nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en descontar de sus remuneraciones de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, las sumas mensuales de $181.718 y $200.138, vulnerando la garantías constitucional contenidas en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica, que el año 2018 contrajo un crédito social con la recurrida, el que fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos de $ 139.226 mensuales, se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley N° 18.833, sin embargo, transcurridos unos meses fue desvinculada de su trabajo, cayendo en mora a partir de la cuota n°1.

Indica, que la Caja recurrida declinó hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad de la obligación, mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, e interpuso demanda ejecutiva en su contra, con fecha 16 de septiembre de 2019, quedando emplazada el 15 de marzo de 2021, en causa Rol C-5006-2019, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo. Con el objeto de enervar la acción, opuso -entre otras- excepción de prescripción extintiva de la acción cambiaria, procedimiento que continúa en tramitación.

Refiere, que pese a ello, la recurrida procedió a efectuar descuentos incluso superiores a la cuota original pactada.

Señala, que la recurrida en uso de la facultad otorgada por el artículo 22 de la ley N° 18.833, de manera arbitraria y antojadiza, ha cobrado una deuda cuya efectividad se discute, no ajustándose a la legalidad.

En cuanto a la afectación de la garantía constitucional invocada, sostiene, que el acto de autotutela efectuado por la recurrida, vulneró su derecho de propiedad sobre los montos descontados de su remuneración. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Finaliza, solicitando se acoja el recurso, ordenándose a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones desde enero de 2021, en adelante, en un plazo de cinco días hábiles, o en el esta Corte determine, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que don Sergio Abarca Vargas, abogado en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacúa el informe requerido solicitando el rechazo de la acción.

Relata, que con fecha 5 de diciembre de 2018, con la recurrente celebraron un contrato de mutuo de crédito social por la suma de $ 4.029.566, pagadero en 48 cuotas mensuales de $ 139.226 cada una, habiéndose diferido la cuota n° 1, con vencimiento en febrero de 2019 para el final del ciclo del crédito, por encontrarse con licencia médica la deudora, sin embargo, llegado el vencimiento de las cuotas siguientes, éstas no fueron pagadas, por lo que dedujo demanda ejecutiva en su contra, ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, bajo el rol C-5006-2019, la que hasta el 15 de marzo de 2021 permanecía sin ser notificada.

Hacer presente, que habiéndose detectado el ingreso de la Sra. nombre reservado como trabajadora a una entidad afiliada a la Caja, a contar de enero de 2021, procedió a informar al empleador para la realización de los descuentos del crédito social, desde sus remuneraciones, recaudándose las cuotas n°2, 3 y 4 más intereses penales. Puntualiza, que a la fecha, se mantienen morosas las cuotas desde mayo de 2021 a enero de 2023.

Estima, que no existe acto ilegal o arbitrario pues los descuentos son informados al empleador de deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Refiere, que la recurrente con fecha 29 de enero de 2021, compareció en el procedimiento ejecutivo, notificándose de la demanda y oponiendo excepciones, valiéndose de un audaz movimiento. Afirma, que la tramitación de un juicio ejecutivo no resulta un impedimento para el cobro de acuerdo a la norma antes referida.

Da cuenta del carácter social de los créditos otorgados por las Cajas y el mecanismo de cobro de los mismos.

Indica, que si bien, en los hechos, el pagaré en cuestión fue suscrito a modo de garantizar el pago de una de las operaciones de crédito que le fueron otorgadas a la recurrente, jurídicamente se trata de un título abstracto, cuya acción de cobro es totalmente independiente de aquella que emana del contrato de mutuo celebrado entre las partes, y cuya deuda es la que actualmente se cobra a través del mecanismo establecido en la ley Nº 18.833.

Arguye, que la prescripción de las acciones está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Cita jurisprudencia y dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, en apoyo de su argumento. Añade, que manteniendo el mutuo en cuestión morosidad respecto de aquellas cuotas cuyo vencimiento va desde junio de 2019 a abril de 2021, no ha transcurrido el plazo requerido de cinco años para alegar la prescripción de la deuda.

Afirma, en cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, que sólo cometería un acto arbitrario e ilegal, en el caso de informar descuentos a partir de créditos sociales en que se hubiere declarado la prescripción de la acción cambiaria y de aquella que emana del mutuo, las que son distintas e independientes, y tienen plazos de prescripción diversos, cosa que no ocurre en la especie. Cita jurisprudencia en el mismo sentido.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, el acto ilegal y arbitrario que acusa la recurrente, es el descuento que la recurrida ha procedido a efectuar de sus remuneraciones, asilada en el crédito social que le otorgó en el año 2018, el que con anterioridad, había optado por cobrar a través de la vía judicial, sede en la que ha opuesto excepciones en su defensa, encontrándose dicha causa pendiente, vulnerando de esta manera la garantía prevista en el artículo 24 de la Constitución Política de la Republica.

Quinto: Que al respecto, el artículo 22 de la ley N° 18.833, dispone que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. De manera, que de acuerdo a esta norma, la Caja acreedora puede pagarse del crédito moroso, a través de descuentos desde la planilla de remuneraciones del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja acreedora, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, la que se encuentra notificada y pendiente de resolver las excepciones opuestas por la recurrente, como consta de los antecedentes de autos, y de los dichos de la propia recurrida.

De este modo, al ejercer sus derechos por esta vía, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes citada, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a las Cajas de Compensación.

Sexto: Que, así las cosas, una vez elegida la vía judicial, la recurrida queda privada de ejercer el derecho consagrado en el citado artículo 22, vulnerando con su conducta, el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber ejercido dos vías independientes de cobro de su acreencia, por lo que no cabe sino acoger la acción de protección intentada, como se dirá.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consecuentemente, la recurrida se abstendrá de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones desde enero de 2021, en adelante, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente.

Protección Ingreso Corte N° 4090-2021.