Protección contra Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Miguel Alejandro Fernando Contreras, abogado, en representación de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile (nombre reservado) representado legalmente por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario en que habrían incurrido y que habría afectado las garantías constitucionales del artículo 19 N°2, 3 incisos primero, quinto y sexto y 12 de la Constitución Política de la República.

Para efectos de fundar su arbitrio señala que el señor nombre reservado se desempeñó como director del nombre reservado desde diciembre de 2021 y hasta el 23 de marzo de 2023, cargo en el que habría sido electo por dos años, y que durante más de 20 años fue miembro del club, en el que nunca habría sido objeto de sanciones disciplinarias.

Dice que los hechos que motivan el recurso de protección tuvieron su origen a raíz de una denuncia que existió en contra del señor nombre reservado, efectuada por el jefe de la Escuela de vuelo, nombre reservado, en el que este argumenta haber sufrido constantes situaciones de acoso de su parte, particularmente en lo referido a la imputación de asignaciones indebidas dentro del club en el contexto del proceso de recuperación y venta del avión Citation CC- LLN, así como que el recurrente estaría realizando actuaciones lucrativas indebidas con estacionamientos arrendados al nombre reservado.

Señala que en relación con esta denuncia, el 24 de enero del año en curso, el señor nombre reservado, instructor de investigación del Club Aéreo del Personal de Carabineros habría notificado por correo electrónico al recurrente del proceso interno llevado en su contra a raíz de una investigación, y la formulación de cargos basada en hechos constitutivos de acoso laboral en contra del trabajador nombre reservado, los que se estiman infractores del artículo 4 inciso 6 letras b) y c) del Estatuto del Club Aéreo del Personal de Carabineros por los siguientes hechos: “el día 23 de marzo de 2023, ante los integrantes del directorio de la Corporación y utilizando uno de los medios de comunicación definidos para dicho organismo (whatsapp) don nombre reservado acusó al trabajador don nombre reservado de haber percibido viáticos de manera indebida. Esta acusación encubierta fue la culminación de una serie de acciones previas tendientes a desprestigiar al referido trabajador, utilizando para ello el mismo asunto, quien anteriormente había formulado una denuncia en su contra por varios hechos, entre estos acoso laboral y por los cuales el Sr. nombre reservado había sido sancionado disciplinariamente”. Del mismo modo se le formuló cargos por los siguientes hechos “que con fecha 29 de junio de 2022, don nombre reservado en representación de la sociedad Ismatex SpA suscribió con la Corporación de la que es socio, un contrato de arrendamiento de cuatro estacionamientos por una renta de $40.000 mensuales reajustables cada uno, con el único objeto de estacionar vehículos motorizados de su propiedad y de propiedad del representante, espacios que luego de ello utilizó para una actividad lucrativa de venta de vehículos y actividades asociadas a la venta, la que ejercía desde antes de suscribir dicho contrato, omitiendo y ocultando la verdadera finalidad del convenio. Esto con la finalidad de obtener mediante engaño a su favor una renta más baja, lo que logró y que importó para el club una pérdida de ingresos por este concepto de alrededor de $3.600.000, toda vez que de haberse declarado la verdadera finalidad del contrato, la renta mínima mensual por cada estacionamiento habría sido de $90.000”, hechos que se estimaron infractores del artículo 4 inciso sexto letras a) y b) y artículo 5 inciso cuarto letra e) del Estatuto del Club Aéreo del Personal de Carabineros.

Dice que los hechos que él imputó no serían constitutivos de acoso laboral y se justificarían en que su representado habría cuestionado, con motivo del informe de auditoría del proceso de recuperación y venta del citado avión, y solicitado antecedentes contables para aclarar las irregularidades descritas en dicho instrumento, en particular, en lo relativo al pago de movilización y viático a los colaboradores y empleados de nombre reservado, entre los que se encuentra el señor nombre reservado, habiendo actuado en su calidad de director de la corporación y en ejercicio legítimo de una atribución de la esencia de su cargo. Señala que, de los antecedentes que le fueron remitidos, puede establecerse que existieron pagos indebidos al personal y socios del club por parte de la empresa Aeroholding. Que ante la solicitud de aclaración de su denuncia dejó constancia que las habría formulado sin referencia a un funcionario o socio en particular, y que tuvo la intención de efectuar denuncias por lo sucedido a través de conductos regulares y acompañando antecedentes al efecto.

Agrega que los antecedentes que disponía a esa fecha no le permitían formalizar una denuncia conforme con los protocolos establecidos en el Estatuto del Club Aéreo, pues la información contable que le habría sido proporcionada no era suficiente. Dice que a esa fecha el señor nombre reservado no solo era socio del club sino que director de este, de manera que el requerimiento de antecedentes e información constituía el ejercicio de un deber. Dice que en un fallo anterior dictado por esta Corte y confirmado por la Excma. Corte Suprema en los autos rol 235.464 se habría establecido que aunque el procedimiento se llevó a efecto por la Comisión Disciplinaria de nombre reservado de manera ajustada a la forma indicada en los estatutos, la sanción aplicada no habría sido proporcional a los hechos acreditados.

Señala que la conducta de su representado no estuvo orientada a realizar denuncias de ninguna clase respecto de funcionario trabajador o socio ni en particular del señor nombre reservado, sino que pretendían que se velara por un estándar de transparencia y de responsabilidad para con la entidad en razón del cargo que ostentaba el señor nombre reservado. Que ello no conllevaba ninguna infracción ni incumplimiento de los estatutos del Club.

Ahora en relación con el segundo cargo por el que se le aplicó la suspensión del club por 12 meses y su expulsión, dice relación con un pretendido incumplimiento contractual de una estipulación del contrato de arrendamiento celebrado con fecha 29 de junio de 2022 entre nombre reservado y la empresa Ismatex, representada legalmente por el señor nombre reservado. Dice que tratándose de un contrato de arrendamiento de estacionamiento rigen a su respecto las disposiciones contenidas en la Ley 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, y que las eventuales discrepancias referidas al mismo debían ser resueltas por los juzgados civiles competentes, careciendo nombre reservado de competencia para calificar un supuesto hecho como contrario a una disposición contractual, y menos aún para atribuir infracción a los estatutos del club por un contrato que fue celebrado por una persona jurídica distinta del señor nombre reservado. Que, rechazando esa alegación, la Corporación habría aplicado al señor nombre reservado la suspensión de doce meses y a su vez la expulsión del club. Dice que esa imputación es sumamente grave en la medida en que esos hechos “son directamente constitutivos de delito, no siendo estos hechos sometidos en ningún momento a la jurisdicción de los tribunales con competencia penal, a fin de que estos efectúen la debida calificación punible de los hechos en los términos en que se acusa al recurrido”.

Dice que el procedimiento llevado a cabo por el recurrido únicamente contempló una etapa de contestación o descargos, que se fundó la decisión únicamente en los antecedentes recopilados por el instructor de la comisión disciplinaria, siendo la misma Comisión la que arribó a una conclusión, no habiéndosele dado la oportunidad de presentar pruebas ya que se prescindió de un término para tales efectos. Dice que es en ese contexto que con fecha 28 de febrero de 2024 fue notificado de la resolución que tuvo por constatados los hechos imputados, y que dispuso en su contra tanto la suspensión como la expulsión de la entidad recurrida.

Señala que en su entender los hechos descritos son actos arbitrarios e ilegales y que han privado a don nombre reservado de los derechos contemplados en los artículos 19 N°2 y N°3 incisos primero, quinto y sexto de la Constitución, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a defensa y a un justo procedimiento.

En concreto, que habría faltado a su respecto un emplazamiento y una debida instancia de defensa como parte del procedimiento contemplado en los estatutos de nombre reservado, teniendo en cuenta que el artículo 5 inciso segundo del mismo dispone que la Comisión de Disciplina tiene que investigar en un procedimiento racional y justo, y que sin embargo lo cual en aquel desplegado en concreto se omitieron presupuestos básicos del debido proceso constitucionalmente garantizado como el derecho a la prueba y la igualdad de armas, concluyendo que concurre “en el caso que nos convoca una vulneración a las normas del debido proceso en la medida que únicamente existió una oportunidad para efectuar descargos respecto de las imputaciones efectuadas por la Comisión, no existiendo así la instancia para poder aportar los antecedentes tendientes a desvirtuar las imputaciones, limitándose la defensa, en consecuencia, a una mera discusión argumentativa sobre los antecedentes recabados por la propia entidad sancionadora”.

Del mismo modo, señala que uno de los hechos que motivó la sanción sería una supuesta denuncia efectuada por el señor nombre reservado en lo tocante a la solicitud de antecedentes por la entrega de viáticos otorgados a sus miembros y empleados del club, en circunstancia que esos hechos no revistieron el carácter de una denuncia, sino que de una solicitud de información realizada en aplicación del artículo 4 inciso e) de los Estatutos de nombre reservado, en su calidad de socio del club, de ahí que considere que el ejercicio legítimo de un derecho que se efectúa dentro de los márgenes legales no puede ser constitutivo de un acto vejatorio.

En cuanto al fondo de la resolución que le impone la sanción, dice que el razonamiento de la Comisión Disciplinaria se centra en calificar los hechos denunciados como una mera apariencia de conductas constitutivas de acoso, empleando como fundamento hechos sucedidos con anterioridad, ya juzgados en su oportunidad y que llegaron a sede judicial, en que se calificó la sanción impuesta como desproporcionada en cuanto a su extensión.

Argumenta en seguida sobre la falta de imparcialidad de la Comisión Investigadora para obrar como órgano sancionador, cuestionando en ese sentido la norma de los Estatutos del Club Aéreo que lo habilita para expulsar a los socios en cuanto establezcan situaciones de malversación, apropiación indebida, intento de fraude, fraude, sustracción de dinero o bienes de la Corporación. Dice que el órgano en cuestión en su forma de operar actúa como juez y parte, en la medida en que es el encargado de investigar y de dictar una resolución sobre los antecedentes reunidos. Asimismo que “el procedimiento seguido por los estatutos del nombre reservado carece absolutamente de control de sus decisiones, en la medida que no contempla como regla general una instancia de revisión de las sanciones emitidas, estableciendo de manera excepcional una instancia de impugnación de las decisiones arribadas” la que estaría dada por la Asamblea General Ordinaria. Y que si bien la Comisión disciplinaria, en el caso concreto, efectivamente arribó a una sanción de expulsión jamás informó al recurrente que la sanción de expulsión era susceptible de ser recurrida; así como que al aplicar al mismo tiempo las dos sanciones ‒la de doce meses y la de expulsión‒ dejó a su representado en la confusión de si podía o no impugnar la decisión porque la primera era inapelable y la segunda sí.

Argumenta sobre el derecho al recurso como uno de los componentes centrales del debido proceso, el que debe cumplir con ciertos estándares para que se estime existente, como que el control sea efectuado por una entidad jerárquica distinta y superior de la que emite el pronunciamiento, que propenda a ser lo más íntegra posible, y preclusión en cuanto a los plazos en los que se puede hacer valer. Dice que en el caso en estudio habría existido una inobservancia de la garantía referida, en la medida en que la revisión de la resolución constituye una excepción dentro del procedimiento, en adición a que no existió certeza en lo tocante a establecer la fecha desde la cual ha de entenderse notificada la referida resolución y si ella era o no recurrible.

Cuestiona también la resolución en la medida en que ella atribuye y castiga por hechos que son constitutivos de delito, pero sin una sentencia judicial previa, alegando de la norma establecida en el artículo 5 N°4 letra e) del Estatuto del Club Aéreo de Santiago, en la medida en que los hechos ilícitos por los que castiga no fueron determinados judicialmente sino que los tuvo por ciertos en razón de la investigación y prueba que ellos mismos aportaron. Dice que ello violentaría la presunción de inocencia consagrada en los tratados internacionales, y que establecería que solo puede ser sancionado si es que media una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por un tribunal competente, y que por mucho que se autorice a las corporaciones a aplicar de manera interna las conductas constitutivas de defraudaciones, “ello en caso alguno puede ser interpretado en el sentido de que el legislador dote a las personas jurídicas de derecho privado de las potestades jurisdiccionales para determinar cuándo se está frente a un delito”.

Argumenta luego que no se habría respetado el principio de proporcionalidad de las sanciones, en sus aspectos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto porque la sentencia que impone la sanción no ahonda en aquellos motivos que explican por qué la sanción de expulsión es la más idónea y necesaria respecto de los hechos imputados.

A continuación, menciona una afectación a la congruencia porque se sancionó al señor nombre reservado con una suspensión de todos sus derechos sociales por el plazo de 12 meses y con la medida de expulsión, de manera que ambas sanciones son contradictorias entre sí, argumentando que se infringe el principio de congruencia y de legalidad establecido en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos que exige la sanción o decisión a la que se arriba sea clara, precisa y coherente. Que lo anterior influye también en la posibilidad de recurrir o no de la decisión adoptada, la que dependía de la sanción impuesta, procediendo únicamente en el caso de expulsión, resultando además ininteligible.

En mérito a las anteriores consideraciones solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra del Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile por el acto arbitrario e ilegal en que dice habría incurrido al momento de sancionar a don nombre reservado, infringiendo las garantías de igualdad ante la ley en relación con el debido proceso y derecho a defensa, y acogerlo en todas sus partes, dejando sin efecto la resolución que dispone la suspensión y al mismo tiempo la expulsión del socio, con expresa condenación en costas.

Acompañó a su recurso la denuncia presentada por el señor nombre reservado ante el nombre reservado, el contrato de arrendamiento de estacionamientos celebrado entre la empresa Ismatex y esa corporación, copia de correos electrónicos, mail de informe de 28 de noviembre de 2023 y 5 de diciembre de 2023, informe de auditoría contable, la sentencia dictada por esta Corte en la causa rol 6322- 2023, así como la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa rol 235464-2023, el estatuto del club del personal aéreo de Carabineros de Chile, informe técnico sobre la modalidad de cobro de arriendo, y copia de la resolución de la Comisión Disciplinaria del Club así como constancia de su notificación.

Segundo: Que, evacuando su informe, el Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile solicitó el rechazo del recurso de protección deducido. Tras dar cuenta de los hechos relevantes y descartar varias de las afirmaciones que fundan el recurso de protección deducido, argumenta que nombre reservado no incurrió en acciones arbitrarias e ilegales, que el recurrente carece de derechos indubitados que puedan ser tutelados por la interposición del presente recurso, y que no existieron las vulneraciones a las garantías fundamentales invocadas.

En relación con la primera de estas alegaciones, señala que la Comisión de Disciplina de nombre reservado obró dentro de sus atribuciones, pues inició la investigación en contra del señor nombre reservado en razón de las facultades que le confieren los Estatutos y en aplicación de las disposiciones establecidas por los artículos 553 y 555 del Código Civil que reconocen las potestades disciplinarias de las personas jurídicas sin fines de lucro, además del artículo 5 de los Estatutos. Reafirma que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, esa Comisión de Disciplina no pretende atribuirse facultades jurisdiccionales sino que únicamente velar por el cumplimiento de sus estatutos, declarando únicamente la responsabilidad disciplinaria, lo que debe entenderse sin perjuicio de otro tipo de responsabilidad que podrá ser establecida por los tribunales. Que, así las cosas, esta Comisión actuó dentro de sus atribuciones, y no pretendiendo ejercer funciones jurisdiccionales.

Agrega además que no sería un recurso de protección la vía idónea para objetar el mérito de las decisiones contenidas en las resoluciones dictadas en un procedimiento disciplinario interno, como ha establecido la Corte Suprema en los autos rol 5984- 2019 de fecha 19 de julio de 2019.

Dice a continuación, que la Comisión de Disciplina se rigió en todo momento por las normas establecidas en sus estatutos, respetando el derecho a defensa del recurrente. Así, que recibida la denuncia, designó a un instructor, que este solicitó al recurrente su versión de los hechos y la presentación de prueba, a lo que este respondió, adjuntando antecedentes; que con posterioridad se le formularon cargos, frente a los que planteó descargos, gozando de la oportunidad de presentar pruebas, la que ejercitó aportando diversos antecedentes ponderados por la resolución recurrida. De esta manera, que la resolución se dictó en base a los antecedentes aportados, teniendo en cuenta los hechos establecidos y las disposiciones infringidas, habiéndose permitido y respetado el derecho a defensa del señor nombre reservado. Reafirma la procedencia de que nombre reservado se ciña a sus estatutos en los procedimientos disciplinarios que sigue, lo que habría sido reconocido por esta Corte en los autos rol 6322- 2023 en que se descartó su obrar ilegal.

Argumenta además que las sanciones que impuso son proporcionales, teniendo en cuenta que el señor nombre reservado ya había sido sancionado con anterioridad, que a la fecha de los hechos ejercía el cargo de Director de nombre reservado lo que hacía exigible a su respecto un mayor apego a las normas que regulan la Corporación, y habida cuenta que la sanción de expulsión se encuentra prevista en el artículo 5 de los Estatutos para conductas como aquellas que fueron establecidas en concreto en el presente caso, no existiendo en esta última hipótesis margen de discrecionalidad por parte de la Comisión de Disciplina en su aplicación. De esta manera, que a diferencia de que lo señala el recurrente, las sanciones dictadas por nombre reservado no carecen de razonabilidad ni son desproporcionadas, encontrando una justificación razonable en atención a los antecedentes reunidos en la investigación.

Señala a continuación que nombre reservado no infringió el principio de congruencia porque las sanciones impuestas no son contradictorias entre sí, en la medida en que se impusieron por dos hechos distintos: realización de acusaciones infundadas y uso irregular de estacionamientos arrendados a la Corporación. Reitera que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema, solo hay afectación a la congruencia cuando en el caso de existir más de una decisión, esta resulta contradictoria con la otra, de manera tal que no se pueden cumplir simultáneamente, lo que no sucedería en el presente caso.

Dice que no existió falta de imparcialidad del sancionador, en la medida en que nombre reservado tiene facultades para ejercer potestad disciplinaria, que guardó un procedimiento racional y justo, y que lo desplegó de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de sus Estatutos. Que, por lo demás, la investigación se realizó por un instructor y la sanción fue impuesta por mayoría.

Afirma luego que no es efectivo que no exista control respecto de la decisión de expulsión de nombre reservado, en la medida en que los mismos Estatutos prevén un recurso de reconsideración con apelación en subsidio ante la Asamblea General Ordinaria, el que en todo caso no fue ejercido por el señor nombre reservado.

Como segundo apartado de sus alegaciones, sostiene que el recurso debe ser rechazado en la medida en que el señor nombre reservado no dispone de derechos indubitados, los únicos que pueden ser objeto de tutela por medio de una acción cautelar como el recurso de protección. Así, que en el presente caso el recurrente no habría acreditado la existencia de una actuación u omisión ilegal o arbitraria que pudiera justificarlo.

Finaliza sus argumentos señalando que las garantías constitucionales invocadas por la recurrente no fueron vulneradas, habiendo actuado la Comisión de Disciplina dentro de sus atribuciones y en base a los Estatutos de la Corporación; que ella habría podido defenderse y presentar prueba, la que fue ponderada en la resolución dictada. Que, por lo demás, existe jurisprudencia de acuerdo con la cual la garantía del debido proceso no se encuentra amparada por el recurso de protección, sino solo en la dimensión que prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales, lo que no habría sido invocado por la recurrente en ningún momento; y solicitando el rechazo del recurso de protección impetrado.

Acompañó a su informe la resolución dictada con fecha 26 de febrero de 2024, la contestación de cargos del señor nombre reservado, los estatutos de nombre reservado, el recurso de protección seguido bajo el rol 6322- 2023 ante esta Corte, el informe de nombre reservado en el mencionado recurso de protección, así como el fallo que lo resuelve, la apelación deducida en su contra y la decisión de la Excma. Corte Suprema que confirma esa decisión. Adicionalmente, copia de la denuncia del señor nombre reservado, el contrato de arrendamiento celebrado entre Ismatex SpA y nombre reservado, correos electrónicos entre el señor nombre reservado y nombre reservado, un informe de auditoría contable e informe técnico sobre modalidad de cobro de arriendo, resolución en que se notifica la sanción al señor nombre reservado y correo electrónico de notificación.

Tercero: Que con fecha 26 de junio de 2024 el recurrido acompañó documentos consistentes en oficio del Club Aéreo del Personal de Carabineros al Sr. General Director de Carabineros, extracto de publicación de la constitución de la sociedad Ismatex SpA, documento del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a las actividades económicas de Ismatex SpA y recopilación de publicaciones de Marketplace realizadas por nombre reservado en el recinto de Carabineros.

Cuarto. Que el recurso de protección es una acción cautelar prevista por el artículo 20 de la Constitución Política de la República destinada a amparar las garantías constitucionales que ella misma prevé frente a actos ilegales o arbitrarios que ocasionen su lesión o puesta en peligro. Que son requisitos indispensables para que ella sea acogida la existencia de un acto ilegal o arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías constitucionales amparadas, y que la Corte se encuentre en la situación material y jurídica de brindar protección cautelar.

De esta manera, es un requisito indispensable de toda acción de protección, por un lado, la existencia de un acto u omisión contraria a la ley o producto del mero capricho o de la voluntad de quien incurre en él y que provoque alguna de las afectaciones a las garantías constitucionales antes mencionadas.

Quinto: Que lo primero que corresponde consignar para efectos de resolver sobre el presente recurso de protección es que el artículo 20 de la Constitución Política de la República no ampara de manera general la garantía constitucional del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, salvo en lo que dice relación con el inciso quinto de la misma norma, en la parte en que asegura a todas las personas que ”nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Que si se examina el recurso de protección deducido se advierte que el recurrente no invoca en momento alguno que se le hubiera sancionado por una Comisión especial, sino que otras cuestiones que estima parte del debido proceso y que, en los términos mencionados, no se encuentran amparadas por la presente acción cautelar, de ahí que la misma deba ser rechazada a este respecto.

Sexto. Que, en seguida, debe considerarse que si bien se invocó como garantía constitucional infringida por el acto ilegal y arbitrario denunciado el artículo 19 N°12 de la Constitución, esto es, la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa en cualquier forma o por cualquier medio; en el recurso intentado no se argumenta de qué manera habría tenido lugar esa lesión o puesta en peligro, no resultando tampoco de manifiesto en los hechos que lo fundan, de ahí que también, a ese respecto, deberá desestimarse el recurso.

Séptimo. Que corresponde decidir ahora si la resolución dictada por la Comisión de Disciplina del Club Aéreo del Personal de Carabineros con fecha 26 de febrero de 2024 y que sancionó al recurrente con la suspensión y la expulsión, puede ser considerada un acto arbitrario e ilegal que haya afectado su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Octavo. Que, para efectos de dilucidar lo anterior, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto del Club Aéreo del personal de Carabineros de Chile, esta es una corporación de derecho privado que tiene por objeto desarrollar y fomentar entre sus asociados el deporte aeronáutico en sus diferentes aspectos, empleando para ello todo tipo de aeronaves, así como desarrollar y fomentar el paracaidismo y el aeromodelismo.

Conforme con su artículo quinto “para velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos, existirá una Comisión de Disciplina integrada por tres miembros socios activos, formados como pilotos en el Club Aéreo del personal de Carabineros, quienes deberán ser elegidos por la Asamblea General Ordinaria anual. Sus integrantes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos”, disponiendo a continuación que esta Comisión deberá seguir un procedimiento racional y justo en relación con todos los hechos que sean informados o denunciados, resolviendo sobre las medidas disciplinarias o administrativas que establezcan los estatutos y/o reglamentos de la corporación. Que, en tal caso, la investigación deberá ser realizada por uno de sus integrantes, adoptándose las decisiones por mayoría, valorándose la prueba de acuerdo con la sana crítica y debiendo fundarse el fallo conforme a derecho.

En lo que dice relación con las sanciones, dispone la mencionada norma que se podrán imponer, entre otras, la suspensión de todos los derechos sociales por un plazo de uno a doce meses (letra d) y la expulsión cuando se establezca malversación, apropiación indebida, intento de fraude, fraude o sustracción de dinero o bienes de la corporación (letra d), señalándose que en el caso de la expulsión podrá pedirse reconsideración con apelación en subsidio ante la próxima Asamblea General Ordinaria dentro de los treinta días hábiles siguientes contados desde la respectiva notificación.

Noveno. Que, en lo que dice relación con la resolución de fecha 26 de febrero de 2024, se advierte que la misma fue dictada por la Comisión de Disciplina del Club Aéreo del Personal de Carabineros integrada por dos miembros, previo procedimiento de investigación desplegado por el instructor (tercer miembro de la Comisión); y que en ese procedimiento fueron formulados cargos en contra del señor nombre reservado que le fueron comunicados y que este respondió, acompañando los antecedentes que estimó relevantes, habiendo sido estos tenidos en cuenta al momento de resolver.

Que, examinada la referida resolución, se advierte que la misma resulta fundada, en tanto fue dictada una vez establecidos los hechos relevantes en base a los antecedentes recopilados, los que valoró la Comisión y considerados los argumentos invocados en defensa del señor nombre reservado, tras lo cual aplicó la norma dispuesta por el artículo 5 de los Estatutos, en lo que dice relación con las sanciones aplicables y con los hechos que podrían dar lugar a la expulsión.

Adicionalmente, se advierte de un examen de la resolución que esta se pronuncia sobre dos hechos diversos, imponiendo por el primero de ellos una medida de suspensión de todos los derechos sociales por un plazo de doce meses y por el segundo, la expulsión; de ahí que no se advierta la contradicción alegada en lo decisorio, sin perjuicio de que ‒por haberse impuesto la expulsión del señor nombre reservado‒ no será posible dar cumplimiento efectivo a la sanción de suspensión.

Que adicionalmente, la entidad de cada una de las referidas sanciones, aparece justificada en concreto y en cuanto a la expulsión, debe agregarse que se trata de una sanción que tiene como antecedente un hecho típico ‒la malversación, apropiación indebida, intento de fraude, fraude o sustracción de dinero o bienes de la Corporación‒ de ahí que debe estimarse aplicada correctamente si se han establecido hechos que pueden ser calificados como tales, lo que ha sucedido en la especie, toda vez que se tuvo por probado que “con fecha 29 de junio de 2022, don nombre reservado en representación de la sociedad Ismatex SpA suscribió con la Corporación Club Aéreo del Personal de Carabineros de la que era Director, un contrato de arrendamiento de cuatro estacionamientos por una renta de $40.000 mensuales, con el único objeto de estacionar vehículos motorizados de su propiedad y de la sociedad que representaba. Luego de ello, utilizó dichos espacios para una actividad lucrativa de venta de vehículos y actividades asociadas a la venta, la que ejercía desde antes de suscribir dicho contrato, omitiendo y ocultando la verdadera finalidad del convenio. Esto con la finalidad de obtener mediante engaño a su favor una renta más baja, lo que logró y que importó para el Club una pérdida de ingresos de alrededor de $3.800.000, toda vez que de haberse declarado la verdadera finalidad del contrato, la renta mínima mensual por cada estacionamiento hubiese sido de $90.000 mensuales. Esta pérdida de ingresos generó simultáneamente para el sr. nombre reservado y la sociedad que representaba un beneficio equivalente a dicho monto”.

Que, por último, debe tenerse en cuenta que el procedimiento previsto en los estatutos contemplaba un recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra de la sanción de expulsión, el que el señor nombre reservado no ejerció; no resultando razonable la pretendida confusión que alega el recurrente para efectos de no interponerlo dentro de plazo teniendo en cuenta el contenido de la resolución y la forma en que aparece consignado el derecho al recurso en el artículo 5 de los estatutos.

Décimo. Que, por lo demás, debe tenerse en cuenta que conforme con lo dispuesto por el artículo 555 del Código Civil “los delitos de fraude, malversación, dilapidación y malversación de fondos de la corporación se castigarán con arreglo a sus estatutos, sin perjuicio de lo que dispongan sobre los mismos delitos las leyes comunes”, lo que pone en evidencia que las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran facultadas para imponer sanciones disciplinarias en contra de sus miembros en la medida en que se ajusten a sus estatutos y en tanto se sigan procedimientos que satisfagan las exigencias mínimas de un debido proceso. Por lo demás, que tales sanciones disciplinarias resultan independientes de las sanciones penales y de otra naturaleza que pudieren corresponder por los mismos eventos.

Undécimo. Así las cosas, no concurre un acto ilegal del recurrido, en la medida en que dictó la resolución de 26 de febrero de 2024 e impuso las sanciones que en ella se indican en ejercicio de una facultad consagrada en sus estatutos y sujetándose al procedimiento allí previsto.

Duodécimo. Que queda finalmente por pronunciarse sobre de la pretendida falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas al señor nombre reservado.

Para efectos de apreciar lo anterior, debe reconocerse a las propias corporaciones sin fines de lucro la facultad de autorregularse, determinando cuáles son las conductas y estándares que estiman ajustados a los principios y valores que rigen sus organizaciones, dando cabida así a la expresión de diversas culturas internas, lo que conlleva que la facultad de revisar externamente tales estándares debe ejercerse únicamente si aparecen antecedentes que den cuenta de su absoluta falta de racionalidad.

Que, en la especie, no sucede lo anterior si se advierte que la sanción de suspensión se impuso considerando las sanciones previas impuestas al señor nombre reservado y que este tenía la calidad de director al momento de los hechos. En el caso de la de expulsión, además de esos antecedentes, la gravedad y las consecuencias económicas perjudiciales de la conducta que desplegó el señor nombre reservado para la corporación, a más de que son los propios estatutos los que prevén que, en casos como ese, la sanción que corresponde imponer es la expulsión.

Décimo Tercero. Faltando en los términos expresados el acto arbitrario o ilegal que funda este arbitrio, debe rechazarse el recurso de protección, siendo innecesario que se emita pronunciamiento sobre las demás alegaciones vertidas en este proceso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz.

No firma la Abogado Integrante señora Krause Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N°Protección-4061-2024.