SOCIEDAD DE GESTION LEGAL Y COMERCIAL OGC SPA con INMOBILIARIA SANTA ANA LTDA.

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 25: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sociedad de Gestión Legal y Comercial OGC SpA, representada legalmente por nombre reservado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, Carmelina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, de nacionalidad peruana, interponiendo recurso de protección en contra de Inmobiliaria Santa Ana Limitada y del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por haber incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias en el marco del proceso de usurpación seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, RIT O-9656-2020, que vulnera los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 1, 3, 4, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, del derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y la familia, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad.

Expone que con fecha 03 de julio de 2020, Inmobiliaria Santa Ana Limitada interpuso una querella por el delito de usurpación en razón de una ocupación ilegal de sus propiedades, señalando una serie de personas, incluyendo al señor nombre reservado, quien posteriormente habría realizado modificaciones al inmueble y comenzó a arrendar la propiedad por piezas a inmigrantes peruanos, en su mayoría indocumentados, quienes debido a su precariedad accedían a costosos arriendos en condiciones poco favorables.

Se indica que el señor nombre reservado se presentaba frente a sus arrendatarios como perteneciente a la Inmobiliaria, dueña de las propiedades, lo cual nunca fue objetado por los inquilinos, quienes no manejaban mayores conocimientos sobre el país. Además, con fecha 01 de agosto de 2020, la mencionada persona interpuso una querella criminal en contra de Inmobiliaria Santa Ana Limitada.

Da cuenta que en el transcurso del proceso investigativo, las personas investigadas y formalizadas fueron los arrendatarios, quienes jamás han usurpado nada, y se trata de personas extranjeras que llegaron a Chile con un proyecto de vivir mejor y que, producto de su condición migratoria irregular y el alto costo de la vida, optaron por el arriendo de piezas para ellos y sus familias, siendo víctimas al aprovecharse de su precariedad.

Reclama que, el sistema judicial penal, en su afán de dar término rápido a las causas, formalizó y generó salidas alternativas o cierres de causa bajo ciertas condiciones para los imputados. Así se formalizó a los señores Chauca y Sandoval, quienes llegaron a acuerdos para dejar la propiedad, como imputados por el delito de usurpación, en circunstancias que jamás han cometido ilícito alguno.

Precisa que representan a una serie de jefes de hogar que viven en los inmuebles, los cuales pagan arriendo mensualmente, no incurriendo en usurpación.

Añade que, fueron notificados de la resolución del Tribunal de desalojarlos en virtud de medida precautoria, a más de 600 personas, sin ser oídas, y ante la actuación del abogado que los representa en esta acción, no se dio lugar por no ser parte, dejándolos, en definitiva, en absoluta indefensión ante un procedimiento cuya legalidad es discutible.

Detalla que con fecha 25 de marzo de 2024, los arrendatarios han recibido informalmente la visita de personal de la I. Municipalidad de Santiago señalando que el día miércoles 27 de marzo serán desalojados.

Remarca que, los recurrentes, que no tienen calidad de imputados, están en la misma situación jurídica que los imputados, y aun así no son considerados partes, van a ser desalojados injustamente, con sus familias, y la afectación y vulneración de sus hijos menores en que quedaran.

Solicita que se acoja el presente recurso y, se ordene cesar, en forma inmediata, el lanzamiento de personas, de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, de establecer el orden de permitir vivir con tranquilidad y en paz en las propiedades ya individualizadas, con costas.

Segundo: Que la parte recurrida, Inmobiliaria Santa Ana Limitada, al evacuar el informe solicitado, solicita el rechazo del presente recurso.

Expone que la Sociedad Inmobiliaria Santa Ana Limitada es dueña de los inmuebles: Bulnes 839, comuna de Santiago, Región Metropolitana, adquirido mediante Escritura Pública de compraventa celebrada el 8 de mayo de 2008, San Pablo N° 2373 y San Pablo N° 2369, comuna de Santiago, Región Metropolitana, adquiridos mediante Escritura Pública de compraventa celebrada el 29 de mayo de 2006 y San Pablo N° 2361 y San Pablo N° 2365, comuna de Santiago, Región Metropolitana, adquiridos mediante Escritura Pública de compraventa celebrada el 5 de septiembre de 2007. Dichos lotes fueron adquiridos hace más de 10 años, como dan cuenta las escrituras de compraventa.

En relación a los hechos delictuales ocurridos en los inmuebles, explica que a partir de noviembre de 2019, un grupo de individuos se "tomó" primeramente el terreno ubicado en Bulnes N° 839, para luego proceder con la usurpación de los terrenos ubicados en San Pablo N° 2373, N° 2369, N° 2365 y N° 2361. Ante esta situación, el 3 de julio de 2020 se interpuso querella ante el 7° Juzgado de Garantía, lo que dio origen a la causa RIT 9656-2020, RUC 2010034210-4, la cual se encuentra actualmente en tramitación.

Detalla que en la tramitación de la causa RIT 9656-2020, se pudo formalizar a distintos imputados por el delito de usurpación no violenta en diversas audiencias realizadas entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

Cita la publicación de la Ley N°21.633, de 24 de noviembre de 2023, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fijando nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, mencionando la incorporación al Código Procesal Penal el artículo 157 ter, que establece una medida cautelar real especial para los delitos de usurpación de inmuebles.

Explica que en virtud de ello, el 4 de diciembre de 2023 solicitó al 7° Juzgado de Garantía que se procediera al desalojo de los ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública, fijándose audiencia para el 16 de enero de 2024, en la cual se decretó la medida cautelar real del artículo 157 ter del Código Procesal Penal, sin oposición de la defensoría penal pública.

En cuanto a sus alegaciones los funda en tres argumentos principales: i) la improcedencia del recurso de protección contra resoluciones judiciales; ii) la conformidad a la ley de todas las actuaciones realizadas; y iii) la circunstancia de haberse ya efectuado el desalojo impugnado.

En cuanto al primer argumento, la recurrida sostiene que el recurso de protección no es procedente contra resoluciones judiciales, toda vez que estas tienen sus propios medios de impugnación, y más aun estando una controversia sometida al imperio del derecho, no corresponde otorgar amparo constitucional por esta vía.

En relación al segundo argumento, la recurrida afirma que todas las actuaciones realizadas se ajustaron a la ley. Sostiene que no se ha indicado de qué manera habría cometido una actuación arbitraria o ilegal. Explica que solicitó el desalojo ante el tribunal competente, se llevó a cabo la audiencia en presencia del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Juez y parte querellante, y luego se procedió a realizar todas las gestiones de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, contratando a un receptor y las coordinaciones con la 3ra Comisaría de Carabineros. Más aún, coordinó el desalojo también con la Municipalidad de Santiago.

Refuta señalando que lo ordenado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago es una medida cautelar real, no una medida precautoria en los términos del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Además, el recurrente solicitó al tribunal que sus representados fueran incorporados como terceros poseedores al proceso, lo que fue considerado improcedente, dado la calidad de intervinientes reconocido en el artículo 12 del Código Procesal Penal.

Precisa que, el abogado del recurrente recurrió contra la resolución que le denegó su petición, pero no concurrió a la vista de la causa y el recurso fue declarado abandonado por esta Corte, en la causa Rol Penal-1283-2024.

Respecto al tercer argumento, la recurrida explica que el desalojo ya se realizó, con un trabajo coordinado entre la Ilustre Municipalidad de Santiago, 3ra Comisaría de Carabineros de Santiago, la delegación presidencial y la querellante. En efecto, detalla que para el operativo del 27 de marzo de 2024, aportó 4 camiones planos de 10 toneladas y 5 peonetas para ayudar a trasladar los enseres de las personas que serían desalojadas. Señala que Carabineros hizo un catastro de todas las personas que habitaban el lugar (aproximadamente 100, no 600 como señala la recurrente) y en conjunto con la Municipalidad se determinó a qué lugar podían trasladar a las familias, y se brindó el apoyo de personal especializado en trabajo con niños.

Añade que, el operativo anterior no se pudo realizar en su totalidad, debido a la existencia de un muro divisorio que impedía acceder a todos los inmuebles, debiendo solicitar al 7° Juzgado de Garantía autorización para que Carabineros ingresara a la toma por otra vía, lo que llevó a efectuar el nuevo operativo realizado el 2 de mayo de 2024, en que la recurrida nuevamente aportó con camiones y peonetas, y contó con la colaboración de Carabineros y la Municipalidad, existiendo solamente una familia habitando los inmuebles, ya que el resto de las personas se había marchado.

Tercero: Que en cumplimiento de trámite, informa don nombre reservado, Juez Suplente del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en los siguientes términos:

1° Que, se sigue la causa RUC 2010034210-4, RIT 9656-2020 en contra de los imputados Kenverlyn nombre reservado, Arali nombre reservado, Lesmi nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, por el delito de usurpación no violenta del artículo 458 del Código Penal.

2° Que la causa inició por querella interpuesta por Inmobiliaria Santa Ana Limitada, en contra de todos quienes resulten responsables por la usurpación del inmueble ubicado en domicilio reservado, la cual fue declarada admisible con fecha 6 de julio de 2020 y remitida al Ministerio Público para su investigación y fines pertinentes.

3° Que adicional, fue interpuesta querella criminal por nombre reservado en contra de todos quienes resulten responsables, por los delitos de amenazas, asociación ilícita y usurpación violenta de los artículos 296, 292 y 457 del Código Penal, por la usurpación del inmueble ubicado en domicilio reservado, del cual el querellante sería arrendatario desde el año 2015, manteniendo el dominio de dicho inmueble la Inmobiliaria Santa Ana Ltda. Al respecto, señala que el día 9 de julio de 2020, fue amenazado mediante el uso de armas de fuego por parte de un grupo de 10 individuos desconocidos, quienes le informaron que dicho inmueble ahora sería de propiedad de ellos y que por tanto, debían pagar el arriendo a ellos. Que con fecha 10 de julio de 2020, se habrían repetido dichas amenazas, exhibiéndole nuevamente armas de fuego.

Dicha querella fue admitida a tramitación con fecha 7 de agosto de 2020 y remitida al Ministerio Público para su investigación y fines pertinentes.

4° Que, con fecha 9 de octubre de 2020, fueron acumulados a estos autos por parte del Ministerio Público, la investigación llevada hasta ese entonces bajo RUC 2010040120-8, RIT 12555-2020, quedando la presente causa vigente para todos los efectos legales.

5° Que, con fecha 5 de agosto de 2022 fue solicitada audiencia para proceder a la formalización de la investigación por parte del Ministerio Público, la que fue realizada el día 3 de octubre de 2022 por el delito de Usurpación no violenta del artículo 458 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores, en contra de los imputados Kenverlyn nombre reservado y Arali nombre reservado. Se despachó orden de detención respecto de los imputados Lesmi nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

6° Que con fecha 7 de noviembre de 2022, en audiencia fijada para dicho propósito fue formalizada la imputada nombre reservado, por el mismo ilícito antes mentado en igual grado de desarrollo y con idéntica forma de participación, decretándose a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, imponiéndole el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 238 letras b) y g) del Código Procesal Penal. En dicha audiencia se decretó orden de detención de la coimputada Lesmi nombre reservado.

7° Que con fecha 14 de noviembre de 2022, en audiencia fijada para dicho propósito fueron formalizados los imputados nombre reservado y nombre reservado, por el mismo ilícito referido, decretándose a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, imponiéndole al imputado nombre reservado el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 238 letras a), b), g) y h) del Código Procesal Penal y al imputado nombre reservado, las condiciones previstas en el artículo 238 letras a), b) y g) del mismo código adjetivo.

8° Que, con fecha 21 de diciembre de 2022, en audiencia fue formalizado el imputado nombre reservado, por el mismo ilícito, imponiéndose a su respecto las medidas cautelares del artículo 155 letras g) e i) del Código Procesal Penal, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado.

9° Que, con fecha 17 de febrero de 2023, en audiencia fue formalizado el imputado nombre reservado, por el mismo delito referido, decretándose a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, imponiéndole el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 238 letras a), b) y g) del Código 10° Que, con fecha 11 de mayo de 2023, en audiencia fue formalizada la imputada nombre reservado, por el mismo ilícito, decretándose a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, imponiéndole el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 238 letras b) y g) del Código Procesal Penal, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado.

11° Que, con fecha 22 de noviembre de 2023, en audiencia por haber transcurrido el plazo de la suspensión condicional del procedimiento decretada respecto de los imputados nombre reservado y nombre reservado, en virtud de lo previsto en el artículo 240 del Código Procesal Penal, se declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo parcial de la causa a su respecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250 letra d) del mismo cuerpo normativo.

12° Que respecto de la resolución indicada en el párrafo anterior, la parte querellante por Inmobiliaria Santa Ana Ltda, con fecha 27 de noviembre de 2023 dedujo incidente de nulidad de lo obrado, en razón de no haberse cumplido la condición del artículo 238 letra h) del Código Procesal Penal, respecto del imputado nombre reservado. Este tribunal mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2023, decidió no dar lugar a la incidencia planteada teniendo presente lo obrado en audiencia de 22 de noviembre de 2023.

13° Que, con fecha 11 de diciembre de 2023 en audiencia fijada para efectos de la discusión del aumento del plazo de la investigación y la nulidad de lo obrado en audiencia de fecha 22 de noviembre de 2023, el tribunal tuvo por presentado recurso de apelación en contra de dicha resolución que decretó el sobreseimiento definitivo parcial de la causa respecto del imputado nombre reservado, la que siendo conocida y resuelta por esta Corte resolvió con fecha 8 de enero de 2024, revocar la resolución del tribunal a quo, y ordenó dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo parcial dictado respecto del imputado nombre reservado debiendo proseguirse la tramitación de la misma conforme a derecho.

14° Que, con fecha 4 de diciembre de 2023, fue presentado por la parte querellante Inmobiliaria Santa Ana Limitada, escrito de solicitud de desalojo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 157 ter del Código Procesal Penal de los ocupantes de los terrenos de su dominio ubicados en domicilio reservado, todos de la comuna de Santiago, a la que se dio lugar con auxilio de la fuerza pública, inmuebles todos colindantes entre sí.

15° Que con fecha 5 de marzo de 2024, presentó escrito haciéndose parte en la causa en calidad de víctima e incidentando nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, nombre reservado, quien indica ser arrendatario del inmueble ubicado en domicilio reservado, al haber suscrito contrato, únicamente de manera verbal, con nombre reservado. A su vez, fueron presentados escritos por Carmelina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en su calidad de arrendatarias del inmueble ubicado en domicilio reservado, respectivamente, todos de la comuna de Santiago.

Resolviendo todas dichas presentaciones en conjunto, el tribunal con fecha 6 de marzo de 2024, no dio lugar a lo solicitado por estimar que las cinco peticionarias no mantenían la calidad de víctimas. En contra, el abogado Santiago Hernández Serrano, en representación de los peticionarios, dedujo recurso de reposición, con apelación en subsidio, lo que fue resuelto el 13 de marzo de 2024, rechazando el recurso impetrado, y teniendo por interpuesto el de apelación.

16° Que, con fecha 27 de marzo de 2024, el abogado Santiago Hernández Serrano, en representación de los señores nombre reservado, nombre reservado, de la Cruz Sieza, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, solicitó la suspensión de la ejecución de la medida cautelar real decretada con fecha 16 de enero de 2024, a lo cual el Tribunal no dio lugar a lo solicitado.

17° Que, con fecha 8 de abril de 2024, mediante resolución de esta Corte, en el Rol de Ingreso Corte N° Penal-1283-2024, declaró el abandono del recurso de apelación mencionado.

18° Que, con fecha 3 y15 de mayo de 2024 respecto del imputado nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, atendido el transcurso del plazo se decretó el sobreseimiento definitivo parcial de la causa.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, consta en los antecedentes, que se tramitó una causa judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, iniciada por querella criminal por el delito de usurpación de inmueble, y que encontrándose formalizada la investigación, de conformidad al artículo 157 ter del Código Procesal Penal, por resolución judicial se accedió a la petición de la parte querellante, decretando la medida cautelar especial de desalojo, en virtud al mérito de los antecedentes.

Conforme a lo expuesto, cabe concluir que la actuación impugnada se enmarcó dentro del ámbito de competencia de las facultades del tribunal de garantía. En efecto, la norma invocada por el juez fue introducida por modificación de la Ley N° 21.633, que reguló los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, en que se faculta al Tribunal de Garantía en caso de delitos de usurpación de inmuebles, a petición del Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, encontrándose formalizada o no la investigación, poder decretar el desalojo del o los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación.

Lo anterior permite considerar que la materia discutida en autos se encuentra sometida al imperio del derecho, al encontrarse bajo la competencia del Juzgado de Garantía, conforme al procedimiento legal regulado en virtud de la existencia de la causa penal referida, razón por la que no cabe atribuir a los recurridos una actuación ilegal o arbitraria.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe referir, además, que en el petitorio del recurso se solicitó que se deje sin efecto el lanzamiento de las personas que ocupan la propiedad; sin embargo, conforme lo informado, la medida cuestionada fue ejecutada con fecha 27 de marzo y 2 de mayo de 2024, llevándose a cabo los desalojos desde los inmuebles y produciéndose la reubicación de las familias, razón por la que esta Corte no tiene la posibilidad de adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho en favor de los recurrentes.

Lo anterior es relevante, teniendo en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, toda vez que ello determina que el presente arbitrio haya perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Sociedad de Gestión Legal y Comercial OGC SpA, en representación de nombre reservado, nombre reservado, Carmelina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Inmobiliaria Santa Ana Limitada y del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-4060-2024.