nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la decisión de poner término a sus funciones, lo que se materializó a través de carta que le fue notificada el día 21 de marzo del presente año y que importaría la afectación de las garantías previstas en los N° 2, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política Solicita que se deje sin efecto la carta enviada por la recurrida en donde se le notifica el término de su vínculo de trabajo por salud incompatible y, en consecuencia, se ordene el reintegro a sus funciones habituales, en la misma calidad jurídica que servía en dicha Corporación hasta antes de la declaración de su vínculo estatutario.

Explica que ingresó a prestar servicios en la Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Providencia el 16 de abril de 2009, en el Colegio Providencia, prestando funciones como profesor de Historia, Posteriormente, el 31 de enero de 2015, luego de sucesivas renovaciones y contrataciones por la recurrida, asumió como docente titular nivel básica en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, suscribiendo el respectivo contrato de trabajo como Docente Titular.

Señala que el 9 de abril de 2021 entregó su primera licencia médica por enfermedad de origen común y el 13 de mayo de 2021 nuevamente presentó licencia médica. Esas licencias tuvieron una duración de 3 y 7 días respectivamente, sin embargo, indica que lamentablemente eso fue el inicio de su posterior diagnóstico de depresión y trastorno de ansiedad, donde mantuvo licencias continuas desde el 26 de julio de 2021 hasta el 26 de diciembre de 2021, finalizando esta última licencia el 1 de enero de 2022, pues fue dado de alta por su médico tratante. Agrega que, en el año 2022, tuvo solo 24 días de licencia, pudiendo cumplir sus funciones.

Afirma que su intención siempre fue recuperar su salud y reincorporarse al área laboral. Así, apenas pudo, comenzó a prestar sus servicios, lo que aconteció durante el año 2022 y 2023, hasta la notificación del término de su vínculo estatutario, término que tenía como fundamento la resolución N°70 del 7 de marzo de 2023, emitida por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Providencia, Evelyn Matthei Fornet, quien declaró que su salud es incompatible para desempeñar el cargo de docente en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ordenando poner término a su contrato de trabajo, conforme el artículo 72 letra h), en relación con el artículo 72 bis de la Ley 19.070. La comunicación del término fue enviada el 10 de marzo del presente año, sin embargo, fue notificada a través de correo certificado el 21 de marzo del año 2023.

Sostiene que la carta enviada por la recurrida puso término a su contrato de trabajo de manera errónea, invocando el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, fundando la decisión en el exceso de licencias de reposo, haciendo uso de esa facultad aun cuando ya se encontraba prestando funciones dentro de la Corporación.

En cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado, sostiene que la carta que le pone término a sus funciones resulta ilegal por cuanto hace una falsa aplicación del artículo 72 letra h) de la Ley N° 19.070, declarando recuperable su salud, no resultando aplicable dicha norma, en relación con el artículo 72 bis del mismo cuerpo legal.

En efecto, afirma que el acto impugnado olvida la modificación introducida por la Ley N° 21.093, que modificó la Ley N° 19.070, y que, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible, estableció que solo puede ser cesado en el cargo un profesor, cuando su salud sea declarada irrecuperable. Sin embargo, consta que la Comisión Preventiva de Salud, resolvió que su estado de salud era recuperable y, además, no existe documentación algún que señale que su salud es incompatible.

Sostiene que la recurrida ha dictado una resolución injustificadamente errónea y arbitraria, careciendo de motivación, fundamentación y racionalidad.

En cuanto a las garantías vulneradas, indica que los hechos descritos importan la afectación de los derechos previstos en los N° 2, 9, 16, 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, sostiene que en su caso se ha producido una discriminación arbitraria, pues se ha calificado incompatible su salud con el servicio, sin considerar los parámetros de idoneidad y capacidad en el ejercicio del cargo que ha servido y pese a la recuperabilidad de su salud por parte de la Compin.

En el mismo orden de ideas, denuncia la afectación del derecho a la salud y el derecho de propiedad, pues la cesación en el cargo implica que ha quedado cesante y desprovisto de las acciones destinadas a la recuperación de su salud. Asimismo, se afecta su derecho de propiedad sobre el ejercicio de la función documente en su cargo de titular en el sector municipal.

Finalmente, se afectaría su derecho a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, pues se le priva de su elección de trabajar para la recurrida, aplicando una causal de cesación en el cargo que no se encuentra justificada.

En mérito de lo expuesto solicita que se deje sin efecto la carta enviada por la recurrida en donde se le notifica el término de su vínculo de trabajo por salud incompatible y, en consecuencia, se ordene el reintegro a sus funciones habituales, en la misma calidad jurídica que servía en dicha Corporación hasta antes de la declaración de su vínculo estatutario.

Segundo: Comparece Eduardo Vásquez Silva, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer lugar, da cuenta de los antecedentes laborales del recurrente e indica que su representada en un proceso de regularización de los docentes que contaban con licencias médicas extendidas, solicitó el pronunciamiento de la Compin respecto del caso del recurrente, la que a través de Resolución N° 131/25/598/22, de fecha 29 de diciembre del año 2022, declaró recuperable la salud.

En segundo lugar, indica que el presente recurso de protección es improcedente por cuanto existe un procedimiento expreso para dirimir la controversia existente entre las partes.

En efecto, sostiene que la materia de autos por expresa disposición de la ley debe ser conocida por los jueces laborales en juicios ordinarios, mientras que la acción de protección tiene una naturaleza cautelar, urgente y no declarativa.

En tercer lugar, afirma que en el presente caso no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, por cuanto la decisión de poner término al contrato de trabajo del recurrente se funda en el legítimo ejercicio de la facultad establecida en el artículo 72 letra h) en relación con el artículo 72 bis), ambos del Estatuto Docente, habiendo realizado previamente las gestiones administrativas correspondientes.

Agrega que el recurso incurre en un desconocimiento de las normas que regulan la materia, pues la normativa vigente contempla dos situaciones en cuanto a la recuperabilidad. Así si el Compin declara la irrecuperabilidad de su salud, el trabajador puede permanecer en la institución seis meses a contar de tal declaración y luego ser pensionado. Por el contrario, si el Compin declara que su salud es recuperable, la alcaldesa puede declarar su salud incompatible y disponer el término de su contrato de trabajo por haber estado con licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años.

Así las cosas, señala que, al ejercer un legítimo ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, relación con el artículo 72 bis) del mismo cuerpo legal, no existe privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas.

Previas citas jurisprudenciales, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Tercero: Que el acto impugnado por este recurso es la carta de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia de fecha 21 de marzo de 2023 por la que se notificó al recurrente del término de su vínculo estatutario en virtud de lo resuelto en la Resolución N°70 del 7 de marzo de 2023, de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei Fornet, quien declaró que su salud es incompatible para desempeñar el cargo de docente en dicha Corporación, determinándose la terminación de su relación laboral.

Cuarto: Que lo que se estima ilegal y arbitrario en dicha resolución es el hecho de disponer la terminación del contrato de trabajo entre el recurrente y la Corporación Municipal de Providencia sin considerar que Compin declaró que tenía salud compatible con el cargo y por tanto podía seguir trabajando allí.

Quinto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo pertinente, dispone: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19", podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte "de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

Séptimo: Que el artículo 72 de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación señala, en lo que interesa a este recurso, que “los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella” entre otras por la causal contemplada en la letra h) consistente en “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter.”

Octavo: Que, enseguida, el artículo 72 bis de esa norma legal establece que el “alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

“No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo.”

“El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

“La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040.”

“Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un profesional de la educación, éste deberá retirarse de la municipalidad o del Servicio Local de Educación Pública, según corresponda, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.”

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses, el profesional de la educación no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del sostenedor.

Noveno: Que, para resolver este asunto, cabe tener presente que, conforme lo dispone el artículo 72 letra h) de la Ley N° 19.070, la declaración de incompatibilidad con el puesto de trabajo es una facultad exclusiva de los alcaldes, que en este caso ha sido ejercida por la edil de la Municipalidad de Providencia mediante la Resolución N°70 del 7 de marzo de 2023.

Décimo: Que en la especie se cumple con los requisitos legales para que la incompatibilidad con el trabajo pueda ser declarada, esto es el recurrente ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, lo que permitió a la autoridad comunal declarar su salud incompatible y disponer el término de su contrato de trabajo.

Undécimo: Que de las circunstancias señaladas en las motivaciones anteriores, no resulta existir ilegalidad ni arbitrariedad en la Resolución N°70 del 7 de marzo de 2023, como pretende el recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, toda vez que se apoya en los artículos pertinentes del Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyos requisitos aparecen reunidos en la especie y se encuentran respaldados por hechos que encuadran en la hipótesis en la letra h) de su artículo 72. Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Corporación de Desarrollo Social de Providencia Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas.

N°Protección-4094-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra (S) señora Soledad Jorquera Binner e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y por el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas. No firman la Ministra (S) señora Jorquera ni el Ministro (S) señor Escobar por haber terminado sus suplencias.