nombre reservado con ASOCIACIÓN GREMIAL DE DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS N° 98 LARRAÍN CENTRO

C.A. de Santiago Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 23 de noviembre del año pasado comparece la abogada doña Paloma Valenzuela Berríos, quien interpone acción de protección en favor de don nombre reservado y en contra la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, representada por don nombre reservado, en razón de haberse dispuesto su expulsión de dicha institución, estimando que tal decisión constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental en los numerales 3°, 15°, 16° y 24° de su artículo 19.

Relata, en síntesis, que el 25 de octubre del año dos mil veintiuno, el recurrente recibió una carta firmada por el presidente y por el secretario del directorio de la asociación gremial recurrida, en la que se le informó que: “…en reunión efectuada el día 23 de octubre de 2021 (…) se dio a conocer su carta remitida por Ud. (sic) informando que renovaría su participación en asambleas generales de esta organización gremial en la que se encontraba auto marginado voluntariamente desde el año 2016” y que “producto de esta situación se revisó su situación por la asamblea general de socios, y esta asamblea acordó por la mayoría absoluta de los socios presentes, expulsarlo en forma definitiva de esta Asociación”.

Explica que don nombre reservado ingresó a la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, en el año 1982, manteniendo un fuerte compromiso con la entidad, llegando a ser incluso parte del Directorio durante seis años en la década de los años 80, pero que no obstante, entre los años 1993 y 1994 se incorporó a la institución don nombre reservado, quien pasó a formar parte del Directorio y, en su concepto, habría introducido en el organismo una serie de malas prácticas, además de desarrollar un liderazgo autoritario y unilateral, basado en las amenazas y en el amedrentamiento del resto de los asociados, lo que motivó que decidiera resignarse a aquella situación y auto marginarse de todas las asambleas que en lo sucesivo desarrollara la asociación gremial, tal como quedó consignado en el acta correspondiente a la que se desarrolló el 15 de octubre de 2016.

Refiere que años después, durante el 2019 manifestó verbalmente su interés en volver a participar de las asambleas, cuestión que fue abordada en la asamblea ordinaria de 6 de abril de 2019 en cuya acta se consignó que: “…se comunica que el Sr. nombre reservado no puede asistir a la Asamblea de la Asociación Gremial a petición de él mismo. Que solicitó en una Asamblea anterior que quede en acta que no quiere participar más en ninguna asamblea y que se autorice dicha solicitud por la asamblea y quede en acta. Dicha solicitud fue aceptada por la mayoría y quedó en acta y fue ratificada por la siguiente asamblea. Por lo tanto este Directorio se acoge a dicha resolución y no permite el ingreso a dicho socio. Se acuerda que para poder revertir dicho tema debe elevar una solicitud por escrito y dar los motivos que tengan para poder volver a las asambleas. Dicha solicitud o petición debe ser aprobada o rechazada por la asamblea de socios en la reunión más cercana a la fecha de ingreso de dicha solicitud”.

Señala que a pesar de que consideró impertinente la exigencia de justificar por escrito y someter a la aprobación de la asamblea el ejercicio de un derecho que le correspondía en su calidad de socio, igualmente cumplió con lo que consideró una formalidad, elevando una carta al directorio en la que señaló que: “si bien algunos de los motivos por los que el año 2016 decidí suspender mi participación en dichas asambleas aún no se han resuelto, ellos están siendo conocidos por las autoridades pertinentes. Siendo así, y velando por contribuir en la organización y dirección de la asociación, dejo constancia formal de que volveré a participar en las referidas reuniones, ejerciendo mi derecho a voz y a voto”, obteniendo por respuesta a su comunicación la misiva en que se lo expulsa de la asociación gremial, en razón de supuestas causales que no aparecen respaldadas en antecedente alguno, decisión que fue adoptada en una aparente asamblea sin su concurrencia y sin que se le haya dado la posibilidad de hacer descargos, materializando una conducta ilegal, arbitraria e inconstitucional en su contra.

Sostiene que la decisión no fue tomada por una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza; que el órgano que resolvió tiene legalmente vedado ejercer facultades disciplinarias; que la medida se adoptó mediante un procedimiento que no es racional, ni justo; y que no hay ninguna razón legítima que justifique el acto impugnado, ni tampoco la forma en que éste se materializó.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso en todas sus partes y que se ordene “…a la recurrida dejar sin efecto la decisión de expulsión del recurrente de autos, don nombre reservado, y que los Estatutos de la Asociación sean modificados a fin de concordar con lo establecido en la ley acerca de las eventuales sanciones que ésta pueda aplicar, y/o adoptar las demás providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

El día 20 de diciembre del año pasado el recurrente complementó su arbitrio exponiendo, en resumen, que luego de haber sido expulsado de la asociación gremial pudo seguir trabajando en su recorrido habitual (Irarrázaval- Alameda), con la salvedad de que no le permitieron usar los baños que utilizan los choferes de la entidad, situación que cambió abruptamente el viernes 17 de diciembre, cuando el presidente de la institución, don nombre reservado, lo increpó impidiéndole hacer su recorrido habitual, situación que le ha privado de su derecho a la libertad de trabajo;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 25 de noviembre del año 2021 se declaró admisible el arbitrio interpuesto y se requirió el informe de rigor a la institución recurrida;

TERCERO: Que con fecha 17 de enero del año en curso informa al tenor del presente arbitrio don nombre reservado, en representación de la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro.

Aduce, en primer término, la inexistencia de algún acto arbitrario o ilegal y sostiene que la recurrida se encuentra regida por el Decreto Ley 2.757, del año 1979, modificado por el Decreto Ley 3.163, del año 1980, el que en ninguna de sus disposiciones legales hace aplicable supletoriamente las normas contenidas en el Código Civil, en especial el artículo 553 y demás pertinentes, como pretende el recurrente, preceptos que, en su concepto, serían más bien aplicables a las fundaciones y a las corporaciones, pero no a las asociaciones gremiales.

Indica que el artículo 7° del citado ordenamiento establece lo mínimo que deben contener los estatutos de este tipo de entidades y que nada señala acerca de la obligación de crear una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza como pretende imponer el actor.

Asevera que es el directorio el encargado de aplicar medidas disciplinarias, pero que no obstante dicha facultad, si bien éste decidió la expulsión del recurrente, en el caso del actor prefirió someterlo a la aprobación de una asamblea general ordinaria, quien por la mayoría absoluta de sus miembros -18 de 22 socios presentes-, resolvió su expulsión, pudiendo éste, conforme a los mismos estatutos, apelar ante la misma asamblea, debiendo celebrarse una nueva donde pueda efectuar sus descargos y defensas, situación que no ha llevado a cabo, no obstante habérsele comunicado que está en su pleno derecho a impugnar la decisión que le fue comunicada.

Señala que en la asamblea general ordinaria de fecha 23 de octubre de 2021 se expuso ante los socios presentes los constantes incumplimientos en que durante, al menos los últimos veinte años, habría incurrido el recurrente, destacando al efecto que “…ha sido constante su conducta, como por ejemplo insultos verbales a los socios en diferentes ocasiones, hostigándolos permanentemente, insultos a los miembros del directorio, haciendo imputaciones y acusaciones sin tener sustento ni pruebas que acrediten hechos, acusando a miembros de diferentes directorios, acusándolos de ladrones, de hacer fraudes en las elecciones, además ha efectuado denuncias ante el Ministerio de Economía, todas ellas contra el directorio de turno, todas desestimadas por la institución fiscalizadora por falta de pruebas, por falta a la verdad en sus acusaciones, tampoco respeta los reglamentos internos, tiene problemas con la mayoría de los socios en el diario vivir, no efectúa su trabajo respetando las medidas sanitarias, ya que no usa mascarilla y no respeta el distanciamiento físico, todas conductas que no son acordes con el espíritu que persiguen este tipo de asociaciones, donde el interés general debe prevalecer por sobre los intereses personales, objetivo que nunca ha perseguido el recurrente, al menos en los últimos 20 años de su calidad de socio de la recurrida”.

Desestima, en resumen, la existencia de vulneración a las garantías fundamentales que se reclaman transgredidas por el actor, razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción cautelar en todas sus partes, con costas;

CUARTO: Que con fecha 20 de enero de 2022 se trajeron finalmente estos autos en relación. El 26 de agosto del año en curso se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados del recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que como cuestión preliminar, resulta indispensable relevar que el inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política de la República sostiene que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

En el caso en análisis, conforme al artículo 15 de los propios estatutos de la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, el órgano disciplinario corresponde al Directorio de la entidad, quienes deberán acordar la sanción de que se trate -amonestación por escrito; multa en dinero efectivo, que no podrá ser superior al equivalente a medio ingreso mínimo mensual; suspensión de su calidad de asociado y de sus derechos hasta por un plazo de ciento ochenta días; y expulsión de la asociación-, por mayoría absoluta de sus miembros. Añade el citado precepto que estas medidas no serán susceptibles de recurso alguno, salvo la expulsión de la asociación, la cual podrá reclamarse ante la asamblea general ordinaria más próxima, la cual decidirá en forma definitiva e inapelable.

En el caso de marras, es respecto al órgano que adoptó la sanción de expulsión del recurrente, en que esta Corte advierte la primera ilegalidad que constata.

En efecto, tal como se lee del acta de la asamblea general ordinaria de fecha 23 de octubre de 2021, se deja constancia que “Se da lectura a carta enviada por el Sr. nombre reservado, en la cual solicita a la asamblea, pueda permitir su reincorporación a las asambleas a la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, a la cual el Sr. nombre reservado. se auto marginó voluntariamente de las asambleas generales el año 2016. Después de un amplio debate y opiniones de los socios presentes en la asamblea se acuerda someter a votación dicha solicitud, dicha solicitud (sic) fue rechazada por la unanimidad de los socios presentes en la asamblea” y, luego de la intervención del presidente de la asociación, “quien toma la palabra y realiza una reseña sobre la situación que se arrastra por más de 20 años con el Sr. nombre reservado y sus reiteradas faltas al estatuto, reglamento interno que rige el funcionamiento” de la entidad, señala que “por lo tanto este directorio propone a la asamblea que se pronuncie sobre las constantes faltas disciplinarias del Sr. nombre reservado, y así poder tomar una decisión con respecto a este tema”, registrándose que después de un debate y varias opiniones de los socios presentes se acuerda “en forma unánime 18 votos, por la mayoría absoluta de los socios presentes “expulsión en forma definitiva de esta asociación””.

No fue el Directorio quien adoptó la sanción más grave que contempla el estatuto respecto del actor, sino la asamblea general ordinaria. Es más, es el presidente quien manifiesta a dicha junta de socios que sería el Directorio quien les propone que se pronuncien sobre las supuestas constantes faltas del recurrente, en circunstancias que conforme al reglamento interno de la institución corresponde a dicho órgano conocer eventualmente de la apelación que pudiere formular el socio sancionado respecto de la decisión del Directorio que le impuso la sanción, situación que a la luz de las reglas básicas de un debido proceso no podría suceder en este caso, por lo menos con la integración de dicha asamblea general ordinaria, cuyos miembros ya manifestaron parecer sobre dicha cuestión, con conocimiento de los antecedentes necesarios para dictar la medida;

OCTAVO: Que, por otra parte, se hace imposible para estos magistrados soslayar que la sanción de expulsión como se lee en la citada acta de la asamblea ordinaria general, se sustenta en las supuestas faltas al artículo 15.4 del Reglamento Interno, letras a), b), d) y e), “además de no cumplir con las disposiciones de la autoridad sanitaria y Ministerio de Transportes, por no uso de mascarilla obligatoria en nuestro terminal y área de descanso, poniendo en riesgo la salud de los colegas de nuestro terminal de la línea 2005”.

Pues bien, justifican la medida de expulsión de acuerdo a tales literales, las siguientes conductas:

a).- Incumplimiento en el pago de sus obligaciones pecuniarias para con la asociación durante tres meses consecutivos.

b).- Inferir daño de palabra o por escrito a los miembros del Directorio o a los intereses de la Asociación.

d).- Incumplimiento grave de los Estatutos, Reglamentos, y acuerdos y resoluciones de los organismos de la asociación.

e).- Indignidad en su comportamiento público en forma que sus actos resulten contrarios a los intereses de la Asociación.

Estos motivos no encuentran respaldo específico y debidamente descriptivo y detallado en las imputaciones que en su contra hace el presidente en la asamblea, quien al respecto manifiesta únicamente hechos genéricos, indocumentados y carentes de un antecedente particular que los avale, aseverando que el recurrente ha incurrido en “insultos verbales a los socios en diferentes ocasiones, hostigándolos permanentemente, a sus colegas, insultos a miembros del directorio, haciendo imputaciones y acusaciones sin tener sustento, ni pruebas que acrediten hechos, acusando a miembros de diferentes directorios, de ladrones de robar por más de treinta años y de hacer fraudes permanentes con las elecciones de directorio y varias acusaciones de las más gravosas. El Sr. nombre reservado no conforme con estas indisciplinas diarias de este servicio, ha realizado denuncias ante el ministerio de economía, todas ellas el directorio de turno ha respondido a todos los requerimientos de la autoridad competente, presentando toda la documentación necesaria para demostrar que el Sr. nombre reservado no ha tenido razón en todas sus acusaciones, desestimando cada una de las presentaciones realizadas por el Sr. nombre reservado, nunca ha tenido razón en sus constantes reclamos que ha realizado por más de veinte años en forma sistemática, demás está decir que ha faltado a la verdad en todas sus acusaciones y además de nunca respetar el reglamento interno que nos rige, teniendo varias sanciones durante el periodo que ha prestado servicio en esta asociación gremial”.

Por ende, es menester concluir, además, que la decisión disciplinaria impugnada es ilegal y arbitraria, dado que no indica expresamente los fundamentos de hecho en que se sustenta y se pronuncia sin que las imputaciones que le sirven de antecedente tengan el contenido que se les atribuye, dado que no es posible subsumirlas de manera razonable y seria en alguna de las conductas y/o comportamientos que sanciona el citado reglamento interno;

NOVENO: Que esta Corte disiente finalmente del aserto de la entidad recurrida, en orden a que por tratarse de una asociación gremial, no le sería aplicable lo preceptuado en el artículo 553 del Código Civil.

Como se sabe dicha norma, modificada por la Ley 20.500, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2011 prevé: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.

La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

Luego de la aludida modificación normativa, el legislador estableció respecto de las asociaciones, el estándar legal compatible con el debido proceso y, en ese entendido, ciertamente ha de entenderse que dicho precepto ofrece una garantía mediata de eficacia particular de los derechos fundamentales en el ámbito privado, al regular una garantía indirecta para los asociados, que limita la amplia autonomía de este tipo de entidades, definiendo una regla de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N° 15 inciso cuarto, de la Constitución.

En el caso en análisis, lo cierto es que la sanción disciplinaria que se impugna no se ejerció en un procedimiento racional y justo, con respecto de los derechos que la Constitución Política de la República, las leyes y los estatutos confieren a los asociados de la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, según lo exige el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil, siendo en consecuencia, ilegal y arbitraria pues privó al recurrente de la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos;

DÉCIMO: Que en estas condiciones, por todos los motivos previamente desarrollados, con la finalidad de asegurar la debida protección del recurrente, el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por la abogada doña Paloma Valenzuela Berríos, en favor de don nombre reservado y en contra la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos N°98, Larraín-Centro, representada por don nombre reservado y, consecuentemente, a objeto de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto la medida de expulsión de la aludida asociación dispuesta respecto del recurrente y se ordena, además, a la recurrida proceder en el plazo de sesenta días a adecuar sus estatutos organizativos a la Constitución y a la ley, a efectos de asegurar a sus asociados que la potestad disciplinaria que le corresponde respecto de ellos se ejercerá en lo sucesivo con observancia de los derechos que tales cuerpos normativos y el propio reglamento interno les reconocen, mediante un procedimiento racional y justo.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-41034-2021.