DISTRIBUIDORA COMERCIAL con nombre reservado

Santiago, trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 7 de junio de 2018, don Juan Saavedra Navarrete, abogado, interpuso recurso de protección en representación de Distribuidora Cormi Limitada, en contra de nombre reservado nombre reservado, representada por su Gerente General, don nombre reservado, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario, consistente en que, según se enteró con fecha 30 de mayo del año en curso, aparecen publicadas en el Boletin Comercial de nombre reservado nombre reservado, a solicitud de la empresa Socofar S.A., las siguientes facturas morosas: a) factura 4218464, por $62.261; b) factura 4218114, por $2.793.016; c) Factura 4218115, por $358.999, y; d) factura 4218113, por $758.268, todas ellas con vencimiento al 13 de julio de 2014. Indica que las mercaderías de que dan cuenta las facturas mencionadas no fueron recibidas por su representada, por lo que no se adeudan y que, por otra parte, accediendo al sistema de información pública del Servicio de Impuestos Internos, aparece que dichas facturas no fueron autorizadas por el servicio referido, por lo que no se pueden hacer transacciones comerciales con ellas, ni tampoco pueden respaldar venta alguna.

Indica que en el mismo informe de nombre reservado, aparece que los antecedentes comerciales de su representada son intachables, registrándose como “adeudadas” sólo las facturas a que se refiere este recurso, perjudicándosela así, al exponerla a que se le nieguen créditos producto de este mal antecedente, que es totalmente artificioso e inexistente.

Añade que la acción para cobrar las facturas aludidas se encuentra prescrita, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Nº 19.983, dado que todas ellas tienen como fecha de vencimiento el 13 de julio de 2014, y que la acción ejecutiva para cobrarlas vence en un año desde su vencimiento de acuerdo a la ley recién citada, por lo que, de un somero examen de las facturas, debió haberse rechazado su incorporación al registro de morosidades, ya que todas fueron presentadas a la recurrida el 18 de mayo de 2018, vulnerándose así lo prescrito expresamente en la Ley de Protección de Datos Personales Nº 19.628.

Refiere que con este actuar, la recurrida, ha incurrido en una clara perturbación al derecho de propiedad que su representada tiene sobre su marca comercial, buen nombre y crédito, y su libertad de trabajo y el libre ejercicio de cualesquiera actividad lícita.

Añade que este recurso se interpone sin perjuicio de las acciones que proceda en contra de Socofar S.A., en lo que atañe a su responsabilidad en los hechos materia de este recurso.

Solicita que se acoja el recurso en todas sus partes, ordenando se restablezca el imperio del derecho y se ordene: 1.- Que la recurrida deberá eliminar de inmediato de sus registros de morosidades y de cualquier registro histórico, las facturas detalladas en lo precedente de este recurso; 2.- Que la recurrida deberá extender una constancia o certificado que declare expresamente que estas facturas no las adeuda su representada; 3.- Que la recurrida deberá publicar a su costa, en cualquier medio de prensa de circulación nacional, la circunstancia de que las facturas mencionadas su representada no las adeuda; 4.- O las medidas que esta Corte Iltma estime adecuadas a fin de restablecer el imperio del derecho y salvaguardar asi el buen nombre y crédito de su representada, o lo que en derecho proceda.

Acompaña Informe emitido por la recurrida con fecha 30 de mayo de 2018, que da cuenta de la morosidad a que se refiere este recurso y copia de las facturas materia del recurso.

Segundo: Con fecha 27 de junio de 2018, comparece don Carlos Dávila Izquierdo, abogado, en representación de la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, por cuanto las facturas publicadas se encuentran irrevocablemente aceptadas, estando facultada su acreedora para requerir su publicación, y refiriere a las normas de la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

Señala que, una vez que tomó conocimiento de los hechos con ocasión del presente recurso y sin que la recurrente reclamara previamente de forma directa al Servicio de Atención de Titulares de Datos, su representada requirió de Socofar S.A. la información de respaldo de la publicación de morosidad, la que le fue enviada oportunamente, pudiendo así nombre reservado percatarse que las facturas publicadas son electrónicas y se encuentran irrevocablemente aceptadas. Cita los artículos 160 inciso segundo del Código de Comercio, 3º y 9º de la Ley N° 19.983, y 54 de la Ley N° 20.727, y señala que es un hecho indiscutido que Socofar S.A. emitió y remitió electrónicamente tanto a Distribuidora Cormi Ltda., como al Servicio de Impuestos Internos, las facturas anteriormente señaladas, que ellas no fueron rechazadas ni objetadas dentro del plazo legal establecido para ello, constando además en las mismas el recibo por parte de la recurrente. Indica que el hecho de que las facturas fueron enviadas al Servicio de Impuestos Internos consta de las trazas de envío de las facturas en formato XML.

Sostiene que, de esta forma, las facturas deben entenderse como irrevocablemente aceptadas, para todos los efectos legales, como consta que de las mismas se acusó recibo y que no fueron reclamadas dentro del plazo de ocho días que establece la ley.

Expone que de lo relacionado fluye, que el actuar de nombre reservado en caso alguno puede considerarse como ilegal y menos arbitrario, toda vez que ha obrado pretendiendo dar irrestricto apego a las disposiciones de la Ley N° 19.983, publicando el monto pendiente de facturas irrevocablemente aceptadas.

En segundo lugar, sostiene que el recurso debe ser rechazado, por cuanto las disposiciones de la Ley N° 19.628 no resultan aplicables a la sociedad recurrente en su calidad de persona jurídica, siendo ésta aplicable únicamente a personas naturales, según se desprende de su tenor literal y de la historia de su tramitación.

En tercer lugar, alega que según la modificación de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, efectuada por la Ley N° 20.956, se estableció un plazo límite dentro del cual se puede aceptar una factura, el que una vez transcurrido, la transforma en irrevocablemente aceptada, lo que, por un lado, colabora a su transformación en un título ejecutivo y, por otra, mejora las posibilidades de financiamiento particularmente de las pymes.

En cuarto lugar, alega que la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas se confirma en el texto del proyecto de ley en actual tramitación, que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos (Boletines Nº 11.092-07 y 11.144-07, refundidos).

Finalmente, y en quinto lugar, alega que el recurso de protección deberá ser rechazado, pues nombre reservado ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales. Indica que no existe una prohibición legal para que registros o bases de datos como lo es nombre reservado, puedan operar un sistema de intercambio de información sobre el comportamiento de los agentes económicos, industriales o comerciales en el cumplimiento de obligaciones, de manera que no puede ser alegada arbitrariedad alguna. Señala que el espíritu de la legislación actual en esta materia es proporcionar la mayor cantidad de información al mercado y en general, a cualquier contratante para que éste pueda estar en condiciones de resolver con una adecuada información, sobre la conveniencia o inconveniencia en la celebración de una determinada transacción o negocio. Asimismo, la tendencia predominante es que sean de carácter público los registros administrativos e informaciones sobre infracciones. Refiere que nombre reservado, al amparo del N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, actúa en su giro propio, y en caso alguno sería un acto ilegal –constitutivo de auto tutela– ni menos arbitrario, que una empresa de su giro procese y transmita antecedentes comerciales aportados por terceros. Precisa que dentro de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos (BED), agregando que esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios asociados al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a: i) Entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.; ii) Informar por escrito y oportunamente a nombre reservado las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados; iii) Aclarar a requerimiento de nombre reservado, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada; iv) El asociado es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada. Indica que el suscriptor o aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a nombre reservado las aclaraciones de las deudas morosas. Agrega que el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a nombre reservado de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, por lo que nombre reservado no está obligada a realizar, previo al análisis de los antecedentes comerciales que publica, un examen de razonabilidad de la deuda, obligación que no recae en quien publica, sino en quien entrega la información para que sea publicada, y cita para ese efecto, un fallo de recurso de protección, Rol 4626-2008, de esta Corte de Apelaciones.

Relata que nombre reservado revisó los respaldos de la publicación, y concluyó su validez, por cuanto las facturas se encontraban irrevocablemente aceptadas al no haber sido rechazadas ni objetadas dentro de plazo, además de constar en ellas su recibo, todo de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.983.

Señala que no existe acto ilegal ni arbitrario que pueda serle imputado, por cuanto nombre reservado ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, por lo que el recurso de protección deberá ser rechazado.

Expone además que, conforme a lo establecido en el artículo 2493 del Código Civil, para que opere la prescripción extintiva, ésta debe ser alegada y declarada judicialmente mediante resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, y que no existe una sentencia firme y ejecutoriada que declare la prescripción de la deuda que haga que su publicación sea improcedente.

Finalmente alega que el recurso de protección deberá ser rechazado, por no haberse vulnerado garantía constitucional alguna, las que tampoco fueron mencionadas por el recurrente.

Acompaña copias de las facturas electrónicas y de las trazas de envío de la mismas en formato XML, copia de un informe en derecho acerca del alcance de los artículos 4 y 17 de la ley 19.628, elaborado por los señores nombre reservado y nombre reservado, de octubre de 2011, informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos. 11.092-07 y 11.144-07, refundidos), sentencia dictada por esta Iltma. Corte de Apelaciones, Rol 81.407-2017, y sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 2204-2018.

Tercero: Con fecha 13 de agosto de 2018, a requerimiento de esta Corte, informó al tenor del recurso, don Sergio Rojas Barahona, abogado, en representación de Socofar S.A., quien expuso en cuanto a la recepción de las mercaderías, que del artículo 9° inciso final de la Ley Nº 19.983 y del artículo 2º del Decreto N° 93 aparece que, en el caso de las facturas electrónicas, el recibo de la recepción de las mercaderías o servicios podrá constar en un acuse de recibo electrónico emitido por un receptor electrónico autorizado por el Servicio de Impuestos Internos o por escrito en una o más guías de despacho no electrónicas o representaciones impresas de guías de despacho electrónicas o de facturas electrónicas, y que en las facturas acompañadas por la recurrida consta de forma expresa el recibo de las mercaderías o de los servicios prestados por parte de la recurrente, figurando al pie de todas las facturas que su recibo lo hizo doña nombre reservado, RUT RUT reservado, en el recinto de “Bodegas Cormi”, con fecha 04 de junio de 2014, y agrega que bajo cada una de las facturas se señala: “El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)”. Añade que no existen antecedentes que den cuenta de que las facturas hayan sido reclamadas dentro del plazo establecido en la ley, y que por tanto, en virtud del artículo 3° de la Ley 19.983, las facturas deben entenderse irrevocablemente aceptadas.

En relación a la prescripción de la acción de cobro de las facturas, cita el artículo 2493 del Código Civil para exponer que es requisito de la prescripción que ésta haya sido declarada judicialmente, en procedimientos de lato conocimiento y no mediante esta vía cautelar, y en cuanto a la aplicación de la ley 19.628, sobre la Protección a la vida privada, informa que de las normas de dicha ley y de aquellas sobre interpretación contenidas en el Código Civil, sólo cabe concluir que ella no resulta aplicable a las personas jurídicas.

Cuarto: La recurrente, con fecha 24 de agosto de 2018, hace presente a esta Corte que doña nombre reservado, indicada por Socofar, como la persona que habría recibido las mercaderías el día 4 de junio de 2014, sólo se desempeñó a su servicio, desde el día 1 de septiembre de 2014, por lo que es materialmente imposible que ella haya recibido las mercaderías de que dan cuenta las facturas, y agregando que en las facturas acompañadas, aparece la firma ilegible de una persona, que a su parte no consta que sea efectivamente doña nombre reservado, quien además ya no pertenece a la empresa. Acompaña su contrato de trabajo, como jefe de bodega de CORMI, desde el 1 de septiembre de 2014 y un segundo contrato de trabajo, como representante de ventas de CORMI, desde el 1 de diciembre de 2014. Acompaña además, certificado de imposiciones previsionales en AFP Habitat en el que consta el período dentro del cual se desempeñó al servicio de de la recurrente, y pide que se oficie a la AFP, a fin que remita el resumen de imposiciones pagadas y períodos respectivos.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales, y que busca obtener que la Corte de Apelaciones respectiva tome las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del afectado.

Sexto: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que afecte a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto, por lo que este caso consiste en determinar si ha existido una actuación ilegal o arbitraria por parte de nombre reservado nombre reservado, en la publicación de morosidad de las facturas de la recurrente Distribuidora Cormi Ltda.

Séptimo: Que no existe norma que impida a la recurrida la publicación que sostiene la recurrente afecta sus garantías constitucionales, por lo que, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado, en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico. En la especie, esta Corte no divisa una ilegalidad en el acto objeto del recurso, porque la publicación de las facturas se realizó habiéndose constatado que ellas no fueron reclamadas dentro del plazo de 8 días de su aceptación, lo que importa que, de conformidad a lo establecido en el artículo 160 del Código de Comercio, ellas se encuentran irrevocablemente aceptadas. Tampoco aparece que tal actuación se haya practicado en forma arbitraria, caprichosa o carente de motivo, puesto que, como se señaló, la publicación se efectuó dentro de un contexto normativo que pretende regular la publicación o el acceso a información financiera relevante para diversas instituciones que participan en el mercado. Por lo anterior, la publicación de las facturas morosas no constituyó un acto ilegal o arbitrario, por cuanto tanto la publicación reclamada, como la mantención de la misma en el boletín comercial por parte de nombre reservado nombre reservado, se ha adecuado a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual el presente recurso debe ser desestimado.

Octavo: Que, de otra parte, tampoco existe una vulneración a la Ley de Protección de Datos Personales, pues, de conformidad a la letra f) del artículo 2 de la citada Ley N° 19.628 "se entenderá por datos de carácter personal, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Aquello, unido a lo indicado en la letra ñ) del mismo artículo, que señala: "Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal", deja establecido que la ley en referencia es aplicable sólo a personas naturales, y no a la recurrente, que es una persona jurídica, por lo que debe desestimarse la argumentación de la recurrente, en este sentido.

Por estas consideraciones y atendido, además, presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 4, y 24 del artículo 19 y el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Distribuidora Cormi Limitada, en contra de nombre reservado nombre reservado, sin costas.

Comuníquese, regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción de la abogado integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.

Rol N° 40.619-2018.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro (I) señora Inelie Durán Madina y por la Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.