nombre reservado con SCOTIABANK-CHILE S.A.

Santiago, veinte de agosto de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 24: estese a lo resuelto.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Diego Cabrera Vergara, en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra del Banco Scotiabank Chile S.A., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al negarle la restitución de los fondos que le fueron sustraídos fraudulentamente desde su cuenta corriente, lo que vulnerarían el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 24 del artículo 19.

Indica que la persona en cuyo favor se recurre es cliente del banco señalado desde septiembre de 2019, siendo titular de la cuenta corriente N° [cuenta reservada] hasta hoy. El 19 de marzo último, añade, se sustrajeron de esta cuenta millonarias sumas de dinero, mediante tres transferencias electrónicas: la primera por $11.480.043 por pago de impuestos a Tesorería, la segunda por $3.356.561, por pago al Servicio de Impuestos Internos asociado al RUT RUT reservado y la última por $2.553.020, por pago al mismo servicio anterior y al mismo RUT. La suma total de las transacciones, precisa, asciende a $17.389.624, en circunstancias que el monto disponible en la cuenta, previo a las transferencias, era de $17.890.839. Añade que el mismo día 19 de marzo se había transferido también en forma fraudulenta, esta vez de la tarjeta de crédito N° [cuenta reservada], la suma de $3.712.619 a la cuenta corriente.

Sostiene que los montos sustraídos correspondían en gran parte a un mutuo otorgado por el propio banco, con el objeto de adquirir un inmueble, el que, debido al fraude, no adquirió.

Señala que la conducta fraudulenta fue desplegada por terceros que desconoce y vulnerando los sistemas de seguridad del banco, siendo víctima de “fishing”, consistiendo el engaño en haberse enviado al correo electrónico personal, el 18 de marzo último, un correo en apariencia real del banco, con logos institucionales, utilizando el mismo formato, solicitando cierta información para mantener activa la vigencia de los productos contratados. El día 19 de marzo, relata, de buena fe proporcionó esta información, materializándose el mismo día las transacciones ya indicadas y no hubo acción alguna por parte de la recurrida para mitigar o evitar el fraude. Aduce al efecto que el banco, pese a reconocer el fraude efectuado, mediante correos electrónicos de 15 y 16 de abril de este año informó la negativa de eliminar estos egresos de dinero, trasladando la responsabilidad al cliente, quien, además de las sumas transferidas, debe soportar el pago de intereses.

En cuanto al derecho, invoca vulnerada su garantía fundamental establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida restituir las sumas sustraídas.

Segundo: Que al informar el banco recurrido solicita el rechazo del recurso, explicando que en realidad no fueron transferencias electrónicas las efectuadas desde la cuenta del recurrente, sino pagos de servicios. Además, relata, el propio recurrente reconoce que fue víctima de “phishing”, al haber recibido un correo electrónico desconocido de quien fingió ser el banco y el cliente entregó sus claves, en circunstancias que los bancos reiteradamente y por diversos medios de comunicación han instruido a sus clientes no hacerlo.

Postula que tampoco existió vulneración de los sistemas de seguridad del banco, ya que el recurrente se identificó con sus credenciales de seguridad y que si los hechos ocurrieron como se los relata en el recurso, los pagos sólo pudieron hacerse producto de la propia negligencia del cliente. Sin perjuicio de lo anterior, explica que para obtener la clave dinámica “keypass” (dispositivo que reemplaza la tarjeta de coordenadas), la única manera es contar con dicho dispositivo.

Narra que las obligaciones del banco en materia de seguridad no abarcan proteger al cliente de la propia entrega de sus claves de seguridad y argumenta que, además, se trata éste de un asunto que debe ser sometido a un juicio de lato conocimiento, pues lo alegado sería un eventual incumplimiento contractual, no existiendo tampoco vulneración de garantías fundamentales ni actuar u omisión ilegal o arbitraria de su parte.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que sobre la base de lo expuesto en el motivo anterior, especialmente lo dicho en el párrafo segundo, cabe señalar que aun valorados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica -como lo autoriza el inciso segundo del N° 5 del Auto Acordado que regula la materia-, no es posible tener por justificada la existencia del hecho sobre el que se sustenta el recurso, esto es, que los pagos verificados el 19 marzo del año en curso, por un total de $17.890.839 contra dineros disponibles en la cuenta corriente del recurrente hayan sido consecuencia de una acción fraudulenta, cuestión que evidentemente debe ser determinada en un procedimiento de naturaleza diversa, específicamente en uno declarativo de derechos, y no en uno cautelar de protección de derechos indubitados, como lo es el de la acción que consagra el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, y esta sola circunstancia justifica que el recurso sea desestimado.

Sin perjuicio de lo anterior, aun en el evento de aceptar que esa acción fraudulenta efectivamente existió, lo cierto es que tampoco los antecedentes disponibles permiten asignar responsabilidad al banco recurrido, en términos tales que sea posible imputarle algún grado de negligencia que pueda llegar a justificar un reproche y, con ello, estimar arbitraria la negativa a la restitución de los dineros sustraídos, desde que el propio recurrente reconoce que fue él quien proporcionó cierta información personal en respuesta a un correo electrónico que supuestamente le habría enviado el mismo banco, en circunstancias que es público y notorio que las instituciones insisten reiteradamente que no deben entregarse datos de esta clase cuando son requeridos por la señalada vía, sino únicamente cuando se ingresa al sitio web oficial del banco de que se trate.

En razón de lo expuesto, no cabe sino concluir que no se ha demostrado que la recurrida haya incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, de manera tal que no configurándose el supuesto de hecho básico que justifica la presente acción constitucional, el recurso interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por el abogado Diego Cabrera Vergara, en representación de nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 41.005-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.