nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, enfermera, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, con motivo de la resolución N°288 de 29 de febrero de 2024, que acogió la vista fiscal del proceso disciplinario instruido mediante la Resolución Exenta N° 1.595 de 2023.

Expone que dirige su acción contra la Resolución de sumario administrativo 1595/2023, de 12 de octubre de 2023, en contra de doña nombre reservado, directora de CESFAM José Bauza Frau, por denuncias hechas en su contra, acaecidos a dos funcionarios del CESFAM mencionado, constitutivos de maltrato laboral y acoso en contra de los psicólogos don nombre reservado y doña nombre reservado, lo que se ve reflejado en sendas cartas que se acompañan con esta resolución.

Indica que se designa como fiscal a don nombre reservado, kinesiólogo, quien se desempeña como director de CESFAM Batuco, perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, quien contaba con veinte días hábiles para ello.

Precisa que dicho proceso sancionatorio se puso fin mediante resolución Nº288/2024, la cual acoge la vista o informe del fiscal que señala que toma conocimiento del contenido de la vista fiscal del Sumario Administrativo, y en el ejercicio de sus facultades resuelve aplicar la destitución de la sumariada, doña nombre reservado directora de del CESFAM José Bauza Frau, y por tanto, poner término al contrato vigente con esa Corporación, además, de enviar copia a la Inspección del Trabajo, y guardar en sus antecedentes personales u hoja de vida, la sanción en virtud del artículo 120 letra D de la Ley N° 18.883 del Estatuto Administrativo de funcionarios Municipales.

Adiciona que interpone recurso de protección en contra de esa Corporación y en contra de la resolución Nº 288/2024, de 29 de febrero de 2024 que acogió la vista fiscal, tanto la resolución que dio término al proceso, así como el procedimiento de investigación, y particularmente el acto de formulación de cargos los cuales son:

“En el sumario administrativo que instruyó en cumplimiento de la resolución N°159S/2023, de 12 de octubre de 2023 de la CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA, se ha resuelto formular a Ud. el (los) siguiente (s) cargo (s): CARGO I "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, Psicóloga del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023".

CARGO ll "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, ex- Médico General del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023".

CARGO III "Realizar actos de maltrato laboral contra don nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, en el mes de septiembre del año 2023".

CARGO IV "Realizar actos de maltrato laboral contra doña nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023".

Alega que adolece de vicios de ilegalidad evidentes y graves, en los términos del artículo 138 inciso 3°de la Ley N°18.883, que establece que ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos.

Hace presente una serie de -a su parecer- irregularidades en el curso del proceso, tales, como falta de respuesta a sus peticiones, solicitudes del sumario y copias de las pruebas; que el acto de formulación de cargos no expresó cuáles serían las conductas que implican infracción, tampoco las normas legales contravenidas; menos aún describe los hechos que serían calificables, como hostiles, de maltrato y reiterados; posteriormente, para agravar lo anterior mediante un pronunciamiento, a su entender, impertinente en esta etapa procesal, amplía el acto de formulación de cargos sin expresarlos formalmente, y sin otorgar término de descargos, entre otros.

Sostiene que lo señalado configura un actuar ilegal y arbitrario, que afecta los principios de legalidad, congruencia y debido proceso administrativo como resultado de los vicios graves del proceso, ya mencionados, que vulneran las garantías contenidas en el artículo 19 N.º1, 2, 3, 4 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo que solicita que se acoja el presente recurso, en contra del acto remitido mediante carta de 7 de marzo de 2024, y notificado el mismo día, del mismo mes y año emanado de la fiscalía del proceso sumarial instruido mediante la resolución exenta N° 1.595, de 12 de octubre de 2023, de la Corporación de Desarrollo Social de Lampa, ordenando retrotraer el proceso al estado anterior a la formulación de cargos y que se designe nuevo fiscal.

Segundo: Que, a folio 11, con fecha 16 de abril del presente año, evacúa informe la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, mediante el cual solicita el rechazo del recurso por no existir un acto u omisión de la autoridad ilegal o arbitrario.

Afirma que la recurrente fue parte del todo el proceso y, tuvo la oportunidad de evacuar sus descargos, presentó prueba en el periodo que se le otorgó para aquello, presentó testigos que solicitó, dedujo recurso de reposición, obtuvo copia de todo el expediente como ella misma relata, que no esté foliado no es un vicio de la esencia que afecte alguna de las garantías invocadas, por el contrario, asevera que el sumario fue bien tramitado conforme a las reglas del debido proceso y el principio de proporcionalidad que rige el derecho público sancionador.

Arguye que a la actora se le acusan de cuatro hechos de los cuales estaba en conocimiento, e incluso se le otorga un plazo de 5 días más para sus descargos en relación a la aclaración que solicita la sumariada, quien efectúa sus descargos y solicitudes al tenor del documento que acompaña los mismos, de fecha 12 de febrero de 2023, en razón de lo solicitado por ella, la fiscalía emite una resolución a la que llama “pronunciamiento”, que la recurrida afirma, de ninguna forma afecta el fondo de las resoluciones a cada una de las solicitudes de la señora nombre reservado.

Sostiene que en relación a la alegación de la recurrente, consistente en que la acusación no presenta los hechos por los cuales se le acusa, refiere que la fiscalía a petición de la parte describe los hechos y le otorga diez días para la evacuación de los descargos, acoge el termino probatorio, llama a los testigos propuestos y que todo está acorde al sumario realizado, proporcionándole a ella copias de lo obrado, por tanto, en ningún caso, afirma, se ve afectado el debido proceso garantizado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando que se tenga por evacuado el informe.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la especie, se recurre en contra de la resolución N°288, de 29 de febrero de 2024, que acogió la vista fiscal del proceso disciplinario instruido mediante la resolución exenta N° 1.595, de 2023 de la Corporación de Desarrollo Social de Lampa, sustanciado ante la supuesta comisión, por parte de la recurrente, de actos de maltrato y /o acoso laboral, reprochándose por esta vía de emergencia, tanto la resolución que dio término al proceso, así como el procedimiento de investigación, y particularmente el acto de formulación de cargos, y por ende su suspensión, los que a su juicio son actos que adolecen de vicios de legalidad evidentes, graves y profundos en los términos del artículo 138 inciso 3° de la Ley N°18.883, que establece que: “Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes aportados por los intervinientes, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, se advierten los siguientes hechos de relevancia fáctica jurídica:

1) La recurrente doña nombre reservado, tiene como profesión la de enfermera, y labora en la calidad jurídica de “contrata”, grado B13, RUN N° RUT reservado, Directora del Centro de Salud Familiar -CESFAM- Dr. nombre reservado, de la Corporación de Desarrollo Social de Lampa;

2) Con fecha 12 de octubre de 2023, mediante Resolución 1595/2023, se ordenó instruir un sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, directora de CESFAM José Bauza Frau, por denuncias Página hechas en su contra acaecidos a dos funcionarios del CESFAM José Bauza Frau, realizados por la directora, hechos constitutivos de maltrato laboral y acoso en contra de los Psicólogos don nombre reservado y doña nombre reservado, lo que se ve reflejado en sendas cartas que se acompañan con esa resolución. Para el cumplimiento del referido sumario administrativo, se designó como fiscal a don nombre reservado, Kinesiólogo, quien se desempeña como director de CESFAM BATUCO, perteneciente a la misma Corporación, a quien se le asignó veinte (20) días hábiles;

3) Con data 16 de noviembre del año pasado, la funcionaria investigada fue suspendida de sus funciones mientras dure la investigación administrativa, como medida preventiva;

4) El 26 de enero del año en curso, se formularon los siguientes cargos:

CARGO I "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, Psicóloga del CESFAM Dr. Jose Bauza Frau, durante el año 2023";

CARGO ll "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, ex- Médico General del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023";

CARGO III "Realizar actos de maltrato laboral contra don nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, en el mes de septiembre del año 2023", y CARGO IV "Realizar actos de maltrato laboral contra doña nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023".

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 18.883, se le concedieron 5 días hábiles para hacer sus descargos, expresándole que podría acompañar todos aquellos antecedentes o medios de prueba que estimara puedan servir en su defensa. Asimismo, a contar de esa fecha, tuvo acceso al conocimiento del proceso administrativo, personalmente o por medio de un abogado que designe para ello.

5) Con fecha 30 de enero del presente año, el señor Fiscal prorrogó por 10 días, previa solicitud de la actora, los descargos de la investigada, quien los evacuó el 12 de febrero del mismo año, requiriendo además que se retrotraiga el proceso disciplinario al estado de la etapa indagatoria, ante los vicios graves que denuncia en su escrito. En subsidio, requiere apertura de un término probatorio y solicita las diligencias probatorias que precisa.

6) Con data 15 de febrero de 2024, el señor Fiscal investigado, emitió una providencia denominada “Pronunciamiento”, que se pronuncia respecto de las peticiones de la investigada consignada en sus descargos, en orden a resolver acerca de vicios legales denunciados y que habrían ocurrido en la investigación, y otorga a la investigada un plazo especial para rendir prueba.

Al respecto, se detallan algunas de las situaciones reprochadas a la recurrente, a saber:

Cargo I.- Cuestionamiento de feriado legal y remoción del cargo; llamado de atención por conductas de animales del establecimiento; cuestionamiento de realización de taller en huerto sanador; contacto desde el establecimiento durante su feriado legal; exposición de funcionaria en reunión ampliada; cambio de box de atención; obstaculización en proceso de estudio de puesto de trabajo por Asociación Chilena de Seguridad;

Cargo II.- Trato propio poco apropiado en reunión; entrega de cargo del programa; cuestionamiento de licencias médicas; nula respuesta en el manejo de un accidente cortopunzante; obstaculización en proceso de estudio de puesto de trabajo por Mutual de Seguridad;

Cargo III.- Trato inapropiado por el uso de vestimenta;

Cargo IV.-Trato inapropiado a razón de sobrecupo en la agenda de la Técnico en Enfermería;

7) En contra de la providencia antes analizada, la actora dedujo sendos recursos de reposición y jerárquico en subsidio, los que fueron desestimados por la autoridad;

8) Con fecha 23 de febrero de 2024, el señor Fiscal pronunció su Informe Final/Vista del Fiscal, realizando su proposición, concluyendo que acorde lo dispuesto en el artículo 82, letras l) y m) de la Ley N° 18.883, y existiendo antecedentes que evidencian que la investigada transgredió el principio de probidad administrativa, falta muy grave, al haberse comprobado su responsabilidad en tres de los cuatro cargos imputados, por lo tanto, propone aplicar la medida disciplinaria de destitución, y dar término al contrato vigente con la Corporación de Desarrollo Social de Lampa;

9) Al proceso sancionatorio se le puso fin mediante la Resolución Nº288/2024, la cual acoge la vista o informe fiscal, expresando en lo resolutivo lo siguiente:

“TOMO CONOCIMIENTO, del contenido de la vista fiscal del Sumario Administrativo, y en el ejercicio de mis facultades Resuelvo Aplicar la Destitución de la sumariada, doña nombre reservado directora de del CESFAM José Bauza Frau, y por tanto, poner término al contrato vigente con esta Corporación, además, de enviar copia a la Inspección del Trabajo, y guardar en sus antecedentes personales u hoja de vida, Sanción en virtud del artículo 120 letra D de la ley 18.883 del Estatuto Administrativo de funcionarios Municipales.

Notifíquese a la funcionaria sancionada, si no fuere habido por dos días consecutivos en su lugar de trabajo, se le notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En esta última circunstancia, la funcionaria se entenderá notificada cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada. La cual podrá reponer a esta resolución dentro del plazo legal de cinco días, Y a la directora de salud Comunal doña nombre reservado, en su lugar de trabajo, de lo cual deberá dejarse constancia y copia íntegra de la resolución respectiva”.

10) La investigada no dedujo recurso administrativo alguno en contra de la resolución dictada por la Secretaria General que dispone su destitución.

Sexto: Que, para resolver la acción constitucional en estudio, es necesario revisar la normativa aplicable al caso:

Al tratar la responsabilidad administrativa, la Ley N° 18.883, en su artículo 118 previene, en lo pertinente: “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género”.

A su turno, el artículo 120, del mismo cuerpo legal, indica: “Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias:

a) Censura;

b) Multa;

c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y d) Destitución.

Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 82 de la misma ley, que señala, en lo atingente que: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación, y m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

Por su parte, el artículo 126 de la ley en comento, mandata: “Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, el alcalde dispondrá la instrucción de un sumario administrativo”.

A continuación, el artículo 127, manifiesta en lo que nos convoca, que: “El sumario administrativo se ordenará por el alcalde mediante decreto, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo.

En caso de que el sumario se ordene por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo 82 letras l) o m), deberá designarse preferentemente fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales”.

A continuación, el artículo 129 de la normativa, indica:

“Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se le notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá entregar copia íntegra de la resolución respectiva”.

Enseguida, el artículo 135 de la ley, adiciona que: “El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo.

Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días”.

El artículo 136 del estatuto legal, menciona: “El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo.

Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días”.

A su turno, el artículo 137, establece, en lo que nos convoca: “Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.

Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición al alcalde de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados”.

Finalmente, el artículo 138 de la referida ley, establece: “Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al alcalde, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso.

No obstante, el alcalde podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones.

Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos.

La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado. Con todo, cuando el alcalde o alcaldesa apruebe la absolución o aplique cualquier medida disciplinaria respecto de los hechos referidos en el artículo 82 letras l) o m), deberá notificar la resolución que afina el procedimiento disciplinario a la persona denunciante, dentro del plazo de cinco días. Ésta podrá reclamar de la referida resolución ante la Contraloría General de la República, en el plazo de veinte días contado desde que tomó conocimiento de aquella, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 129”.

Séptimo: Que, acorde los hechos asentados en los numerales 4° y 6° del fundamento quinto de este laudo, queda en evidencia que, tanto la resolución que dio término al procedimiento disciplinario, así como el acto de formulación de cargos, son actos que adolecen de vicios de legalidad evidentes y graves, violentando lo mandatado en el artículo 138 inciso 3° de la Ley N°18.883, que, según se expuso, establece que: “Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”. Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo 135, de la ley antes citada, que en lo pertinente, es del siguiente tenor: “El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas”.

Sobre el particular, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, ha asentado lo siguiente en relación a la formulación de cargos en un procedimiento sancionatorio. En efecto, dicho órgano fiscalizador ha expuesto: “[L]a reiterada jurisprudencia administrativa de este Ente Contralor, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 26.917 y 50.898, ambos de 2006, expresa que en los procedimientos sancionatorios los cargos deben indicarse en forma concreta, explicitando claramente la actuación anómala o los hechos constitutivos de la o las infracciones en que ha incurrido el afectado (lo destacado es nuestro), lo contrario le impide a aquél ejercer adecuadamente su derecho a defensa”. (Dictamen Nº 49.341, de 7 de septiembre de 2009).

El criterio contenido en este dictamen es de suma importancia para el derecho a defensa de todo inculpado en un sumario administrativo. Lo anterior, atendido que el órgano contralor exige que se expliciten de manera clara los hechos que motivarían una infracción administrativa. Si no se cumple con esta exigencia, el inculpado no sabría contra qué defenderse, incurriendo en una grave y evidente arbitrariedad para eludir su defensa y sancionarlo por otros hechos que no fueron materia de cargos.

Octavo: Que, sobre el particular, a juicio de esta Corte, la formulación de cargos realizada por la recurrida con data 26 de enero del año en curso, se limita a expresar lo siguiente:

“CARGO I "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, Psicóloga del CESFAM Dr. Jose Bauza Frau, durante el año 2023";

CARGO ll "Realizar actos de acoso laboral contra doña nombre reservado, ex- Médico General del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023";

CARGO III "Realizar actos de maltrato laboral contra don nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, en el mes de septiembre del año 2023", y CARGO IV "Realizar actos de maltrato laboral contra doña nombre reservado, psicólogo del CESFAM Dr. José Bauza Frau, durante el año 2023".

Del examen de los cargos formulados por la recurrida, en contra de la recurrente, queda en evidencia que el acto de formulación de cargos, de 26 de enero del año en curso, no expresa cuáles serían las conductas de la funcionaria investigada que implican infracción a sus deberes y obligaciones, como tampoco las normas legales contravenidas. En la especie, no se describen los hechos que serían calificables, como hostiles, propios de maltrato y de carácter reiterados. Tampoco se indican las fechas de ejecución de tales conductas reprochables, limitándose a datarlos en el “año 2023”, en tres de los cargos y “septiembre de 2013”, en uno de ellos.

A mayor abundamiento, como demostración de la anomalía en comento, de acuerdo al numeral sexto del considerando quinto de esta resolución, con fecha 15 de febrero de 2024, el señor Fiscal investigado, emitió una providencia denominada “Pronunciamiento”, que se manifiesta respecto de las peticiones de la investigada consignada en sus descargos, en orden a resolver acerca de los vicios legales denunciados y que habrían ocurrido en la investigación, y en la cual, detalla algunas de las situaciones reprochadas a la recurrente, a saber:

“Cargo I.- Cuestionamiento de feriado legal y remoción del cargo; llamado de atención por conductas de animales del establecimiento; cuestionamiento de realización de taller en huerto sanador; contacto desde el establecimiento durante su feriado legal; exposición de funcionaria en reunión ampliada; cambio de box de atención; obstaculización en proceso de estudio de puesto de trabajo por Asociación Chilena de Seguridad;

Cargo II.- Trato propio poco apropiado en reunión; entrega de cargo del programa; cuestionamiento de licencias médicas; nula respuesta en el manejo de un accidente cortopunzante; obstaculización en proceso de estudio de puesto de trabajo por Mutual de Seguridad;

Cargo III.- Trato inapropiado por el uso de vestimenta;

Cargo IV.-Trato inapropiado a razón de sobrecupo en la agenda de la Técnico en Enfermería”.

No obstante, estos hechos que podrían configurar alguna conducta infraccional, se exteriorizan una vez formulados los descargos por parte de la actora, lo que denota, la ilegalidad y arbitrariedad del procedimiento seguido en su contra. Este ejercicio extemporáneo de la recurrida, bajo pretexto alguno sanea el grave y evidente vicio en que se incurrió.

En síntesis, de modo alguno, el acto administrativo relativo a la formulación de cargos, cumple con la exigencia de precisar los hechos que se imputan, como tampoco las fechas determinadas y precisas de ocurrencia de los mismos, o ámbitos temporales de ocurrencia de los hechos que podrían entenderse como vulneratorios, ni menos la calificación del resultado de tales conductas; incorrecciones que se reproducen en la resolución N°288, de 29 de febrero de 2024, que acogió la vista fiscal del proceso disciplinario instruido mediante la Resolución Exenta N° 1.595 de 2023, acto que repite los defectos ya analizados, al no describir los hechos acreditados, limitándose a dar por probadas las conductas denunciadas, calificándolas como constitutivas de las ´prohibiciones contempladas en el artículo 82, letras l) y m) de la Ley N° 18.883.

Noveno: Que la finalidad del recurso de protección, en tanto acción cautelar, es resguardar el imperio del derecho, en la medida que se establezca la conculcación a alguna garantía constitucional, mediante una decisión arbitraria o ilegal. En el presente caso, habiéndose observado que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido en contravención a la normativa vigente, se verifica una vulneración arbitraria e ilegal de la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha dejado a la afectada en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados mediando el desarrollo de un procedimiento ajustado a derecho.

En el mismo orden de ideas, la recurrente fue suspendida de funciones con fecha 16 de noviembre de 2023, para posteriormente ser destituida como resultado de un procedimiento viciado, según ya se explicó, privándola además de sus remuneraciones, lo que constituye una transgresión al derecho de propiedad previsto en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, motivo por el cual el recurso será acogido, decretando las medidas que se dirán en lo resolutivo.

Décimo: Que, en relación a los demás derechos y/o garantías denunciadas como quebrantadas, se omitirá pronunciamiento por inoficioso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, y en consecuencia, se decreta:

I.- Se deja sin efecto la resolución N°288 de 29 de febrero de 2024, que acogió la vista fiscal del proceso disciplinario instruido mediante la Resolución Exenta N° 1.595 de 2023;

II.- Se invalida todo lo obrado en el proceso sumarial instruido, a contar de la formulación de cargos de 26 de enero del presente año, retrotrayéndose el proceso al estado anterior a la formulación de cargos, por lo que la recurrida deberá designar un fiscal no inhabilitado que prosiga con la tramitación del procedimiento, dando estricto acatamiento a las exigencias y formalidades previstas en la Ley N° 18.883, relativas a la “Responsabilidad Administrativa”, y III.- La recurrida deberá reincorporar en sus funciones a la recurrente, pagándole asimismo todas las remuneraciones y demás prestaciones a que tenía derecho antes de su suspensión de labores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

N°Protección-4069-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y la Abogado Integrante señora Claudia Candiani Vidal En Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.