CERÁMICA SANTIAGO S. A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece CERÁMICA SANTIAGO S.A., empresa representada por el abogado don Eduardo Carlos Zarhi Hasbún, e interpone acción de protección en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO, representada por doña nombre reservado, por haber dictado ésta el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución N° 403, de 21 de marzo de 2017, notificada el 25 de mayo de 2017, mediante la cual se deniega la tramitación dela reconsideración administrativa presentada el 16 de diciembre de 2016. Esta conducta quebrantaría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Pide que esta Corte deje sin efecto el ordinario N° 403, disponiendo, además, que la Inspección recurrida deberá conocer de la reconsideración administrativa presentada por su parte en la época señalada.

Expone que el 25 de octubre de 2016, en el curso de una fiscalización se efectuó a la empresa recurrente, se impuso una multa, bajo la Resolución N° 1371/16/107, por el equivalente en dinero a 40 unidades tributarias mensuales, la que le fue notificada el 18 de noviembre de 2016, mediante carta certificada. Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo en el Art. 511 del Código del Trabajo, presentó un recurso administrativo de reconsideración, el que fue ingresado el 16 de diciembre de 2016, esto es dentro de treinta días corridos desde la fecha en que fue cursada la multa. Hace presente, además, que dicha actuación tuvo lugar dentro de los 30 días hábiles que señala la ley.

Indica que el 21/03/2017, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, dictó la resolución que constituye el acto ilegal y arbitrario que por este recurso se viene impugnando, N° 403, en cuya virtud se rechazó el recurso de reconsideración, por estimar esa autoridad que había sido presentado de manera extemporánea, esto es, fuera de los 30 días corridos contados desde su notificación. Califica como ilegal ducho comportamiento, toda vez que ha sido dictado en contravención a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos dentro del procedimiento administrativo, precepto que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y feriados.

Explica que, como lo ha entendido la jurisprudencia, el artículo 512 del Código del Trabajo no precisa que dicho término sea de días hábiles o corridos, por lo que teniendo presente que que la reconsideración que se presenta ante la Inspección del Trabajo se realiza durante la etapa administrativa, y sin que exista norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el señalado artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Argumenta que, como consta del seguimiento de la carta certificada remitida a la empresa, el sobre fue depositado en Correos de Chile el día 3 de noviembre de 2016 y entregado a la empresa recurrente el 18 de ese mismo mes y año, naciendo, por ende, recién en ese momento el plazo para reconsiderar administrativamente o reclamar judicialmente.

Dice que si bien es cierto que el artículo 508 del Código del Trabajo prescribe que debe entenderse practicada la notificación la sexto día desde la recepción de la carta en la oficina de correos respectiva, aquello no puede ir en contra del administrado, de manera que no es lícito privarlo de su derecho de defensa, con mayor razón todavía si se trata de un hecho que para su parte constituye, al menos, una fuerza mayor, por cuanto no tiene manera de influir en la actividad interna de Correos de Chile, y cualquier retraso en la entrega le es inimputable. Sostener lo contrario afectaría su derecho a una tutela judicial efectiva.

Se ha quebrantado la igualdad ante la ley, derecho que la Constitución asegura a todas las personas en el numeral 2° del artículo 19, pues la Inspección no ha dado un trato igualitario a su parte en relación a los demás fiscalizados, ya que al sostener la tesis que plantea, crea un plazo que no existe en norma alguna, entrega un tratamiento distinto y especial a los otros recursos administrativos, realizando así una distinción ilegal. Tiene por vulnerado también el derecho de propiedad que la Carta Fundamental garantiza en el artículo 19 número 24°, pues al negarse a tramitar la reconsideración interpuesta, la recurrente se encuentra obligada al pago de la multa cursada, sufriendo un evidente detrimento a su patrimonio, que no tiene por qué soportar.

Solicita, en definitiva, que esta Corte deje sin efecto el oficio ord. N° 403, disponiendo, además, que la Inspección recurrida debe conocer y resolver la reconsideración administrativa presentada el 16 de diciembre del 2016.

Segundo: Que la recurrida INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO evacua informe y pide el rechazo del arbitrio deducido.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso de protección que se interpuso, pues tal como lo ha señalado la jurisprudencia de manera reiterada, esta acción no puede ser utilizada como un sustituto jurisdiccional de un procedimiento judicial específico que contemple el legislador, más aún si mediante esta vía se pretende reemplazar los procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados. Tratándose de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa, prevista en los artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880, así como en sede judicial, como lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo, es inconcuso que debe acudirse a éstos y no a la tutela jurisdiccional dispensada por la Constitución. De este modo, correspondía reclamar judicialmente del Ordinario N° 403, según lo ordena el artículo 512, inciso segundo, del Código del ramo, ante los Juzgados de Letras del Trabajo, a quienes el legislador entregó la competencia para conocer de estos asuntos, según lo señala el artículo 420, letra e) de esa misma recopilación legal. Por tanto, en este contexto, aparece como manifiesto que el recurso de protección, se está utilizando esta vez como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados de manera expresa. Nada justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan. El acudir a sede de protección significa, en concepto de la autoridad informante, desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica, haciéndolo inútil y prescindible y transformando a la ley en letra muerta. Adicionalmente, hace vez que la actora contó con quince días hábiles para reclamar ante el Tribunal Laboral competente, pero prefirió indebidamente la acción de protección, lo que evidencia la utilización de éste como sustito procesal.

Precisa que el plazo para interponer la reclamación judicial vencía el 12 de junio de 2017 y la acción de protección se interpuso el 16 de junio del año en curso. En efecto, indica que la recurrente fue notificada el 10 de noviembre de 2016 de la aplicación de una multa administrativa N° 1371.RUT reservado y solo el 16 de diciembre de 2016 presentó un recurso de reconsideración administrativa, la que fue rechazada por resolución de 21 de marzo de 2017, notificada el 25 de mayo de 2017.

Añade que el arbitrio deducido no puede prosperar por ausencia de requisitos constitucionales, puesto que no estamos ante un acto ilegal ni arbitrario, toda vez que ha sido dictado por el Inspector Comunal del Trabajo Norte Chacabuco en uso de sus atribuciones legales, actuando dentro de su competencia y luego de haberse hecho ponderación de la normativa aplicable. Sobre la ineficacia de la acción intentada, esgrime que las infracciones a las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente no son patentes, sino, por el contrario, del todo superficiales y vagas, lo que dejaría de manifiesto su inexistencia. En esas condiciones, el contenido de la acción de protección está orientada únicamente a discutir la interpretación de la norma que incide en el cómputo del plazo para solicitar reconsideración, indicado en el Art. 512, inciso primero, del Código del Trabajo, y no en dilucidar la cuestión de fondo que en realidad debió debatirse, esto es, si se verificaban o no los presupuestos que permitían dar aplicación a la multa que impuso la autoridad recurrida. En esa misma línea argumentativa, asevera que las alegaciones de la recurrente en ningún caso se refieren a perturbaciones o privaciones de garantías constitucionales, sino se circunscriben a una cuestión de mera interpretación jurídica, cuya dilucidación en ningún caso puede hacerse mediante la acción cautelar de protección, sino que solo a través de la reclamación que estatuye el artículo 512, inciso segundo, del Código del Trabajo.

En cuanto a la naturaleza del plazo, afirma la recurrente que es un término de días corridos, toda vez que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, así lo ha consignado expresamente. De este modo, el plazo previsto en el mencionado artículo 512 queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 435, inciso tercero, del Código del Trabajo y, por lo tanto, el plazo que regula n o se suspende durante los días feriados. De esto se sigue que no es posible aplicar el artículo 25 de la Ley N° 19.880, pues no existe vacío normativo que permita su aplicación supletoria. Expresa la recurrida que la interpretación viene sosteniendo se encuentra corroborada por la instrucción emanada dela Contraloría General de la República en el Dictamen N° 17.344, de 10/03/2014, en la que se concluye que el plazo que prevé el art. 512 del Código del Trabajo, es de días corridos. De las argumentaciones expuestas concluye que el Ord. N° 403 no es ilegal, sino que ha sido dictado conforme a la ley, y según la interpretación dispuesta por la Contraloría General de la República. Añade que la multa administrativa primitivamente cursada se cursó con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y sin trasgredir lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo, ni lo preceptuado en lo previsto en el artículo del DFL N° 2 del año 1967.

En cuanto a las garantías que en el recurso se dicen transgredidas, niega que la resolución recurrida haya violado, de alguna forma, la igualdad ante la ley. Y sobre el derecho de propiedad, manifiesta que la Inspección del Trabajo simplemente se pronunció en ejercicio de una facultad que le otorga la ley, en el contexto del procedimiento también regulado por el legislador, y para ello, también se ha dispuesto un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción que la Constitución Política de la República concede al que, a consecuencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufriere privación, perturbación o amenaza de ciertos y determinados derechos, para que la Corte de Apelaciones respectiva adopte las medidas o providencias que permitan restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que, tal como establece en términos explícitos el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección es una vía a la que las personas pueden acudir sin perjuicio de otros derechos, de modo que la posibilidad con que cuenta el afectado de requerir la intervención de los tribunales de justicia a través de procedimientos legales no excluye de plano, por sí sola, la procedencia de este remedio constitucional, en la medida que concurran los presupuestos que se han descrito en el fundamento que precede.

Quinto: Que, para la resolución del asunto sometido a decisión de esta Corte, cabe tener presente la siguiente secuencia de hechos, respecto de los cuales no hay controversia entre las partes:

1) El 25 de octubre de 2016, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo doña nombre reservado, cursó a la actora la multa a que se refiere la resolución 1371/16/107, por 40 unidades tributarias mensuales.

2) La carta que contenía la resolución aludida en el número precedente fue ingresada a Correos de Chile, sucursal Quilicura, el 3 de noviembre, enviada a reparto en la oficina de Lampa el 5 de noviembre, y entregada el 18 de noviembre de 2016.

3) La solicitud de reconsideración de multa, suscrita por don nombre reservado a nombre de Cerámicas Santiago S.A., fue ingresada a la oficina de partes de la Dirección del Trabajo el 16 de diciembre de 2016.

4) Con fecha 21 de marzo de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, mediante el oficio Ord. N° 403, rechazó aceptar a trámite la resolución que impuso la multa mencionada por incumplimiento a los requisitos legales, esto es, por considerar que la reconsideración interpuesta por la empresa no fue presentada dentro de los treinta días corridos contados desde su notificación.

Cabe precisar, entonces, que la cuestión aquí debatida no concierne a la procedencia, oportunidad o monto de la multa, sino a la manera de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Sexto: Que los plazos de días establecidos en la Ley número 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Séptimo: Que yerra la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo.

Es necesario tener presente que la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.880 nos permite detectar, como idea matriz o fundamental del proyecto contenido en el mensaje presidencial que le dio origen, que la Constitución dispone expresamente que son materias de ley "las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública". Esto significa, para el Presidente de la República, que “… el constituyente ha encargado la regulación básica de los procedimientos de los actos de la administración, a la ley. Pero no a una ley cualquiera, sino a una de "bases". Por tanto, ella debe establecer sólo los elementos básicos, fundamentales y esenciales de la regulación, dejando a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la regulación de los procedimientos. Esta fórmula se justifica plenamente por la complejidad de los procedimientos, la posibilidad, más o menos frecuente, de mutación y el grado de desarrollo técnico que estas materias muchas veces asumen”. Prosigue el legislador afirmando que “(lamentablemente), hasta ahora, dicha ley general de bases de los procedimientos administrativos no se ha dictado. Ello provoca que en nuestra actual legislación, existan múltiples procedimientos. Algunos tienen regulación de rango legal y otros tantos, fundamentalmente del funcionamiento cotidiano de la administración, no tienen dicha regulación, quedando sometidos a las prácticas y doctrinas del servicio respectivo, con la consiguiente inseguridad para el ciudadano. (Mensaje presidencial, Boletín 2594-06).

Consecuencia forzosa de lo que se viene diciendo es que la vocación esencial de la Ley 19.880 es establecer las bases generales para la actuación de todos los órganos de la administración del Estado. Dicha conclusión se refuerza por la interpretación armónica del artículo 25 con lo dispuesto, a su vez, por los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 13, 14, 17 y 18 del mencionado estatuto legal. Si no lo entendiéramos de este modo, no cabe duda que cada organismo o servicio público entendería a su modo los estatutos particulares que rigen su funcionamiento, lo que provocaría dudas, incertidumbres y confusiones incesantes, que fueron precisamente las que este cuerpo legal buscó terminar.

Octavo: Que, de nuevo sobre encontrarnos frente a un plazo de días corridos o hábiles, en el sentido que aquí se decidirá se han pronunciado diversas sentencias de los tribunales superiores de justicia. Así, en los autos 8250-2016, la Corte de Valparaíso entendió que “ (en) relación a la forma de computar el plazo de treinta días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que establece que los plazos de días establecidos en esta Ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos … Contabilizando el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo en la forma que indica el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, se concluye que la reconsideración fue deducida dentro del plazo legal, de lo que se sigue que la conducta de la Inspección del Trabajo consistente en rechazar por extemporánea su presentación, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución”. Y en el proceso rol 146-2017, ese mismo tribunal de alzada decidió que “(el) plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por consiguiente, la actuación de la Inspección del Trabajo recurrida consistente en rechazar por extemporánea la reclamación presentada por el recurrente, al considerar que el plazo para su interposición era de días corridos, constituye un acto ilegal, desde que se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, vulnerando de esa manera la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley”.

Noveno: Que, en las condiciones anotadas, el acto recurrido, esto es, la Resolución comunicada mediante oficio ord. N° 403, que tuvo por extemporánea la reclamación que la recurrente dedujo, debe ser calificada como ilegal, pues no se ajusta a la preceptiva vigente y aplicable en la especie.

Décimo: Que no cabe duda que de la actuación señalada se derivó la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 número 2° de su texto, pues constituye diferencia arbitraria, en relación a los demás sujetos sometidos a la acción fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, haber denegado a la actora la posibilidad de dar trámite a la reconsideración que dedujo en tiempo y forma.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido por el abogado don Eduardo Carlos Zarhi Hasbún, en representación de Cerámicas Santiago S.A., en contra de la Inspección del Trabajo, y se deja sin efecto el oficio ord. N° 403 del 21 de marzo de 2017, debiendo la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración de multa, suscrita por nombre reservado a nombre de Cerámicas Santiago S.A., ingresada a la oficina de partes de la Dirección del Trabajo el 16 de diciembre de 2016.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactada por el abogado integrante don Héctor Mery Romero.

N° Protección 40.918-2017.-