nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, quienes vienen en interponer acción de protección a favor de don nombre reservado, y de don nombre reservado, ambos pensionados de Carabineros; y en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile y de la Contraloría General de la Republica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la realización de descuentos en la jubilación de ambos recurrentes, que duplican los pagos mensuales fijados por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Señalan que los recurrentes, durante su desempeño en la institución de Carabineros, con el fin de solicitar el pago de una asignación profesional, presentaron unos títulos o certificados para la obtención de dichos beneficios, los cuales fueron cuestionados en relación a su validez. Esto generó un conflicto que finalmente fue judicializado, mediante la presentación de una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Refieren que, con el fin de poner término a la causa RIT 649-2019 incoada por Carabineros, la Fiscalía propuso una Suspensión Condicional del Procedimiento, la cual fue aceptada por los recurrentes y que contemplaba el pago del 50% del monto que se había pagado por concepto de asignación profesional, mediante un pago en cuotas.

Afirman que, sin respetar el acuerdo alcanzado, los recurridos, de mala fe, solicitaron el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 67 y 67 bis de la Ley N° 10.336, al recurrido Órgano Contralor, en razón a una asignación profesional mal percibida por los recurrentes, duplicando los pagos de devolución y afectando las pensiones que estos deben percibir, procurando la devolución de más del 200% de lo supuestamente adeudado.

Indican que lo que se pidió devolver respecto del recurrente nombre reservado es la suma de $7.419.715.- y respecto del recurrente nombre reservado es el monto de $12.283.258-. En virtud de lo anterior, la recurrida Contraloría les fijó una serie de cuotas más intereses, para proceder a la devolución de lo informado por Carabineros, dictándose las siguientes resoluciones: Resolución Exenta 2231 respecto del sr. nombre reservado; y, la Resolución Exenta N° 2230 respecto del señor nombre reservado. En contra de dichas Resoluciones, los recurrentes presentaron reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, N°s 015293, y W01529, los que no han sido resueltos a la fecha de presentación del recurso.

Sostienen que, a ambos recurrentes, se les ha descontado por el mismo concepto, en sus respectivas liquidaciones de pago de pensiones, el mismo dinero que se les exige en la suspensión condicional del procedimiento.

En cuanto al derecho, afirman que los recurridos han incumplido el principio de juridicidad. En efecto, no evitaron o permitieron pagos dobles, afectando las pensiones de los recurrentes y permitiendo al Estado lucrar, y por otro lado, no respetaron un fallo judicial, firme y ejecutoriado sobre la materia. Agregan que con su actuar, la Dirección General de Carabineros, además, incumplió con su obligación de indicar la real motivación de un acto administrativo, que le impone la Ley N° 19.880, precisamente en su artículo 11 inciso segundo, al efectuar solicitudes omitiendo información, provocando el efecto de lucrar en perjuicio de terceros, sabiendo o no pudiendo menos que saber la sentencia judicial que regulaba la materia, pues las cuotas a pagar en la causa penal eran transferidas directamente a la cuenta de Carabineros de Chile.

Sostienen que, el actuar de los recurridos, consistente en disponer el descuento a los recurrentes de las mismas sumas que ya están pagando en la suspensión condicional del procedimiento fijada por Sentencia en Causa RIT 649-2019, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, constituye un acto arbitrario e ilegal, que carece de fundamento real, racional y proporcionado, conformando claramente infracciones a los artículos 11° y 41° de la Ley N° 19.880.

Refieren que dicho accionar ha vulnerado el derecho de los recurrentes consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, por cuanto les ha privado injustificadamente de la propiedad de aquellos montos que mes tras mes se descuentan de sus pensiones.

Agregan que, también se ha conculcado su derecho de igualdad ante la ley, por haberse otorgado un trato inequitativo y desigual a los recurrentes respecto de otras personas, a los cuales sí se les respetan los mandatos impuestos por una resolución judicial, en el contexto de una Suspensión Condicional del Procedimiento.

Por su parte, señalan que los recurridos, además, han vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, por cuanto su actuar le ha causado afectación a la salud psíquica, en un contexto de precariedad económica y de una crisis sanitaria que tanto afecta a las personas.

Finalizan, solicitando, se acoja el presente recurso, ordenando el cese de los descuentos fijados por la Contraloría, disponiendo el respecto de los montos que se deben descontar en virtud de la resolución pronunciada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y procediéndose a la devolución a los recurrentes, del excedente del dinero cobrado indebidamente.

SEGUNDO: Que la recurrida Contraloría General de la República, evacuó informe, señalando que, con fecha 20 de septiembre de 2018, se interpuso querella criminal en contra de los recurridos por la comisión del delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Fisco en concurso medial con el uso malicioso de instrumento privado falso. Lo anterior, toda vez que los recurrentes habrían presentado ante Carabineros de Chile, certificados supuestamente emanados de la Universidad Santo Tomás, que acreditaban sus supuestas calidades de contadores auditores, con el fin de gozar del beneficio de asignación de especialidad como profesional universitario.

Refiere que, posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2019, se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, donde el juez ordenó al señor nombre reservado, pagar la suma de $ 6.141.630, en 30 cuotas iguales y sucesivas de $204.721, y al señor nombre reservado, el monto de $ 3.709.856, en cuotas iguales y sucesivas de $123.662.

Indica que, paralelamente, Carabineros de Chile procedió a calcular las cantidades percibidas indebidamente por los recurrentes, remitiendo tales antecedentes a la Contraloría recurrida a fin de que ordenara el reintegro de lo adeudado a través del descuento que correspondiere en las respectivas pensiones de los recurrentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Resolución N° 35, de 2018, que establece el procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la Ley Nº 10.336 y deja sin efecto Resolución Nº 118, de 1962.

Señala que, sin tener conocimiento que el reseñado asunto se encontraba resuelto por el mencionado órgano jurisdiccional, se recibieron en el Órgano Contralor recurrido los antecedentes relativos a los montos adeudados por los mencionados exempleados, emitiéndose las Resoluciones Exentas Nos 2.230 y 2.231, ambas de 2020, en las que se ordenó a los señores nombre reservado y nombre reservado, reintegrar, respectivamente, las sumas de $12.283.258 y $7.419.715, las que serían deducidas de la pensión de retiro que reciben mensualmente. Afirma que, frente a esto, con fecha 13 de julio de 2020, los recurrentes, solicitaron la invalidación de las citadas Resoluciones Exentas, argumentando que la Contraloría recurrida debió abstenerse de emitirlas por existir una resolución judicial del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Afirma que, con fecha 16 de diciembre de 2021, a través de la Resolución Exenta N° 3.903, se resolvió no dar lugar a la solicitud de invalidación de las citadas Resoluciones, señalando que debe cumplirse íntegramente lo expresado en los mencionados actos administrativos.

Sostiene que, resulta improcedente lo requerido por los recurrentes, por cuanto el reintegro solicitado por la Contraloría tuvo por finalidad restituir las sumas fraudulentamente obtenidas, mientras que las cantidades a que fueron condenados en sede penal lo fueron a título de indemnización de perjuicios, de modo que no existe el pago duplicado alegado.

Por otro lado, refiere que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar un procedimiento como es aquél previsto para la aplicación de las facultades contempladas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la Ley N° 10.336, establecido en la precitada Resolución N° 35, de 2018, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para garantizar su adecuado ejercicio con fines públicos y de manera razonable, de forma que no se advierte en ello desviación alguna de poder que pudiere reprocharse a este respecto.

Expresa, además que, las referidas Resoluciones N°s 2230 y 2231, fueron dictadas en virtud del artículo 67 de la Ley N° 10.336, el cual concede al Contralor la facultad de ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos y servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente.

Refiere que la recurrida Contraloría General de la República, ha actuado conforme a derecho, por cuanto el artículo 18 de la Ley N° 18.575, las responsabilidades administrativa, civil y penal son independientes entre sí, resultando también autónomas respecto de la facultad que el artículo 67, inciso primero, de la Ley N° 10.336, confiere al Contralor General para ordenar que se descuenten de las remuneraciones, del desahucio y de las pensiones de jubilación, retiro y montepío, los beneficios pecuniarios percibidos indebidamente por los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla. Agrega que el artículo 238, letra e) del Código Procesal Penal, indica como una de las condiciones que el Juez puede ordenar cumplir al imputado durante la suspensión del procedimiento, el pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. En este orden de ideas, hace presente que el artículo 237 del mismo cuerpo legal, en su inciso final, señala que la suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.

Sostiene que, en el presente caso, las sumas de dinero enteradas por los recurrentes en virtud de lo dispuesto por la sentencia de Suspensión Condicional del Procedimiento, dictada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se otorgan a título de indemnización de perjuicios causados al Fisco, como consecuencia de la responsabilidad civil que le atañe a los afectados por la percepción fraudulenta de la asignación mencionada. En este sentido, resultan improcedentes las alegaciones expresadas por los recurrentes, en cuanto a que los descuentos ordenados por las resoluciones impugnadas importan, en conjunto, con los dispuestos en sede penal, un doble pago y un enriquecimiento sin causa en favor del Fisco, ya que los pagos que en cada caso se exigen obedecen a responsabilidades distintas, sin que las cantidades que en cada caso deban pagarse, puedan imputarse entre sí.

En cuanto a las vulneraciones alegadas por los recurrentes, indica que no se advierte cuál es la relación que existiría ente la emisión de las reseñadas Resoluciones Exentas y una eventual vulneración del derecho a la integridad psíquica, teniendo en consideración que de la lectura del libelo, aparece que los recurrentes sólo se limitan a indicar que se les provocó una afectación psíquica, sin acreditar fehacientemente de qué manera aquellos actos administrativos vulneraron sus integridades psíquicas.

Por su parte, afirma que, el derecho de igualdad ante la ley de los recurrentes tampoco ha sido infringido, puesto que, la recurrida Contraloría ha actuado conforme a las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico, toda vez que el ejercicio de la facultad que el Contralor General tiene de descontar las sumas indebidamente recibidas por el pago de una asignación en las condiciones antes expuestas es realizado en iguales términos respecto de todos los funcionarios públicos.

En relación con la vulneración del derecho de propiedad, no ha podido verse afectado por la actividad de la recurrida Contraloría, ya que los recurrentes nunca han podido ejercer dominio sobre un beneficio cuya determinación y otorgamiento no cumplió con los requisitos legales para gozar de aquél, sino que, por el contrario, tuvo como fundamento el uso malicioso de un título privado falso, al obtenerse luego de presentar certificados falsos, supuestamente emanados de la Universidad Santo Tomás ante esa entidad, por lo que tampoco tendrían derecho sobre su reembolso.

Finaliza solicitando se desestime en todas sus partes la presente acción constitucional.

TERCERO: Que la Dirección de Justicia de Carabineros, evacuó informe, señalando que se encuentra en actual tramitación en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, con el RIT 649-2019, causa penal iniciada por querella del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2019, por los delitos de “obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Fisco en concurso medial con el uso malicioso de instrumento privado”, en contra de los recurrentes, por cuanto aquellos presentaron ante la Institución certificados supuestamente emanados de la Universidad Santo Tomás, que acreditaban sus calidades de contadores auditores, con el fin de gozar del beneficio de asignación de especialidad como profesional universitario.

Refiere que, en dicha causa, se decretó la suspensión condicional del procedimiento y que, con fecha 3 de diciembre de 2021, se llevó a cabo audiencia de revocación de dicha suspensión condicional. En el acta de la audiencia, se señala que llegó un momento en que los pagos que debían efectuar los recurrentes se dejaron de realizar, y la defensa indicó que esto se debía a que a ambos imputados, les comenzaron a realizar, en sus liquidaciones de jubilación, descuentos por conceptos de reintegro. En este sentido, el Ministerio Público ofició en su momento a la Dirección Previsional de Carabineros de Chile, en adelante DIPRECA para saber cuál era la resolución que les facultaba para ese reintegro. Por este motivo, el Ministerio Público solicitó nueva fecha de audiencia, a la espera del informe de DIPRECA.

Indica que, la nueva audiencia, se llevó a cabo con fecha 11 de enero del presente año, y en la cual se ordenó el prorrateo en el caso de ambos imputados con los descuentos y pagos personales hasta completar los montos impuestos en la suspensión condicional y la devolución del exceso. En este sentido, afirma que la presente acción no puede prosperar por cuanto los hechos materias de este recurso están ya siendo conocidos por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Por otro lado, refiere que los recurrentes no cuentan con derechos indubitados, por lo cual no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la privación, perturbación o amenaza de un derecho, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto –supuesto fáctico que tampoco se verifica- por lo que concluye que la cautela de derechos fundamentales intentada no puede prosperar.

Alega, por otro lado, falta de legitimación pasiva, por cuanto el recurrido en la presente acción es el General Director de Carabineros, quien no ha tenido intervención en los hechos descritos en el recurso. Añade que en la estructura interna de Carabineros de Chile, cada Unidad, Repartición, Departamento y Órgano actúa de forma independiente, por lo que las autoridades en el ejercicio de sus potestades y cargos, son responsables de aquellos actos dictados en la referida función pública.

Sostiene que su actuar, a través de las Resoluciones dictadas por el Organismo Contralor, permiten demostrar que se dio cumplimiento a la normativa legal, instrucciones y el criterio jurisprudencial de dicho ente de control para la tramitación de reintegros por la existencia de pagos indebidos de beneficios pecuniarios, habiéndose demostrado la notificación de la existencia de aquellos, mediante cartas certificadas, siendo autorizada y dispuesta la tramitación de los descuentos en las pensiones de retiro de los recurrentes, no revistiendo por tanto el carácter de ilegal ni arbitrario que éstos pretenden demostrar, sin que se hayan afectado los derechos constitucionales que indican.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe, y rechazar el presente recurso, con costas.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes.

SEXTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por los recurrentes es que Contraloría General de la República dispuso por Resoluciones Exentas N°s 2230 y 2231 que los recurrentes debían devolver las sumas de dinero que percibieron, con motivo de haber obtenido y percibido una asignación profesional respaldándose en titulos, sin tener ese carácter, no obstante que ya se habia llegado a un Acuerdo ante el Séptimo Juzgado de Garantia de Santaigo, mediante la Suspensión Condicional del Procedimiento.

SEPTIMO: Que, no existe discusión por las partes o se establece con los antecedentes allegados a la presente acción, que:

a) Los recurrentes percibieron diversas sumas de dinero correspondientes a una asignación profesional, por el período comprendido entre el 14 de abril del año 2014 y 31 de mayo del año 2018, sin cumplir los requisitos para ello.

b) El Consejo de Defensa de Estado, dedujo una querella en su contra, por los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Fisco en concurso medial con el uso malicioso de instrumennto privado falso, previstos y sancionados en los artículos 470 N°8 y 198, ambos del Código Penal.

c) El Ministerio Público, formalizó la investigación por el delito de ”Fraude de Subvenciones, de acuerdo con el articulo 470 N°8 del Código Penal.”

d) Con fecha 25 de octubre del año 2019, se verificó una Audiencia de Suspensión Condicional del Procedimiento, por la cual los querellados, se obligaron a pagar diversas sumas de dinero a la víctima Carabineros de Chile (nombre reservado $6.141.630 y nombre reservado $3.709.856 en ambos casos en 30 cuotas), fijar domicilio e informar cualquier cambio a la Fiscalía o al Tribunal; realizar 50 horas de trabajos comunitarios y Autorizar la destrucción de los titulos falsos.

e) Que la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, puso en concocimiento de la Contraloría General de la República, la existencia de una deuda por parte de los ex funcionarios y actuales pensionados nombre reservado nombre reservado, por un monto de $12.283.258; y de parte de nombre reservado por un monto de $7.419.715; por haber percibido en forma indebida una asignacion de especialidad al grado efectivo.

f) La Contraloria General de la República, dictó las Resoluciones Exentas N°2230 y 2231, de 1 de junio del año 2020, por las que se le otorgan facilidades para el pago de las sumas percibidas en forma indebida, mediante cuotas que se detallan, efectuándose el descuento de la pensión; devengándose un interés anual del 12% en favor del Fisco.

g) Los recurrentes solicitaron a la Contraloria General de la República la invalidación de las resoluciones particularizadas en la letra precedente, invocando que, con ello, se producía un doble pago con lo dictaminado en sede penal, dictándose la Resolución Exenta N°3.903, por la que se rechazó tal petición.

h) Con fecha 11 de enero del año en curso, ante el Séptimo Juzgado de Garantia de Santiago, se llevó a efecto una audiencia para determinar los pagos efectuados, disponiéndose oficiar a DIPRECA para que informe el total de los descuentos realizados a los querellados.

OCTAVO: Que para dilucidar la controversia planteada, a través de la acción constitucional, es menester traer a colación las siguientes normas legales:

I.- Ley N° 18.575:

“Artículo 2°.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

II.- Ley N° 10.3366:

“ARTÍCULO 67. El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas. Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas. Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento. Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error. Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran”.

“ARTÍCULO 67 bis. Las obligaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad civil de que trata este Título, se reajustarán conforme a la variación que experimente la unidad tributaria mensual, pudiendo el Contralor General, por razones de equidad, en casos calificados, disminuir el monto que así resultare.”

III.- Código Procesal Penal:

“Artículo 237.- Suspensión condicional del procedimiento. El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento.

El juez podrá requerir del ministerio público los antecedentes que estimare necesarios para resolver.

La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse:

a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad;

b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal.

Tratándose de imputados por delitos de homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción de menores, aborto, los contemplados en los artículos 361 a 366 bis y 367 del Código Penal y conducción en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones graves o gravísimas, el fiscal deberá someter su decisión de solicitar la suspensión condicional del procedimiento al Fiscal Regional.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado, por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el ministerio público y por el querellante.

La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”

“Artículo 238.- Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el período de suspensión, el imputado esté sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones:

a) Residir o no residir en un lugar determinado;

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;

c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;

d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;

e) Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;

f) Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas;

g) Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo; y, h) Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público.

Durante el período de suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a ella, el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.”

“Artículo 240.- Efectos de la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Sin embargo, si la víctima recibiere pagos en virtud de lo previsto en el artículo 238, letra e), ellos se imputarán a la indemnización de perjuicios que le pudiere corresponder.

Transcurrido el plazo que el tribunal hubiere fijado de conformidad al artículo 237, inciso quinto, sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal, debiendo el tribunal dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento definitivo.”

NOVENO: Que de las normas antes relacionadas, es posible concluir que la actuación que se imputa a las recurridas, no es ilegal, toda vez que, siendo un hecho acreditado que, los recurrentes percibieron por un determinado período, sumas que no les correspondían ya que se basaban en documentos ideológicamente falsos, siendo pagadas estas asignaciones con fondos públicos, era menester que, por una parte, Carabineros de Chile, pusiera en conocimiento de ello a la Contraloría; y, ésta por su parte, dispusiera de lo pertinente para el reintegro de tales sumas de dinero. De no hacerlo correspondía a un enriquecimiento ilícito de parte de los recurrentes.

DECIMO: Que lo actuado tampoco es arbitrario por cuanto tiene como fundamento, precisamente, que se trata de reintegrar fondos públicos que deben devolverse al erario nacional; y, que ambas recurridas, estaban facultadas para realizar las gestiones necesarias para el pago de ellas, lo que aparece refrendado en las Resoluciones dictadas por el Ente Contralor.

UNDECIMO: Que, se ha fundado, por parte de los recurrentes que se estaría haciendo un doble pago, por lo actuado en sede penal; sin embargo, tales alegaciones serán desechadas, por cuanto se trata de distintas vías, una la penal y la otra administrativa o civil, cuya acciones ejercidas son de diversa naturaleza; a saber, la primera, indemnizatoria y la segunda, restitutoria.

DUODECIMO: Que, por si lo anterior no fuere suficiente, cabe indicar además que, no existe de parte de los recurrentes, un derecho indubitado que deba ser amparado por esta vía, lo que lleva a que, resulta innecesario, emitir pronunciamiento o hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas, ya que frente a dineros obtenidos en forma ilícitas o sin respaldo legal, no puede invocarse ni puede configurarse la mentada vulneración del derecho de propiedad; la igualdad ante la ley o integridad psíquica o física; pues precisamente, las sumas percibidas por los recurrentes, debían tener un origen legítimo, lo que no ocurre en el caso en estudio.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y de don nombre reservado.

Redacción de la ministra señora Marisol Rojas Moya Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Ingreso Corte N° 40.840-2021 Protección Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las ministras señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo. No firma la ministra señora Merino, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo