nombre reservado con COSAM ÑUÑOA

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado quien interpone acción constitucional de Protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, por haber sido suspendida de sus funciones el 25 de octubre de 2021.

Señala ser enfermera clínica desde el 11 de agosto de 2009 para la recurrida, cumpliendo funciones en el Cesfam Rosita Renard. Refiere que dado su compromiso y buen desempeño fue nombrada en el centro de Salud Cescosf domicilio reservado el que fue adquiriendo relevancia con el correr de los años.

Explica que comenzaron a suscitarse malas praxis en la actividad del centro de salud, es así como el 11 de enero del año 2021, solicitó una reunión a doña nombre reservado, quien ejerce el cargo de jefa del Cecosf Villa Olímpica, e informó de las malas prácticas que se estaban produciendo, entre ellas, materiales de curación abiertos, basureros al tope de basura, pisos sucios. Enfatiza en la situación de que los materiales deben ser usados en un solo paciente, debido a que no se usan condiciones de medidas de seguridad de esterilización como corresponde.

Relata la recurrente que, elaboró un informe en dónde hace referencia al costo aproximado de cada material desperdiciado, producto de estas malas prácticas.

Expone que estas malas prácticas siguieron ocurriendo por lo que decidió enviar un correo electrónico al doctor nombre reservado, quien es el director del Cesfam Rosita Renard y del Centro Comunitario de salud Cescof Villa Olímpica, el que fue enviado con copia a 4 personas, directivas del centro de salud.

Argumenta que como contra respuesta a las acciones que ha tomado, ha obtenido ataques personales hacia su persona, generando hostigamiento y acoso laboral, y que el acto que motiva la interposición del presente recurso es que en reunión llevada a cabo el 25 de octubre de 2021 el doctor nombre reservado, director de salud y doña nombre reservado, jefa del centro comunitario, decidieron suspenderla de sus funciones, argumentando que estaba siendo objeto de un sumario debido a una extensa lista de denuncias en su contra por malos tratos en contra de sus pares.

Dice que, en la reunión antes señalada, se decidió que a contar del 27 de octubre de 2021 dejaría de ser funcionaria del Centro Comunitario de Salud “Cescosf Villa Olímpica” y que estaría destinada al Cesfam Rosita Renard para realizar labores que día a día le serían encomendadas, es decir, sin un puesto ni una labor especifica.

Denuncia como vulnerados sus derechos consagrados en los artículos 19 Nº2 y Nº3 incisos 3 y 4, y Nº4 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la recurrida que cese toda acción ilegitima de discriminación; que se le impida proceder de manera ilegitima en la aplicación de sanciones a las que ha sido afectada y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Evacuando informe por la recurrida, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, comparece Sebastián Sánchez López quien solicita el rechazo de la presente acción.

Alega, previamente, la improcedencia del recurso de protección deducido, toda vez que el acto denunciado consistió en el ejercicio por parte del empleador de una facultad legal que le compete.

Señala que, la recurrente trabaja en el área de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa desde el año 2009, que inicialmente ejercía labores en el Cesfam Rosita Renard y luego en el Cecosf Villa Olímpica, el que es parte y dependiente del primero. Así, el director y el equipo directivo del Cesfam Rosita Renard lo son también del Cecosf Villa Olímpica.

Reconoce que, es efectivo que durante el año 2021 doña nombre reservado denunció en distintas oportunidades la existencia de malas prácticas dentro del Cecosf Villa Olímpica. Principalmente acusando un mal manejo de los materiales curativos en la unidad de procedimientos.

Niega que estas denuncias gatillaran el traslado de la recurrente, como tampoco es efectivo que no haya reaccionado a las malas prácticas denunciadas, sino que se debió a las reiteradas denuncias presentadas por enfermeras del centro de salud Villa Olímpica por acoso laboral ejercido por la recurrente.

Así, la recurrida explica que, con el fin de proteger a los trabajadores y de asegurarles un ambiente laboral seguro y sano, actuando dentro de sus facultades, se dispuso el cambio de lugar de la recurrente, procurando no alterar ni perjudicar con ello su situación laboral anterior.

Detalla, en relación a las denuncias hacia la recurrente, que el 26 de agosto de 2021 los dirigentes de la asociación de categorías del estatuto de atención primaria de la salud correspondientes a Tens y administrativos, se reunieron con el Dr. nombre reservado para informarle que sus asociados habían manifestado quejas respecto a malos tratos de parte de la recurrente.

A modo de ejemplo, ilustra de situaciones que habrían vivido funcionarias del Centro de Salud los que, en general, dicen relación con que en lo cotidiano la recurrente tiende siempre a desacreditarlas y decirles que todo lo que hacen está mal, dándoles indicaciones de cómo realizar los procedimientos, lo que las desanima constantemente y provoca un ambiente tenso.

Expone que las denuncias hacia la recurrente siguieron efectuándose por distintas funcionarias y distintos hechos y que motivo de ello se realizaron distintas reuniones, entrevistas y conversaciones para solucionar los inconvenientes.

A raíz de lo anterior, se tomó la decisión de reformar el estamento de enfermería y de reasignar a la recurrente, lo que fue decidido el 20 de octubre de 2021, indicándole a la recurrente que sería reasignada al Cesfam Rosita Renard, donde asumiría funciones en el programa infantil.

Se defiende la recurrida señalando que, la decisión de trasladar el lugar de trabajo a la recurrente no es un acto arbitrario, pues existían una serie de acusaciones, verbales y por escrito de distintos funcionarios del Cescosf Villa Olímpica sobre abusos y malos tratos cometidos por la recurrente y que la decisión en comento fue determinada en observancia su deber de proteger la vida y la salud, física y psíquica de sus trabajadores. Reitera en este punto que nada tuvieron que ver las denuncias de malas prácticas de la recurrente.

Por otra parte, argumenta que no es un acto ilegal, pues su ejercicio está contemplado en el artículo 12 del Código del Trabajo en que el traslado a la trabajadora incluso la beneficia, pues el nuevo recinto de salud posee mejores instalaciones que el Cecosf donde anteriormente ejercía sus funciones, en que ambos centro quedan a una distancia no mayor a tres cuadras del Estadio Nacional, por lo que no se trata de un cambio de comuna y menos de ciudad.

Respecto a sus funciones, la recurrente seguirá realizando funciones de enfermera, las mismas que realizaba en el CECOSF, seguirá perteneciendo a la dotación municipal y conforme a ello seguirá percibiendo su mismo sueldo anterior.

Niega la conculcación de los derechos fundamentales alegados por la recurrente.

Finalmente, esgrime que el presente recurso no es la vía idónea para reclamar del acto que pretende la actora ya que el trabajador recurrente no solo tiene una vía administrativa para impugnar el supuesto acto ilegal y arbitrario, sino luego una vía judicial ante los tribunales del trabajo competentes.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que conforme a lo consignado por las partes, se tiene que el objeto de la controversia se centra en el hecho de haber sido la recurrente suspendida de sus funciones en el Centro Comunitario de Salud “Cescosf Villa Olímpica”, y su traslado al Cesfam Rosita Renard, para realizar labores que no se definen ni determinan.

En este punto, reprocha la recurrente que se trata de una actuación arbitraria e ilegal de la recurrida. Postulando esta última que se trata del legítimo y justificado ejercicio de facultades legales.

Quinto: Que por resolución 000069 de 16 de noviembre de 2021, de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, se dispuso la instrucción de una investigación sumaria respecto de la recurrente, por hechos constitutivos de acoso laboral denunciados por otros funcionarios del servicio, designándose fiscal instructor para estos efectos.

La investigación en comento se desarrolló con normalidad hasta su culminación mediante resolución dictada el 18 de enero de 2022, en la que se decide aplicar a la recurrente la medida disciplinaria de censura por escrito, mediante anotación de demérito. Además, se ordena a la funcionaria participar en una capacitación sobre buen trato y mejoramiento de clima laboral.

Sexto: Que la recurrida alega contar con las facultades legales para alterar las funciones y el lugar de trabajo de la recurrente, amparándose en las reglas contenidas en el artículo 12 del Código del Trabajo, y que, en tal medida, lo ha hecho justificada por las denuncias de malos tratos efectuadas en contra de la funcionaria, lo que habría determinado la necesidad de adoptar la medida recurrida como forma de mejorar el clima laboral de los centros de salud que administra.

Séptimo: Que conforme al artículo 12 del código del Trabajo, el empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador.

Octavo: Que del mérito de los antecedentes se desprende que la recurrente ha sido trasladada físicamente del lugar donde habitualmente ejercía sus labores, y que, adicionalmente, se ha alterado la naturaleza de los servicios que prestaba, pues en su nueva destinación no se han definido ni especificado las funciones que se le encomiendan, sino que, se refiere que se le encomendaran las labores que se vayan determinando día a día.

Así, es posible inferir que los cambios dispuestos en la prestación de los servicios por parte de la actora se han apartado de los parámetros legales que permiten a un empleador alterar ciertas condiciones laborales de un trabajador, pues ello implica que se debe mantener la naturaleza de las funciones y, sobre todo, sin que ello importe un menoscabo para el funcionario. En este sentido, resulta que ni siquiera es posible determinar si se ha alterado la naturaleza de los servicios, pues los nuevos no han sido especificados en forma alguna. A lo que cabe añadir que, en este caso, los cambios se han dispuesto como una forma de sanción a la actora, lo que ciertamente debe ser entendido como una forma de menoscabo, atendido especialmente que la medida no encuentra sustento en un procedimiento disciplinario debidamente tramitado, y en ningún otro acto formal que permita controlar su adecuada fundamentación.

Noveno: Que, en efecto, el cambio de lugar de trabajo y la alteración de los servicios de la actora, no responden a ningún acto formal que conste en el mérito de autos. El único antecedente disciplinario que existe en la causa, una investigación sumaria seguida en contra de la recurrente, y que fuera acompañada por la recurrida, no da cuenta ni justifica la medida de traslado de la funcionaria, sino que únicamente de la aplicación de una sanción de amonestación escrita y de la obligación de la funcionaria de participar en una capacitación sobre mejoramiento del clima laboral. Luego, no existe un acto formal que disponga el traslado de la funcionaria y la asignación de nuevas obligaciones profesionales.

Décimo: Que, en consecuencia, la recurrente no ha podido determinar el auténtico fundamento de la medida, y por lo mismo, no ha tenido la posibilidad de conocer las razones que la justificarían. Con ello, la autoridad recurrida ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido a la actora por el número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En efecto, el acto que se analiza conculca a la actora su derecho fundamental que la Constitución asegura a todas las personas, contemplado en el número 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues se trata de una decisión que adolece de la forma que la ley exige para la adopción de esta clase de decisiones y, en consecuencia, carece de fundamento y sustento jurídico, lo que quita toda validez a las medidas adoptadas con relación a la recurrente, quedando de manifiesto que se trató de una arbitrariedad cometida en su contra y, como tal, devino en un acto discriminatorio en su contra, al desconocer el igual tratamiento que debió dársele, vulnerando tal derecho constitucional de igualdad ante la ley, por lo que el recurso es procedente y debe acogérsele por tal capítulo de agravio.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y auto acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, y se ordena a la recurrida dejar sin efecto el traslado de la funcionaria, debiendo, en consecuencia, restituirla a sus funciones en el Centro Comunitario de salud “CESCOSF VILLA OLÍMPICA”, en las mismas condiciones en que lo hacia en forma previa a los hechos que motivaron el recurso, sin perjuicio de otros derechos.

Redacción del abogado integrante señor Gutiérrez.

No firma la Ministra (s) señora Orellana, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado suplencia en esta Corte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-40.493-2021.-