Protección contra Tesorería General de la República

C.A. de Santiago Santiago, a siete de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 7 de mayo de 2020, comparece Eduardo José Lorenzo Greenhill González, abogado, en representación propia con domicilio en la ciudad de Victoria en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, repartición pública representada legalmente por doña nombre reservado nombre reservado Ingeniera nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los siguientes fundamentos.

Relata que con fecha 24 de abril de 2020 recibió en su correo electrónico, “correo reservado”, un correo electrónico en el que se le informaba por parte del Servicio de Impuestos Internos que, como parte de las medidas de emergencia tomadas ante la pandemia del COVID-19, se habría autorizado la devolución inmediata de las retenciones de impuestos de boletas honorarios a los trabajadores independientes, correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, la que se haría efectiva el día viernes 24 de abril de 2020.

Que, llegado el día en cuestión, dicho dinero no le fue depositado en su cuenta, por lo que el día 27 de abril de 2020, ingresó a la página web del Servicio de Impuestos Internos, enterándose que el dinero que se le debía devolver había sido retenido por la Tesorería General de la República a raíz de un crédito universitario.

Refiere que es evidente que la Tesorería General de la República de forma arbitraria ha retenido los fondos que le deberían haber sido devueltos, vulnerando de forma reiterada sus derechos establecidos los numerales 3, 22 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

Explica que, respecto al artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, esto es la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, refiere que ingresó a estudiar Ingeniería Comercial en el año 1988 con Crédito Universitario, el cual se le otorgó respaldado por pagarés notariales, y que por motivos que no son de análisis en estos autos, no completó los estudios, habiendo cursado sólo cuatro semestres, es decir dos años, lo que corresponde a los años 1988 y 1989.

Por su parte, la Universidad Austral de Chile no ha ejercido acciones judiciales para obtener el cumplimiento del título de crédito que posee en su contra, lo que sí ha hecho y de forma arbitraria es oficiar a la Tesorería General de la República para que se practiquen retenciones de sus devoluciones de impuestos, las que se han materializado durante años.

Entiende que se ha vulnerado su derecho amparado en el numeral 3° del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, esto es su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que si bien reconoce que mantuvo una deuda con la Universidad Austral, la recurrida nunca cobró dichos dineros por la vía judicial, sin que exista sentencia alguna que ordene a la recurrida retener sus dineros, por lo que entiende haber sido condenado por una comisión especial, ya que la Universidad Austral, sin mediar autorización judicial, solicitó la retención de estos fondos.

En cuanto al artículo 19 número 22 de la Constitución Política de la República, refiere que esta devolución es un beneficio especial a raíz de la pandemia del COVID-19, manifestando que este beneficio es para aquellas personas que emiten boletas de honorarios, y que se debe tener presente que dicha norma constitucional, en su inciso segundo dispone que “Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector…”, por lo que entiende que negarle el beneficio y practicar la citada retención en su contra y en favor de la universidad, constituye una discriminación en su contra que vulnera la norma citada.

Respecto al artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, señala que esta retención ha afectado claramente su derecho de propiedad y su situación patrimonial.

Hace presente que estas retenciones se vienen repitiendo en el tiempo durante años, precisando que las mismas vienen ocurriendo desde el año 2005, por diversos montos.

Por lo anterior, solicita sea acogida la presente acción constitucional, declarando que las retenciones realizadas en su contra por la recurrida adolecen de ilegalidad y han vulnerado sus derechos constitucionales, ordenando que se gire un cheque en su favor por las retenciones arbitrarias de fecha 27 de abril de 2020 y 17 de mayo de 2019, las cuales sumadas ascienden a la suma de $733.764.- (setecientos treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos), pudiendo ordenar a lo menos la devolución de la retención de fecha 27 de abril de 2020, por un monto de $281.224.- (doscientos ochenta y un mil doscientos veinticuatro pesos), todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que la Tesorería General de la República evacuó el informe requerido, solicitando el total rechazo del mismo por los siguientes fundamentos.

Primero refiere que su parte carece de legitimidad pasiva en el presente recurso, ya que de los antecedentes de éste se desprende que el acto que se impugna como arbitrario o ilegal radicaría, según el recurrente, en el hecho de haber retenido su devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, ascendente, como ya ha señalado, a la suma de $ 281.224.- Hace presente luego que la ley N°19.989, publicada en el Diario Oficial de 31 de Diciembre de 2004, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, en su artículo 1° faculta al Servicio de Tesorerías para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario regulado por la ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Que, entonces, para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales alegadas, y que, como ha indicado, su parte ha actuado en cumplimiento de un deber legal, procediendo a retener la devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, cumpliendo así con lo preceptuado en el reglamento de la ley de crédito solidario ya señalado, de lo cual se colige que el presunto acto que se califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República, y en ese entendido entiende que el acto que se busca impugnar no ha emanado de dicho servicio.

En segundo lugar, refiere que el recurrente solicita en su recurso no solo la devolución de lo retenido en el año 2020, sino que además pide que se le gire cheque por los montos retenidos el 17 de mayo de 2019, lo que naturalmente es del todo improcedente e inadmisible, no solo por ser una petición evidentemente extemporánea al haberse verificado el 17 de mayo de 2019, sin que el Servicio de Tesorería cuente con los fondos respectivos, los cuales están en manos de la Universidad respectiva desde que son retenidos, ya que tal como se ha indicado, el Servicio de Tesorería es un mero ente retenedor y recaudador de los fondos que las Universidades respectivas han solicitado, por lo cual, al no haber sido emplazada la Universidad en cuestión, no puede ordenarse a la Tesorería pagos de fondos que fueron traspasados de manera automática en cada proceso renta.

En cuanto al fondo de la acción deducida, y sin perjuicio de las inadmisibilidades invocadas, el recurso debe desestimarse también por cuanto no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte de Tesorería.

Lo anterior, ya que el recurrente mediante esta acción constitucional solicita que se deje sin efecto la retención de la devolución anticipada de impuesto que le afecta, considerando que esta medida de retención sería improcedente por estimar que la retención realizada por la Tesorería carece de causa que la justifique, ya que indica que la Universidad respectiva jamás ha cobrado judicialmente los pagarés y por lo tanto, no existe una sentencia que ordene la retención de la Tesorería, por lo cual el obrar del Servicio deviene en ilegal y arbitrario en la retención de la devolución indicada, sin perjuicio que años anteriores también se le retuvo, solicitando para estos efectos que se gire cheque por los montos tanto del 2020 como del 2019.

Al respecto hace presente que el objeto de esta acción trata de la restitución de la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de dicha ley, cuya restitución ordenó el decreto N° 420, de 1 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda.

Sostiene que esta devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes de los meses de enero y febrero de 2020 que el contribuyente llama especial, corresponde sólo a una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que resulta procedente respecto de ellas que Tesorería cumpla con lo mandatado por el artículo 1° de la ley 19.989, el cual faculta en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287 – que creó el fondo solidario de crédito universitario, de dominio y administración por cada una de las instituciones de educación superior que reciben aporte fiscal – los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Asimismo, solicita tener presente que el inciso final del artículo 12 de la ley N°19.848, agregado por el artículo 2° de la ley N° 19.989, confirma el carácter amplio que el legislador dio a esa facultad de retener por parte de Tesorería, al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Ns. 18.591, 19.287 y 19.848”, entre los cuales se encuentra el recurrente.

Para llevar a efecto esta retención debe observarse lo dispuesto en el Reglamento de la ley, contenido en el Decreto Supremo N° 297, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de noviembre de 2009, que fija procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General.

En caso de cumplirse con las formalidades indicadas en dicho reglamento, el Ministerio de Educación emite un certificado de conformidad, el que es remitido al Administrador del Fondo respectivo y a la Tesorería General. Además, ese Ministerio debe remitir electrónicamente a Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con el mérito de éstas y del certificado proceda a la retención.

Explica que los deudores, en dicha oportunidad, han de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del Fondo en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente, en su artículo 6°, el cual señala que éstos una vez notificados que se llevará a efecto la retención tienen un plazo de 10 días para solicitar que el Administrador del respectivo Fondo aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que ha operado un modo de extinguir obligaciones o el monto que se consigna como adeudado no es correcto y, por ende, que no se concrete la retención.

En consecuencia, el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de las devoluciones de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de la Universidad respectiva (Austral) ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito.

Por otro lado, hace presente que la deuda que el contribuyente mantiene con la universidad no es nueva y él mismo la reconoce, habiendo sido objeto de retenciones en procesos renta anteriores. Por lo tanto, no sería efectivo que el Servicio de Tesorerías haya actuado carente de facultades, y no es necesario que sea una sentencia la que establezca las facultades de retención, las que están en la ley ya señalada, lo cual evidentemente desecha la idea de que el actuar del Servicio haya sido ilegal.

Por todo lo anterior, alega que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que en cambio se ha ajustado completamente a la normativa vigente en la materia, por lo que en ningún caso puede entenderse que ha existido algún tipo de vulneración, perturbación o amenaza al ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

Solicita que la presente acción constitucional sea rechazada, en primer término, por las causales de inadmisibilidad invocadas, y en subsidio de lo anterior, por no haber incurrido su parte en actuación ilegal o arbitraria alguna.

TERCERO: Que cabe considerar que el recurso se refiere a los efectos jurídicos que tuvo para el recurrente Eduardo José Lorenzo Greenhill González los actos administrativos efectuados por la Tesorería General de la República, que provienen de la calidad de contribuyente de aquél, relacionados con el ejercicio de la actividad administrativa de la recurrida, a partir de la aplicación del artículo 42 Nº 2 de la ley Sobre Impuesto a la Renta, que establece por un primer orden un impuesto a los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la Primera Categoría, ni en el número anterior (rentas del trabajo dependiente), vinculado al acto de ejecución administrativa que le permite a esta última, primero, hacer la devolución de pagos provisionales mensuales, en relación a los correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, y que operaba con el carácter anticipada de la devolución anual de impuestos a la renta, según lo dispuesto por el Decreto Nº 420, de 1 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda, y segundo, en cuanto el organismo realiza un acto de ejecución administrativa que le permite cumplir aquél emanado e informado por la entidad acreedora del recurrente del crédito solidario universitario, regulado por la Ley 19.287 y sus modificaciones posteriores, en relación a la retención la devolución anual de impuestos a la renta que fueren procedentes.

CUARTO: Que en la esfera de atribuciones en la que el órgano recurrido puede actuar según la ley, en esta materia cabe considerar que el artículo 1º de la Ley 19.989, dispone: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.”

A su vez el inciso segundo dispone que: “La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario del crédito universitario respectivo, en el plazo de treinta días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.”

QUINTO: Que, además, la retención practicada por la Tesorería General de la República de acuerdo con la disposición antes transcrita y a petición del administrador del fondo solidario, la universidad de que se trata, en la especie, en cuanto a su procedimiento, ésta se hizo conforme a la regulación propuesta en el Reglamento, Decreto 297, del Ministerio de Educación, de 2009, el que dispone la publicación y notificación de las listas de los deudores morosos en el pago del crédito solidario, según los artículos 3, 4 y 5 del mismo, apegándose a las normas sobre la solicitud de aclaración de la publicación por parte del deudor, artículos 6,7,8 y 9 de éste.

SEXTO: Que, por su parte, el Decreto Supremo Nº 420, de 30 de marzo de 2020, del Ministerio de Hacienda, que: “Establece medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación del Covid 19 en Chile”, en relación con el cual, el Servicio de Impuestos Internos, Subdirección de Fiscalización Departamento de Sistemas de Fiscalización, dictó la Resolución Exenta Nº 40 de 13 de abril de 2020;

SEPTIMO: Que, luego, del análisis de tal material normativo, no obstante los fines que indica el Decreto Supremo Nº 420 de Hacienda, éste solo permite inferir el deber del Servicio de Impuestos Internos de informar a la Tesorería General de la República, la orden de devolver las retenciones de impuestos efectuadas en los meses de enero y febrero de 2020, a los contribuyentes que establece el artículo 42 Nº 2 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, y no es posible interpretar que, además, tal beneficio de devolución anticipada a que se refiere ese Decreto Supremo Nº 420, del Ministerio de Hacienda, signifique al mismo tiempo que la Tesorería General de la República no pueda retener el monto del crédito solidario que eventualmente se adeude al administrador del fondo solidario.

OCTAVO: Que, por consiguiente, se debe aceptar que la Tesorería General de la República ha actuado en el marco del ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, ajustando su obrar a derecho, sin que el recurrente haya justificado o entregado una correcta invocación del derecho constitutivo de sus pretensiones, esto es, que permita acreditar las condiciones que lleven a concluir que han sido vulnerados por la recurrida los derechos constitucionales que indica.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre esta materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Eduardo José Lorenzo Greenhill González en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Rol Protección 40688- 2020.

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.