nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós.

Al escrito folio 31: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Sergio Chamorro Avilés, abogado, en representación de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, representada por su Presidente don nombre reservado, organización que integra dieciocho comunidades Lickanantay de Atacama La Grande, quien interpone acción de protección en contra de don nombre reservado en su calidad de Ministro de Minería y de don nombre reservado, Presidente de la República, por omitir el deber el Estado y el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa respecto del proceso de licitación para la exploración y explotación de los salares, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre del año 2021 al “Establecer requisitos y condiciones del contrato de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimiento de litio que el Estado de Chile suscribirá, conforme a las bases de licitación pública nacional e internacional que se aprobarán para estos efectos”, cuyo actuar es ilegal y arbitrario debido que dispone de la exploración, explotación y beneficios del territorio indígena atacameño, tierra indígena y espacios territoriales, lo que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, 8° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política.

Fundando el recurso, expone que la convocatoria de licitación impugnada importa una disposición arbitraria del territorio indígena en beneficio de terceros privados ajenos al territorio, respecto de todos los salares que se emplazan en el territorio atacameño dentro de las áreas de desarrollo indígena “Atacama La Grande” y “Alto Loa”. Añade que el Ministerio de Minería se arrogó la potestad de transferir los salares a terceros, mediante contratos especiales entre el Estado y privados por un total de cuatrocientas mil toneladas de litio metálico que será extraído desde el territorio atacameño, por un lapso de 29 años.

Argumenta que el acto administrativo del Ministerio de Minería por mandato del Presidente de la República, vulnera el ordenamiento jurídico, por cuanto todas las consecuencias administrativas señaladas se ejecutarán sin el deber de consulta previa por el Estado de Chile, de acuerdo al estándar internacional de derechos humanos e incumpliendo la normativa vigente. Agrega que la actividad de explotación de los salares ha generado serios impactos en el territorio, alterando significativamente la vida del pueblo atacameño en su relación con la naturaleza, haciendo presente que las concesiones se emplazan mayoritariamente en tierras indígenas que forman parte del patrimonio ancestral de todo el pueblo Lickanantay, que ha sido reconocido a través de los derechos otorgados por la Ley Indígena N°19.253.

Destaca que la extracción del litio consume cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y la vida de los pueblos originarios que la habitan.

Agrega que de acuerdo al artículo 12 de la Ley N°19.253, se reconoce el derecho de los y las indígenas sobre dichas tierras, y que el Estado a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, reconoce las posesiones territoriales conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del citado cuerpo legal.

Refiere que la Ley Indígena es particularmente clara respecto de la propiedad de la tierra indígena donde se emplazan los salares objeto de la licitación, según lo establecido en su Título VIII Disposiciones Particulares, Párrafo 2º Disposiciones Particulares Complementarios para los Aimaras, Atacameños y demás comunidades indígenas del Norte del País, citando las obligaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena previstas en su artículo 63.

Afirma que el proceso de licitación recae en todos los salares ubicados dentro de las tierras indígenas atacameñas, concurriendo tres tipos de propiedad comunitaria según lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N°19.523, lo que en conjunto con los tratados internacionales ratificados por el Estado y vigentes, reconocen la titularidad sobre las tierras indígenas que ancestralmente ocupan, con el fin de aplicar correctamente el Convenio 169 de la OIT, normativa que ha sido vulnerada en el proceso de licitación.

Indica que el Estado de Chile a través de diversos actos, ha reconocido legalmente la tenencia, ocupación y uso ancestral y actual del territorio donde se emplazan los salares objetos de exploración y explotación, incurriendo en una conducta ilegal y arbitraria al no proceder a consultar a sus titulares, tiendo presente que el primer Área de Desarrollo Indígena es la del pueblo Lickanantay, quedando establecido en el decreto que la creó, por el otrora Ministerio de Planificación y Cooperación.

Sostiene que en el “Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”, del año 2003, queda de manifiesto en sus páginas 187 a 192 y 538 a 546 cuál es la situación de las tierras atacameñas y cuáles eran, encontrándose dentro de los temas más relevantes en relación al territorio y su protección, la pronta titulación de sus tierras y a la no entrega de concesiones a terceros de parte de su territorio; cuestión que los recurridos no han respetado.

Explica que el acto es arbitrario e ilegal al incumplir con el deber de consulta previa a partir de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, a su vez, el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, vulnerando el proceder apropiado, de carácter previo, de buena fe y con información completa, establecido en el mismo instrumento.

Precisa que la cuenca del Salar de Atacama se desarrolla al centro oriente de la II Región de Antofagasta y es la tercera en tamaño, después de la cuenca del Loa y de la pampa del Tamarugal, siendo clasificada como una cuenca cerrada o cuenca endorreica, en cuanto a su dinámica de recarga y descarga. Por definición, las cuencas endorreicas y los salares inmersos en ellas, son sistemas complejos, abiertos y dinámicos, en el que el agua es un factor determinante en la mayoría de sus componentes físicos; de orden hidrológico, hidrogeológico, geomorfológico, edáfico y vegetacional, controlado a escala regional por el clima árido. Desde este punto de vista, su análisis conjunto se vuelve fundamental para la comprensión de los recursos hídricos y la interacción entre estos distintos componentes, con el fin de garantizar un desarrollo sustentable y ordenamiento entorno a estos sistemas, en un contexto de explotación minera.

Asevera que la minería del litio actúa sobre sistemas hidrogeológicos dinámicos, con extracciones de salmueras compuestas en un 35% por sales y un 65% por agua. Que, además, el bombeo para su obtención induce un cono de descenso radial junto al movimiento de la salmuera en torno a los pozos de bombeo, incorporando los elementos disueltos ubicados inicialmente fuera del área, induciendo un cambio en las concentraciones de metales en el sistema subterráneo, y generando la interrogante de si realmente se extrae el litio autorizado y definido por la concesión, incumpliendo la legislación del Código Minero.

Señala que, a la fecha, en el Salar de Atacama se desarrollan dos operaciones de minería de litio. Por una parte, SQM con concesión hasta el año 2030, la que se verificó sin consulta al igual que el proceso de licitación objeto del recurso; por otra parte se encuentra Albemarle, que extrae 442 l/s de salmuera que hasta el año 2043 tenía autorizada una cuota fija de extracción de 200 mil toneladas de LME, pero en el año 2017 firmó un nuevo acuerdo con CORFO, autorizando una triplicación de la producción, pasando a producir de 26 mil a 82 mil toneladas al año de sales de litio de grado técnico y grado batería.

Añade lo relativo a la minería metálica de cobre que opera en el Acuífero de Monturaqui- Negrillar-Tilopozo, al sur del salar, en que se extrae un gran volumen de agua dulce por parte de la Compañía Minera Zaldívar y Minera Escondida Ltda, cuestión que ha llevado a la declaración de prohibición de extracción de aguas en este acuífero de importancia ancestral y ecosistémico, dado que los otorgamientos de aprovechamiento de aguas superan seis veces su capacidad de recarga.

Precisa que desde el año 1970 las operaciones mineras de litio han aumentado su producción notablemente, de 4.500 ton/año a 14.100 ton/año; particularmente en el Salar de Atacama se han expandido a una razón del 7,07% por año, siendo uno de los principales agentes de la degradación ambiental en el salar y su cuenca, que se ve reflejado en la disminución de la cobertura vegetal y la humedad del suelo, y en el aumento de la temperatura superficial durante el día, aumentando a su vez las condiciones de sequía en zonas como las áreas de reserva nacional. En este sentido, refiere que el procedimiento de licitación de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio no considera aspectos relevantes sobre el actual contexto del cambio climático global, cuyas amenazas y efectos describe latamente.

En cuanto a las garantías constitucionales que se estiman afectadas, sostiene que existe una amenaza y vulneración del derecho a la vida, puesto que el actual modelo de explotación del litio requiere de grandes cantidades de agua en un territorio desértico, lo que pone en grave peligro la vida de quienes habitan ancestralmente y de sus futuras generaciones, añadiendo que el agua es un elemento sagrado y vital para el desarrollo y progreso del pueblo Lickanantay.

Asimismo, se vulnera y amenaza el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, al patrimonio ambiental y cultural del pueblo Lickanantay, ya que la actividad de explotación de los salares ha provocado serias alteraciones a la flora y fauna presente en los territorios donde arbitrariamente los recurridos desean explotar.

Previas citas legales, solicita que se acoja el recurso, declarando ilegal y arbitrario el Decreto publicado el 13 de octubre del 2021 que Establece requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimiento de litio que el Estado de Chile suscribirá, conforme a las bases de licitación pública nacional e internacional que se aprobarán para estos efectos, dejando sin efecto el acto hasta que cuente con las autorizaciones que correspondan y que haya sido debidamente consultado y tramitado de conformidad al estándar internacional de derechos humanos, respecto a los habitantes, comunidades y asociaciones Lickanantay vulneradas y amenazadas en sus legítimos derechos humanos del derecho a la vida, igualdad ante la ley, a vivir en un ambiente libre de contaminación, y a la propiedad en sus diversas especies, conforme a los argumentos y fundamentos señalados.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Subsecretario de Minería, evacuando el informe solicitado, solicitando el rechazo del recurso.

Luego de referir el marco normativo y constitucional en materia minera, sostiene que el Decreto Supremo N°23 de 27 de julio de 2021, que establece los requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, no es un acto ilegal y arbitrario, sino que fija los requisitos y condiciones para que futuros contratistas, bajo el ordenamiento jurídico vigente puedan explorar, explotar y beneficiarse de una cantidad limitada de litio, sin ser asociadas tales actividades a un lugar geográfico predestinado; y fruto de un proceso abierto de selección de contratistas, se suscribirán los acuerdos denominados CEOL, los que además, como un requisito de validez, deberán ser sometidos al control previo de la Contraloría General de la República.

Refiriendo el estatuto jurídico minero en Chile, en particular el inciso sexto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la ley N° 18097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, el Código de Minería y, en cuanto al litio, el Decreto Ley N° 2.889 de 1979, que estableció la reserva del Estado de la sustancia mineral citada, sostiene que la regla general en el ordenamiento jurídico es que todas las sustancias minerales son concesibles y, por ende, se les aplica el régimen concesional de carácter administrativo, otorgado en sede judicial.

Sostiene que existen sustancias minerales de valor estratégico, las que si bien son concesibles, existe en favor del Estado un derecho de primera opción de compra, también existen sustancias que no son objeto de concesión minera o denominadas inconcesibles, citando los artículos 3° de la Ley N°18.097 y 7 del Código de minería y que, en cuanto al litio, el Decreto Ley N°2.889 de 1979, dispone en su artículo 3° que excluye a dicha sustancia del listado de la riqueza minera concesible, quedando reservado al Estado, ello en relación a las normas citadas.

En cuanto al aprovechamiento del litio, sostiene que todas las sustancias minerales inconcesibles, entre ellas el litio, sólo pueden ser objeto de exploración, explotación o beneficio, mediante alguno de los mecanismos que señala el inciso 10 del artículo 19 N° de la Carta Fundamental, como se hizo en el caso de autos, dos de ellas pueden ser ejercidas por el Estado y, tratándose de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, pueden ser otorgadas o suscritas con particulares, casos en los cuales debe dictarse un Decreto Supremo, por parte del Presidente de la República que, de manera previa, fije los requisitos y condiciones para explorar, explotar y beneficiarse de las sustancias inconcesibles.

Respecto del Decreto Supremo N°23 de 2021 del Ministerio de Minería, señala que conforme al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 302 de 1960 del mismo Ministerio, en relación al el literal i) del artículo 5° del mismo decreto, corresponde al Ministro de Minería suscribir en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije por Decreto Supremo, los contratos especiales de operación a que se refiere el inciso 10° del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que tengan por objeto sustancias minerales metálicas y no metálicas no susceptibles de concesión, con exclusión de los hidrocarburos y los materiales atómicos naturales.

Conforme a lo expuesto, indica que el Ministerio de Minería, tomando en consideración el rol que le compete, los importantes recursos y reservas de litio que posee el país, la actual demanda internacional de litio, los nuevos desarrollos tecnológicos en el uso de dicha sustancia y otros antecedentes, tomó la decisión de llevar a cabo un proceso de licitación nacional e internacional, que traerá como consecuencia que futuros oferentes puedan adjudicarse la suscripción de un contrato especial de operación de litio, decisión que se enmarca en la política y decisión de incrementar el desarrollo industrial del litio en Chile con el objeto de reforzar la participación estratégica en los mercados internacionales.

Concluye que el Decreto Supremo N° 23, tiene su origen en el texto expreso del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y que la total tramitación del Decreto Supremo no implica la suscripción de contratos, sino que debe ser objeto de un proceso licitatorio de cuotas de extracción de litio. Da cuenta que una vez que se encontró totalmente tramitado el Decreto Supremo N°23, se autorizó el llamado y se aprobaron las bases de la licitación pública, nacional e internacional para suscribir los respectivos contratos, las que fueron sometidas a un control previo de legalidad y toma de razón por la Contraloría General de la República.

Indica que los contratos especiales de operación de litio, se podrán suscribir en los términos del artículo 2° del Decreto Supremo N°23, el cual establece su objeto, precisando que podrá ser en cualquier área del territorio nacional, es decir, no especifica el lugar en que se realizará la exploración, explotación y beneficio del litio ni establece áreas geográficas determinadas, por lo que los eventuales adjudicatarios deberán asumir los riesgos y someter sus proyectos de inversión a las instancias reguladoras respectivas, debiendo previamente contar con informe favorable conforme lo dispone el artículo 15 del Decreto Supremo N°23, y que posteriormente deben ser objeto de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República.

Respecto de la consulta indígena, sostiene que en cuanto al marco normativo que la regula, el artículo 6 N°1 letra a) del Decreto Supremo N°236 de 2008, que promulga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la exigencia de consulta indígena, hace alusión a la producción por parte de los gobiernos de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo cual es recogido en el artículo 7° del Decreto Supremo N°66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el reglamento sobre procedimiento de consulta indígena, destacando que el Decreto Supremo N°23 no sería susceptible de afectar los derechos de la recurrente, ya que dicho acto administrativo lo que dispuso es fijar los requisitos y condiciones que futuros interesados deben cumplir para explorar, explotar y beneficiarse con las cuotas de litio, sin señalar que dicha sustancia será la que se encuentre en un territorio determinado.

Por otra parte, señala que un proyecto de desarrollo minero debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, a su vez, cuando su ejecución implique reasentamientos humanos, se encuentre localizado en o próximo a poblaciones, recursos o áreas protegidas o susceptibles de alterar el patrimonio cultural, conforme lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 10 del Decreto Supremo N°40, deberá llevarse a cabo por el Servicio de Evaluación Ambiental un proceso de consulta indígena.

Reitera que con la total tramitación del Decreto Supremo N°23 de 2021, no se ha otorgado una autorización para desarrollar un proyecto minero en ninguna zona o área geográfica especifica del territorio nacional, que debiera implicar haber efectuado de manera previa, un procedimiento de consulta indígena.

Afirma que de lo expuesto, se advierte que no es posible que el Decreto Supremo N°23 de 2021, ni la ausencia del procedimiento de consulta indígena del mismo, haya vulnerado las garantías constitucionales citadas, por no existir un acto ilegal y arbitrario.

TERCERO: Que comparece don nombre reservado, Ministro Secretario General de la Presidencia, por orden del Presidente de la República don Sebastián Piñera Echeñique, evacuando el informe solicitado.

Previamente y considerando lo solicitado por la acción de protección, esto es, que se deje sin efecto el Decreto Supremo N°23, destaca que éste no autoriza ningún proyecto minero en concreto que pueda provocar una afectación a un derecho, el que tiene su origen en la potestad que la propia Constitución otorga al Presidente de la República de manera exclusiva y excluyente de los demás órganos del Estado, por lo que no corresponde que se impugne por vía judicial de protección un acto administrativo dictado en pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para su validez, por lo que no se configuraría uno de los presupuestos de procedencia de la acción cautelar, ya que la medida solicitada excede el ámbito respecto del cual esta Corte se puede pronunciar.

Agrega que la acción de protección es inidónea para procurar la revisión por parte del Poder Judicial de potestades que la Constitución ha conferido al Presidente de la República, más aun cuando el Decreto Supremo N°23 se basa en una norma constitucional, y que las apreciaciones de mérito respecto del DS N° 23 que realizan los recurrentes escapan de la esfera de competencias de esta Corte.

Alega que la acción de protección no es una acción de carácter popular, al indicarse por los recurrentes que han “venido presentando acciones en diversos casos de defensa del territorio indígena atacameño”, y que debido a la trashumancia propia del pueblo Lickanantay “se acompaña una nómina de personas naturales integrantes de comunidades y organizaciones que adhieren al presente Recurso”, sumado a lo pedido la indeterminación de la región, localidad o Salar respecto del cual se suscribirá el contrato de concesión, el cual puede recaer en cualquier lugar del territorio nacional, olvidando los actores que este recurso tiene por finalidad proteger intereses concretos de una persona o grupo de personas perfectamente identificados, que hayan sido objeto de conculcaciones a ciertos derechos consagrados en la Constitución, no autorizándose su interposición en beneficio de personas o entes indeterminados, como acontece en la especie.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que el recurso es improcedente, al no verificarse los presupuestos del numeral 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por no existir una acción u omisión ilegal o arbitraria con la dictación del Decreto Supremo N°23, el cual fue pronunciado en uso de las facultades que la propia Constitución le confiere a la autoridad y demás normas aplicables y dentro del marzo de sus competencias, por lo que no se advierte ilegalidad en su dictación, encontrándose debidamente fundado y razonado. Asimismo, no ha existido omisión ilegal o arbitraria respecto de la consulta indígena, ya que debe estar relacionada directamente a la existencia de una norma expresa que ordene una determinada conducta por parte del Estado y que genere derechos en favor de un tercero, debiendo estarse a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°236 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, al no existir el presupuesto previo para su ejecución.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales alegadas en el recurso, hace presente que el mismo actor reconoce que no existe realmente una afectación actual a las garantías invocadas, al referirse a las consecuencias futuras de la omisión de la consulta a los pueblos indígenas con la dictación del Decreto Supremo N°23 de 2021 el que, por lo demás, no autoriza no autoriza proyectos mineros de exploración o explotación de litio en una zona geográfica determinada, sino que fija los requisitos y condiciones para la suscripción de los contratos de exploración, explotación y beneficio del litio, por lo que no existe la vulneración denunciada a las garantías protegidas en la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, evacuó informe Contraloría General de la República, señalando que de acuerdo con lo informado por su División Jurídica respecto a la materia consultada en la especie, se interpuso un recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa Rol N° 11.174-2021, acción que fue rechazada por ese tribunal por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, deduciéndose en su contra recurso de apelación para ante la Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 99-2022, quien por sentencia de uno de junio del año en curso, revocó el fallo apelado y acogió el recurso de protección, dejando sin efecto el Decreto Supremo N° 23, de 27 de julio de 2021, del Ministerio de Minería, impugnado en la acción cautelar de la especie.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que mediante el señalado Decreto Supremo N° 23, ingresado a trámite de toma de razón el 27 de julio de 2021, se establecían requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio que el Estado de Chile suscribiría, conforme a las bases de licitación pública nacional e internacional que se aprobarían para estos efectos. Dicho acto administrativo fue retirado sin tramitar el 28 de agosto de la referida anualidad para efectuar correcciones a su texto, siendo reingresado a trámite de toma de razón el 8 de septiembre de 2021, y cursado el día 29 de ese mes y año.

Por su parte, y de conformidad con lo indicado por el aludido Decreto Supremo N° 23, de 2021, a través de la resolución N° 1, de 2021, del Ministerio de Minería, ingresada a Contraloría General de la República para control previo de juridicidad con fecha 28 de julio de 2021, se autorizó el llamado y se aprobaron las bases de licitación pública nacional e internacional para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. Dicha resolución fue retirada de trámite el 20 de agosto de 2021, para hacer correcciones a su texto, siendo reingresada a trámite el 22 de septiembre, retirada nuevamente el 23 y devuelta finalmente el mismo 23, todos de septiembre de 2021, siendo tomada razón con fecha 8 de octubre del referido año.

En relación al proceso de adjudicación de los contratos de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio -materia exenta del trámite de toma de razón-, hace presente que se interpuso un recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa Rol N° 142-2022, acción que fue rechazada por ese tribunal por sentencia de dos de marzo del año en curso. La indicada resolución fue objeto de un recurso de apelación ingresado a la Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 8.507-2022, la que, por sentencia de uno de junio de dos mil veintidós, revocó el fallo apelado y acogió el aludido recurso de protección, indicando en su considerando vigésimo “Que, sin perjuicio de lo razonado, por sentencia dictada por esta Corte con esta fecha, en autos Rol N° 99-2022, se ha dejado sin efecto el Decreto N°23 de fecha 27 de julio de 2021…” “… razón por la que el acto aquí denunciado ha perdido su fundamento y causa, motivo por el cual no corresponde sino, igualmente, acoger la presente acción”.

Por consiguiente, asevera que la intervención de Contraloría respecto a los mencionados actos administrativos, consistió en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 1° y 10 de la ley N° 10.336, sobre la Organización y Atribuciones de la Contraloría General. En consecuencia, sostiene que su actuación fue efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar de manera preventiva por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEXTO: Que, atendido el mérito de lo razonado por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia dictada el uno de junio del año en curso en la causa Rol 99-2022, en que el máximo tribunal dejó sin efecto las “Bases de Licitación Pública, Nacional e Internacional, para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio” contenidas en el Decreto N°23 de fecha 27 de julio de 2021 del Ministerio de Minería, que corresponde al acto impugnado mediante la presente acción constitucional, aparece que ésta ha perdido oportunidad, teniendo en consideración que la petición concreta sometida al conocimiento de esta Corte era precisamente que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo, por lo que no cabe más que rechazar el recurso, al no existir medida alguna tendiente a restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños en contra del Ministro de Minería y del Presidente de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad, si no se apelare.

N°Protección-40710-2021.

En Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.