nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Santiago, trece de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Vitacura, por los actos ilegales y arbitrarios que -estima- atentan en contra de la garantía asegurada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que trabajó como profesional de la educación por más de 42 años en el sector público; 32 de los cuales, lo hizo para la Municipalidad de Vitacura, en el Liceo Amanda Labarca, desde el día 1 de marzo de 1988, hasta el 30 de noviembre del año 2020.

Expresa que, en el mes de mayo de 2019, postuló al bono de retiro voluntario de profesores establecido en la ley 20.822, por haber cumplido con los requisitos indicados en la ley 20.976, esto es, ser un profesional de la educación que pertenezca a una dotación docente del sector municipal; administrada directamente por la municipalidad o por una corporación municipal, ya sea en calidad de titular o contrata; que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, cumpla 65 años de edad en el caso de los hombres; que comunique su decisión de renunciar voluntariamente; y, haga efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirve en los organismos antes señalados, en los plazos que fijan la ley y el reglamento.

De esta forma, sostiene que presentó su renuncia en forma voluntaria y puso a disposición todas las horas que servía, mediante comunicación escrita a la recurrida, en el mes de mayo de 2019. Así, por Resolución Exenta N° 1715, de fecha 26 de marzo de 2021, el Ministerio de Educación le asignó dicho bono. Sin embargo, mediante Decreto SIAPER N.º 723, de 20 de noviembre de 2020, dictado por el entonces Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura, don nombre reservado, se puso término a su contrato de trabajo por salud incompatible con el desempeño en el cargo, en circunstancias que ya había presentado su renuncia voluntaria con anterioridad.

Sostiene, que el 8 de octubre de 2021, la Directora del Departamento de Educación Municipal, le informó que no podría solicitar el bono, ya que había dejado de pertenecer a la planta docente, situación que, indica, amenaza y perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR, por lo que solicita a esta Corte que declare:

A. Que, la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal en su comunicación de fecha 8 de octubre de 2021, al indicar en ella su negativa a pagarle la bonificación que establecen en su favor las leyes N° 20.976 y 20.822, y la Resolución Exenta N° 1715, de fecha 26 de marzo de 2021 del Ministerio de Educación, por retiro voluntario;

B. Que, en mérito de lo anterior, se ordene a la Municipalidad de Vitacura pagar la bonificación indicada en la letra anterior; y, C. Que, se adopten todas las demás medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado por la recurrida, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección.

Argumenta, que el actor no recurre en contra de un acto administrativo, sino que, en contra de la comunicación de la Directora del Departamento de Educación, respecto de una decisión ya adoptada por la administración, consistente en que el Sr. nombre reservado había dejado de pertenecer a la planta docente. Ello, en virtud del Decreto Alcaldicio Siaper 723, de 20 de noviembre de 2020, acto administrativo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3°, inciso final, de la Ley N.º 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios; y, no ha sido impugnado, de modo tal que no resulta factible privarlo de sus efectos por la vía de la impugnación de una comunicación muy posterior.

Explica que, en el caso de marras, el Alcalde de la Municipalidad de Vitacura puso término a la relación laboral por uso excesivo de licencias médicas, circunstancia que afecta a la eficiencia del servicio que debe prestar, vulnerando, finalmente, a los usuarios receptores de los servicios que se proveen, por lo que estima que la medida adoptada respecto del recurrente es totalmente legítima.

En cuanto a la cronología de los hechos que motivan el recurso, reconoce que el recurrente presentó la renuncia a su empleo el día 16 de mayo de 2019, pero sostiene que, el efecto de esa manifestación de voluntad no era inmediato, ya que ello ocurriría cuando se recibiera el beneficio que solicitaba. Posteriormente, tras sucesivas licencias médicas por causa de enfermedad común, desde el 3 de diciembre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2020, con fecha 20 de noviembre de 2020, resolvió poner término al contrato del recurrente. Luego, el 26 de marzo de 2021, se dictó la Resolución Exenta N°1715, del Ministerio de Educación, en donde el Sr. nombre reservado figuraba como beneficiario de la Bonificación de Retiro, lo que obligó al municipio a comunicar la imposibilidad de pago de la bonificación.

Explica que, el recurrente dejó de pertenecer a la administración de forma previa a que se le concediera el beneficio de autos, perdiendo la calidad de docente beneficiado por la Ley N° 20.976. En efecto, el artículo 1° de la ley en comento exige como requisito para ser destinatario o beneficiado por este bono, pertenecer a la dotación docente, y así se señala en la Resolución Exenta que entrega el beneficio en su artículo séptimo, que dispone que los trabajadores beneficiados deberán presentar su renuncia voluntaria hasta el último día del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución que asigna el cupo, resultando inequívoco que el funcionario tiene que ostentar esta calidad para hacer uso del beneficio; asimismo, en el artículo quinto, se deja constancia que la autoridad podrá modificar el acto administrativo en mención, respecto de aquellas situaciones en que se verifique que los beneficiarios no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

De esta forma, concluye que la Municipalidad de Vitacura no ha incurrido en algún acto ilegal o arbitrario que signifique una amenaza o perturbación a las garantías aseguradas por la Constitución Política de la República al recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso deducido en su contra.

TERCERO: Que, como se ha dicho reiteradamente, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, conculcando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

QUINTO: Que, por el presente arbitrio, la recurrente imputa como acto ilegal o arbitrario que, la Municipalidad recurrida, en comunicación de fecha 8 de octubre de 2021, le indica su negativa a pagarle la bonificación por retiro voluntario, que le había sido resuelta favorablemente por Resolución Exenta N° N° 1715, de fecha 26 de marzo de 2021, del Ministerio de Educación.

La Municipalidad de Vitacura, señala que el recurso debe ser rechazado, ya que no se recurre en contra de una decisión de la autoridad con aptitud para afectar un derecho, sino que en contra de la comunicación que simplemente informa sobre la existencia de actos administrativos ya perfeccionados que impiden el pago de la bonificación, en este caso, el decreto Siaper 723, el cual pone término a la relación laboral; si bien, con fecha 16 de mayo de 2019, es decir, antes de la desvinculación, el recurrente comunica su renuncia, ésta en ningún caso tenía efecto inmediato o instantáneo, sino que dicha declaración de voluntad se consumaba a la fecha de recepción del beneficio y, además, la contratación del recurrente debió haber estado vigente para los efectos de acceder al beneficio por retiro del empleo.

SEXTO: Que, para una adecuada resolución del asunto, es preciso destacar que son hechos asentados a través de los escritos de las partes y, en especial, de los documentos acompañados a los autos, los siguientes:

a). Don nombre reservado, se desempeñó como docente Municipal, como orientador, subordinado a la recurrida, desde 1983; en 1988, se modificó su contrato, solo en cuanto al lugar de trabajo, que sería el Liceo Amanda Labarca;

b). El 16 de mayo de 2019, postuló al bono de retiro voluntario de profesores, establecido en la ley 20.976, por lo que presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la totalidad de horas que servía en el departamento de educación, bajo la administración de la Municipalidad de Vitacura.

c). Con fecha 20 de noviembre de 2020, mediante Decreto Siaper N° 753, se puso término a la relación laboral entre la Municipalidad de Vitacura y el señor nombre reservado, quien desempeñaba labores de orientador y encargado de la convivencia escolar, en el Liceo Amanda Labarca, por: Salud incompatible con el desempeño del cargo.

d). Por Resolución Exenta N° 1752, de 26 de marzo de 2021, del Ministerio de Educación, se informan los beneficiarios de los cupos de año 2019, establecidos en la Ley N° 20.976, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.822.

e). Con fechas 31 de mayo y 03 de agosto de 2021, el Sr. nombre reservado remite dos correos electrónicos a nombre reservado, en los que solicita un certificado que indique las razones por las que no se le pagará la bonificación por retiro voluntario de la Ley N° 20.976; y, mediante correo de 08 de octubre de 2021, doña nombre reservado da respuesta a lo requerido, en el cual se indica: “Estimado nombre reservado: adjunto lo solicitado”.

SÉPTIMO: Que, además, resulta útil traer a colación la normativa específica aplicable al caso de autos, así:

a). Ley 20.976: Permite a los Profesionales de la Educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la Bonificación por Retiro Voluntario establecida en la Ley N° 20.822.

"Artículo 1º.- Los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales, (…), o 65 años de edad si son hombres, podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley Nº 20.822 (en adelante "la bonificación") hasta por un total de 20.000 beneficiarios, siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven en los organismos antes señalados, en los plazos que fijan esta ley y el reglamento. (..)”

“Artículo 2°. - La bonificación se regulará por la ley Nº 20.822. Con todo, se le aplicarán las siguientes reglas especiales y las demás que fije un reglamento:

“4.- Los profesionales de la educación señalados en el artículo 1° que opten por acceder a la bonificación deberán manifestar su voluntad de renunciar al total de las horas que sirven ante su institución empleadora, postulando por dicho acto a la bonificación, en los plazos y condiciones que fije el reglamento. (…)”

“Las instituciones empleadoras señaladas en el artículo 1° deberán remitir las postulaciones y sus antecedentes a la Subsecretaría de Educación, la cual, mediante resolución, determinará los beneficiarios de los cupos correspondientes a un año.”

“9.- Para efectos de acceder a la bonificación, quienes resultaren beneficiarios de un cupo deberán formalizar ante su empleador su renuncia voluntaria e irrevocable, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de publicación en el sitio electrónico del Ministerio de Educación de la resolución a que se refiere el numeral 4 del presente artículo. Con todo, dicha renuncia deberá hacerse efectiva entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año siguiente al de la fecha de la señalada publicación.”

b). Decreto 35: Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.976, que permite a los Profesionales de la Educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la Bonificación por Retiro Voluntario establecida en la Ley N° 20.822.

“Artículo 1°: El presente reglamento, regula los procedimientos, plazos y todas las demás normas necesarias para la implementación de la ley N° 20.976, que Permite a los Profesionales de la Educación que Indica, entre los años 2016 y 2024, Acceder a la Bonificación por Retiro Voluntario Establecida en la ley N° 20.822.”

Artículo 2°: Podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822, los profesionales de la educación que (…), siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto del total de horas que sirven en los organismos antes señalados, en los plazos y cumpliendo los demás requisitos que las leyes números 20.976 y 20.822, y el presente reglamento, establecen y regulan.”

“Artículo 3°: Para efectos de este reglamento se entenderá por:

d) Bonificación por Retiro Voluntario o Bonificación: Beneficio pecuniario, establecido por la ley N° 20.822, al que tienen derecho los profesionales de la educación que indica la ley N° 20.976, que hayan manifestado su decisión de renunciar voluntariamente y que cumplan con los demás requisitos establecidos en ella. Dicha bonificación será financiada de conformidad a los artículos 4, 27 y siguientes de este reglamento.”

“Artículo 22: Los profesionales de la educación a quienes se les asigne un cupo deberán presentar sus respectivas cartas de renuncia voluntaria e irrevocable ante su empleador a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de publicación en el sitio electrónico del Ministerio de Educación, de la resolución que le asigna el cupo, indicando en las mismas, que renuncian a todos los cargos y al total de horas que sirven y la fecha en la que se hará efectiva, debiendo estar comprendida la misma entre el 1° de enero y el 1° de marzo del año siguiente al de la fecha de la señalada publicación, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 25 siguiente.”

“Artículo 25: No obstante lo señalado en los artículos precedentes, el término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de horas que sirva en la entidad empleadora y que cumpla con los demás requisitos previstos en las leyes. Con todo, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de 6 meses contados del traspaso de los recursos que correspondan según el Título III de este reglamento, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la bonificación respectiva.

Desde la asignación del cupo y durante el tiempo que media hasta el pago total de la bonificación de habérsele asignado un cupo, el empleador no podrá poner término a la relación laboral por una causa diferente al retiro voluntario, salvo que concurra alguna de las causales establecidas en los literales a); b); c); i); g); k) y m) del artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, o aquellas del artículo 160 del Código del Trabajo según corresponda, la que deberá ser debidamente acreditada. Respecto de la causal del literal f) del artículo 72 referido, se estará a lo dispuesto en el Título IV de este reglamento.

OCTAVO: Que, teniendo presente los hechos asentados -motivo sexto-, y la normativa aplicable, no se advierte arbitrariedad ni menos ilegalidad en la certificación solicitada por el recurrente a la Municipalidad de Vitacura, ya que ella solo es una comunicación de los hechos y resoluciones de los que ya estaba en conocimiento, -no indica que no le fueran notificados, ni tampoco desconocerlos- y, de las consecuencias de cada uno de ellos.

El argumento del recurrente se basa en que su relación laboral terminó por renuncia voluntaria el 16 de mayo de 2019, así textualmente el recurso señala:

“7.-No obstante lo anterior, recién con fecha 8 de octubre de 2021, la Directora del Departamento de Educación Municipal, informó a mi cliente que no pueden solicitar el bono, argumentando que mi cliente había dejado de pertenecer a la planta docente, en virtud del Decreto Alcaldicio Siaper 723 de fecha 20 de noviembre de 2020.- La Municipalidad de Vitacura tenía como plazo máximo el día 30 de abril del año en curso para solicitar los recursos para el otorgamiento del bono de los profesores favorecidos.- 8.- Lo anterior es absolutamente incomprensible, por cuanto, la relación laboral que mi cliente mantenía para con la citada Municipalidad terminó por la renuncia voluntaria que mi cliente realizó el día 16 de mayo de 2019, que se ajustada a todos los requerimientos de las leyes 20.976 y 20.822 y sus reglamentos, y no por la supresión de horas que se le impuso a mi cliente mediante Decreto Alcaldicio SIAPER N° 723 de fecha 20 de noviembre de 2020, y que se hizo valer. (…).”

Dichos fundamentos no resisten mayor análisis, según se indicará a continuación.

NOVENO: Que, incluso, y en el caso de ser efectivo que la relación laboral entre las partes hubiese terminado al momento de presentar el recurrente su renuncia voluntaria a la Municipalidad, el 16 de mayo de 2019, entonces, cabe preguntarse: ¿cómo se explicarían las remuneraciones pagadas por el tiempo trabajado con posterioridad a la fecha de la renuncia?; así como el pago de licencias médicas, ya que, según la interpretación del recurrente, después de su renuncia, carecería de cotizaciones, ya que no tendría empleador;

Asimismo, carecería de fundamento la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper 723, de 20 de noviembre de 2020, que puso término a los servicios del Sr. nombre reservado por salud incompatible, ya que, a esa fecha, no sería funcionario de la recurrida; o, como lo indica expresamente en su recurso: “Una vez ejercida la opción de retiro voluntario de mi representado como modo de poner término a la relación laboral, es claro que el empleador ya no podía desvincularlo por una causal diferente.”

DÉCIMO: Que, corrobora lo anteriormente asentado, que:

1). Los cuerpos legales citados y su reglamento, que establecen una bonificación por retiro voluntario, en sus primeros artículos se indica quienes pueden postular. Así el artículo 1° de la Ley N° 20.976, indica: “Los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales…”; es decir, solo pueden postular y recibir el bono aquellos que cumplan los requisitos que se establecen, y el primero de ellos, aunque obvio, es ser funcionario docente de una institución administrada por una Municipalidad.

2). La presentación de la Renuncia Voluntaria e Irrevocable que exige la Ley N° 20.976, para postular a la bonificación por retiro voluntario, no pone término inmediato a la relación laboral, ella continúa, hasta la comunicación del Ministerio de Educación de la nómina de quienes fueron asignados con el bono o postergados por falta de cupos, la que puede continuar años después de la postulación, incluso sigue hasta el pago efectivo del bono.

Cabe destacar en este punto que, el recurrente tenía conocimiento que la renuncia voluntaria que presentó a la Municipalidad el 16 de mayo de 2019, así se indica en el párrafo segundo de dicho documento que señala: “Asumo que esta decisión pondrá término a la relación laboral que he mantenido con la municipalidad, una vez que ella haya puesto a disposición la totalidad de la bonificación correspondiente; (…)”.

3). Lo anterior, se reafirma por lo dispuesto en el artículo 25° del Decreto 35, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.976, transcrito en el basamento séptimo de la presente sentencia, ya que dicha norma señala: “No obstante lo señalado en los artículos precedentes, el término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de horas que sirva en la entidad empleadora y que cumpla con los demás requisitos previstos en las leyes. Con todo, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de 6 meses contados del traspaso de los recursos que correspondan según el Título III de este reglamento, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la bonificación respectiva.”

4). Y, el inciso segundo del artículo en comento, resulta aún más clarificador en lo que se viene razonando, al exponer: “Desde la asignación del cupo y durante el tiempo que media hasta el pago total de la bonificación de habérsele asignado un cupo, el empleador no podrá poner término a la relación laboral por una causa diferente al retiro voluntario, salvo que concurra alguna de las causales (…)”

5). Por último, el Ministerio de Educación, se pone en el caso que puedan existir beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley; así, la Resolución Exenta N° 1715, señala en su artículo quinto: “Déjase constancia que esta autoridad podrá modificar el presente acto respecto de aquellas situaciones en que se verifique que los beneficiarios no cumplan los requisitos establecidos en la Ley.”

UNDÉCIMO: Que, zanjado lo anterior, esto es, que es requisito para postular y ser beneficiario del bono de incentivo al retiro, ser docente de un establecimiento de educación que sea administrado por una Municipalidad; y, que la relación laboral no se termina con la presentación de renuncia voluntaria que exige la Ley N° 20.976, sino que, tal como se indicó en el basamento séptimo de la presente sentencia, al indicar la normativa aplicable, específicamente lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 35, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.976, “el término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de horas que sirva en la entidad empleadora y que cumpla con los demás requisitos previstos en las leyes. Con todo, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de 6 meses contados del traspaso de los recursos que correspondan según el Título III de este reglamento, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la bonificación respectiva.”; solo es posible concluir que, los argumentos esgrimidos en el recurso son errados y carecen de fundamentos legales.

Ahora, tampoco se puede llegar al absurdo de concluir que, al presentar la renuncia voluntaria, el funcionario no pueda ser despedido por otras causales, que continúan vigentes, si fueran aplicables al caso específico. De lo contrario, estaríamos aceptando que, en el tiempo intermedio -entre la postulación, asignación y pago efectivo del bono-, existiría una “inamovilidad” en el cargo; no se podría despedir al docente por ninguna causal, por grave que esta sea; por el solo hecho de postular al bono, se generaría un status quo; lo que obviamente no es el espíritu de la ley; solo se está otorgando una posibilidad, a aquellos que lo deseen, postular a un incentivo para retirarse de sus funciones como docentes en forma más beneficiosa.

DUODÉCIMO: Que, consecuentemente, de todo lo razonado solo es posible concluir que, en la especie, no se advierte en el acto que señala el recurrente, arbitrariedad ni ilegalidad alguna, puesto que como ya se indicara, solo es una comunicación, un certificado que nada dice relación con la alegación que subyace en el fondo del recurso, en cuanto al no pago del bono de incentivo al retiro asignado al Sr. nombre reservado, porque ya no era docente de la Municipalidad, ya que fue desvinculado con fecha 20 de noviembre de 2020, mediante Decreto Alcaldicio SIAPER N° 723, por salud incompatible, lo que no fue impugnado.

DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo con todo lo razonado en la presente sentencia, al haberse descartado la existencia de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la recurrida, y de la ausencia del ejercicio ilegítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Vitacura.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministro Sra. María Paula Merino Verdugo.

N° Protección 40.569-2021 Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por la Ministra señora María Paula Merino Verdugo, y el abogado integrante señor Claudio García Lamas. No firma el abogado integrante señor García, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.