Resolución (E) DGOP 1069, tal como su propio texto lo indica, se inicia la etapa recursiva. El recurrente, añade, con fecha 18 de noviembre de 2019 interpuso en sede administrativa Recurso de Reposición con Jerárquico en subsidio, resolviéndose el primero de ellos el 10 de diciembre de 2019 mediante la Resolución (E) DGOP N°19, que rechazó el recurso y lo elevó al Sr. Ministro de Obras Públicas para la resolución del Jerárquico, encontrándose actualmente pendiente. Una vez resuelto el jerárquico y sólo en caso de ser rechazado, corresponde emitir una nueva resolución que aplique la sanción, la que debe ser sometida al control de legalidad por la Contraloría General de la República. Tomado de razón el acto que aplica la sanción, se procede a su notificación y posterior aplicación.

Por tanto, dice, actualmente existe igual reclamación a la planteada en el Recurso de Protección, ante la misma sede administrativa en un procedimiento sancionatorio que no ha finalizado.

8°) Que, en cuanto a que la resolución recurrida no se ajusta a Derecho, al sustentarse en un procedimiento plagado de vicios de legalidad, señala que el procedimiento sancionatorio contra las empresas registradas en el Ministerio, se encuentra reglado para el caso de los Contratistas en el D.S. N°75 de 2004 que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, lo que se aplica en conformidad a los principios y normas de la Ley N°19.880.

En dicho cuerpo normativo se distinguen sanciones que se aplican por el Jefe del Departamento de Registro y que corresponden a casos en que las empresas no cumplen con los requisitos necesarios para su inscripción, y por lo tanto se suspende ésta mientras no se subsanen los incumplimientos, como también se encuentran las sanciones que aplica una Comisión de Registros conformada por el o la director(a) General de Obras Públicas, quien a su vez la preside y al menos por 3 jefes de servicios y que tienen que ver con faltas de los contratistas a sus obligaciones con el Ministerio, en el contexto de la ejecución de los Contratos de Obras Públicas, caso este último que se aplica a la situación analizada.

En este último asunto, el procedimiento sancionatorio se inicia con la solicitud de alguno de los servicios dependientes de la Dirección General de Obras Públicas, los cuales informan los hechos que constituyen el incumplimiento a la Comisión de Registros, proponiendo un plazo de suspensión, luego esta última realiza una sesión para conocer los antecedentes y resolver si procede notificar cargos a la empresa analizada. Si llega a la conclusión de que corresponde efectuar cargos, éstos se notifican para que la afectada presente los descargos y antecedentes que estimen necesarios, sometiéndose a as la revisión y resolución de la Comisión, la que puede acordar liberar de los cargos a la empresa o aplicar una sanción mediante la dictación de una Resolución Exenta, notificándose dicho acto para que la empresa sancionada pueda presentar los recursos administrativos pertinente. Si no se interpusieren recursos o éstos fueren rechazados, se procederá a la correspondiente Resolución con Toma de Razón. Finalmente, siendo aprobado el examen de legalidad, se notifica el acto y aplica la sanción de suspensión.

Sin perjuicio de lo anterior, se han revisado las causas civiles a que hace referencia el contratista, esto es, la causa Rol N°C-2453-2018 y la causa Rol N°C-276-2019, ambas del Primer Juzgado de Arica, las cuales se tuvieron por no presentadas por falta de legitimación pasiva, acogiéndose la excepción dilatoria presentada por el Fisco.

En el caso concreto de la empresa “SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.”, ha sido sometida a un procedimiento sancionatorio motivado por los términos anticipados con cargo de dos contratos de obras, generando una serie de perjuicios para el fisco, contando además con antecedentes de otra sanción de suspensión durante el año 2019 por faltas graves ocurridas en la ejecución de otro contrato de obra.

9°) Que, seguidamente, la informante se refiere a la alegación de que la Dirección Nacional de Arquitectura actuó fuera de sus facultades legales, precisando que la recurrente se adjudicó los contratos “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica” y “Restauración Edificio Monumento Nacional, Ex Aduana Arica”, a los cuales se les puso término anticipado con cargo, en virtud de la paralización de las obras efectuada unilateralmente por el contratista, entre otras causas, lo que se encuentra acorde con el artículo 151 del Decreto N°75 de 2004, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, texto que establece las causales para tomar dicha decisión y que es parte integrante de los contratos precitados. Los actos que formalizaron los términos de contratos, fueron sometidos al control de legalidad que realiza la Contraloría General de la República, encontrándose totalmente aprobados y tramitados. Recuerda lo señalado por el artículo 3 de la Ley N°19.880, que indica “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional. En tal sentido, no verificándose en la oportunidad debida, ninguna de las situaciones que dispone la norma para suspender el procedimiento del término anticipado, éste se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales correspondientes, surtiendo todos sus efectos desde la total tramitación del acto.

El artículo 152 del Reglamento precitado dispone que “El contratista a quien se le haya puesto término a un contrato por falta de cumplimiento, será suspendido del Registro, a proposición de la Dirección del Servicio correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento.” Así, el texto reglamentario es imperativo al señalar que el contratista que haya incumplido su contrato será sancionado, y lo que le corresponde a la Comisión es determinar el plazo de suspensión en atención a la importancia del incumplimiento.

Por tanto, aduce, a la época de la solicitud por parte de la Directora de Arquitectura, relativa a sancionar a la empresa por los incumplimientos mencionados, los términos anticipados de los contratos se encontraban afinados, por lo que correspondía cumplir con el imperativo de la norma en cuanto a iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, el que se realizó cumpliendo con todas las etapas procedimentales, reglamentarias y legales, otorgándole al contratistas las debidas instancias de defensa de sus intereses.

10°) Que el informe aborda la afirmación del recurso en orden a que se habrían vulnerado los artículos 16 y 45 de la Ley N°19.880 por haber notificado el extracto del acta de la Comisión, aclara que en cada sesión de Comisión, ésta última analiza casos de suspensión del Registro de distintas empresas, todo lo cual queda registrado en el acta de la sesión respectiva. Luego, en atención a que ese documento contiene información sensible relativa a procedimientos sancionatorios no afinados, de otras empresas y que por tanto, puede afectar los derechos de terceros, se realizan extractos de esa acta, que contienen todo lo obrado que concierne a cada empresa, notificándose dicho documento al afectado correspondiente, para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

Por tanto, afirma, no existe ilegalidad en esta forma de proceder, pues cada interesado toma conocimiento del texto íntegro que a su respecto compete, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°19.880. En cuanto al contenido restante del acta, se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, por contener información que puede afectar derechos de las personas.

11°) Que, en cuanto a la alegación de no haber valorado la prueba para el cargo de haber subcontratado la perfilería sin solicitar y obtener la autorización respectiva, en el contrato “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica”, el informe hace presente que la Comisión señaló en el acta de Sesión N° 2-A de 12 de septiembre de 2019, tener a la vista los descargos presentados por PSI Ltda., dentro de los cuales se expone lo relativo a la subcontratación.

Añade que respecto de la prueba rendida durante la tramitación del procedimiento administrativo y su ponderación, la Ley N°19.880, en su artículo 35, establece que el sistema de valoración de la prueba será el de apreciación en conciencia.

De acuerdo a lo anterior, en el procedimiento administrativo rige el principio de libertad en la apreciación de la prueba con sujeción a las reglas de la sana crítica, lo que significa que la Administración, en virtud de este principio, puede decidir sobre la totalidad de las probanzas, sin que cada una de ellas tenga una cualificación per se.

Es en tal contexto, explica, que la Comisión de Registro, habiendo valorado en conciencia lo expuesto por el contratista, acordó sancionar sólo por los cargos relativos a los términos anticipados, afinados mediante los correspondientes actos administrativos, puesto que entendió que se daba por acreditada la configuración de lo dispuesto en el artículo 152 inciso final del D.S. N°75 de 2004 nombre reservado, que impone la sanción de suspensión del Registro de Contratista para el caso de incumplimiento del contrato de obra, por lo que carece de sentido esta alegación, pues el cargo inicial respecto a la Subcontratación no fue sancionado.

12°) Que, en cuanto a que la Comisión de Registro de Contratistas y Consultores ha actuado fuera de sus facultades legales, indica, respecto de la acumulación de los procedimientos, que el Director de Arquitectura (S) mediante Oficio N°130 de 4 de febrero de 2019 solicitó la suspensión por el término anticipado del contrato “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica”, luego mediante Oficio N°141 de 6 de febrero de 2019 solicitó la sanción por el término anticipado del contrato “Restauración Edificio Monumento Nacional, Ex Aduana Arica”, actos que conforme a la norma del artículo 152 inciso final del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, constituye el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio para este tipo de falta. Luego, en sesión de comisión de fecha 17 de abril de 2019 la Comisión de Registros, habiendo tomado conocimiento de la identidad sustancial de ambos casos acordó la Acumulación de los Procedimientos, de lo cual se notificó debidamente a la empresa afectada, otorgándole un plazo de 15 días para que presentara sus descargos de todo lo obrado a la fecha por la Comisión.

Así, lo realizado en la sesión de Comisión de fecha 17 de abril de 2019, corresponde a una etapa intermedia, en la cual se determinó la acumulación de los procedimientos y la notificación de cargos, otorgando la correspondiente etapa de descargos para la afectada, de lo cual da cuenta el expediente del procedimiento.

13°) Que, en cuanto a la supuesta omisión de los incumplimientos en el acto recurrido, señala que los hechos y causales de incumplimiento se encuentran desarrollados latamente en las Resoluciones que sancionaron los términos anticipados, esto es, Resolución D.A.A. N°06 de 14 de noviembre de 2018 que pone término al contrato “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica”, y Resolución D.A.A. N°07 de 05 de diciembre de 2018 que pone término al contrato “Restauración Edificio Monumento Nacional, EX Aduana Arica”, documentos que a la fecha de la Sesión de la Comisión se encontraban totalmente tramitados y notificados al contratista y que fueron analizados por la Comisión, para efectos de determinar la importancia del incumplimiento y con ello, la duración de la suspensión.

Añade que tanto la Comisión de Registros en su acuerdo final en la sesión de comisión N° 2-A de 12 de septiembre de 2019 así como la Presidenta de la Comisión en su Resolución DGOP N°1069 de 2019, expresaron que teniendo a la vista los actos administrativos que declararon los términos anticipados de los contratos de obras “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica” y “Restauración Edificio Monumento Nacional, Ex Aduana Arica” se daba lo exigido por el artículo 152 inciso final del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en cuanto a términos anticipados por falta de cumplimiento. Dicha disposición sólo exige la existencia de un término anticipado de contrato y no discutir éstos, puesto que previamente se ha desarrollado un procedimiento administrativo para dictar los términos de contratos, siendo sometido a la revisión y aprobación del órgano contralor. Luego, lo que le correspondió a la Comisión fue determinar el tiempo de suspensión en atención a la importancia de los incumplimientos, teniendo presente que estos contratos inconclusos produjeron un grave daño a la función pública del Ministerio y en específico, al desarrollo de la ciudad de Arica.

Hace presente que ante situaciones similares -término anticipado con cargo del contrato-, la Comisión ha sido del criterio de imponer entre uno o dos años de suspensión del Registro por cada incumplimiento. Lo anterior atendida la gravedad de los hechos y situación de reiteración en el caso de la recurrente, pues se trata de dos contratos terminados anticipadamente, más una suspensión anterior -ejecutoriada- en la cual la empresa presentó documentación falsificada (Resolución DGOP N°102 de 2019, tomada de razón por Contraloría), se llegó al acuerdo de tres años de suspensión de la inscripción el Registro de Contratistas.

Sostiene que la decisión de la Autoridad contenida en la Resolución N°1069 de 2019 se encuentra razonablemente fundada, pues en ella se han expresado todos los antecedentes y consideraciones necesarias para concluir la aplicación de la medida de suspensión del Registro de Contratistas, la que ha servido de base para la interposición de los Recursos Administrativos presentados por el recurrente.

Estima relevante señalar que durante el año 2019, la Comisión de Registros aplicó a nueve empresas la sanción de suspensión por Término Anticipado de Contratos de Obras con cargo al contratista.

14°) Que, en relación a la denuncia de que la Comisión de Registros ha actuado como Comisión Especial para juzgar al Recurrente, el informe afirma que ello no es efectivo, porque la resolución impugnada fue adoptada mediante un procedimiento administrativo previo, tramitado conforme a la normativa interna del Ministerio y a la Ley N°19.880.

La decisión de aplicar la sanción de suspensión, emanó de la Comisión de Registros, órgano competente de carácter permanente, establecido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (D.S. N°75 de 2004 nombre reservado), que cuenta con facultades expresas para aplicar las medidas de suspensión de la inscripción en el Registro de Contratistas. Luego, la decisión de este organismo fue aplicada por la autoridad que preside la Comisión, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley N°19.880. Actualmente se encuentra en la etapa de los Recursos Administrativos, para luego, en caso de resolverse la aplicación de la sanción, dictar el correspondiente acto y ser sometido al control de la Contraloría, sin que se advierta ningún presupuesto de una Comisión Especial.

15°) Que, seguidamente, la informante alega la inexistencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte del Servicio Agrega que según ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema, la ilegalidad resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público, o reconocidas a un sujeto natural. Aclara que la autoridad no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, sino que por el contrario, en todo momento ha apegado su actuar a lo prescrito por la normativa legal.

Recalca que el acto impugnado en el recurso de protección es un acto administrativo, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, subraya que la Autoridad en este caso ha actuado en todo momento conforme a lo que la normativa aplicable en la materia establece, y que la misma se enmarca dentro de las atribuciones otorgadas por el propio Reglamento de Contrato de Obra Pública.

16°) Que, en cuanto a la arbitrariedad alegada, cita al profesor nombre reservado y entiende que la arbitrariedad se da respecto de los elementos discrecionales de la potestad del órgano público, por lo que sólo puede darse allí, donde un órgano ha sido habilitado con un margen de libertad de apreciación para actuar en su función de satisfacer las necesidades públicas. En este mismo sentido la arbitrariedad indica una voluntad no gobernada por la razón, esto es, una actuación carente de razonabilidad o fundamentación. Los órganos de la administración incurrirán en arbitrariedad cada vez que en el ámbito de sus potestades discrecionales dicten actos que carezcan de razonabilidad o fundamentación suficiente, haciendo uso caprichoso de las potestades otorgadas.

En la Resolución impugnada quedan de manifiesto las razones que se tuvieron para aplicar la sanción referida y también se explicitó la gravedad de la conducta de la recurrente, remitiéndose en este punto a lo señalado en el cuerpo del informe.

Así, dice, queda de manifiesto que el Servicio no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal respecto de los hechos relatados en autos, por lo que se solicita que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes, con costas.

17°) Que, En cuanto a las Garantías Constitucionales conculcadas. Artículo 19 N°2, Igualdad ante la Ley, expresa que dicho precepto dispone “(...) en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. (...) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”

Tal como señalara el propio recurrente en su presentación, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. No se trata de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias específicas. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición.

Insiste en que los procedimientos administrativos sancionatorios llevados adelante por el Ministerio, se encuentran reglados en la normativa interna y se aplican en conformidad a los principios y normativa de la Ley N°19.880 que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”

Así, constatándose el incumplimiento de dos contratos de Obras Públicas, que fueran terminados anticipadamente con cargo, se configuró el tipo del artículo 152 inciso final del D.S. N°75, por lo cual la empresa SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA., fue sometida a un procedimiento sancionatorio, el cual se ha cumplido con cada etapa procedimental, otorgándole las debidas oportunidades de defensa, encontrándose actualmente a la espera de la Resolución del Recurso Jerárquico.

Asimismo, hace presente que la norma precitada señala que el plazo de suspensión se determinará en atención a la importancia del incumplimiento contractual, e indica que haber dejado dos contratos inconclusos, con todos los perjuicios que ello conlleva, reviste la máxima gravedad para el Ministerio, tal como lo declaró la Comisión de Registros, al calificar la falta como grave, puesto que se ha afectado la función pública que le es propia a la repartición, vulnerando los principios de eficacia y eficiencia que rigen a la Administración Pública.

Se trata de Contratos en los que se ha desembolsado una gran cantidad de recursos públicos con el objeto de obtener en determinados plazos una obra que contribuya al bienestar común de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido en la especie. Los contratos inconclusos generan una serie de gastos adicionales en la contratación del término de ellos, además de los recursos administrativos que esa contratación conlleva.

Por último, hace presente que PSI Ltda., durante el año 2019 ya había estado sometida a un procedimiento sancionatorio por faltas graves en la ejecución de otro contrato de obra, por lo que no contaba con una conducta anterior irreprochable que hubiese permitido mermar de alguna manera su responsabilidad, para efectos de la determinación del plazo.

Por tanto, existiendo una motivación cierta, razonada y respaldada por los antecedentes adjuntos al expediente administrativo, se justifica el sometimiento de la empresa recurrente al procedimiento sancionatorio, fruto del cual se ha dictado el acto recurrido, cuyo objeto es dar a conocer el acuerdo de la Comisión de Registros y abrir la etapa recursiva, otorgando la posibilidad de una doble instancia de revisión del acuerdo de la Comisión.

18°) Que, en lo relativo al artículo 19 N°3, Derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales, el informe señala que no es efectivo que se constituyó una comisión especial para juzgar al recurrente, en primer lugar porque el Ministerio no cuenta con facultades jurisdiccionales y, en segundo lugar, porque la resolución impugnada fue adoptada mediante un procedimiento previo, de carácter general, establecido en el D.S. N°75 de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, conocido y aceptado por el recurrente al momento de contratar con el Ministerio y que se tramitó conforme a la Ley N°19.880, por las autoridades previamente investidas de facultades para ello.

Afirma que no se verifican los presupuestos para concluir que se ha conformado una comisión de este tipo para el procedimiento sancionatorio de la empresa recurrente, puesto que no existe órgano con carácter particular y transitorio llamado a resolver una cuestión especifica exclusivamente para juzgar a determinada persona o conocer un hecho particular ni tampoco se ha presentado un exceso de facultades del órgano administrativo.

19°) Que, tocante al artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución Política, dice que respecto de la supuesta vulneración a las garantías contenidas en dichos numerales, la recurrente no señala de qué manera el Servicio incurriría en la mencionada infracción. Añade que según lo señalado en el cuerpo del informe, no se vislumbra de qué forma dicha Cartera de Estado habría vulnerado las garantías en comento, ya que en ningún caso se ha impedido a la recurrente ejercer su actividad económica, y por otra parte, no puede estimarse que exista un derecho de propiedad sobre el derecho de encontrarse un contratista vigente en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Púbicas.

20°) Que, en atención a todo lo señalado y subrayando lo indicado en cuanto a que la Resolución (E) DGOP N°1069, es un acto administrativo intermedio, legal y razonado, producto de un procedimiento sancionatorio apegado a los principios y las normas de la Ley N°19.880, concluye que el ejercicio de la facultad de la Comisión de Registro de suspender la inscripción del Registro al recurrente, no priva, perturba o amenaza ninguna de las garantías constitucionales alegadas.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, desestimando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas. Acompaña copia del procedimiento administrativo sancionatorio llevado en contra de la empresa recurrente.

21°) Que, para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

22º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

23°) Que lo primero que cabe despejar, es el hecho de que en el presente caso se advierte de inmediato que no existe un acto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario. Desde luego, la ilegalidad se ha entendido como una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocidas a un sujeto natural, y en el caso de autos, del examen de los antecedentes aparece en forma nítida que la autoridad cuestionada no ha incurrido en ningún acto ilegal, sino que ha apegado su actuación a lo prescrito por la normativa legal aplicable al caso concreto, siendo la resolución impugnada el resultado de un proceso sancionatorio legalmente tramitado, motivado por el abandono, por parte de la empresa en cuyo favor se recurre, de dos obras públicas de importancia para la ciudad de Arica, que tuvo gran costo económico para el erario público. En dicha cuestión la empresa es reincidente, como aparece del informe evacuado.

Cabe añadir que, habiendo derivado de un proceso administrativo legalmente tramitado, que no merece reproche, tampoco es posible estimar arbitrario lo actuado, porque no es el resultado del mero capricho de quien dictó la resolución sancionatoria que, indebidamente, se pretende impugnar a través de un camino jurídico que, por lo dicho, es equivocado.

Asimismo, cabe recordar que el aludido recurso constituye una acción cautelar de emergencia o urgencia, que procede frente a actos u omisiones que transgreden alguno de los derechos constitucionales protegidos de quien busca amparo por esta vía, según el amplio catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental. Para ello, quien recurre debe demostrar que sus derechos, que han de ser preexistentes e indubitados, se alteraron de tal modo, que puede aspirar legítimamente a que se le entregue un remedio jurídico adecuado por la respectiva Corte de Apelaciones, el que debe ser igualmente urgente.

No es el caso de autos, tal como surge de la afirmación inicial del recurrente, en orden a que la resolución que pretende impugnar sería ilegal y arbitraria al sustentarse en un procedimiento plagado de vicios de legalidad. Ello pone de manifiesto que se ha utilizado el recurso en análisis simplemente como un medio de impugnación adicional, en la cadena recursiva que tienen los variados procedimientos administrativos que la legislación del ramo contempla, en particular, para este caso, la ley N°19.880. En efecto, lo que se pretende en la especie no es requerir una solución rápida y de urgencia, frente a una actuación u omisión de la misma naturaleza, sino discutir e impugnar una resolución tomada como corolario de un procedimiento administrativo tramitado conforme a la ley, en el que la parte que recurre tuvo ocasión de usar los recursos que la ley le proporciona, y que incluso tiene aún pendiente de resolver un recurso jerárquico, interpuesto ante la misma entidad que le aplicó la sanción de que pretende reclamar, de manera que el asunto puesto en conocimiento de esta Corte no está completamente terminado. Aún más, el recurrente incursiona en actuaciones intermedias del procedimiento señalado, para lo cual ni siquiera dispone de plazo.

Como quedó previamente explicado, se recurrió en razón de los que el recurso denomina actos ilegales y arbitrarios, plasmados en la RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069 de 8 de Noviembre de 2019, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, suscrita por doña nombre reservado, en su calidad de Directora General, y que suspendiera a su representada del Registro de Contratistas de Obras Públicas por espacio de tres años, a contar de la fecha en que ésta quedase totalmente tramitada, lo cual habría generado a la empresa recurrente graves perjuicios económicos, y se habrían vulnerado con ello diversas garantías constitucionales.

El propio recurrente habla de impugnar, mediante el recurso en examen el acto que denuncia de ilegal y arbitrario, y lo hace a propósito del cómputo del plazo, señalando: “para impugnar judicialmente el acto se volverá a contar desde la fecha en que se notifique el acto que resuelve la impugnación administrativa o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el mero transcurso del plazo, operando la regla del silencio negativo que establece el artículo 65 de la misma Ley N°19.880.”

Lo anterior pone de relieve que no se persigue lo que naturalmente debiera pretenderse al interponer un recurso de protección, sino que lisa y llanamente, impugnar un acto administrativo que ni siquiera es terminal, esto es, se usa simplemente como sustituto administrativo, en ausencia de un contencioso administrativo general, lo cual, atendida la naturaleza jurídica de la acción de protección, que no es un juicio y ni tan siquiera una investigación, no es jurídicamente procedente.

24°) Que, tal como se ha dicho, la parte recurrente impugna una resolución que le impuso una sanción, consistente en la suspensión de su representada del Registro de Contratistas de Obras Públicas por espacio de tres años, debido al abandono que hizo de ciertas obras públicas que previamente se había adjudicado.

Sin embargo, también reprocha actuaciones intermedias, en concreto de la denomina Comisión de Registro, lo cual tampoco corresponde, porque para ello ya no tiene plazo, y no es lo que formalmente se recurre, que como se indicó, es una resolución administrativa precisa.

Cabe indicar que la recurrida e informante ha señalado en su informe que la empresa “SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.” fue sometida a un procedimiento sancionatorio, motivado por el término anticipados con cargo, de dos contratos de obras, lo que generó perjuicios para el Fisco de Chile, contando además con antecedentes de otra sanción de suspensión durante el 2019 por faltas graves ocurridas en la ejecución de un contrato de obra.

Efectivamente, la empresa recurrente se adjudicó las obras “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica” y “Restauración Edificio Monumento Nacional, Ex Aduana Arica”, a los cuales se les puso término anticipado con cargo en virtud de la paralización de las obras efectuada unilateralmente por el contratista –recurrente-, entre otras causas, debido a lo cual comenzó en su contra un proceso sancionatorio, lo que se encuentra acorde con el artículo 151 del Decreto N°75 de 2004, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, texto que establece las causales para tomar dicha decisión y que es parte integrante de los contratos precitados. El procedimiento determinó que se impusiera la sanción que se reclama, la que tiene pendiente el recuro jerárquico.

Frente a esta sanción, el recurrente, sin perjuicio de lo anteriormente afirmado, en el sentido de que la presente no es la vía idónea para impugnar decisiones administrativas como la que impuso sanción a dicho litigante, ha agrupado en tres las supuestas infracciones en que habría incurrido el acto sancionatorio.

Como primera ilegalidad, denuncia que la Dirección Nacional de Arquitectura actuó fuera de sus facultades legales.

Sin embargo, el propio recurrente señala que las facultades del titular de dicha Dirección para solicitar un procedimiento sancionatorio se encuentran contenidas en el artículo 43, del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y que expresa:

“Al contratista que no diere cumplimiento a sus obligaciones ante el Registro General de Contratistas, se le aplicará la medida de suspensión automática que implicará su inhabilidad para presentar ofertas y perdurará hasta que subsane su incumplimiento en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento.”

“El contratista que no diere cumplimiento a su contrato, podrá ser suspendido del Registro General de Contratistas por la Comisión de este Registro, a propuesta de la Dirección afectada. Dicho servicio deberá fundamentar su solicitud y poner a disposición de la Comisión de Registros los antecedentes del caso.”

Dicha norma contempla dos hipótesis en que podría incurrir el contratista, generando la respectiva sanción: no dar cumplimiento a sus obligaciones, ante el Registro General de Contratistas, y no dar cumplimiento a un contrato, cuya suspensión deberá ser propuesta, por la Dirección afectada.

Es por esta segunda infracción por la que se inició el procedimiento sancionatorio que culminó con la resolución reprochada.

Adicionalmente, el artículo 152 del Reglamento precitado dispone que “El contratista a quien se le haya puesto término a un contrato por falta de cumplimiento, será suspendido del Registro, a proposición de la Dirección del Servicio correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento.”

Según se advierte, el texto reglamentario es imperativo al señalar que el contratista que haya incumplido su contrato será sancionado, y lo que le corresponde a la Comisión es determinar el plazo de suspensión en atención a la importancia del incumplimiento.

Al respecto, el recurrente afirma que la Dirección Nacional de Arquitectura estaba en conocimiento de las demandas civiles interpuestas por su representada, donde se discutía el cumplimiento y/o incumplimiento del contrato que ligase a las partes, por lo que resultaba la solicitud de iniciar un proceso sancionatorio, de donde deriva que dicha entidad no estaba facultada para solicitar un proceso sancionatorio, dado que, según su parecer, a la época del referido oficio, no existía un contrato incumplido entre las partes, declarado así, por sentencia judicial.

Lo antes expuesto es una mera afirmación del recurrente, desmentida en el informe evacuado, en el cual se hizo presente que se revisaron las causas civiles a que hace referencia el contratista, Rol N°C-2453-2018 y Rol N°C-276-2019, ambas del Primer Juzgado de Arica, las cuales se tuvieron por no presentadas por falta de legitimación pasiva, acogiéndose la excepción dilatoria presentada por el Fisco.

De otra parte, abandonar una obra constituye una cuestión de hecho, fácilmente constatable, y no se divisa la razón de que ello deba ser declarado en una sentencia judicial, cuya expedición podría tardar muchos años, por lo que la pretensión del recurrente en este sentido carece de toda base de apoyo.

Así, el fundamento de la alegación primera del recurso queda desvirtuado.

25°) Que, como segunda ilegalidad, el recurrente señala la circunstancia de haber sido notificado sólo del extracto del Acta de la Comisión, vulnerándose los artículos 16 y 45 de la Ley N°19.880, que contienen los principios de Transparencia y de Publicidad de los actos de la administración.

Sobre el particular, el informe ha señalado que no existe transgresión de dichos preceptos, sin perjuicio de que ellos carecen de toda trascendencia en relación con el fundamento del recurso de protección.

El informe niega que exista ilegalidad en esta forma de proceder, señalando que cada interesado toma conocimiento del texto íntegro que a su respecto compete, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°19.880. En cuanto al contenido restante del acta, se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, por contener información que puede afectar derechos de las personas. De este modo, esta Corte alcanza, sobre este segundo punto, la misma conclusión que la parte recurrida e informante.

26°) Que, finalmente, como tercera ilegalidad, la parte recurrente imputa no valorar la prueba acompañada por su representada, que derriba la imputación de que en la ejecución del contrato “Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur, Comuna de Arica”, se habría contratado a un subcontratista, vulnerándose el artículo 35 de la Ley N°19.880, el cual, a mayor abundamiento transcribe, al tiempo que argumenta latamente sobre el hecho de que no hubo subcontratación por su parte.

Lo anterior, a la luz de los antecedentes del proceso, carece de toda relevancia, puesto que la sanción se impuso por el abandono de las obras ya señaladas y no por subcontratación. Ahora, y sin perjuicio de lo anterior, formular un reproche en torno a la forma de apreciar la prueba, es algo que no cabe en un recurso de protección, pues lo desnaturaliza por completo.

27°) Que, en resumen, el recurso no puede prosperar, por no haberse incurrido por la autoridad recurrida en un acto u omisión ilegal o arbitrario. En segundo lugar, por cuanto la acción de protección ha sido incorrectamente utilizado como un sustituto jurisdiccional, para impugnar una decisión que aún no se encuentra siquiera afinada, y que la autoridad recurrida dictó en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con el mérito de los antecedentes recogidos en el correspondiente proceso administrativo, sin que sea necesario, para constatar el abandono de obras, que se incoe un proceso judicial.

Además, puede afirmarse que, además de que no existió acto u omisión ilegal o arbitraria, tampoco se ha esgrimido un derecho preexistente e indubitado, todo lo cual permite desestimar el recurso sin necesidad de hacerse cargo esta Corte, de la denunciada transgresión de diversas garantías constitucionales, pues si no hay acto ilegal ni arbitrario, es evidente que no puede haber transgresión de preceptiva constitucional.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza con costas la acción de protección entablada por don GONZALO SÁNCHEZ GARCÍA HUIDOBRO, abogado, en representación de la SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA. (PSI), contra la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, representada por su Directora, doña nombre reservado, por haber expedido la RESOLUCIÓN (E) DGOP N°1069 de 8 de Noviembre de 2019, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°4106-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.