GLOBE MODULAR CHILE SPA con SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A

Santiago, dos de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece con fecha 19 de enero de 2018 don nombre reservado, abogado, por la empresa GLOBE MODULAR CHILE SPA, quien interpone recurso de protección contra SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS, SINACOFI, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que denuncia como ilegal y arbitrario, consistente en la publicación en el registro de la recurrida de dos facturas supuestamente morosas que señala haber pagado a su respectivo proveedor, lo que a su juicio amaga la garantía constitucional del artículo 19 Nos. 3, en relación al debido proceso y 24, ambas de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 19 de enero de 2018, han tomado conocimiento que la recurrida informa a la misma como morosa de dos facturas, por la suma de $11.889.885.-, indicando que en el informe respectivo aparece como aportante de la información la sociedad FIRST FACTOR S.A., al parecer una empresa de factoring informal, que mantiene convenio con la recurrida.

Dice que jamás ha tenido vínculo comercial con esa empresa ni mucho menos con la recurrida, dejando claro que nada debe, por lo que considera el proceder de la recurrida como arbitrario.

Indica que es necesario que el ente recolector de la información se cerciore de la forma más exacta posible de los datos que se ponen a su disposición, los que en todo caso contribuyen al cumplimiento de las obligaciones y a la seriedad del comercio y tráfico jurídico.

Expresa que debe diferenciarse la situación de actos abstractos como los cheques, letras de cambio o pagarés, que tienen una reglamentación especial que consideran la característica de instrumento indubitado, de aquellos otros que no tienen este sello.

Alude a las facturas, las que más bien tienen una razón y sentido tributario y que incluso ni siquiera su emisión es prueba que la compraventa se ha realizado o que se ha ejecutado un servicio.

Manifiesta que si en tal situación y antes de una resolución judicial, la recurrida adopta una posición consistente en estimar que con la sola factura el destinatario de la misma es el incumplidor, se produce un efecto similar al de la autotutela, lo que ha sido rechazado sistemáticamente por las Cortes de Apelaciones en esta sede de protección.

En su concepto, se vulnera con ello la garantía constitucional del artículo 19 N°24, por cuanto considera que la recurrida afecta el honor, el crédito, el prestigio y la seriedad comercial de la sociedad por la cual recurre, lo que en definitiva afecta su derecho sobre tales bienes jurídicos.

Argumenta que se ha publicado la existencia de una deuda vinculada a dos facturas que pagó oportunamente al proveedor, tal como lo sostiene con el comprobante de transferencias, por lo que considera la publicación como ilegal y arbitraria.

También sostiene que la recurrida se arrogó la facultad de manera arbitraria de determinar si un presunto contrato entre las partes se encuentra cumplido o no, facultad que está reservada a los tribunales de justicia conforme a normas del debido proceso, lo que también resultaría vulnerado con la publicación contra la cual se recurre.

SEGUNDO: Que evacuando su informe, la recurrida pide el rechazo del recurso incoado.

Señala que es propietaria y administradora de un sistema automatizado para el tratamiento y procesamiento de información bajo especiales condiciones de seguridad y control, destinado a constituir una central de riesgos destinada a proveer información de valor comercial para apoyar procesos de toma de decisiones en la áreas de negocios y operaciones tanto de la industria bancaria como mercados en general.

Argumenta que para ello acopia información que después integra a sus bases de datos con datos obtenidos en ciertos casos directamente de fuentes accesibles al público y en otros gracias al aporte que terceros efectúan en virtud de diversos acuerdos comerciales y contratos celebrados entre ellos y la recurrida.

Expresa que recibe información y luego de verificar que la misma cumple con estándares definidos al efecto, genera la base de datos que luego integra en su central de riesgos de la que se obtienen los informes comerciales.

Manifiesta, desde ya, que la recurrida no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, puesto que en concepto no hay infracción a las garantías que se dicen vulneradas, haciendo presente que la recurrente no desconoce el origen y existencia de las obligaciones que justifican la emisión de facturas, pues solo reprocha su factorización.

Reclama la inexistencia de ilegalidad, ya que su actividad es una manifestación concreta del artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, encontrándose su actividad económica enmarcada de manera amplia bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 950, de 1928, indicando que la Ley N° 19.628, relativa a la Protección de los Datos Personales, en todo caso regula los de carácter personal que se refieren solamente a personas naturales, por lo que las informaciones de las personas jurídicas no se encuentran amparadas por dicha normativa Indica, asimismo, que el acto no es arbitrario, puesto que el recurrente en paralelo a la acción, habría solicitado la eliminación de las deudas que indica en su libelo, afirmando que las mismas son inexistentes.

Sostiene que se obtuvo de los antecedentes que las facturas fueron emitidas por KB INGENIERIA SANITARIA SPA, las que luego fueron cedidas al factoring, por lo tanto debió hacerse pago a FIRST FACTOR y no a la empresa que las emitió. Menciona que se comprobó que se publicaron en el registro de facturas cedidas de 13 marzo 2017 y que las mismas no fueron reclamadas conforme a la Ley N° 19.983, teniendo a la vista lo dispuesto en la Ley N° 20.727 y afines, según se indica en Circular 56/2013 del Servicio de Impuestos Internos.

Pide el rechazo del recurso por infundado y manifiestamente improcedente.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, abogado, por la empresa GLOBE MODULAR CHILE SPA, contra SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS, SINACOFI, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que denuncia como ilegal y arbitrario, consistente en la publicación en el registro de la recurrida de dos facturas supuestamente morosas que señala haber pagado a su respectivo proveedor, lo que a su juicio amaga la garantía constitucional del artículo 19 Nos. 3, en relación al debido proceso y 24, ambas de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, el presente recurso no puede prosperar, en atención a varios argumentos relacionados con la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario:

1. Resulta pacífico a estas alturas de la evolución jurisprudencial, que “en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley”, como se indica de modo expreso en CAUSA Nº 68881/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 36361 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 12 DE ENERO DE 2017, mismo criterio que se expresa en las causas Roles Nos. 6.337-2014, 11.627-2014, 565-2015 y 27.163-2015, todas de la Excelentísima Corte Suprema. Ello es así porque la referida Ley N° 19.628, solamente contempla una reglamentación que busca la protección de los datos personales de las personas naturales, cuyo no es el caso, pues se recurre en favor de una empresa, que es una persona jurídica.

2. La recurrida ejerce su actividad económica al amparo de lo contemplado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, que como se sabe garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Y en este caso, no ha sido vulnerada ninguna disposición legal que restrinja dicha publicación, lo que nos permite expresar que la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico.

3. Aquello refiere la estricta legalidad del mecanismo utilizado por la recurrida para publicar la información que le provee en este caso una empresa de factoring, lo que implica una asignación de riesgo que resulta de interés para el tráfico jurídico.

4. Asimismo, no hay visos de arbitrariedad en la conducta de la recurrida, puesto que no se observa un obrar caprichoso, abusivo, despótico, inconsistente o improcedente, razones todas que conducen al rechazo del recurso intentado.

5. Debe indicarse, finalmente, que el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental solamente se encuentra protegido con este recurso en cuanto a lo que se contiene en su inciso 5°, referido a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, como se indica expresamente por el artículo 20 constitucional.

En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado, abogado, por la empresa GLOBE MODULAR CHILE SPA, contra SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS, SINACOFI, representada legalmente por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Decap.

N°Protección-4051-2018.- Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro señora María Luisa Riesco Larraín y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández. No firma el Ministro señor Astudillo por encontrarse ausente. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.