nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

CERTIFICO: Que, se anunció para alegar, escucha relación y alega por el recurso el abogado don Ricardo Schomburgk Ugarte. Santiago, 18 de julio de 2022.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintidós.

Proveyendo al escrito folio 22, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Ricardo Schomburgk Ugarte abogado, en favor de nombre reservado, quien deduce acción de protección constitucional en contra del Servicio de Impuestos Internos, por haber incurrido el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar el otorgamiento del denominado préstamo solidario para la protección de la clase media, previsto en la Ley N° 21.323, vulnerando con ello la garantías fundamentales previstas en los numerales 2 y 22 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Refiere que el recurrente, durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020, accedió al beneficio fiscal previsto en el artículo 5 de la Ley N° 21.252, por cuanto experimentó una disminución superior al 30% de sus ingresos mensuales, debido a la suspensión del contrato de trabajo que mantenía con su empleador. Precisa que, debido a la suspensión, dejó de percibir sus remuneraciones desde el 1 de abril de 2020, hasta el 30 de abril de 2021, oportunidad en que fue despedido de la empresa que, mientras duró la suspensión, continuó declarando y pagando sus cotizaciones previsionales, de salud y cesantía.

Señala que, pese a cumplir todos los requisitos para acceder al préstamo solidario para la protección de la clase media, previsto en la Ley N° 21.323, la recurrida, el 18 de mayo de 2021, rechazó su otorgamiento, pues sus ingresos, según indicaban sus cotizaciones previsionales, sólo habían variado un 3%. Lo anterior, en circunstancias que en la propia declaración de renta del año 2021 aparece que no percibió ingresos por el periodo indicado, sino solo las referidas cotizaciones.

Sostiene que, en atención a lo antes expuesto, efectuó un reclamo, que fue rechazado el 15 de octubre de 2021, reiterándose los fundamentos entregados, en una decisión que considera, además de ilegal y arbitraria, como carente de racionalidad y antojadiza.

Pide que se acoja el recurso, declarándose que el recurrente tiene derecho al referido préstamo solidario del Estado correspondiente al año 2021, por la cantidad solicitada, con costas.

Segundo: Que, en su oportunidad, evacuó informe por la recurrida, la abogada María Marcela Muñoz Foglia, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto la presente no es la vía idónea para conocer del asunto, enmarcándose el actuar de la recurrida dentro de la normativa legal vigente, no existiendo la omisión arbitraria e ilegal que se le imputa, además de no existir conculcación de las garantías fundamentales que se denuncian como infringidas.

Afirma que es efectivo que el recurrente solicitó el “Préstamo Solidario del Estado 2021”, regulado en la Ley N° 21.323, el que no fue concedido pues no cumplía con el requisito establecido en la letra b) del número 2 del artículo 3° del referido cuerpo normativo, esto es, que el contribuyente hubiese experimentado una disminución de al menos el 10% de su Ingreso Promedio al Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio al Segundo Semestre 2019.

Indica que el recurrente reclamó de dicha decisión, conforme a lo previsto en el artículo 18, de la Ley N° 21.323, señalando que la información que obraba en poder del Servicio sería incorrecta pues, desde el mes de abril y el resto del año 2020, no habría percibido sueldo, toda vez que, en el mes de marzo de dicho año había firmado un Anexo al Contrato de Trabajo con su empleador, mediante el cual éste se comprometió a mantenerlo en la planta sin goce de sueldo, obligándose a continuar con el pago de sus cotizaciones previsionales; contrato que se habría renovado en cuatro oportunidades, agregando que en el año 2020 obtuvo el préstamo solidario pues sus ingresos se habían reducido en un 57%, situación que se mantenía al tiempo de interponer el reclamo.

Sostiene el artículo 2° de la Ley N° 21.323 establece la forma de calcular el Ingreso Promedio Segundo Semestre de los años 2019 y 2020, ordenando el legislador que se determinara la remuneración imponible tomando como base, precisamente, las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, manifiesta que, como el certificado de cotizaciones previsionales del recurrente no reflejaba una disminución de al menos un 10% de su ingreso promedio del segundo semestre del año 2020, éste no cumplía con los requisitos ya referidos, por lo que se rechazó su reclamo Argumenta que el recurrente carece de un derecho indubitado, de modo que la acción de protección no es la vía idónea para conocer el asunto, pues debe ser resuelto en un procedimiento de naturaleza declarativa; y que el Servicio actuó de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley N° 23.323, en el sentido de determinar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio, de modo que no existe acto ilegal o arbitrario que pueda reprochársele.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que consta de los antecedentes acompañados por las partes en sus respectivas presentaciones, que el recurrente solicitó, en el mes de mayo de 2021, el denominado préstamo solidario para la protección de la clase media, previsto en la Ley N° 21.323, petición que fue rechazada por la recurrida, considerando que no cumplía con los requisitos para su otorgamiento, pues sus ingresos se calcularon tomando como base sus cotizaciones previsionales de los segundos semestres de los años 2019 y 2020, esto es, del modo que establece dicho cuerpo normativo en su artículo 2°.

Quinto: Que, el artículo 3° de la Ley N° 21.323 exige, para el otorgamiento del Préstamo Solidario, que el contribuyente experimente “una disminución de, al menos, el 10% de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020, determinada según la variación porcentual respecto de su Ingreso Promedio Segundo Semestre 2019”.

A su turno, el artículo 2° define que ambos ingresos promedio deben calcularse mediante “la suma de las rentas que se indican a continuación, percibidas o devengadas, según corresponda, durante los meses de julio a diciembre del año calendario 2020, dividido por seis: a) Remuneración imponible determinada en base a las cotizaciones previsionales para pensiones […]”.

Sexto: Que en el Mensaje de la Ley N°21.323, se estableció que su objeto correspondía al de “proteger la salud de las personas, proteger el empleo, resguardar los ingresos de las familias y permitir la sustentabilidad de los emprendimientos”, vinculándose directamente el Préstamo Solidario para la clase media, a la diminución de los ingresos percibidos, provocada por “la peor contingencia sanitaria que nos ha azotado en los últimos 100 años”.

Séptimo: Que no resulta controvertido que el recurrente se mantuvo sin percibir ingresos entre los meses de abril de 2020 y abril de 2021, pagando su empleador sólo sus cotizaciones previsionales por haber suscrito con el trabajador sucesivos anexos en orden a mantener la relación laboral, sin perjuicio de advertirse de los antecedentes acompañados al recurso la efectividad de lo señalado por el recurrente, especialmente en relación a los anexos del contrato de trabajo y el certificado de Declaración a la Renta del contribuyente, correspondiente al año tributario 2021.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiendo percibido ingresos el recurrente durante el segundo semestre del año 2020, aparece que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la Ley 21.323, por haber disminuido sus ingresos en un 100%, respecto al segundo semestre del año 2020, de modo que la decisión de la recurrida resulta arbitraria, por no considerar los antecedentes entregados por el contribuyente en orden a justificar que, si bien su empleador continuó pagando sus cotizaciones previsionales, no percibió ingreso alguno durante dicho periodo, máxime si la recurrida contaba con dichos antecedentes en relación a su declaración a la renta del año tributario 2021.

Noveno: Que, en consecuencia, considerando que la decisión del Servicio de Impuestos Internos resulta arbitraria y, por ello, conculca la garantía fundamental establecida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se acogerá el presente arbitrio, del modo que se señalará en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, la acción de protección constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, solo en cuanto la recurrida deberá emitir un nuevo pronunciamiento, considerando que el recurrente cumple con el requisito previsto en la letra b) del N°2 del artículo 3 de la Ley 21.323.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-40725-2021.