nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

Proveyendo a lo principal del escrito folio 18: téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Proveyendo al escrito folio 19: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece nombre reservado, profesora de educación general básica, interponiendo acción de protección contra la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por su Alcaldesa Evelyn Matthei Fornet, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la carta de aviso que pone término a su contrato de trabajo, por la causal establecida en el artículo 72 letra h) del D.F.L.N°1 DE Educación de 1996, Estatuto Docente, esto es, por salud incompatible con el desempeño del cargo, en relación con el artículo 72 bis del mismo cuerpo legal.

Expone que ingresó a prestar servicios para esa corporación el 1 de agosto de 2008, prestando funciones como profesora de educación general básica en el Colegio Mercedes Marín Del Solar, administrado por la recurrida y que luego de sucesivas renovaciones, el 31 de enero del 2015 asumió como docente titular, suscribiendo el respectivo contrato de trabajo.

Explica que el 18 de marzo de 2021, presentó una primera licencia médica por una fractura de tobillo, que la mantuvo en tratamiento y licencias intermitentes. Luego, en el año 2022 también presentó licencias por el ese motivo en los meses de abril y mayo. Posteriormente, desde el 10 de junio de 2022, su estado de salud empeoró debido a que fue objeto de acosos y situaciones que afectaron el ambiente y condiciones laborales que se vivía a diario en el colegio, lo que fue informado a la corporación recurrida, y que finalizó con una mediación entre ella y nombre reservado.

Asevera que no obstante lo anterior, su estado de salud se vio muy afectado, por el mal ambiente y malas prácticas, habiéndose incluso alterado su contrato vigente y la titularidad de las horas como docente, lo que la descompensó emocionalmente. Por dicho motivo se le prescribió reposo médico hasta el 7 de enero de 2023, siendo dada de alta ese fecha por la médica del CESFAM de Recoleta, nombre reservado.

Manifiesta que sin perjuicio que su intención fue reincorporarse a su trabajo, comenzando a cumplir funciones en el colegio para el periodo 2023, fue notificada el 16 de marzo del presente año, de la carta que puso término a sus funciones enviada por la Corporación, que tenía como fundamento la resolución N°67 del 7 de marzo de 2023, emitida por la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Providencia, quien declaró que su salud es incompatible para desempeñar el cargo de docente en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ordenando poner término al contrato de trabajo, conforme el artículo 72 letra h) en relación con el artículo 72 bis de la ley 19.070. Dicha comunicación del término de labores fue enviada el 10 de marzo de 2023, sin embargo, afirma que fue notificada de ella a través de correo certificado el 16 de marzo de 2023.

Precisa que la carta establece que la decisión de poner término a su contrato de trabajo se fundamenta en los siguientes antecedentes:

“a) Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de noviembre de 2022, usted presenta un total de 312 días de licencia médica por enfermedad común.

b) Que la Comisión Medica Preventiva e Invalidez, Subcomisión Oriente, mediante Resolución Exenta N°131/25/583/22, de fecha 29/12/2022, resolvió que usted presenta un estado de salud recuperable, la cual se adjunta.

c) Que atendido lo anterior la Alcaldesa de Providencia, la señora nombre reservado, mediante Resolución N°67 de fecha 7 de marzo de 2023 declaró su salud incompatible, la cual se adjunta”.

Arguye que dicha carta invoca erradamente el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, fundando la decisión en el exceso de licencias de reposo, haciendo uso de esa facultad aun cuando ya se encontraba prestando funciones dentro de la corporación.

Además, alega que dicha decisión es ilegal por falsa aplicación del artículo 72 letra “h)” de la ley 19.070, Estatuto Docente, pues la Comisión de Medicina Preventiva declaró recuperable su salud, no resultando aplicable dicha norma. Al efecto cita la Resolución Exenta N°131/25/583/22 de fecha 29 de diciembre de 2022, que declara recuperable su salud, acto que destaca se encuentra firme.

Hace presente que el artículo 72 Bis de la ley N°19.070 contempla como una de las causales de término de la relación laboral respecto de este tipo de personal, docente municipal, la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo, en analogía a lo dispuesto en la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, pues, por su parte, el artículo 148 de la ley 18.883 prescribe que el Alcalde, podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo, superior a seis meses en los dos últimos años. Dicha norma agrega que no se considerará para el cómputo de los seis meses las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de ese Estatuto y del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, misma atribución que consagra el Estatuto Docente. Sin embargo, el alcalde, para ejercer la facultad señalada deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Afirma que la carta que puso término a mis funciones, no hizo mención, ni menos aun consideró que mediante la Ley 21.093 publicada el 23 de mayo de 2018 en el Diario Oficial, se Modificó la ley Nº 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible y en ella lo relevante es que solo puede ser cesado en el cargo un profesor, cuando su salud sea declarada irrecuperable, ya que en ese único caso, solamente puede ser cesado en el cargo, en otros términos implica que la salud pude considerarse incompatible, cuando una autoridad de Salud la declara irrecuperable. Cita al efecto la Historia de la Ley Nº21.093. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en cuanto a las consideraciones para modificar la mencionada causal de despido en los términos en que se encuentra concebida.

Destaca que sin perjuicio de que la recurrida cumplió con lo señalado en el inciso primero del artículo 72 bis, en cuanto a requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, dicha entidad solo determinó su recuperabilidad, no señalando incompatibilidad con el cargo.

Estima que el actuar de la Corporación de Desarrollo Social, ha sido por mero capricho, y teniendo como única finalidad prescindir de sus servicios, sin considerar los antecedentes de hecho de lss licencias médicas, trayectoria laboral y evaluaciones constantes. Remarca que nunca tuvo una licencia médica de esa naturaleza, y aun así, ya se había recuperado y se encontraba prestando funciones para la recurrida.

Acusa que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le ha discriminado arbitrariamente al calificar su salud como incompatible, sin considerar los parámetros de idoneidad y capacidad en el ejercicio del cargo, y pese a la declaración de recuperabilidad de su salud por parte de la COMPIN.

Además, estima que se afecta su derecho a la salud y su derecho de propiedad sobre las acciones de recuperación de la salud, ello debido a que el acto impugnado la deja cesante, y por ende desprovista en forma continua y permanente de las acciones destinadas a la recuperación de su salud.

Igualmente estima infringida la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, contemplado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, ya que se ha aplicado una causal de cesación legal en el cargo en forma irracional.

También argumenta que se ha afectado su derecho de propiedad sobre el ejercicio de la función docente en el cargo de docente titular en el sector municipal.

Solicita se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto carta enviada por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en donde se le notifica del término del vínculo estatutario por salud incompatible; que se ordene su reintegro a cumplir sus funciones habituales en la Corporación mencionada, en la misma calidad jurídica que servía hasta antes de la declaración del término del vínculo estatutario; que se ordene el pago de todas la remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de la separación y hasta el efectivo reingreso; y cualquier otra medida para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que comparece informando doña nombre reservado, abogada por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar se refiere al vínculo laboral con la recurrente, ratificando que la actora ingresó a prestar servicios desde 1 de agosto de 2008 hasta el 10 de marzo de 2023, oportunidad en que terminó la relación laboral existente entre las partes conforme lo dispuesto en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente.

Hace referencia a que durante el año 2022, la corporación decidió regularizar la situación de los docentes que contaban con licencias médicas extendidas, es decir, que fueran superiores a 180 días de licencia médica continua o discontinua durante los dos últimos años, solicitando un pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), quien es el organismo técnico encargado de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de determinar la recuperabilidad o irrecuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios. Puntualiza que dicho organismo no cuenta con facultades legales para declarar la salud como incompatible.

Precisa que en el caso de la recurrente, se declaró la salud recuperable mediante Resolución N° 131/25/583/22, de fecha 29 de diciembre de 2022, permitiendo con ello que la Alcaldesa declarara su salud incompatible y se pusiera término a su contrato de trabajo. Conforme lo anterior, con fecha 10 de marzo de 2023, se dispuso el término de la relación laboral de la recurrente conforme lo dispuesto el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, notificando tal decisión mediante carta certificada.

En segundo lugar, argumenta que la presente acción es improcedente por no constituir un sustituto jurisdiccional, contemplando el ordenamiento jurídico un procedimiento expreso para dirimir la controversia entre las partes. Asevera que las materias de autos por expresa disposición de la Ley deben ser conocidas por los jueces laborales en juicios ordinarios.

Luego, como tercer punto, alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto el actuar de la Corporación se funda en el legítimo ejercicio de la facultad establecida en el artículo 72 Letra h) en relación con el artículo 72 bis), ambos del Estatuto Docente, habiendo realizado previamente las gestiones administrativas correspondientes. Cita al efecto jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en específico el dictamen N° E188441N22, de 2022.

Por otro lado, niega que se vulneren las garantías constitucionales que la actora señala en su recurso, ya que al ser declarado por el COMPIN como recuperable la salud de un funcionario, el alcalde puede declarar su salud incompatible por haber estado con licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y con ello poner término a su contrato de trabajo, cita en apoyo de dicha afirmación jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la presente acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que previo a examinar el recurso conforme a la alegación de improcedencia formulada por la recurrida, conviene dejar establecido que dicha discusión ya ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema, en el sentido que la interposición del recurso de protección no afecta el ejercicio de otros derechos que se estimen pertinentes, encontrándose reconocida igualmente por nuestro ordenamiento la facultad de accionar por esta vía, sin perjuicio de las demás acciones legales, por lo que dicho argumento será rechazado.

Quinto: Que en cuanto al fondo, el acto que se estima ilegal o arbitrario consiste en la carta de aviso de término de contrato de trabajo, de 10 de marzo de 2023, mediante la cual se pone término al contrato que vincula a la actora con la Corporación recurrida por estimarse su salud incompatible con sus funciones.

Su tenor literal es el siguiente: Que conforme al tenor literal del acto impugnado, éste comunicó a la actora el término de su contrato de trabajo, aduciendo como fundamento “a) Entre el 1 de diciembre de 2020 y 30 de noviembre de 2022, usted presenta un total de 312 días de licencia médica por enfermedad común. b) Que la Comisión Medica Preventiva e Invalidez, Subcomisión Oriente, mediante Resolución Exenta N°131/25/583/22, de fecha 29/12/2022, resolvió que usted presenta un estado de salud recuperable, la cual se adjunta. c) Que atendido lo anterior la Alcaldesa de Providencia, la señora nombre reservado, mediante Resolución N°67 de fecha 7 de marzo de 2023 declaró su salud incompatible, la cual se adjunta”.

Sexto: Que al respecto, de conformidad con los antecedentes allegados al recurso, es posible establecer que la recurrente prestó servicios como profesora de educación general básica, en calidad de titular, desde el mes de enero de 2015, siendo notificada el 16 de marzo de 2023 del término del contrato, por salud incompatible, en atención a que hizo uso de 312 días de licencias médicas entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022. Asimismo, consta que, debido al reposo prolongado de la actora, se solicitó por la Corporación recurrida un pronunciamiento a la COMPIN, quien mediante Resolución Exenta N°131/25/583/22, de fecha 29/12/2022, señaló que la recurrente “presenta un estado de salud recuperable”.

Séptimo: Que cabe tener presente que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, establece:

“Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter.”

A su turno el artículo 72 bis del mismo cuerpo legal dispone: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040.”

Octavo: Que es necesario tener en cuenta que antes de la dictación del artículo 72 bis del Estatuto Docente, mediante la Ley Nº 21.093, publicada el 23 de mayo de 2018, se reprochaba que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, fuera realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por este motivo, el Ejecutivo propuso su modificación, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva.

De lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPÍN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 72 letra h) del Estatuto Docente.

Noveno: Que la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador y permite dar sentido a la modificación, puesto que -de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo: Que, por su parte, el artículo 41 de la Ley de Bases inciso 4° prescribe que las resoluciones que dicte la Administración contendrán la decisión, que será fundada. En la misma línea el artículo 11 inciso segundo agrega que los hechos y fundamentos de derecho de los particulares deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

Undécimo: Que, sin embargo, los fundamentos contenidos en la carta que comunicó el término del contrato, no cumplen con el estándar de ser aquellos objetivos y suficientes, pues la recurrida pretende justificar la medida en la cantidad de días de licencia presentado por la actora, sin considerar antecedentes como el origen de la licencia médica, y que la actora al momento del despido ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones. Con lo cual no se entiende entonces por qué exactamente se debe considerar su condición de salud incompatible con su función docente.

Duodécimo: Que de lo anterior se colige que el acto administrativo, aun cuando aparezca revestido de legalidad, infringe el deber de motivación al estar desprovisto de fundamentación suficiente, lo que lo torna en arbitrario.

Debe concluirse entonces que la conducta del recurrido de poner término al contrato de la recurrente, constituye un acto arbitrario, pues vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al carecer de la debida fundamentación como era exigible a dicho acto administrativo, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido en la forma en que se dirá en lo resolutivo, atendido la fecha en que se resuelve esta acción.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado contra la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y, en consecuencia, se deja sin efecto el término de su contrato y se ordena a la recurrida reincorporar a la actora en sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4088-2023.