Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintidós. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Rodrigo Ojeda Garrido, abogado, e interpone acción constitucional de protección en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal que ha afectado su garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República (CPR), en el pronunciamiento de la Resolución Exenta N° NUM000, de 05 de octubre de 2021, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM001; Nº NUM002; Nº NUM003; y, Nº NUM004, extendidas por un total de 120 días de reposo, a contar del 9 de mayo de 2021, por no encontrarse justificado el reposo, y solicita a esta Corte que deje sin efecto dicha resolución, y en su lugar se dicte el acto administrativo correspondiente, para autorizar y disponer el pago de las licencias médicas.

Sostiene que, a fin de respaldar el reposo indicado, acompañó informe del médico tratante, elaborado bajo el protocolo de la COMPIN, utilizando fundamentos clínicos que sustentan el diagnóstico, evolución, tratamientos médicos efectuados y, los resultados obtenidos, además de indicar el pronóstico de la enfermedad desde el punto de vista laboral, no siendo considerados al momento de resolver la reclamación.

Por todo lo anterior, afirma que el actuar de la recurrida debe ser calificado de arbitrario al no haber instado -mediante los mecanismos legales correspondientes-, por la reevaluación de su situación médica actual, a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo y diagnóstico de recuperabilidad.

SEGUNDO: Que, informando, el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo de la acción con costas.

Fundamenta que ha actuado con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria al resolver los reclamos que, en su oportunidad, presentó en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por haber confirmado el rechazo de cuatro licencias médicas por reposo no justificado.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto constaría de los antecedentes acompañados en el expediente administrativo, que la acción de que se trata, se interpuso en contra de la resolución de la SUSESO, la que se limitó a resolver el reclamo interpuesto en contra de la COMPIN, con fecha 18 de septiembre del año 2021, por lo que la recurrente habría tomado conocimiento cierto de la confirmación de los rechazos de sus licencias médicas en dicha oportunidad, no siendo la acción de autos una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

En subsidio de lo anterior, solicita que la acción sea rechazada, estimándola improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con derechos pertenecientes al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, sino por un sistema recursivo especial, del cual ya hizo uso.

Luego, en cuanto al fondo, pide el rechazo de la acción, al ser improcedente, argumentando que la SUSESO estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas, no se encontraba justificado, toda vez que: “los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del extenso período de reposo ya autorizado, que alcanza 891 días por esta patología, tiempo que se estima sobradamente suficiente para la recuperación de la sintomatología descrita en el informe de profesional tratante. No hay consistencia entre el cuadro clínico y el rol terapéutico de la extensión del reposo...”

Indica que, consideró la opinión de facultativos de ese Organismo que informaron: “Dra. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: “Informe de 5/8/2021 describe paciente de 41 años, técnico jurídico, trabaja en Fiscalía de Ministerio Público en Talagante, tratamiento desde 2014 de manera intermitente, sobrepasada por su carga laboral. Diagnóstico cáncer tiroideo operado en 2018, se mantiene en tratamiento psiquiátrico por desniveles hormonales que determinan ansiedad extrema, temores, desánimo, cambios de humor, alteraciones cognitivas que interfieren su capacidad de trabajo. En exámenes de control se detecta cáncer ductal de mama, se efectúa mastectomía parcial en octubre de 2019, pendiente radioterapia y hormonoterapia. Persisten síntomas ansiosos, con compromiso somático. Diagnóstico otros episodios depresivos, trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de somatización, perfil de personalidad ansioso GAF alrededor de 30. Tratamiento duloxetina 60 mg, clonazepam, zopiclona, pregabalina 150 mg. Atención por psicólogo red AUGE.

Reposo desde 17/10/2018 autorizado hasta 8/4/2021, registra 891 días de reposo por causa psiquiátrica, no ha tenido reposo en este periodo por otra patología.

No hay fundamento clínico para reposo de causa psiquiátrica extremadamente prolongado, no consistente con el tratamiento indicado. Propongo mantener rechazo”.

Agrega que, su representada debe cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la CPR, revistiendo un carácter técnico suficiente para justificar sus decisiones y asegurando que “el derecho a licencia médica” señalado por la actora, carece del carácter de indubitado necesario para este tipo de recurso.

Reitera que, la acción de protección fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, no siendo el presente caso.

Sostiene que, la SUSESO, se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, no existiendo vulneración o amenaza a la garantía esgrimida, como tampoco ningún otro derecho garantizado.

De esta forma, entiende que no hay acto ilegal o arbitrario de la institución, negando cualquier tipo de vulneración a los derechos constitucionales del recurrente, por lo que previa cita de jurisprudencia y normativa que rige al efecto, solicita que sea desestimada la acción de protección, en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad señalada por la Superintendencia de Seguridad Social, ella será desestimada toda vez que el acto que motiva la acción aparece dictado el 05 de octubre del año 2021, sin que, a la fecha de la presentación del recurso, 02 de noviembre del mismo año, hubiere transcurrido el plazo contemplado en el Auto Acordado sobre la materia.

SEXTO: Que, respecto a la defensa relativa a la improcedencia del recurso de protección, por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimada, dado que basta considerar que el recurrente denuncia como conculcada la garantía N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión en los términos en que el recurso ha sido intentado.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, la decisión adoptada por la Superintendencia no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto, no se observa suficientemente motivada la razón del cambio de criterio para autorizar las licencias por el periodo de mayo a septiembre de 2021, y luego dejar de hacerlo, considerando que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos a la interesada. Además, cabe tener presente que, según lo indicado por el abogado de la recurrente en estrados, las licencias posteriores a la presentación de su recurso fueron autorizadas y pagadas.

Con el mérito de los hechos anotados, se advierte que la decisión de la recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

OCTAVO: Que, por lo demás, es pertinente agregar que la COMPIN directamente o a instancia de la Superintendencia, puede recabar los antecedentes que habiliten para adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo que ha sido omitido injustificadamente en el actual litigio.

NOVENO: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que, antes de resolver el asunto en sede administrativa, se torna indispensable realizar diligencias para adquirir certeza del diagnóstico de la recurrente y determinar si el reposo que reclama es o no justificado.

DÉCIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, invocada por la recurrente, porque la actuación de la recurrida, al carecer de fundamento y contenido, agrava su situación de salud, al verse impedida de gozar del subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se declara que, el organismo recurrido deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un examen físico por médicos especialistas, a fin de evaluarla y emitir un nuevo informe médico acerca de las dolencias de que da cuenta el recurso, y así determinar, fundadamente, la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas no autorizadas, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas que han sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactado por la ministra María Paula Merino Verdugo.

Protección IC Nº 40454-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Carolina Brengi Zunino e integrada, además, por la ministra señora María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.