nombre reservado con CANAL 13 SA

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Fabián Andrés Beltrán Ayala, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., Red de Televisión Chilevisión S.A., La Cuarta, nombre reservado, Redgol, Bio Bio Comunicaciones S.A., En Cancha, La Tercera, Red Televisiva Megavisión S.A. y Canal 13 S.A., por haber publicado y difundido información falsa y dañina sobre su representado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que -estima- se basa en hechos no comprobados y distorsionados, vulnerando con ello los derechos fundamentales de honra, imagen y vida privada, que la Constitución Política garantiza, por lo que solicita la eliminación del contenido vulneratorio y la prohibición de su futura difusión.

Expone que el 10 de marzo de 2024, durante un partido de fútbol en el Estadio Monumental, se produjo un incidente en el que su representado fue acusado injustamente de agredir a un menor de edad. Señala que, si bien hubo una discusión entre hinchas, no existió agresión física alguna contra el niño. No obstante, un video editado del incidente comenzó a circular en redes sociales, desatando una serie de publicaciones por parte de los medios recurridos que acusaban a su representado de haber golpeado al menor.

A consecuencia de estas publicaciones alega que su representado ha sido objeto de amenazas, hostigamiento y linchamiento social. Acusa que se han divulgado sus datos personales y los de su familia, llegando incluso a recibir amenazas en su domicilio. Indica que estas acusaciones han afectado su situación laboral y su salud mental.

Agrega que las publicaciones de los medios recurridos carecen de rigor periodístico y ética profesional, basándose en información no contrastada y reproduciendo una "funa" digital sin verificar los hechos. Sostiene que esta actuación va más allá del legítimo ejercicio de la libertad de prensa, constituyendo una forma de autotutela inaceptable en un Estado de Derecho.

Denuncia una vulneración del derecho a la honra, citando jurisprudencia que reconoce la protección del "buen nombre" y la reputación de las personas. Asimismo, invoca el derecho de propiedad sobre la propia imagen, amparado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, y el derecho a la vida privada, también protegido por el citado artículo 19 N°4.

Reitera que las publicaciones vulneran los derechos constitucionales del recurrente al difundir información falsa y dañina sobre su persona, exponiendo su imagen sin autorización, en un contexto perjudicial e interfiriendo en su vida privada de manera ilegítima, acciones que no encuentran justificación en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, pues carecen de interés público y no cumplen con los estándares éticos y de rigurosidad del periodismo.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos eliminar todo el contenido vulneratorio publicado y se les prohíba retransmitir o difundir dicho contenido por cualquier medio en el futuro.

Segundo: Que en su informe Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que la publicación efectuada el 11 de marzo de 2024 en el portal www.cooperativa.cl, titulada "nombre reservado Repudiable: Hincha de Colo Colo agredió a un niño en el Monumental", se enmarca en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a informar sin censura previa, consagrados en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República. Argumenta que se trata de una información veraz y de relevancia pública, que da cuenta de hechos constitutivos de infracciones a la Ley N°19.327 sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional.

Sostiene que cuando se trata de información de interés público, la libertad de información prima sobre el derecho al honor y, respecto al derecho a la propia imagen, arguye que este admite limitaciones derivadas de otros valores y derechos fundamentales, como la existencia de una información de relevancia pública. Agrega que la difusión de imágenes es legítima cuando reflejan acontecimientos que tienen repercusión social y el protagonista se encuentra en relación directa con la comunidad.

En cuanto a la solicitud de eliminación de la publicación, argumenta que esto constituiría una forma de censura y una invocación tácita al denominado "derecho al olvido", el cual no se encuentra contemplado en el ordenamiento jurídico chileno. Aduce que la eliminación de la noticia contravendría la obligación legal de los medios electrónicos de remitir diariamente a la Biblioteca Nacional el contenido íntegro de sus publicaciones, lo que tiene por objeto preservar la memoria histórica de la nación.

Concluye que no ha incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías constitucionales invocados, por lo que solicita que se rechace el recurso, con costas.

Tercero: Que Canal 13 SpA también informó alegando que no existe la vulneración y que ha ejercido lícitamente la libertad de informar sin censura previa. Agrega que la nota periodística publicada en su sitio www.deportes13.cl,el 12 de marzo de 2024, informó sobre un hecho veraz y de interés público, relativo a la presunta agresión de un hincha adulto a un menor de edad durante un partido de fútbol entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Alega que no se afectó el derecho a la honra ni a la vida privada, pues la nota informó sobre hechos veraces ocurridos en un lugar público, sin revelar la identidad del recurrente ni datos sensibles. En cuanto al derecho a la propia imagen, argumenta que este derecho cede frente a la libertad de información cuando se trata de actos de relevancia pública.

Sostiene que en caso de colisión de garantías, prima la libertad de información sobre hechos de interés público, citando jurisprudencia al efecto.

Plantea que no existe relación de causalidad entre la nota periodística y la supuesta afectación al honor del recurrente, pues cualquier menoscabo derivaría de los propios actos del recurrente que han sido cuestionados públicamente.

Acusa que el petitorio del recurso es improcedente y que la acción de protección no es la vía idónea para solicitar la eliminación de contenidos, existiendo el derecho de aclaración y rectificación contemplado en la Ley N° 19.733. Asimismo, alega que la solicitud de prohibir futuras publicaciones constituye censura previa, lo cual es inconstitucional según el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que Megamedia S.A., en su informe, alega que el recurso carece de objeto y que falta legitimación pasiva de su parte. Explica que la noticia cuestionada fue emitida el 11 de marzo de 2024 y ya no se encuentra disponible en ninguna plataforma administrada, controlada o perteneciente a su parte.

Acusa que la acción de protección no es la vía idónea para discutir y resolver cuestiones de lato conocimiento, existiendo procedimientos y autoridades especialmente llamadas al efecto.

Agrega que los hechos y derechos involucrados no son indubitados, y niega la existencia de una acción ilegal o arbitraria y de amenaza a garantía constitucional alguna, pues se limitó a ejercer la libertad de información y prensa al informar sobre un hecho de interés público que podría revestir carácter delictual, basándose en antecedentes e información verosímiles. Niega también la existencia de relación causal entre la noticia y la conculcación alegada, argumentando que su acción no fue causa directa, inmediata ni necesaria de los perjuicios denunciados.

Insiste en que la difusión del video se enmarcó en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa y agrega que no se entregó información personal reservada o confidencial del recurrente.

Argumenta que el ejercicio de la libertad de prensa no puede condicionarse a la comprobación absoluta de los hechos informados, a la existencia de sentencias condenatorias firmes o a la acción previa de autoridades, pues -de imponer tales exigencias- comprometería las bases del sistema democrático.

Quinto: Que Copesa S.A. en su informe también alegó que no existe acto arbitrario o ilegal, por cuanto Diario La Tercera y Diario La Cuarta ejercen lícitamente la libertad de informar sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y en el artículo 1° de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Sostiene que los hechos informados en los reportajes cuestionados son de interés público, conforme al artículo 30 letra f) de la Ley N°19.733, y que Copesa S.A. se limitó a informar acerca de un hecho de relevancia y trascendencia para la población, citando sus fuentes y sin hacer juicios personales de valor.

Argumenta que el recurso de protección y la petición de eliminar la información no es la vía idónea al efecto, sino el derecho de aclaración y rectificación, pública y gratuita, contemplado en el Título V de la Ley N°19.733.

Alega que no consta cómo ni cuándo se habrían afectado las garantías constitucionales que invoca el recurrente, ni estaría acreditada la relación de causalidad entre sus reportajes y las supuestas afectaciones que se denuncian. Añade que el recurrente carece de un derecho de carácter preexistente e indubitado y sostiene que en caso de colisión de garantías, prima la libertad de información sobre el derecho al honor, negando que se haya utilizado la expresión "golpeó a un niño", afirmando que se empleó la frase "agredió a un menor", lo que efectivamente habría ocurrido. Asimismo, niega haber difundido datos personales del señor nombre reservado, indicando que en todo momento los reportajes se refieren a "hincha de Colo Colo", "uno de los fanáticos", "sujeto de camiseta negra", entre otras expresiones genéricas.

Por ultimo, manifiesta que el recurrente cuestiona "la forma" del reportaje, lo que afectaría el legítimo derecho a informar en cualquier forma y por cualquier medio.

Sexto: Que, por su parte, Bio-Bio Comunicaciones S.A. expuso que el día 10 de marzo de 2024, durante el partido de fútbol entre Colo Colo y Universidad de Chile, el recurrente habría agredido a un niño hincha del equipo rival. Este hecho fue grabado en video por otros asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales. Seguidamente, afirma que en ejercicio de su función como medio de comunicación, publicó tres noticias en su sitio web informando sobre lo sucedido, incluyendo las consecuencias posteriores, como la aplicación del derecho de admisión por parte del Club Colo Colo respecto del señor nombre reservado.

Arguye que su actuar se enmarca en el legítimo ejercicio de la libertad de informar sin censura previa y afirma que la información difundida cumple con los tres criterios fundamentales para determinar su legítimo ejercicio: relevancia pública, veracidad y carácter público de la información. En este sentido, señala que los hechos informados podrían ser constitutivos de delitos según la Ley N° 19.327 sobre violencia en los estadios, lo que refuerza su condición de hechos de interés público conforme al artículo 30 letra f) de la Ley de Prensa.

Sostiene que no ha afectado la honra del recurrente, pues se ha limitado a informar hechos veraces, tampoco la información difundida comprende la vida privada del recurrente, ya que los hechos ocurrieron en un lugar público (estadio de fútbol) frente a miles de personas, donde no existe expectativa de privacidad. Menos aún se vulnera el derecho a la propia imagen, pues este cede frente a la libertad de información cuando se trata de actos de relevancia pública.

Finalmente, invoca su derecho de propiedad sobre las publicaciones realizadas, argumentando que las notas periodísticas son resultado del trabajo y recursos de su parte, por lo que han ingresado a su patrimonio y son objeto de protección jurídica.

Séptimo: Que Red de Televisión Chilevisión S.A., informó que los hechos se suscitaron en el marco de un partido de fútbol entre equipos rivales, caracterizado por una alta relevancia en el campeonato nacional y una rivalidad que, lamentablemente, trasciende lo meramente deportivo. Señala que, tras el encuentro, se produjeron incidentes en la zona de palco del estadio, donde hinchas del equipo visitante fueron agredidos con objetos por parte de los locales, lo que constituye una vulneración al artículo 27 letra f) de la Ley 19.327, que sanciona el cometer, provocar o participar en desórdenes que alteren el orden y tranquilidad del espectáculo de fútbol profesional. Arguye que este hecho se convirtió en un asunto de innegable interés público, involucrando a un adulto descontrolado y un menor de edad.

Afirma que cubrió la noticia al día siguiente del incidente, durante su programa matinal, cuando diversos medios de comunicación ya habían comentado la situación, considerando que no ha transgredido derecho alguno del recurrente, pues éste reconoce un actuar violento como causa basal de cualquier afectación a su honra. Agrega que, aunque el señor nombre reservado niega haber golpeado al menor, su actitud constituye una agresión, al menos verbal, contra un menor de edad en un evento deportivo. Asimismo, indica que no le ha solicitado la rectificación de la información entregada.

Añade que, previo a la emisión de la nota el video ya circulaba en redes sociales y diversos medios de prensa, señalando todos la existencia de una agresión de un adulto hacia un menor. Incluso, menciona que la página web de la hinchada del equipo local daba cuenta del incidente. Afirma que -en este contexto-no podía dejar de emitir esta información de interés público, cumpliendo con los parámetros exigidos por el artículo 30 letra f) de la Ley 19.733.

Hace hincapié en que la Defensoría de la Niñez solicitó antecedentes al club deportivo para la identificación del hincha en cuestión y que fue éste quien habría interpuesto una querella y aplicado el Código 102, prohibiendo el ingreso del hincha a recintos deportivos.

Finalmente, relata que no individualizó al recurrente en la nota, más allá de mostrar las imágenes que circulaban en la web, negando cualquier intención de provocar un perjuicio. Concluye argumentando que su actuar se encuentra amparado en las disposiciones legales, estando obligada a emitir la noticia en cuestión debido a su carácter de interés público y a la aparente comisión de un hecho sancionado por la legislación deportiva.

Octavo: Que se prescindió del informe de las restantes recurridas, las cuales no informaron dentro de los plazos que le fueron concedidos.

Noveno: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que del mérito de los antecedentes, lo reconocido por el propio actor y en especial del video incorporado (cuya edición o manipulación no ha sido acreditada), se puede tener por cierto que el actor concurrió el 10 de marzo de 2024 a un partido de fútbol entre Colo Colo y Universidad de Chile, durante el cual reaccionó en forma agresiva frente a lo que parece una discusión entre hinchas, lanzando un objeto (similar a un vaso), vociferando y gesticulando airadamente, de pie, contra hinchas del equipo rival, conducta que le valió el reproche de personas y guardias que estaban en el lugar, entre los cuales se encontraba un niño que se muestra visiblemente afectado ante la proximidad y agresividad del actor, para posteriormente ser contenido por un adulto. Esta situación fue grabada en video por otros asistentes y se difundió en redes sociales para luego ser recogida e informada por los medios de comunicación social recurridos. No se aprecia que hayan sido expuestos datos sensibles.

Undécimo: Que, como se dijo, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la conducta de las recurridas de publicar y difundir la información contenida en el video de escasos segundos que circulaba por redes sociales, realizando una interpretación de los hechos, en especial en cuanto se imputa al recurrente la “agresión” a un menor de edad.

Duodécimo: Que acontece que las recurridas se configuran como medios de comunicación social y -de los antecedentes reunidos- surge que la decisión de publicar y difundir la información cuestionada se sustentó en el ejercicio libre de la libertad de prensa, es decir, ejerciendo su derecho a informar sin censura previa por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 19 N°12 de nuestra Carta Fundamental y replicado en el artículo 1 de la ley N°19.733.

La difusión se realizó a partir de imágenes que llegaron a su poder, es decir, que no fueron generadas por las recurridas y que denotan cierto interés público, desde que ocurrieron en un espectáculo deportivo en donde se verificaba un partido de fútbol entre dos equipos de gran adhesión popular y en que las conductas disruptivas de los hinchas resultan de especial interés social y jurídico por cuanto están sometidas a una regulación especial que tiene por objeto reprimir los hechos de violencia, a saber la Ley N° 19.327.

En este contexto, ha sido el propio recurrente quien, con su conducta pública -captada y difundida- se ha sometido al reproche social y no puede pretender acallar a los medios que den cuenta de las imágenes grabadas, pues el derecho a su honra e imagen no es ilimitado y -en el caso- debe ceder ante la libertad de emitir opinión e informar, tanto porque la conducta agresiva que se permitió el recurrente no está amparada en norma o derecho alguno, cuanto porque prohibir su difusión anula completamente el derecho a informar por cualquier medio.

Tampoco corresponde censurar o prohibir la calificación que los periodistas o medios realicen a partir de los hechos descritos, pues ello constituye la esencia de la libertad de emitir opinión e informar, máxime si tampoco se advierte- de los antecedentes de esta sede- una manipulación de la información o que se hayan informado hechos falsos. En este sentido, si bien la agresión que las recurridas imputan al actor sugiere la posibilidad de una agresión física, no se puede soslayar que puede tratarse de una agresión verbal que se enmarca dentro del ámbito de significado de la palabra y que se condice con las imágenes captadas ya referidas.

Décimo Tercero: Que, consecuentemente, en el examen que puede esta Corte realizar en el contexto de una acción eminentemente cautelar y de tutela de urgencia, el acto que se cuestiona por esta vía aparece dotado de la razonabilidad necesaria y, preliminarmente, se ajusta a la legalidad, de manera que no puede tacharse de ilegal ni arbitrario.

Por consiguiente, cualquier objeción o impugnación acerca de la veracidad del mismo deber ser elucidada a través de los medios y antes las autoridades que el ordenamiento jurídico franquea a las partes con ese objeto.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia.

N°4086-2024 (Protección)

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado integrante señor Jorge Benitez Urrutia. No firma la ministra señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.