nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, chileno, operador de maquinarias, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente de descontar y retener sin su autorización ni procedencia de sus liquidaciones de sueldo cuotas por un crédito cuya deuda fue declarada prescrita y que ello ha conculcado sus garantías constitucionales de derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el no ser tratado en forma discriminatoria y el derecho de propiedad, consagradas en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pidiendo a esta Corte, acogiendo el presente recurso se ordene a la recurrida cesar y poner fin de inmediato con el descuento alegado, con costas.

Señala que fue informado en octubre del año 2021, junto con su liquidación de sueldo que la Caja de Compensación Los Andes notificó a su empleador CEMENTOS TRANSEX, que debía realizar retención de una deuda que mantenía con la recurrida, la cual se encuentra castigada por dicha entidad, siendo del caso indicar que en causa C-17519-2018 del 1º Juzgado Civil de Puente Alto, el tribunal acogió a tramitación la excepción de prescripción presentada con fecha 20 de noviembre del 2018, dictándose el 02 de septiembre del 2020 sentencia favorable a su pretensión, resolviéndose que la acción que emana del pagaré se encuentra prescrita en virtud del artículo 98, en relación al 102 de la Ley N°18.092, que estatuye un año de plazo para que prescriban las acciones que emanan del pagaré, la que se encuentra ejecutoriada.

Así, a pesar de lo anterior, de forma arbitraria la recurrida manda a descontar a su empleador la suma de $168.331 mensuales por esta misma deuda que fue declarada prescrita en sede Civil, lo que además implica ser cerca de la mitad de su remuneración sin su autorización y de manera improcedente.

Que al respecto la Corte Suprema resuelto que no procede la autotutela ejercida por una Caja de Compensación en contra de un afiliado al sistema de Cajas, también ha rechazado esta retención de sueldo de manera arbitraria, según Roles que cita.

Que en general, se puede entender que el descuento a la remuneración puede definirse como la retención que el empresario debe hacer de las remuneraciones de los trabajadores en virtud de un mandato legal, o bien como la acción de rebajar una determinada cantidad de dinero de la remuneración de un trabajador. Así, el acto de descontar demanda de un conjunto de requisitos, como que exista una relación jurídica laboral, y que se den los presupuestos necesarios que autoricen el descuento, se requiere que exista una ley que autorice o prohíba o permita dichos descuentos, ello con el objeto de proteger el eminente carácter alimenticio que caracteriza a la remuneración del trabajador. Que el artículo 58º del Código del Trabajo constituye la fuente legal que alude al descuento y deducciones autorizadas por la ley, que pueden operar sobre las remuneraciones de los trabajadores. Además, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones distintos conceptos, también cumpliéndose determinados requisitos, pero cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador, siendo en su caso un descuento que alcanza a la mitad de su sueldo.

Estima, por otro lado que el no pago de una parte de la remuneración a que tiene derecho, implica el grave incumplimiento de obligaciones legales e incluso puede implicar la comisión de un delito.

Pide en consecuencia se acoja el presente recurso, en los términos antes referidos.

SEGUNDO: Que informando la recurrida pide el rechazo del presente recurso.

En primer término, indica que con fecha 14 de abril de 2016, se otorgó al recurrente un crédito por $ 3.345.657, pagadero en un plazo de 50 meses, con cuotas mensuales de $ 113.879, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de mayo de 2016. Precisa que, a la fecha, solo ha recaudado 42 de las 50 cuotas pactadas, manteniéndose en morosidad las con vencimiento a partir de octubre de 2019 hasta junio de 2020.

Sostiene que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por lo demás, afirma que no se trata de una deuda cuya acción de cobro haya sido declarada prescrita judicialmente.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, expresa que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al señor nombre reservado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador. Asimismo, señala que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde octubre de 2021.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que se dejen sin efecto los descuentos efectuados sobre las remuneraciones del actor y se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de octubre del año 2021, y habiéndose informado por la recurrida que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al señor nombre reservado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador, así como también dispuso la restitución de aquellas sumas descontadas en con ocasión del crédito reclamado, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho a favor del actor.

SEXTO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 41029-2021